Como una prueba del “derrumbe del Estado”. Así califican organizaciones de Derechos Humanos la actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que en cinco días se ha dado a la tarea de citar a tres alcaldes, dos concejales y a un activista opositor, bajo la excusa de tener abiertas investigaciones contra ellos.
“Quieren erigirse como un Estado dentro del Estado y dentro del proceso de creciente militarización que está viviendo el país esto es muy preocupante”, afirmó Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en un reporte difundido este jueves por el portal de noticias Crónica Uno.
En similares términos se manifestó la directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien alertó: “En un Estado de Derecho debe haber seguridad jurídica y en el curso de una investigación penal esa seguridad jurídica depende de que una persona solo sea detenida si hay una orden judicial en su contra o si es agarrada cometiendo un delito en flagrancia. Las policías no pueden estar citando a personas ni deteniéndolas por su cuenta, ellas están sometidas al control de los fiscales y de los jueces (…) Esto es producto del déficit de institucionalidad democrática que hay en Venezuela”.
Ambos activistas se mostraron preocupados por los casos de los alcaldes de El Hatillo, de Porlamar y La Asunción, David Smolansky, Alfredo Díaz y Richard Fermín, respectivamente, así como contra los concejales Pedro Marcano, Gabriel Alarcón y el dirigente estudiantil de la Universidad de Oriente (UDO) y secretario de Organización Juvenil de Primero Justicia (PJ), Pedro Morantes, quienes fueron convocados por el organismo, dirigido por el general Gustavo González López, para declarar por distintas averiguaciones que dice tener.