Al traje de Michelle Bachelet se le ven las costuras - Runrun

Al traje de Michelle Bachelet se le ven las costuras

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La breve alocución de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el viernes 21 de junio en Maiquetía fue desmenuzada por parlamentarios, defensores de los DD.HH y economistas 
La ex presidenta chilena se refirió a las recientes sanciones petroleras y contra el oro como causa de la crisis venezolana, dijo que el gobierno de Maduro invierte 75% del presupuesto nacional en programas sociales, aseveró que el diputado Gilber Caro se encontraba bajo custodia en el Sebin e incluyó en su discurso a Orlando Figuera, a quien el gobierno asegura que quemaron en las protestas de 2017 por ser chavista 

 

 

@franzambranor

APENAS DIEZ MINUTOS DURÓ EL DISCURSO que dio la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  Michelle Bachelet en el Salón Venezuela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía el pasado viernes 21 de junio, 48 horas después de que llegara por la misma terminal.

Diez minutos para sintetizar reuniones con miembros del gobierno, oposición, ONG, víctimas de abusos a derechos humanos y familiares de presos políticos. 

En esos diez minutos, la ex presidenta chilena se refirió a la crisis humanitaria y derechos humanos por la que atraviesa la nación, pero también expuso algunos planteamientos que retumbaron en la cabeza de algunos venezolanos.

Aquí replicamos el discurso completo de la Alta Comisionada de la ONU con la disertación de diputados de la Asamblea Nacional, defensores de los DD.HH en Venezuela y economistas. 

 

Caracas, 21 de junio de 2019

 

 Buenas tardes y gracias por estar aquí

 

Esta ha sido una corta pero crucial visita para mí. Es, además, la primera visita oficial de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela. Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi oficina en el país por primera vez. Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica y, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela.

 

Agradezco al gobierno su invitación, su cooperación y su compromiso con mi oficina, incluyendo al equipo técnico que visitó el país en marzo.

 

La diputada Delsa Solórzano, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios de la Unión Europea sostuvo que a Michelle Bachelet se le había convidado en reiteradas oportunidades a Venezuela y solo optó por venir cuando el gobierno le extendió una invitación oficial. “Las organizaciones gubernamentales, como la propia Asamblea Nacional, lo había hecho. Ella decidió aceptar la de Maduro. Suponemos que esto se debe a que solamente a través de Maduro y en vista que en Venezuela no hay democracia, podía tener garantizado su ingreso al país”, dijo Solórzano.

Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) manifestó que independientemente de quien la haya invitado, su presencia en Venezuela evidencia una realidad. 

“Hay que destacar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas no visita a los países por razones protocolares o de cortesía sino que lo hace en sitios donde hay graves violaciones a los derechos humanos y donde las instituciones locales no han sido capaces de revertir la situación. Las autoridades locales no han sido suficientes y se necesita actuación de organismos foráneos. Esa visita es muy significativa porque es un reconocimiento a los problemas del país y que el gobierno no ha sido capaz de ponerle freno a esos abusos”, indicó Uzcátegui. 

“El gobierno ha intentado generar desconfianza en la visita, presentándola como una potencial aliada debido a su origen. Sin embargo, no han entendido que la Michelle Bachelet, presidenta chilena es diferente a la Bachelet, Alta Comisionada de la ONU y está obligada a apegarse a unos principios, a un rol, además a darle continuidad a unos trabajos que venían realizando expertos sobre Venezuela”, dijo el coordinador de Provea.

 

 Previo a mi visita, solicitamos al gobierno varios compromisos, y hemos podido alcanzar varios acuerdos, además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y sus familiares por obtener justicia ante las graves violaciones de derechos humanos. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. El Gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales.

 Celebro la liberación del parlamentario opositor Gilber Caro, que se encontraba en custodia del servicio de inteligencia SEBIN. Asimismo, recibo con beneplácito la liberación de Melvin Farías y Junio Rojas, aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todas las personas que están detenidas o privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica.

