A horas de comenzar la Asamblea General Anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), crece la expectativa en torno a la votación sobre el informe acerca de la situación en Venezuela presentado por el secretario general de la organización, Luis Almagro. 18 votos a favor darían inicio al proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana. Mientras tanto, en las calles venezolanas avanza la crispación social a un ritmo vertiginoso, que hace que la brecha entre la diplomacia y el malestar social no solo sea disonante, sino peligrosa
“LA LUCHA POR LOS VOTOS comienza y mientras tanto en Venezuela el hambre continúa, los saqueos se incrementan y la crisis sigue en escalada imparable”, afirma de entrada Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC Consultores. En efecto, la discusión y posterior votación del informe presentado por Luis Almagro se realizará entre el 10 y el 20 de junio, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente durante la Asamblea anual de la OEA en República Dominicana. La expectativa está justificada: 18 votos separan a Venezuela del inicio del proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).
El informe del secretario general fundamenta la invocación de la CDI en la “continuidad de las violaciones de la Constitución, especialmente en lo que refiere al equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones a los derechos humanos, procedimiento para el referéndum revocatorio y la falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país”.
De obtener los 18 votos se instalará una comisión que evaluará el informe y se llamaría nuevamente a votación para aprobar la aplicación de la CDI. Esta fase requiere de la obtención de 23 votos a favor. “De ser Venezuela considerada como un Estado en donde se alteró el orden constitucional y el hilo democrático, el país quedaría temporalmente fuera del sistema interamericano”, explica Ramírez.
“Por una parte, es un logro que se discuta la situación venezolana ya que no todas las embajadas siguen el caso con la misma intensidad ni profundidad de información, pero los procesos diplomáticos suelen avanzar lentamente. La gran preocupación es que la crisis interna sigue avanzando a gran velocidad mientras que la política va con lentitud. Esa brecha entre el diálogo y la crisis económica y humanitaria amenaza con agudizar la crispación social, lo cual eclipsaría el escenario internacional y dejaría a la OEA como mirones de palo”, argumenta el director de ORC Consultores.
Crisis le gana el paso al diálogo
Como antesala a la Asamblea de la OEA, la Declaración conjunta del Consejo Permanente emitida el 1ero de junio, instó a las partes a privilegiar “un diálogo efectivo entre el Gobierno y la oposición, con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela”.
No se trata de la primera vez que la OEA conmina a Venezuela a establecer mesas de diálogo para lograr acuerdos. En 2002, tras el golpe de Estado, el organismo regional señaló que “el diálogo es la única vía para encontrar soluciones a los conflictos de intereses”. También en 2014, bajo el auspicio de la Unasur, Gobierno y oposición volvieron a sentarse para buscar acuerdos que permitieran la convivencia democrática.
La abogada Rosario Orellana Yépez, quien participó con la fase previa de negociación en 2002, apunta que: “Este proceso de diálogo se asemeja al de 2002 en tanto que implica jugarnos el todo por el todo, sin embargo, noto tres diferencias cruciales: la primera, que Chávez gozaba de un liderazgo del cual Maduro carece; la segunda, el contexto político, ya que entonces la oposición confundió una fase de debilidad del Gobierno con un punto de inflexión, que sí existe ahora; y en tercer lugar está la crisis social y económica actual que se agrava rápidamente”.
Orellana rememora que el proceso de diálogo de 2002 se planificó para durar un mes y al final tomó más de un semestre. “Hay dos ritmos muy diferentes: el de las negociaciones, que suele ser más lento, y el de la dimensión humana de la situación, el cual es vertiginoso. No puedo imaginar qué rumbo va a tomar la crisis, pero hay que enfatizar las consecuencias de no hacer nada”.
El actual llamado a diálogo de la comunidad internacional también se diferencia del ocurrido en 2014, momento en el que la oposición acababa de perder la elección presidencial y el Gobierno logró imponer sus condiciones. “Un diálogo sólo es posible cuando las partes tienen tratos igualitarios. Esa fue una de las fallas del diálogo de 2014; hubo que ir al terreno del otro, bajo las condiciones del otro. El trato igualitario no estuvo presente”, afirma Orellana.
Negociar para asegurar supervivencia
“Un proceso de diálogo en estas condiciones pasará por una negociación muy dura para abrir el juego de supervivencia; si lo vemos en frío, una facción del chavismo busca sobrevivir políticamente en una Venezuela post revocatorio, mientras que otra busca sobrevivir al escrutinio de la justicia; y en la calle los venezolanos libran su propia negociación con el hambre, la inseguridad y la falta de medicamentos”, argumenta Ramírez.
