El doblete sísmico del pasado 24 de junio de 2026 dejó heridas visibles en el paisaje urbano de Caracas y una tragedia humana que todavía es atendida en La Guaira. A la par de la remoción de escombros y el luto, avanza una crisis silenciosa que desprotege por completo a los trabajadores.
En zonas afectadas en Caracas, en los municipios Chacao y Libertador, los comercios reactivan la economía bajo el signo de la precariedad. Para muchos empleados, el dilema ya no es solo superar el trauma psicológico de haber sobrevivido a los terremotos, sino enfrentarse a la falta de empatía patronal, reducciones salariales intempestivas e infraestructuras que todavía generan desconfianza.
Cuatro testimonios recabados por Runrun.es reflejan cómo la catástrofe natural derivó en inestabilidad laboral. Todos ellos coinciden en un patrón común: la falta de contingencia institucional y la desprotección del eslabón más débil de la cadena económica ante un desastre natural.
Despedido por rechazar una degradación tras buscar a su hijo en La Guaira
Carlos* ejercía como gerente de logística e inventario de una cadena de restaurantes en Caracas. Los terremotos de las seis de la tarde lo dejaron inicialmente incomunicado y a oscuras. Su principal fuente de angustia se encontraba en La Guaira, donde su hijo entrenaba en una academia de béisbol en Las Salinas.
Tras recuperar la electricidad y constatar en redes sociales los destrozos en Los Palos Grandes, San Bernardino y el litoral central, una llamada a las cuatro de la mañana del 25 de junio encendió las alarmas: una prima del niño —que tenía 14 años— había fallecido bajo los escombros en la costa. Carlos emprendió el viaje a las seis de la mañana, en una travesía a oscuras por el viaducto y los túneles en la que se triplicó el tiempo de viaje habitual, debido al colapso vial.
“Busqué a mi hijo, pasé toda esa desgracia, viví muchas cosas en carne propia que de verdad me impactaron, fue una travesía llegar allá”, relata Carlos. Para evitarle un segundo trauma al niño en el retorno, decidió rodear toda la costa por Chuspa e Higuerote.
Al recuperar la señal telefónica a mitad de la tarde, encontró notificaciones de la empresa emitidas a primera hora de la mañana. La sede principal de la cadena había perdido el piso superior, donde operaba el almacén, y la gerencia exigía al personal presentarse para remover escombros y recuperar mercancía salvable.
A pesar de que Carlos explicó de inmediato su situación familiar y su ubicación geográfica, la respuesta del departamento de recursos humanos le notificó que necesitaban “gente comprometida con ellos, que le doliera la empresa”, y le dijeron que no volviera más.
Horas más tarde, ya al volver a Caracas, la empresa lo contactó para que acudiera al día siguiente a colaborar. La directiva le notificó su degradación laboral: perdería su cargo administrativo para atender al público en una de las sucursales. Al rechazar la propuesta por violar sus condiciones de contratación, la empresa ejecutó el despido definitivo. “Me dijeron ‘bueno, entonces prescindimos de ti’. Así mismo. Agarré mis cosas y me fui”, concluye.
El costo de priorizar la salud mental
Mariana* trabajaba como manicurista desde diciembre de 2025 en un spa ubicado en el piso 10 de una torre empresarial en Caracas. El impacto psicológico de los terremotos afectó su rutina y quebrantó su capacidad de conciliar el sueño. La confirmación de sus temores llegó el domingo posterior al sismo, cuando subió al edificio donde trabajaba para buscar insumos médicos destinados a un voluntariado en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
La trabajadora encontró un panorama desolador: escaleras dañadas, total oscuridad y una alarma de emergencia que sonaba sin cesar. “Para mí eso fue prácticamente una escena apocalíptica. Subí por los tapabocas y los guantes, pero tipo agarré eso y salí corriendo”, relata.
Ante la ansiedad que le produjo la escena, Mariana solicitó a la dueña del local una semana de tregua para estabilizarse emocionalmente, y ofreció suspender el pago de la mesa de alquiler para no generar pérdidas al negocio.