 

La diputada Delsa Solórzano condenó el empleo del verbo “custodiar” por parte de Bachelet en referencia al arresto de su colega, Gilber Caro. “Gilber nunca fue presentado en tribunales. Por lo cual estaba secuestrado, no estaba preso. Estaba en estado de desaparición forzada declarada por la misma oficina de la Alta Comisionada. Los otros dos jóvenes estaban presos por un altercado con un escolta del presidente del TSJ, Maikel Moreno. Quedan casi 700 presos políticos por liberar y sobre eso hay que pronunciarse de manera urgente”, dijo Solórzano.

 

 El propósito de mi visita fue abrir un espacio que permita mantener una relación más cercana y fluida con las autoridades e instituciones del Estado, la sociedad civil y las víctimas de derechos humanos. Mi deseo era venir y escuchar a todos los actores para poder trabajar con ellos hacia el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos de todos los venezolanos.

 Durante mi visita me reuní con el presidente, Nicolás Maduro Moros, y con varios ministros de gobierno y otros altos cargos, incluyendo el Canciller, el Ministro de Defensa y el del Interior, y aquellos a cargo de las carteras relacionadas con los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales. También mantuve reuniones con el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. De igual manera, sostuve una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

 

La parlamentaria Delsa Solórzano indicó que al momento de sentarse a conversar con el Fiscal General y el presidente de la ANC, Bachelet está avalando a instituciones ilegítimas. “Con esa reunión está reconociendo a un ente que es absolutamente inconstitucional. Asimismo dijo que se reunió con el Ministro de Interior y Justicia. Ese señor (Néstor Reverol) fue destituido por la Asamblea Nacional”, recordó Solórzano.

Según Rafael Uzcátegui el Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH no está para legitimar o deslegitimar gobiernos. “No es un actor político, es un actor en materia de Derechos Humanos y lo que uno debe esperar tiene que ver precisamente con eso. No está dentro de su competencia el poder de calificar a un gobierno, sino de ver con las autoridades que controlan territorio cómo esos Derechos Humanos pueden ser mejorados”, dijo Uzcátegui. 

 

 También conocí a víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que allanaron su casa, así como muchas otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta en 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de algunas personas que fueron privadas de libertad y sufrieron terribles torturas, como también cientos de violaciones contra partidarios del gobierno. Conocí el testimonio de una madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas de 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer. Una joven me narró cómo su padre fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Sus historias son desgarradoras y muestran la desconfianza que tienen en las autoridades estatales. Todos demandan justicia. Un sacerdote de la Iglesia para los Pobres nos compartió apasionadamente acerca de cómo los pobres y los grupos más vulnerables son los que más están sufriendo. No se trata de política, dijo, sino del sufrimiento de la gente.

 

“Para nosotros no hay víctimas rojas ni azules, hay víctimas de derechos humanos. Y todas corresponde al Estado”, dijo la parlamentaria y defensora de derechos humanos, Delsa Solórzano. “Bachelet hizo referencia al caso de un joven que fue quemado vivo. Yo no tengo conocimiento que eso haya ocurrido como ella lo narró. Pero en caso que eso haya ocurrido. Si un manifestante cometió ese crimen horrendo, es un delincuente. No se trata del Estado el que cometió ese crimen. Aprendamos a distinguir cuándo se trata de violaciones a los Derechos Humanos y cuándo se trata de delitos. Aquí hay una cosa probada: la violación sistemática de derechos humanos contra una población determinada, la que se opone al régimen de Maduro”, añadió la parlamentaria.

 

Orlando Figuera: la víctima “chavista” de las protestas de 2017 que aún no tiene justicia 

 

Me he comprometido a continuar transmitiendo estas demandas y abogar por la justicia y la reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores. Soy consciente de que hay miles de otras víctimas y sus familias con las cuales no tuve la posibilidad de encontrarme, pero déjenme decirles algo: Su lucha por la justicia es importante, no solo por lo que ustedes han sufrido, sino por lo que significa para todos los venezolanos. No están solos.