El experto en estrategias de negociación, José Ignacio Tobón, explica que aunque parezca obvio, “los procesos de negociación deben diseñarse para ser efectivos y no para ser una máscara para otras intenciones. Algunos negocian para ganar tiempo y no tienen ninguna intención de llegar a acuerdos en la mesa; otros dicen que negocian pero lo que están buscando es una rendición total del otro”.
“Hay un principio de negociación que dice que por más conflictivas que sean las relaciones, siempre existen intereses comunes. Ambas partes deben definir una meta que sea más importante que los intereses particulares, que en este caso es el bienestar del pueblo venezolano. Veo que desde el Gobierno se está empezando a configurar una lucha por la supervivencia lo cual haría olvidar las ideologías; del lado de la oposición es importante reconocer que mientras más defiendan una posición, más atrapados están en ella. No deben enfocar las fuerzas en demostrar que el otro está equivocado, sino en solucionar el problema”, argumenta Tobón.
El experto en negociación menciona un aspecto determinante: en una negociación, no todos los actores están sentados en la mesa. Con 32 ministerios bajo su control y una manifiesta adhesión al legado ideológico de Chávez, no es descartable que uno de esos actores invisibles sean las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el General (R) Enrique Prieto Silva sostiene que la institución castrense no tiene nada que opinar en un eventual proceso de diálogo.
“Dentro de la Fuerzas Armadas hay una corriente que piensa que hay que salir de Maduro por la vía del revocatorio, pero no se puede poner a la institución militar como un actor separado del Gobierno, no tienen participación como un ente independiente porque debe ser una institución apolítica que no tiene porqué opinar en las negociaciones”, afirma Prieto Silva.
La oposición ha puesto sobre la mesa cuatro puntos, a saber, la realización del referendo revocatorio en 2016 como vía para restaurar el hilo democrático; la liberación de todos los presos políticos; la apertura de un canal humanitario para recibir ayuda internacional; y el respeto a las decisiones del poder Legislativo.
“El cumplimiento de la Constitución no se negocia y por ello el revocatorio debe hacerse este año; los diálogos en el mundo son una vía para producir soluciones para los pueblos; nosotros queremos canalizar esta crisis a través de los mecanismos que establece la Constitución; el respeto a la Constitución no está sujeto a concesiones”, afirma el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.
Por su parte, el presidente de la República también puso sobre la mesa tres puntos para iniciar el diálogo, estos son, la conformación de una comisión de la verdad; un acuerdo de respeto a las funciones de los Poderes Públicos; y un acuerdo de paz y no violencia. No obstante, a la luz de la propuesta de dar libertad a algunos presos políticos a cambio de no realizar el revocatorio, hecha a través de los mediadores internacionales, así como las dilaciones al proceso de activación del referendo, pareciera que el punto de honor real es evitar la realización del revocatorio.
El tono radical del poder Ejecutivo encuentra matices dentro de las fuerzas revolucionarias que hacen vida dentro del Parlamento, instancia en la que el diálogo pareciera abrirse caminos. “Por lo menos en la Comisión de Desarrollo Social Integral, a la que pertenezco, todo el tiempo vamos a un proceso de discusión y de reflexión, de modo que las decisiones se tomen en consenso a pesar de que la derecha tiene mayoría; siempre hacemos el esfuerzo; sí existe la voluntad política de llegar a puntos de encuentro”, afirma el diputado Ares Di Fazio, quien también se desempeña como secretario de asuntos internacionales del Movimiento Revolucionario Tupamaro.
La lentitud de los procesos de diálogo no solo preocupa a analistas y diputados del Bloque de la Unidad, sino también a algunos de quienes integran el Bloque de la Patria. “Los tiempos políticos, lamentablemente, van por un lado y la realidad en la calle es otra cosa, eso pasa no solo en Venezuela, sino en el mundo; los tiempos en la mesa de discusión deberían ser más expeditos”, apunta Di Fazio.
En su evaluación del proceso de diálogo, Di Fazio señala que: “Para un proceso de discusión a este nivel no puede haber una agenda cerrada; creo que ambas partes deben acudir de forma sincera y transparente; los parámetros nos lo pone la Constitución; eso es inamovible. Ahora, si van a poner puntos de honor se dificultará el diálogo, no creo que a estas alturas estamos para eso (…), si nosotros como líderes políticos incidimos y profundizamos esa crispación no estamos dando una buena señal; creo que es hora de decir «vamos a sentarnos, estas son nuestras diferencias y en esto coincidimos», debemos trabajar sobre esas coincidencias y las diferencias vamos a resolverlas de acuerdo con lo que dicen la Constitución y las leyes, ni más ni menos”.
Almagro, en su informe de 132 páginas, no pide más que eso, el respeto a la Carta Magna.
