El Colegio de Abogados de Caracas rechazó este lunes, 30 de abril, la serie de allanamientos hechos a oficinas y viviendas de varios de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron designados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional y que, desde el exilio, iniciaron un proceso de antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro.
La institución censuró las acciones que consideró » a todas luces arbitrarias», y fustigó el traslado bajo coacción de los familiares y empleados de los magistrados para que rindieran declaraciones en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política del gobierno.
Allegados de los magistrados Elenis Rodríguez, Pedro Troconis, Antonio Marval, Cioli Zambrano, Romel Gil, Ramón Pérez Linares y Miguel Ángel Martín resultaron afectados por las medidas que fueron ordenadas desde el Ministerio Público venezolano.
«Tales declaraciones testimoniales, en la práctica, no son más que secuestros por el solo hecho de ser los pretendidos testigos parientes cercanos de los mencionados magistrados», dice el comunicado del Colegio.
La institución acotó que los allanamientos y testimoniales son utilizados para esclarecer la verdad sobre un caso y no para castigar.
Tras haber sido juramentados en 2017, los magistrados debieron huir de Venezuela y asilarse en otras naciones luego de que se les dictara orden de detenerlos.