A lo largo de los últimos días, las pacíficas protestas callejeras se han multiplicado en distintas ciudades de Venezuela. Sin dudas, han sido notoriamente generadas por la terrible situación de inseguridad personal que afecta a los venezolanos, por la creciente escasez de toda suerte de productos básicos, por la inflación desbocada y por el constante abuso de poder por parte del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro.
Entre esas protestas existieron dos realmente conmovedoras y de carácter masivo. La primera fue la protagonizada por los trabajadores de prensa; la segunda, la de los estudiantes universitarios. El 12 de este mes, luego de la gigantesca marcha estudiantil, se produjeron episodios de enorme violencia, con tres muertos y decenas de heridos. La represión más salvaje ha sido la única respuesta de las autoridades venezolanas, no obstante el enorme respaldo popular de las protestas en cuestión y la claridad y razonabilidad de sus reclamos.
El gobierno venezolano pretende sofocarlas con la ola habitual de propaganda y desinformación masiva, sumada a la censura que siempre sufren en Venezuela los pocos medios independientes que aún quedan en pie. Cerrojo inhumano que, en este caso particular, incluyó la medida de sacar del aire a un canal de televisión colombiano, para evitar así que se conociera información sobre los reclamos.
Como si todo eso fuera poco, el gobierno venezolano recurrió a la peor de las violencias para reprimir, sin miramientos, a quienes participaban en las protestas, utilizando no sólo a la siempre violenta Guardia Nacional, sino también a grupos informales de matones, que han sido organizados en forma paramilitar.
Como es habitual, Nicolás Maduro utilizó las típicas y fantasiosas teorías de presuntos complots, así como la peor ola de difamación y encarcelamiento de los adversarios y la deformación permanente de la información pública. A ello, agregó algunos procesamientos judiciales que, promovidos ante magistrados sumisos, resultan absolutamente infundados.
El continente ha observado con enorme estupor la reacción desmesurada del gobierno de Venezuela que, como es habitual, pretende despojar a sus ciudadanos del derecho a protestar pacíficamente, mientras procura amordazarlos y silenciarlos por todos los medios.
Por todo esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de expresar su profunda preocupación y malestar por la condenable actuación del gobierno venezolano y por las agresiones de las que han sido objeto quienes participaron pacíficamente en las protestas.
La violencia no será nunca la forma de resolver el inocultable fracaso de la deplorable gestión del gobierno bolivariano. Tampoco es momento de recurrir a la desmesura en ninguna de las respuestas. Ya es hora de que el gobierno venezolano escuche a quienes, durante años, vaticinaron que el modelo autoritario y dirigista que estaba en marcha iba inexorablemente camino a destruir la economía venezolana y a lastimar profundamente a su sociedad, lo que parece haber sucedido.
Por esto, debemos condenar la violentísima represión puesta en marcha por las autoridades venezolanas, protagonistas de un gobierno fracasado, que no respeta los derechos humanos ni las libertades esenciales de su pueblo. Es hora, en cambio, de instar al diálogo y a la solución de los graves problemas de Venezuela con la participación de todos sus ciudadanos, sin exclusiones de ningún tipo, en un ambiente de respeto recíproco, pero dentro de una democracia que hasta ahora ha sido deformada en sus instituciones por los autoritarios bolivarianos, hasta hacerla totalmente irreconocible.