“Sólo se conseguirá a través de una solución política pacífica, que incluya la celebración de elecciones presidenciales libres y justas bajo la constitución y la ley internacional”, subrayó el comunicado, leído por la embajadora peruana ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Silvia Elena Alfaro Espinosa.
La diplomática señaló que el medio centenar de países signatarios “están preocupados por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos en Venezuela”, que según el comunicado pudo comprobar la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su visita al país latinoamericano en junio.
“Pudo escuchar testimonios sobre torturas en centros de detención, arrestos de personas por ejercer sus derechos civiles y políticos, violencia a manos de las fuerzas de seguridad, impunidad y falta de garantías de acceso a la justicia”, añadió el documento.
En él también se denunció el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela, con más de cuatro millones de personas (el 10 por ciento de la población nacional) viéndose obligadas a salir del país, un éxodo que se aceleró el pasado mes de junio, con unas 8.000 salidas diarias del territorio.
También se denunció “la precariedad del derecho a la sanidad, por la escasez de medicinas y equipamiento, el éxodo de profesionales del sector, el deterioro de la calidad del agua y los servicios, y frecuentes apagones que contribuyen a la crítica situación”.
Ello ha causado, entre otros problemas, que “enfermedades que en su momento se consideraban erradicadas en la región han reaparecido por el colapso del sistema sanitario venezolano”, como es el caso de la malaria.
El comunicado fue presentado en una sesión regular del Consejo de Derechos Humanos en la que las distintas delegaciones pueden comentar la situación de las libertades fundamentales en diversas partes del mundo, dos días antes de que Bachelet presente ante el mismo organismo su esperado informe sobre la situación en Venezuela.