Hay tragedias que interrumpen la vida de un país. Y hay tragedias que obligan a redefinir su destino. Los terremotos que acaban de sacudir a Venezuela pertenecen a esta segunda categoría. La magnitud del daño humano, social y económico todavía está lejos de poder medirse con precisión, pero una cosa ya es evidente: el país que discutíamos hace apenas unos días ya no es el mismo.
Las cifras preliminares disponibles son devastadoras. Según los primeros reportes recogidos por Ecoanalítica, se registran 254 edificaciones con daño total, 325 con daño severo y 346 con daño parcial. Las pérdidas humanas son más dolorosas aun: 1450 fallecidos, 3150 heridos, 12 721 familias damnificadas y más de 50 000 personas desaparecidas (*). Son números todavía incompletos, sujetos a revisión y probablemente insuficientes para capturar la verdadera dimensión de la tragedia. Pero ya permiten entender que Venezuela enfrenta uno de los choques más duros de su historia contemporánea.
Desde el punto de vista económico, nuestras primeras estimaciones apuntan a daños directos del orden de 8000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 7 % del PIB. La recuperación integral de la infraestructura pública, el aparato productivo, las viviendas, los servicios básicos y la capacidad operativa del país podría requerir cerca de 20 000 millones de dólares. Es una cifra monumental para cualquier economía. Lo es más aun para un país que viene de una larga crisis, con restricciones fiscales, infraestructura deteriorada, servicios públicos frágiles y una capacidad institucional profundamente debilitada.
Sin embargo, el verdadero desafío no está solamente en conseguir recursos. Venezuela necesita dinero, sí. Necesita maquinaria, hospitales de campaña, equipos de rescate, ingenieros, técnicos, financiamiento multilateral y cooperación internacional. Pero necesita algo más importante: capacidad de coordinación, confianza y legitimidad. La experiencia internacional demuestra que los terremotos no destruyen países por sí solos. Lo que define el futuro de una nación después de una catástrofe es la calidad de su respuesta colectiva.
Chile, después del terremoto de 2010, mostró la importancia de contar con instituciones capaces de reaccionar con rapidez, ordenar prioridades y ejecutar una reconstrucción masiva sin perder el control macroeconómico. Japón, tras el terremoto y tsunami de 2011, evidenció cómo un Estado con alta capacidad técnica puede combinar respuesta inmediata, reconstrucción de infraestructura, protección de cadenas productivas y planificación territorial de largo plazo. Nepal, luego del terremoto de 2015, avanzó con una autoridad nacional de reconstrucción que permitió concentrar esfuerzos, articular cooperación internacional y canalizar recursos hacia hogares afectados.
Haití, por el contrario, representa la advertencia más dura. El terremoto de 2010 no solo destruyó infraestructura; expuso la fragilidad extrema del Estado, la dispersión de la ayuda internacional, la ausencia de coordinación efectiva y la dificultad de reconstruir cuando no existe una autoridad nacional suficientemente fuerte y legítima para ordenar el esfuerzo. La tragedia natural se convirtió en una crisis prolongada porque el país no logró transformar la emergencia en una estrategia nacional de reconstrucción. Es posible que el terremoto de ayer sea la principal causa del Estado fallido que Haití presenta hoy.
Venezuela debe aprender de esas experiencias. La magnitud del terremoto importa, pero no será la única variable determinante. Lo decisivo será si el país logra convertir el dolor en un proyecto común. Y allí aparece el punto central: Venezuela no podrá reconstruirse desde una sola parcialidad política, desde una sola institución, desde una sola visión del país ni desde un poder que no cuente con la confianza suficiente de todos los actores nacionales.
Los primeros días de la tragedia han dejado una imagen preocupante. La respuesta institucional ha sido insuficiente frente a la escala del desastre. No se trata de una crítica política, sino de una constatación técnica. En emergencias de esta magnitud, la Fuerza Armada, Protección Civil, gobernaciones, alcaldías, hospitales, cuerpos de seguridad, empresas públicas y servicios básicos deben operar como una sola estructura logística nacional. Esa coordinación no se ha visto con la fuerza requerida. La sociedad civil, los vecinos, las comunidades, las iglesias, las ONG, los rescatistas voluntarios y el sector privado han vuelto a demostrar una inmensa reserva moral. Pero la solidaridad ciudadana no puede sustituir indefinidamente la capacidad del Estado.
Aquí está el dilema venezolano. El país necesita una reconstrucción a escala nacional, pero las autoridades enfrentan una profunda falta de legitimidad política y una limitada capacidad operativa. Esa combinación es especialmente peligrosa. Sin legitimidad, será difícil movilizar cooperación internacional de gran escala. De hecho, las primeras señales de la cooperación financiera internacional han sido también muy preocupantes. Sin confianza, será difícil atraer inversión privada. Sin transparencia, será difícil evitar que la ayuda se fragmente, se politice o se desperdicie. Sin inclusión, será imposible convertir la reconstrucción en un proyecto nacional.