 He escuchado las voces de los manifestantes que luchan por la protección de sus derechos, y las de aquellos que buscan reparación por el daño que han sufrido. He encontrado a representantes de la sociedad civil, sindicalistas, líderes religiosos, empresarios, y académicos de todo el espectro socio-económico y político. Me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de las Naciones Unidas en Venezuela.

 Todos me han transmitido como la situación humanitaria en Venezuela se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. El gobierno ha lanzado proyectos en un esfuerzo de asegurar acceso universal a programas sociales, para lo que ha dedicado el 75 por ciento del presupuesto nacional. Sin embargo, hemos oído el testimonio de venezolanos, que a pesar de tener un empleo, muchos en el sector público enfrentan dificultades para adquirir medicinas o comida.

 

Según la segunda vicepresidenta de la ANC, Gladys Requena, 74,7% del presupuesto de la nación para 2019 será destinado a inversión social. En entrevista en un programa de Venezolana de Televisión en diciembre de 2018, Requena dijo que los recursos serán dirigidos a la salud, la educación y la seguridad. “En lo personal no me creo que el 75% del presupuesto nacional se vaya en programas sociales. Habría que evaluarlo y hay muchas cosas que no están a luz pública. Hay gastos militares que el gobierno no dice que está haciendo. Actualmente la mayoría de las importaciones son petroleras, eso no es inversión social. Vender gasolina a un precio bajo no es inversión. Ese fue el número que le dio Maduro a Bachelet y ella simplemente lo está repitiendo, pero ese número no es real”, dijo el economista Luis Oliveros.

 

La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores, la escasez de medicinas y equipamientos, el éxodo de los profesionales de salud, el deterioro de la calidad del agua y del saneamiento, y los apagones eléctricos. El costo y la falta de anticonceptivos en las farmacias ha contribuido a un aumento de los embarazos adolescentes, y de la mortalidad materno-infantil. Los trabajadores de la salud me han descrito como equipamientos médicos, como las máquinas de rayos X, escasean o no están en funcionamiento; y las personas que viven con enfermedades crónicas me han alertado sobre la falta de medicamentos esenciales para su supervivencia. He hecho un llamado al gobierno para que proporcione los datos relacionados con la situación sanitaria y otros derechos socio-económicos que permita evaluar la situación y apoyar de forma adecuada.

 Las causas de esta inmensa crisis económica -la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013- son diversas, y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. Me preocupa que las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica.

 

“Lo que ocurre con el oro en Venezuela no tiene nada que ver con las sanciones. Corresponde al saqueo que está haciendo el régimen en Amazonas y Bolívar. Territorio donde además ha habido matanzas y eso es una violación grave a los Derechos Humanos”, dijo la parlamentaria Delsa Solórzano.

“La señora Bachelet habla del oro por la imposibilidad que ha tenido el gobierno de vender el oro en otros mercados para tratar de hacer líquida parte de las reservas internacionales. La crisis venezolana ha provocado que el gobierno tenga que vender el oro. Fue una mala estrategia de Hugo Chávez tratar de convertir en oro las reservas internacionales. El asunto es que Venezuela no puede vender nada”, indicó el economista Luis Oliveros.

Oliveros sostuvo que la crisis económica en el país no comenzó con el levantamiento de las sanciones petroleras. “El mismo Banco Central de Venezuela en las cifras que publicó indica que ya Venezuela venía con una crisis muy fuerte en 2015 y 2016. Cuando llegaron las primeras sanciones de Barack Obama ya Venezuela estaba en crisis. Esas sanciones eran problemáticas, pero en efecto no son tan graves como las de Donald Trump”, dijo el economista Luis Oliveros.

