Granadas, disparos, robos, censura y detenciones ilegales: Así se hace periodismo en Venezuela
Granadas, disparos, robos, censura, excremento y detenciones ilegales: Así se hace periodismo en Venezuela

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Ataques, amenazas, sanciones, robos, detenciones. Estas son las situaciones que han vivido los medios de comunicación y los periodistas venezolanos en lo que va del 2016, las cuales han llevado a los relatores especiales de la ONU y la CIDH a considerar que día a día la libertad de prensa se está deteriorando.

Reporteros Sin Fronteras, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, señala que la violencia institucional es uno de los mayores problemas que enfrenta Venezuela en el ejercicio de su libertad de expresión y de prensa, poniendo al país de posición 139 en la lista.

Los problemas arrojados durante las prácticas de los medios en el país efectivamente confirman que la intimidación, agresiones y amenazas por parte de cuerpos oficiales, funcionarios y grupos violentos han contribuido a cercar informativamente el acontecer nacional del que informan los periodistas.

Dos relatores especiales sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa mediante una carta dirigida al Gobierno venezolano, en la cual llaman la atención a los recientes ataques a periodistas y medios de comunicación durante el cubrimiento de saqueos y protestas.

A pesar de que este no es un hecho aislado en Latinoamérica, pues la mayoría de sus países reportan graves violaciones a la libertad de expresión, Venezuela es uno de los casos más preocupante al estar en la posición #139 en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, y solo se encuentra por encima de Cuba.

 

 

  1.  19 casos de intimidación

En los últimos dos meses en los medios nacionales se han denunciado 19 casos de intimidación, agresión, detenciones y amenazas hacia 34 medios de comunicación, periodistas y reporteros gráficos según un recuento hecho por Runrun.es.

Estos casos se corresponden a los 4 medios nacionales cuyas sedes han sido atacadas y vandalizadas; y a los 28 periodistas y reporteros gráficos atacados, intimidados y amenazados.

Desde principios de este año hasta junio, 160 violaciones a la libertad de expresión han sido registradas por Espacio Público. 60% de esta cifra corresponde a casos de intimidación, agresión y amenazas. La ONG contabiliza a los periodistas como la mitad de las víctimas en estos casos, mientras que un 40% de los afectados son medios de comunicación y un grupo menor de reporteros gráficos.

Por otra parte, el sistema de alertas de violación a la libertad de prensa en el portal web de IPYS registra 233 casos desde enero hasta finales de agosto.

 

  1.  Granadas, disparos, bombas molotov y excremento

12 medios de comunicación han sido atacados en lo que va de año, en algunos casos mediante mensajes intimidatorios y en otros arremetiendo con armas de fuego y causando daños significativos:

  • La Nación y Televisora Regional del Táchira (TRT):  El 26 de agosto las instalaciones de los medios tachirenses amanecieron vandalizadas. En las paredes y vidrios se pudo leer, escrito en spray, «Ramos Allup» y «Asesino». El presidente de la Asamblea Nacional tenía planeada una visita al estado y a ambos medios ese mismo día.

  • Diario Los Andes: El 24 de agosto, día de su 38° aniversario, Diario Los Andes fue atacado por antisociales armados que en horas de la madrugada abrieron fuego contra la fachada del Diario en Trujillo y dejaron al menos 30 impactos de proyectiles. Afortunadamente, ningún trabajador se encontraba en las inmediaciones.

#Trujillo Dos sujetos tirotean instalaciones de Diario de Los Andes https://t.co/ua4akRIuaT pic.twitter.com/PHrARBOG6Q

— Diario de Los Andes (@diariodlosandes) 24 de agosto de 2016

  • Crónica Uno: El 22 de agosto la sede del medio digital Crónica Uno fue víctima de un robo por parte de dos sujetos armados que, tras someter a dos empleados, dejaron a la oficina sin muchos de sus computadores y equipos. IPYS ha registrado 23 robos a medios de comunicación en lo que va de año.

  • El Aragüeño: El 20 de junio, en Maracay, a la oficina de El Aragüeño le lanzaron una granada –que no detonó– y dejaron en el piso panfletos en que se leía “digan la verdad”.
  • El Nacional: El 17 de junio, la sede de El Nacional fue violentada por cuatro personas armadas que, además de dejar un graffiti, lanzaron excremento a la parte frontal del edificio. El Colectivo ChaMa, presunto autor de la agresión, dejó un panfleto donde acusan al medio de “desinformar, generar caos y favorecer la macabra intervención extranjera imperial”. La madrugada del 30 de agosto el mismo colectivo volvió a atacar el diario con excremento en llamas. Esta vez también lanzaron una bombas molotov. Los hombres que llegaron en una camioneta blanca sin placa gritaban que El Nacional traicionó al país. Aseguraron que, con su oficio de informar, intenta promocionar el derrocamiento del gobierno. También dejaron un panfleto.
  • Correo del Caroní: La noche del 14 de junio, el edificio de Correo del Caroní en Bolívar fue atacado por cinco sujetos, pertenecientes al mismo colectivo que atacó a El Nacional, quienes lanzaron bolsas de excremento a la fachada principal y escribieron en spray “CHAMA Pueblo Rebelde”. Este mismo colectivo ya había atacado a dos sedes de medios en el estado Táchira.

 

  1. Detenciones arbitrarias, golpes y robos

Se ha podido observar cómo los cuerpos de seguridad y grupos violentos actúan ante los periodistas que se encuentran reportando algún hecho, especialmente protestas y saqueos, y cómo impiden que informen mediante la amedrentación, represión, desalojos forzados, e incluso la confiscación y robo de los equipos con que trabajan los medios de comunicación.

