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Un día después de la publicación mundial de la filtración más grande de toda la historia, el 04 de abril de 2016, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci) envió un documento a la red de medios públicos donde establece una serie de recomendaciones para rebatir y desacreditar a las investigaciones venezolanas que salieron a relucir en el marco del escándalo, incluyendo a sus periodistas autores.
Bajo los lineamientos del Viceministro de Planificación del Minci, Harim Rodríguez, la Dirección General de Estrategia realizó un análisis de contexto y determinó cómo sería la cobertura informativa en torno al denominado caso “Papeles de Panamá”, investigación periodística organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en la que más de 100 medios de comunicación del mundo analizaron los documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca y revelaron cómo personalidades de la vida pública crearon empresas offshore en paraísos fiscales para ocultar sus ganancias y evadir impuestos.
En Venezuela, cuatro medios de comunicación independientes se unieron para llevar a cabo las investigaciones y a través del portal www.panamapapersvenezuela.com publicaron las historias detrás de exfuncionarios de Gobierno, banqueros y empresarios que aparecen en los documentos de Mossack Fonseca.
La estrategia
En el documento, el Minci propone a medios públicos y voceros de Gobierno evitar impulsar el tema ante la posibilidad de ser un señuelo que justifique acrecentar la injerencia y las sanciones de de Estados Unidos. De tener que responder comunicacionalmente, señala el Ministerio, hay que destacar que los actores participantes en la investigación forman parte de una “gran olla mediática internacional” y están vinculados a diferentes instituciones de inteligencia de EEUU y la Unión Europea.
El Ministerio plantea destacar que el uso de los “Papeles de Panamá” es un ataque direccionado en un 99% a líderes políticos no subordinados al Gobierno norteamericano, mientras que el resto (1%) está dirigido a líderes capitalistas cuyo liderazgo es insostenible ante la pérdida de popularidad: caso Macri. Como apoyo, el Minci pide señalar más bien que EEUU protege a todos aquellos exfuncionarios bajo exilio que por algún delito o investigación han sido acusados por parte del Gobierno bolivariano en los últimos 17 años. Dice, además, que se explote mediática y diplomáticamente el caso ante la existencia de hasta 128 políticos vinculados a paraísos fiscales “para señalar el doble rasero de EEUU” en cuanto a las sanciones.