Desde diversos ángulos, los partidos tratan de revertir la renovación ante el Poder Electoral por considerarla ilegal, en algunos casos, e inviable, en otros. El PCV solicitó el 16 de febrero a la Sala Constitucional del TSJ la nulidad del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, que obliga a llevar a la militancia ante las captahuellas del CNE, bajo el argumento de que viola el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en vigencia desde 1976, sobre la protección de la vida de los militantes, y menoscaba los derechos a la participación política consagrados en los artículos 2, 7, 19, 23, 62 y 67 de la Constitución.
El ex magistrado Juan Rafael Perdomo representará al PCV ante el TSJ en un recurso que exige, además, que se ordene al CNE la suspensión provisional de la renovación, pautada entre el 18 de febrero hasta el 23 de abril de 2017. “La permanencia en el tiempo de esta norma podría generar un proceso gradual y sostenido de intranquilidad social, una serie de significativos daños de imposible o difícil reparación, porque conllevaría a la eliminación de un número indeterminado de organizaciones políticas legalmente constituidas”. Alertó Perdomo en el escrito de 25 páginas.
El secretario político del PCV, Carlos Aquino, alegó que la militancia de los partidos no tiene por qué ser pública: “El PCV no acata, ni participará en una medida inaceptable, discriminatoria de los derechos políticos, y que puede poner en peligro la vida de la militancia. El PCV no será ilegalizado pero, de ser así, lo asumirá y pedirá al CNE que asuma las consecuencias de eliminar los partidos”. Sin embargo, Aquino señaló que están en conversaciones con factores de izquierda y grupos políticos para constituir una “plataforma electoral”, pero lamentó que el Polo Patriótico no se haya reunido para tratar este tema. “Hablamos con sectores del PSUV; unos que rechazan y otros que apoyan la posición del PCV”.