Trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Lara, acudieron ayer a la Defensoría del Pueblo, para solicitar su intervención y acompañamiento en los casos de despido injustificados suscitados recientemente. Lo mismo hicieron el mes pasado tras los despidos de Leonora Dapo y Sara Puentes también del Seniat.
A la institución los acompañaron Héctor Contreras, vocero de la comisión transitoria de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el abogado Manuel Virguez, director de la asociación civil Movimiento Vinotinto y representantes de otros sindicatos.
Virgüez, indicó que acudieron a la Inspectoría del Trabajo porque han observado dilación en el proceso, por parte de la Inspectoría del Trabajo y el Tribunal Contencioso Administrativo.
Subrayó que los despidos en ambas instituciones registran múltiples irregularidades, por lo cual merecen ser investigados. No obstante, acotó que no se puede afirmar tácitamente que la razón haya sido haber firmado por el 1% del revocatorio, ya que en los oficios de notificación no se contemplan los motivos.
El abogado detalló, por ejemplo, que José Calderón del Seniat, para el momento de notificación de separación del cargo se encontraba de reposo por salud. Por otra parte, indicó que a los trabajadores también removidos de sus funciones en Corpoelec los debe amparar el decreto de inamovilidad laboral, declarado por el Ejecutivo Nacional en diciembre de 2015.
“Sería un antecedente grave para el Estado de derecho que estos casos queden impunes”, comentó
Por su parte, José Luis Ramos, secretario general del sindicato del Seniat en centroccidente y despedido, aún cuando gozaba de fuero sindical, indicó que en su caso fue removido sin la apertura de un procedimiento previo ni la notificación de calificación de despido.
-Sentimos dilación cuando las instituciones no se abocan de manera tácita… Por ello también nos presentamos días atrás en la comisión de política interior de la Asamblea Nacional.
Declaró que igualmente aplicará por su caso, al recursos contencioso funcionarial.
Ramos indicó que en todo el territorio nacional han sido despedidos más de 200 funcionarios, en algunos casos profesionales de más de 20 años de labores.
Expresó que sino se restituyen los derechos violentados, acudirán ante instancias internacionales.
CTV llevará casos fuera del país
Héctor Contreras de la CTV se solidarizó con los trabajadores despedidos y rechazó que un gobierno que se autodenomina “obrerista” violente de esta manera el derecho al trabajo.
-El trasfondo de estos despidos es político, porque sistemáticamente se ha asfixiado a los trabajadores para no hacer uso del derecho al libre pensamiento.
Destacó que igualmente han denunciado que el gobierno asfixia a los ciudadanos y trabajadores al no discutir el contrato colectivo del sector público ni dar garantías a la alimentación, salud y seguridad.
Manifestó que debido a que no se atienden dichas problemáticas por parte del gobierno, también llevarán estos casos a instituciones internacionales, para consustanciar el expediente de Venezuela ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Recordó que en la industria pública del alimento también han habido despidos masivos.