Aunque la propietaria mantuvo una respuesta políticamente correcta, asumió una postura que Mariana califica de “injusta”: el local no podía mantener un espacio sin producir. La dueña le sugirió retirar las herramientas de trabajo.
“Me dijo que podía ir cuando me sintiera mejor, que ella también entendía lo que yo estaba pasando… pero que ella igual tenía que pagar alquiler y, bueno, que lo mejor era que fuera a buscar mis cosas. La verdad es que sí me pareció bastante injusto, porque al final nadie le va a alquilar eso esta semana, ni la otra, porque todos estamos en trauma”, cuenta Mariana, quien acudió al lugar con su esposo a recoger sus herramientas y ahora intenta reestructurar sus ingresos atendiendo de manera independiente desde su hogar.
Obligado a facturar en medio de la contingencia
El caso de José* evidencia la prisa de algunos comercios por abrir sus puertas sin culminar los protocolos mínimos de seguridad estructural. Él trabaja en una tienda de cosméticos en un centro comercial de Sabana Grande, el cual cerró el 25 de junio por inspecciones preliminares. Sin embargo, la gerencia de esta tienda obligó a los trabajadores a reincorporarse a sus funciones el viernes 26 de junio.
José cuenta que los ingenieros prolongaron las revisiones técnicas del centro comercial hasta por siete días posteriores a los sismos, pero el personal ya atendía al público en un horario especial. Al reactivar las jornadas, la directiva del establecimiento tomó una decisión unilateral: consideró el día de la clausura forzosa por el desastre como el día libre de toda la nómina, y prohibió descansos en la semana siguiente.
Esta medida perjudicó directamente a José. La administración le descontó 10 dólares de su sueldo por ausentarse el martes 30 de junio, día que, bajo condiciones normales, correspondía a su jornada de descanso regular.
“Me parece una falta de respeto y una falta de seguridad de todo, porque si no habían terminado las inspecciones del centro comercial no tenían por qué habernos mandado a trabajar”, denuncia el trabajador, indignado porque la empresa arriesgó al personal pese a operar en un rubro que no cubre necesidades básicas.
Del sueldo fijo al destajo y al “redoble”
El municipio Chacao sufrió con fuerza el impacto del doblete sísmico en el área metropolitana de Caracas. El restaurante donde labora Javier* permaneció cerrado durante una semana y media, pero la incertidumbre comenzó cuando la gerencia notificó el nuevo esquema de reanudación de actividades. Aunque inicialmente prometieron reincorporar a la plantilla completa, los dueños decidieron arrancar con un equipo reducido para evaluar el movimiento de la zona.
La empresa impuso un sistema de trabajo intermitente que consiste en laborar una semana activa y pasar una semana suspendido sin goce de sueldo. “Nos dijeron que íbamos a trabajar una semana sí y una semana no, pero las personas que les toque trabajar sepan que va a ser una semana por arriba de redoble, o sea, entramos a las 10:00 de la mañana y salimos a las 12:00 de la noche”, explica Javier.
El joven tenía un sueldo base que no alcanzaba los 300 dólares mensuales y la gerencia del local eliminó este ingreso. Ahora solo cobrará lo que reciba de las propinas y el 10 % de las ganancias semanales.
“Afortunadamente, no pago alquiler, pero en mi casa hay una persona enferma cuyo tratamiento es muy caro. Ahora, con esto, tengo que reestructurar todo lo que tenía pensado, más allá de estar tocando mis ahorros a riesgo de no poder volverlos a reunir”, lamenta Javier. Al joven le preocupa el bienestar de su hogar durante los días de suspensión forzada: “Por la parte del transporte y la comida mientras esté aquí no me quejo, pero ¿cuando no esté aquí? ¿En mi casa cómo se come?”.
*Los nombres de los entrevistados se modificaron para proteger sus identidades por temor a represalias en su contra
*Colaboración de reportería: María Victoria Fermín
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
