El fiscal designado por la asamblea nacional constituyente (ANC) Tarek William Saab, acusó a Luisa Ortega Díaz de negligencia por sobreseimiento en casos de corrupción y tráfico de drogas durante su gestión en el Ministerio Público.
Esto ocurre tras las denuncias de Ortega Díaz ante los fiscales del Mercosur en Brasil sobre la implicación de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Tarek William Saab en casos de corrupción. Además, como en pasadas oportunidades, Saab acusó a Ortega de participar en una banda de extorsión.
«80 % de las causas abiertas de Cencoex fueron sobreseídas, es decir, los presuntos responsables, implicados, investigados, fueron liberados (…) y apenas un 20 % de personas naturales, insignificantes, quedaron como acusados», indicó. De acuerdo al abogado, el MP bajo la dirección de Ortega Díaz «protegió a las grandes empresas, a los grandes comercios que desfalcaron al país”.
Por esto, Saab decidió reabrir y revisar todas las causas que involucran a empresas que han recibido dólares preferenciales, específicamente aquellos donde considera hubo actuaciones negligentes
Hemos decidido revisar todas las causas que involucran a empresas que han recibido dólares preferenciales y reabrir todas las causas donde se evidencia una actuación negligente del MP, es decir, estas cifras nos obligan a investigar, a indagar, por qué pasó eso así”, manifestó Saab.
Asimismo, habló de Cadivi y señaló haber encontrado casos de obtención irregular de divisas que permanecieron abiertos durante tres años y no fueron concluidos. “Hay en una serie de casos vinculados a Cadivi, órdenes de aprehensión que ni siquiera procuraron activarlas».
Comentó también que entre enero y julio de este año «se presentaron más sobreseimientos a presuntos responsables de tráfico de drogas o vinculados al tema de las drogas, que acusaciones». De acuerdo a Saab, fueron presentados 5.468 sobreseimientos en contra de 4.467 acusaciones. «Eso merece por lo menos ser investigado y explorado», señaló.
Aseguró además que «Vamos a reimpulsar todas las actuaciones donde aparezcan agentes del Estado involucrados en acciones que tengan que ver con violaciones a derechos humanos, siempre actuando de manera coordinada con el Estado, con el poder judicial”.