Por tercer año consecutivo, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela presentó su informe sobre el ejercicio de periodismo en el país. La presentación de los hallazgos estuvo a cargo de la directora ejecutiva de IPYS, Marianela Balbi y de la directora de libertades informativas de la organización, Mariengracia Chirinos.
El estudio contó con una muestra de 252 periodistas de medios privados, independientes y comunitarios. Abarcó las principales tendencias y patrones del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información durante el año pasado.
«Esta investigación comprende las 10 categorías de monitoreo e investigación de IPYS Venezuela, que se inspiran en los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión acceso a la información pública, las normativas que afectan libertad de expresión, las agresiones contra periodistas y los ataques a los medios de comunicación, las obstrucciones de la libertad en la red, el uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, la censura previa, la censura interna, la censura indirecta y la impunidad», explican en su página web.
Principales hallazgos
86% de los consultados llegó al consenso de que el principal problema para el periodismo en Venezuela lo representa el cierre de las fuentes de información de interés público, manejadas por instancias estatales y no estatales. Este grupo ha enfrentado la opacidad a ritmos diferentes. Para 51% de los periodistas el cierre de fuentes de información fue una dificultad de alta frecuencia, mientras que para 23% ocurrió medianamente y para 12% fue poco frecuente.
Con alta, mediana y poca regularidad, 87% los periodistas fueron afectados por las negativas de funcionarios a ofrecer declaraciones sobre informaciones de interés público. A 48% de este grupo, esta situación le ocurrió con una alta frecuencia. Esta misma práctica fue asumida en el sector no estatal de la sociedad, pues 75% de los consultados indicó que también recibió negativas constantes de voceros de instituciones privadas e independientes a ofrecer declaraciones sobre asuntos de interés público.
Mientras tanto, 82% evidenció que el fenómeno de la opacidad se manifestó a través del ocultamiento y las dificultades para acceder a documentos y datos oficiales relacionados con el acontecer de la política, la economía y el ámbito social del país.
La opacidad tomó diversos matices y copó los espacios de la deliberación pública. Tanto así que llegaron a ser recurrentes las restricciones para el acceso y la consulta de contenidos en internet, de acuerdo con la opinión de 57% de los consultados, quienes refirieron haber tenido este tipo de impedimentos en diversas frecuencias.
De acuerdo a la percepción de 74% de los periodistas que participaron en esta investigación, los organismos de salud pública están entre las principales instituciones que aprietan el tornillo de la opacidad en Venezuela. Al menos 45% de ellos tuvieron obstáculos con alta frecuencia para hacer su labor periodística en centros de asistencia médica en el país.
Esta práctica de opacidad también involucró a otros actores de la salud del sector privado. Las empresas de la industria farmacéutica también se negaron a rendir cuentas sobre el manejo de medicamentos en el país, según la percepción de 54% de los encuestados.
Los periodistas -en distintas escalas- se toparon con prácticas de opacidad, principalmente, en grupos de manifestantes violentos (58%); partidos políticos (58%) y también en empresas productoras, distribuidoras o comercializadoras de alimentos (57%).
Los periodistas percibieron las dificultades más reiteradas de acceso a la información entre los proveedores de la industria petrolera e industrias básicas (22%); bancos y casas de bolsa (20%); las empresas importadoras (19%); y los movimientos paraestatales (15%).
Los periodistas que contribuyeron con este estudio, ubicaron en primer lugar a los organismos de salud pública. Con altas recurrencias aparecieron las instituciones del poder ejecutivo: los ministerios (42%); los organismos tributarios (31%); la Presidencia de la República (30%); las gobernaciones (29%); la Fiscalía General de la República (29%); la Contraloría General de la República (22%); y la Defensoría del Pueblo (22%).
Puede consultar el informe completo siguiendo este enlace.