La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó este miércoles que el gobierno venezolano incurrió en actos de discriminación política y desviación de poder en contra de los funcionarios que aparecían en la Lista Tascón.
La CIDH decidió en el caso de San Miguel y otros venezolanos contra el Estado, que los despidos por firmar para el referéndum revocatorio contra el fallecido presidente Hugo Chávez, violan el derecho a la participación política por discriminación.
En la sentencia emanada este miércoles la CIDH señala que reconoció por unanimidad que los despidos motivados por la llamada “Lista Tascón” son violatorios de los derechos humanos en Venezuela.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró responsable al Estado de Venezuela por la violación a los derechos políticos y libertad de pensamiento y expresión de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña. Igualmente, encontró responsable a Venezuela por la desviación de poder y discriminación política que significó la terminación arbitraria de sus contratos laborales”, refleja la sentencia.
Por tanto, para la Corte resulta evidente que “la publicación de la identidad de los firmantes en la ‘‘Lista Tascón tenía fines intimidatorios, que buscaban desincentivar la participación y la posibilidad de disidencias políticas”. Lo que aseguran, a través de un comunicado, que favoreció el ambiente de persecución política y discriminación contra los opositores del gobierno.
Al conocer estos hechos, la Corte consideró que el derecho a solicitar y participar en un procedimiento revocatorio es un derecho político protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las víctimas eran funcionarias que trabajaban en el Consejo Nacional de Fronteras, (Chang Girón, San Miguel y Peña) cuyos nombres aparecían en la denominada ‘‘lista Tascón’’, por lo que sus contratos fueron terminados y, como consecuencia, iniciaron sin éxito diversas denuncias y acciones judiciales.
La “Lista Tascón” fue un instrumento utilizado en organismos de la administración pública luego de que en el año 2004 organizaciones políticas recogieran firmas para la activación de un referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez.
Luis Tascón, quien para entonces era diputado oficialista en la Asamblea Nacional, solicitó al Consejo Nacional Electoral los nombres de los firmantes para verificar su autenticidad; la lista fue filtrada en los entes públicos y se usó para despedir a los firmantes.