El 18 de agosto dos periodistas internacionales, Andreína Flores y Jorge Luis Pérez Valery de la cadena colombiana RCN y Radio Francia, y de Red Más Noticias, respectivamente, fueron detenidos por cuerpos de inteligencia militar mientras hacían tomas en las instalaciones del Parque El Calvario, por supuestamente estar grabando en un “corredor presidencial”. Los periodistas fueron liberados horas después.

El 18 y 19 de agosto, en el estado Lara, fueron agredidos los periodistas de El Pitazo Marianli Suárez y Julio Mendoza. La primera estaba grabando la detención de personas por una situación irregular en el Centro Comercial Cosmos de Barquisimeto cuando efectivos del Cicpc intentaron detenerla, pero las personas del lugar lo evitaron. Mendoza también se encontraba cubriendo una situación irregular derivada de una actividad de la MUD y grababa la forma en la que unos militares golpeaban a una joven cuando lo esposaron y lo llevaron detenidos. Posteriormente fue liberado y su celular, que habían decomisado, lo entregaron con la pantalla rota y la memoria destruida.

En el estado Lara anteriormente habían sido agredidos cuatro periodistas. El 11 de agosto, Marco Chavier, de V+TV; María Laura Martínez, de Telecentro; Emilisa Rodríguez y Rafael Rodríguez, de El Informador, fueron atacados por manifestantes durante un operativo del Cicpc.

El 17 de agosto, un grupo de periodistas conformado por Gabriel Vegas, Oriana Ramírez, Pablo Pimentel y Edwin Castillo, además de camarógrafos de Telecaribe, Notiminuto y una televisora rusa, quienes se encontraban cubriendo una protesta en el Periférico de Catia, fueron amedrentados por grupos armados que intentaron quitarles sus equipos. Alrededor de las 2:00 pm, Espacio Público reportó que los afectados estaban fuera de peligro.

Anteriormente, el 02 de junio, 19 periodistas pertenecientes a los medios Caraota Digital, VivoPlay, El Universal, Diario La Voz y El Nacional, fueron agredidos en la avenida Fuerzas Armadas por un grupo de personas armadas mientras cubrían una protesta social por la falta de alimentos. Los periodistas fueron amenazados por el grupo violento y a tres fotógrafos les robaron sus cámaras y equipos.

 

  1. Censura para todos

La censura adopta formas legales al impedir a El Diario de Los Llanos, La Prensa y La Noticia, los únicos medios impresos que circulan en Barinas, publicar información que adjudiquen hechos de corrupción no confirmados al gobernador de la entidad, Adán Chávez. La decisión fue tomada el 23 de agosto por el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Barinas, luego de que a principios de mes la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional decidiera iniciar un proceso de investigación sobre 16 obras que fueron anunciadas por el fallecido presidente Chávez y sobre las cuales pende un presunto desfalco cometido por Adán Chávez, gobernador de Barinas. 

Otros medios de comunicación, como Correo del Caroní, se han visto afectados por cumplir su labor. El periódico reseña que ha sido perseguido por informar sobre un caso de corrupción en la Ferrominera Orinoco por el cual fue demandado el director del diario, David Natera Febres y sentenciado a cuatro años de cárcel por difamación e injuria continuada, además de una multa de 1.137 unidades tributarias. Al medio también se le prohibió volver a divulgar información sobre este hecho de corrupción.

A principios de este año, la Sala Constitucional del TSJ prohibió a todos los medios digitales la difusión de videos de linchamientos, tanto en sus páginas de internet, como en sus cuentas en redes sociales, a partir de una demanda realizada contra La Patilla y Caraota Digital.

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara procedente la medida cautelar de prohibición de publicación por parte de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL” de los videos con contenido de linchamientos, hasta tanto se decida el fondo de la presente demanda por derechos e intereses difusos, así como su extensión a todos los medios de comunicación nacionales con capacidad de transmitir este tipo de videos a través de sus plataformas tecnológicas”.

 

  1.  Demandas y sanciones

La demanda hacia medios es una práctica común para los integrantes del oficialismo. En la actualidad existe un proceso legal por daños morales en contra de El Nacional, La Patilla y el semanario Tal Cual, iniciada por el diputado del Psuv, Diosdado Cabello por la publicación de una información que lo vinculaba con narcotráfico, y que había sido publicada originalmente por medios internacionales. Los directores de los medios enfrentan una medida de prohibición de salida del país.

Recientemente otro proceso judicial también ha servido para agredir al diario El Siglo. Mantenía sus archivos y hemeroteca en un depósito, ubicado en un estacionamiento adyacente a la sede en Maracay, el cual fue allanado por una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, Sebin, Policía de Aragua y abogados, con quienes se encontraban discutiendo un litigio de la propiedad alquilada a los propietarios del medio. Días después, el abogado del dueño legal del estacionamiento sacó sin orden judicial todos los documentos, de acuerdo a las declaraciones del equipo reporteril del medio, reseñadas por El Pitazo. Los miles de periódicos y documentos fueron echados en un camión, desordenando y dañandolos. Posteriormente fueron reubicados en los galpones del diario.

La práctica de censurar los medios venezolanos a través de sentencias y sanciones va aún más lejos en el tiempo, poniendo a canales de televisión, periódicos y emisoras radiales bajo el ojo de los organismos estatales y de los tribunales.