La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó hoy al Gobierno de Nicolás Maduro a poner fin al «acoso, amedrentamiento y extorsión» a los medios de comunicación a través de «interpretaciones acomodaticias» del marco regulatorio.
En el cierre de su 72° Asamblea General en Ciudad de México, el organismo incluyó en la resolución sobre Venezuela su preocupación por el cierre de canales democráticos y exigió al gobierno el respeto a la libertad de expresión y de prensa, así como el acceso al papel prensa.
Además, demandó el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó al gobierno venezolano restablecer la concesión de la frecuencia con que operaba el canal de televisión RCTV.
En su informe sobre la situación del país, el organismo denunció un incremento de los ataques a la libertad de expresión en lo que va de año, perpetrados con frecuencia por civiles que actúan con la protección de organismos policiales y militares.
Estos ataques no se limitan a amenazas, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, incluyen acciones de «extrema gravedad» como cuando el reportero gráfico Pedro Rojas fue herido con perdigones por filmar el cordón militar que impedía el paso de una marcha pacífica y legal, indicó.
Los periodistas Rodrigo Lahoud y Mario Sánchez fueron acusados de terrorismo solo por ejercer su actividad, mientras que Braulio Jatar, comunicador chileno-venezolano, fue detenido ilegalmente por publicar un video sobre un «cacerolazo» en contra del presidente Maduro, ejemplificó.
La SIP exigió a las autoridades venezolanas la «inmediata liberación de Jatar» y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió «un pertinente abordaje de este gravísimo caso».
El organismo indicó que «el Gobierno de Maduro viene ejecutando un programa de triple hostigamiento a los periodistas durante la cobertura: los golpean de forma salvaje, les roban los equipos y, además, les amenazan si denuncian lo ocurrido».
Asimismo, dijo, siguen ocurriendo ataques a las sedes de los medios de comunicación con artefactos explosivos o el lanzamiento de excrementos, hechos que no son investigados por la autoridad.
Según la SIP, hay «una acción concertada de parte de autoridades, organismos policiales y militares para impedir que los hechos sean divulgados».
Sobre todo en relación a cuatro temas: las filas para adquirir alimentos y medicinas, la crisis de los servicios públicos, las protestas y la violencia causada por la delincuencia.
A todo esto se suma que «los medios impresos están imposibilitados por el Gobierno para adquirir papel prensa, por lo que algunos periódicos han tenido que cerrar, manteniendo presencia en la web», mientras a los medios radioeléctricos no se les renuevan las concesiones.
Asimismo, señaló, funcionarios como Maduro, Diosdado Cabello y José Vicente Rangel tienen programas que utilizan «para amedrentar, difamar y atacar la credibilidad de los periodistas independientes».
Del 13 al 17 de octubre se celebró en la Ciudad de México la 72 Asamblea General de este organismo sin fines de lucro dedicado a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en el continente americano, tiene más de 1.300 publicaciones asociadas y su sedes está en Miami (EE.UU.)