El presidente de Chile enviará un comunicado a su homólogo venezolano en el que manifestará su preocupación por los 50 dólares que cobra para legalizar el certificado de antecedentes penales que los ciudadanos de ese país requieren para regularizar su situación en la nación austral.
La información fue proporcionada por el canciller, Roberto Ampuero, quien precisó que el documento será enviado este jueves a Caracas, donde se planteará «de forma precisa» por parte de Chile la «preocupación por esta medida».
El jefe de la diplomacia chilena explicó a los periodistas que estas medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela «tienen un impacto en nuestra política migratoria».
«Ustedes saben que, bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se intenta desarrollar una política migratoria ordenada, transparente y responsable; estas nuevas medidas adoptadas por Venezuela impactan esa política migratoria de Chile», añadió Ampuero.
Anteriormente los ciudadanos venezolanos podían solicitar el documento desde Chile mediante Internet e imprimirlo, pero ahora se sumó el requisito de validar ese certificado en la sede diplomática.
El gobierno calculó a mediados de junio en 1,1 millones el número de extranjeros residentes, de los que unos 100.000 aún permanecen en el país en situación irregular, varios de ellos de nacionalidad venezolana.