“No hay que ocultar el sol con un dedo. Es claro que las sanciones de Trump no solo están ocasionando problemas al régimen de Maduro, sino también a Pdvsa. Por lo tanto generan problemas a los venezolanos. Venezuela está en default y eso no es culpa de las sanciones, es culpa de Nicolás Maduro”, dijo Oliveros.

Por vez primera desde 2014, el Banco Central de Venezuela publicó las cifras de inflación. La correspondiente a 2018 fue de 130.060%, mientras que 2017 se ubicó en 862,6%, la de 2016 fue de 274,4% y la de 2015 quedó en 180,9%.

Oliveros sostuvo que lo peor de las sanciones aún no se ha visto. Indicó que la recesión de este año va a ser mucho mayor a la de 2018, pese a que la inflación será menor. 

“Con sanciones petroleras es prácticamente imposible que disminuya la crisis económica. Pdvsa tiene problemas graves para vender petróleo, para comprar insumos en procura de producir gasolina. En lo externo el mundo se nos está achicando, porque hacer negocios con Venezuela y Pdvsa tiene un riesgo reputacional muy grande”, dijo Oliveros. 

Para Rafael Uzcátegui de Provea, las organizaciones que defienden derechos humanos no pueden estar de acuerdo con una sanciones que afecten a la población. “Para nosotros era importante que se estableciera un orden y ella estableció que el origen de la crisis económica apareció en 2013, fecha que coincide con el arribo de Nicolás Maduro a la presidencia de la República y luego estableció que la aplicación de sanciones financieras han agravado el problema de derechos humanos y esta es una opinión que es compartida por la mayoría de las ONG del mundo”, dijo Uzcátegui. 

Uzcátegui dijo que Provea avala las sanciones individuales a funcionarios violadores de derechos humanos, pero se opone a las sanciones financieras contra el país. “Ese pedazo de su opinión era al que el gobierno le interesaba amplificar como consecuencia de su visita.

Es posible que en el próximo informe del Alto Comisionado se solicite el retiro de las sanciones financieras y esa recomendación a va a ser la única que el gobierno va a resaltar y la va a exhibir como una gran victoria política de su gestión. Obviando el 95% del informe que será muy enfático en cuanto a actuación de las Faes, torturas, impacto a las poblaciones indígenas y crisis humanitaria compleja”, dijo Uzcátegui.

 

 Nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se presentará el 5 de julio de 2019, contendrá mucha más información basada en evidencias, así como análisis objetivo relativo a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar, además de recomendaciones constructivas sobre cómo avanzar.

 En este tiempo de grave crisis económica, social y política, he hecho un llamamiento a líderes de todo el espectro político para que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para ello, todas las voces deberían ser incluidas. Las crisis solo pueden ser resueltas a través de la participación significativa, franca e inclusiva de diversos actores de la sociedad.

 He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro esfuerzo para intentar enfrentar la actual situación política en Venezuela. El destino de más de 30 millones de venezolanos reside en la voluntad y la habilidad de sus líderes para colocar los derechos humanos de la gente por encima de cualquier ambición personal, política o ideológica. Entiendo el escepticismo de algunos en Venezuela acerca de la posibilidad de que cualquiera de estas negociaciones prosperen, pero la grave situación en el país debe instar a los líderes a intentarlo. Mantener posiciones arraigadas en cualquiera de los dos lados solo agravará la crisis, y los venezolanos no pueden permitirse que se deteriore aún más la situación en el país.

 Hago un llamado a dar pasos audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las ganancias cortoplacistas y enfocarse en logros a medio y largo plazo para todo el país. Las negociaciones pueden dar frutos solo si son inclusivas y si las partes involucradas dan una respuesta a la urgencia real de la situación.

 Nuestra Oficina está lista para dar asistencia y asegurar que los derechos humanos de todos los venezolanos sean plenamente protegidos. Nuestra presencia aquí posibilitará trabajar con las instituciones estatales, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas.

 

 FIN

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