Antonio González, integrante del colectivo Surgentes y esposo de la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales, informó que está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques, estado Miranda, y que pudo comunicarse telefónicamente con ella, quien se encuentra detenida desde el pasado viernes, 8 de agosto.
Durante la conversación, la activista manifestó que se encuentra bien y le transmitió un mensaje de fortaleza: “Mandó fuerza para la lucha, me pidió que transmitiera que tiene mucha fuerza, que está convencida que la lucha por los derechos humanos en Venezuela es una lucha justa y correcta”.
Asimismo, González destacó que Martha Lía pidió dar “palabras de aliento a las madres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que continúan en la lucha por la liberación de sus muchachos”.
Antonio González subrayó que compartía esta información porque “sé que hay muchas personas preocupadas por su situación” y consideró que “la comunicación con ella en este momento es una buena noticia”.
Antonio González, esposo de Martha Lía Grajales, detenida arbitrariamente el pasado viernes 08 de agosto, informó que el día de hoy pudo comunicarse vía telefónica con la activista.
— PROVEA (@_Provea) August 12, 2025
Martha Lía Grajales fue trasladada al centro de reclusión INOF en Los Teques, estado Miranda.… pic.twitter.com/SLHEvNqIHE
El día lunes, 11 de agosto, Tarek William Saab, fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de 2021, confirmó que se dictó privativa de libertad contra Grajales, a quien además imputaron por los presuntos delitos de “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”.
Surgentes denuncia “montaje judicial”
La ONG Surgentes denunció este lunes, 11 de agosto, un presunto “montaje judicial” contra la activista Martha Lía Grajales. En un comunicado, la organización indicó que la única prueba que sustenta la orden de captura contra Grajales es una visita policial al sitio web de la ONG, donde se documentan movilizaciones populares en defensa de derechos sociales y políticos.
“El Acta agrega una interpretación que señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al Gobierno venezolano orquestado por intereses foráneos”, señaló la organización en el comunicado.
La ONG sostuvo que el fiscal del Ministerio Público y el juez de control “consideran indicios de delitos que sustentan la privación de libertad” basándose en “el ejercicio del derecho a la participación en los asuntos públicos, a la asociación, a la manifestación y a la expresión, constitucionalmente establecidos”.
Además, denunció también graves irregularidades procesales: “se negó la posibilidad de interponer un recurso de Habeas Corpus y se le impidió a Martha Lía nombrar un abogado de su confianza para asistirla en la audiencia de presentación”. Además, la activista “estuvo más de 60 horas en situación de desaparición forzada y al cierre de esta nota permanece incomunicada”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