Por eso Venezuela necesita un gran pacto nacional para la reconstrucción. No como una consigna retórica, sino como una arquitectura institucional concreta. Un pacto que incluya a todos los actores que hacen vida en el territorio nacional: autoridades nacionales, gobernaciones, alcaldías, oposición, Fuerza Armada, sector privado, trabajadores, universidades, iglesias, organizaciones sociales, comunidades afectadas y organismos multilaterales. También debe incorporar a la diáspora venezolana, que hoy representa una de las mayores reservas de talento, recursos, conocimiento técnico y vínculos internacionales con las que cuenta el país.
Una opción concreta, sería volver a crear una autoridad nacional para la reconstrucción, con mandato temporal, reglas claras, participación plural y supervisión independiente. No se trataría de crear otro ministerio ni de ampliar la burocracia. Se trataría de construir una plataforma excepcional para una circunstancia excepcional. Su mandato debería concentrarse en cuatro tareas: levantar un registro nacional de daños, coordinar la ayuda humanitaria y financiera, diseñar el plan de reconstrucción física y productiva, y garantizar mecanismos de auditoría nacional e internacional.
La reconstrucción tampoco debe limitarse a levantar lo que se cayó. Venezuela no puede reconstruir la precariedad. No puede rehacer ciudades vulnerables, viviendas inseguras, hospitales sin resiliencia, carreteras frágiles ni servicios públicos al borde del colapso. La tragedia obliga a pensar en una reconstrucción moderna: infraestructura antisísmica, planificación urbana, formalización de propiedad, financiamiento habitacional, recuperación de servicios básicos, fortalecimiento de hospitales, reconstrucción de escuelas, apoyo a pequeñas empresas y mecanismos de protección social para las familias damnificadas.
Los 20 000 millones de dólares estimados para la recuperación no deben verse únicamente como un costo. Bien administrados, pueden convertirse en el mayor programa de inversión pública y privada de las últimas décadas. Pueden generar empleo, reactivar sectores productivos, reconstruir confianza y acelerar la modernización de la economía. Pero mal administrados, pueden convertirse en otra fuente de frustración, corrupción, desigualdad y pérdida de legitimidad.
Por eso la pregunta económica más importante no es solamente cuánto dinero hará falta. La pregunta central es quién decidirá cómo se invierte, bajo qué reglas, con qué controles y con qué visión de país. La reconstrucción será el principal programa económico de Venezuela durante los próximos años. Si se maneja con opacidad y exclusión, profundizará la crisis. Si se maneja con transparencia, inclusión y sentido nacional, puede abrir una nueva etapa.
La comunidad internacional también tendrá un papel fundamental. Venezuela no podrá enfrentar sola esta emergencia. Será indispensable movilizar asistencia humanitaria, créditos de rápido desembolso, cooperación técnica, apoyo de organismos multilaterales, donaciones, seguros, inversión privada y mecanismos financieros especiales. Pero esa cooperación exigirá garantías. Ningún organismo internacional, ningún gobierno aliado, ningún inversionista serio y ninguna diáspora movilizará recursos de gran escala si no existe una estructura confiable, incluyente y técnicamente sólida para administrarlos.
En este punto, la legitimidad deja de ser una discusión abstracta. Se convierte en una variable económica. La legitimidad reduce el riesgo. La legitimidad abre puertas. La legitimidad permite coordinar. La legitimidad transforma ayuda dispersa en estrategia nacional. La legitimidad hace posible que actores que no confían entre sí se sienten en una misma mesa para resolver una emergencia común.
La Fuerza Armada también debe entender el momento histórico. En una tragedia de esta escala, su papel no puede ser político ni represivo. Debe ser logístico, humanitario y nacional. Debe ayudar a abrir corredores, distribuir ayuda, proteger a la población, facilitar operaciones de rescate, garantizar seguridad en las zonas afectadas y ponerse al servicio de una reconstrucción que pertenece a todos los venezolanos. Esa sería una forma concreta de recuperar confianza institucional.
Venezuela llega a este terremoto con heridas acumuladas: años de crisis económica, migración masiva, deterioro institucional, desconfianza política y fragmentación social. Pero también llega con activos enormes: una sociedad solidaria, un sector privado resiliente, comunidades organizadas, talento técnico, universidades, iglesias, ONG, empresarios, trabajadores y una diáspora que mantiene un vínculo emocional y económico profundo con el país.
La reconstrucción de Venezuela no comienza cuando se coloca el primer ladrillo. Comienza cuando todos los venezolanos sienten que ese ladrillo también les pertenece. Esa es la diferencia entre reconstruir edificios y reconstruir una nación. Venezuela puede escoger entre administrar la emergencia desde la fragmentación o convertirla en el punto de partida de un acuerdo nacional. Puede repetir los errores del pasado o construir una institucionalidad distinta. Puede reconstruir ruinas o reconstruir futuro.
(*) Cifras oficiales al 28 de junio
Ecoanalítica | Alejandro Grisanti Capriles @agrisanti
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