Cofavic junto a otras organizaciones elaboraron un informe en el que se señala al gobierno de Maduro como el principal perpetrador de los ataques
121 agresiones contra activistas de derechos humanos fueron registradas en Venezuela entre 2018 y 2019, según un informe de Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Centro para los Defensores y la Justicia, la Federación Internacional para los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura y la Unión Europea.
De los 121 ataques, 60 fueron casos de difamación, 32 de acoso, 12 de intimidación y 8 de detenciones arbitrarias.
En 31 % de los ataques se utilizó el portal Misión Verdad, 29 % el programa de televisión Con el Mazo Dando y en 14 % se emplearon a los cuerpos de seguridad del Estado.
De acuerdo al informe, los organismos de derechos humanos son catalogados en Venezuela como “enemigos internos” y las instituciones públicas son empleadas para hostigar y difamar a las voces que denuncian atropellos por parte del Estado.
Según la investigación, el gobierno aparece como el principal perpetrador de los ataques, empleando sus herramientas de comunicación y los cuerpos de represión.
“El simple hecho de participar en labores humanitarias implica exponerse a ataques por parte del Estado”, denunció en el informe la directora de Cofavic, Liliana Ortega.
En el informe se refleja el amedrentamiento a la ONG Prepara Familia, el hostigamiento a la presidenta del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, Ana Rosario Contreras y la ejecución extrajudicial por parte de cuerpos policiales al sobrino de la defensora de derechos humanos, Ruth Perez.
“Leyes regresivas, impunidad y la estigmatización como política de Estado definen una tormenta perfecta para el derecho a defender los derechos humanos en Venezuela”, indicó en el informe, Gerald Staberock, secretario general de la OMCT.
En el documento también se expone que el gobierno pretende criminalizar la libertad de asociación y avanzar en la asfixia económica de las ONG al restringir el financiamiento internacional.
“Concebir a quienes defienden derechos humanos como enemigos internos, terroristas o agentes desestabilizadores es una acción perversa que refuerza la crisis política y de derechos humanos que experimenta Venezuela”, sostuvo la presidenta de la Federación Internacional para los Derechos Humanos, Alice Mogwe.