El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes, 12 de agosto, su Informe sobre Derechos Humanos 2024, en el que advirtió que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se alcanzó “un nuevo hito en la degradación del Estado de derecho” en Venezuela.
El documento recoge registros de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y de asociación, casos de trabajo infantil, así como denuncias de reclutamiento de menores por grupos armados. También documenta limitaciones en materia laboral y el uso de mecanismos internacionales para la persecución de opositores.
Ejecuciones extrajudiciales y muertes en contexto de protestas
En el texto, se recordó que Monitor de Uso de la Fuerza Letal (MUFLVEN) reportó 361 muertes vinculadas a actuaciones de cuerpos policiales y militares entre enero y agosto de 2024. Tras la jornada electoral del 28 de julio, la ONG Provea documentó 25 presuntas ejecuciones extrajudiciales en protestas, atribuyendo el 40% a colectivos armados y el 28% a efectivos militares. La Misión de la ONU indicó que la mayoría de estas muertes se produjeron por impactos de bala e incluyeron a dos menores de edad.
Entre los casos señalados está el de Edwin Santos, dirigente político de Apure, visto por última vez bajo custodia de agentes de seguridad y hallado muerto dos días después. Autoridades indicaron que se trató de un accidente de tránsito, mientras que organizaciones opositoras y de derechos humanos pidieron investigar su fallecimiento.
Libertad de expresión y acceso a la información
El informe destaca que la Ley contra el Odio fue aplicada a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, con penas de hasta 20 años de prisión. Organizaciones como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) registraron más de un centenar de casos de restricciones a la libertad de expresión en el contexto electoral, entre ellos detenciones, cierres de medios y confiscación de equipos.
El documento señala que más de cinco millones de personas residen en zonas consideradas “desiertos informativos”, principalmente en regiones fronterizas y con población indígena. También se registraron cierres de emisoras y bloqueos de acceso a portales informativos.
Situación de los sindicatos y condiciones laborales
De acuerdo con el reporte, se mantienen restricciones a sindicatos independientes a través de requisitos legales, control de procesos electorales internos y promoción de organizaciones paralelas. Tras las elecciones, se denunciaron despidos y jubilaciones forzadas en empresas públicas como Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Eléctrica Nacional, así como en medios estatales.
El documento indica que el salario mínimo se encuentra por debajo de la línea de pobreza y que persisten condiciones de riesgo en sectores como el petrolero y la minería. El 47% de la población se desempeña en el sector informal, sin acceso a protecciones laborales.
Desapariciones y detenciones prolongadas
Entre el 28 de julio y el 15 de septiembre, organizaciones civiles contabilizaron 1.808 detenciones relacionadas con protestas. En al menos 50 casos, las personas estuvieron incomunicadas por períodos cortos y denunciaron haber sido víctimas de torturas o violencia sexual.
El informe también recoge que se incumplen los plazos máximos para la prisión preventiva y que algunas personas permanecen detenidas incluso después de cumplir su condena, debido a retrasos procesales y administrativos.
Tortura y tratos inhumanos
El documento recoge denuncias de organizaciones que reportan casos de tortura y malos tratos en centros de detención bajo control del DGCIM, SEBIN y PNB. Entre los métodos señalados se incluyen “tortura psicológica, violencia sexual severa palizas y descargas eléctricas”. También denunciaron el aislamiento y negación de atención médica.
El Instituto Casla reportó 16 incidentes de tortura entre enero de 2023 y abril de 2024, con 35 víctimas. En el caso de mujeres privadas de libertad, se mencionan agresiones sexuales en contexto carcelario.
Trabajo infantil y reclutamiento de menores
El informe indica que persiste el trabajo infantil, con presencia de menores en minas del Arco Minero del Orinoco y en labores callejeras. También recoge el reclutamiento y uso de niños por grupos armados afines al gobierno.
En cuanto al matrimonio infantil, la legislación lo permite a partir de los 16 años con consentimiento de los padres, y no se registran medidas efectivas para su prevención.
Refugiados y uso de mecanismos internacionales
El documento señala que las autoridades no cooperan con ACNUR para la atención de refugiados y solicitantes de asilo. Líderes de la comunidad judía expresaron preocupación por declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien acusó al “sionismo internacional” de financiar un supuesto intento de golpe de Estado y de controlar redes sociales y satélites.
El informe también documenta el uso de solicitudes de alertas rojas de INTERPOL para acciones contra opositores en el extranjero, como el caso del dirigente político Edmundo González.
