“La represión transnacional es el conjunto de acciones mediante las cuales un Estado extiende su capacidad coercitiva más allá de sus fronteras para intimidar, controlar, perseguir o silenciar a personas consideradas disidentes, opositoras, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos que se encuentran en el extranjero”, reza un extracto del Informe Represión Transnacional presentado el pasado 18 de febrero por la ONG Un Mundo sin Mordaza.
Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG, dijo que la investigación fue hecha entre enero de 2024 y diciembre de 2025 y abarcó casos en España, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, México, Perú y Panamá.
“La represión transnacional es una nueva política de Estado y ha sido usada sistemáticamente para deshumanizar. La estigmatización constituye la modalidad más común”, expresó Diamanti.
Un miembro de la ONG que prefirió mantenerse en el anonimato indicó que el estudio permitió demostrar que el régimen venezolano coopera con la colaboración de algunas fuerzas extranjeras. “En el caso del teniente Ojeda hubo presencia de personal cubano”, sentenció la fuente.
Expuso que el del teniente Ronald Ojeda es probablemente el caso de violencia transnacional más emblemático. El militar, que estuvo detenido en la cárcel de Ramo Verde y denunció haber sufrido torturas, fue secuestrado en febrero de 2024 por hombres que se hicieron pasar por efectivos policiales en Santiago de Chile y posteriormente asesinado.
Luego de una investigación con escasa o nula participación de la Fiscalía venezolana, el gobierno del presidente Gabriel Boric concluyó que miembros del Tren de Aragua había tenido participación en el crimen.
Casos “ejemplarizantes” para sembrar el terror
Por su parte, durante la presentación del estudio, Luis Peche, periodista y politólogo, insistió en que la violencia en Venezuela ha cruzado la frontera.
“Somos vulnerables y estamos a merced de la violencia”, expresó Peche, quien sufrió un atentado en octubre de 2025 junto al activista por los derechos de la comunidad LGBTI, Yendri Velásquez en Bogotá.
“Tres personas se bajaron de un carro y sin mediar palabras nos dispararon, fueron ocho tiros para Yendri y seis para mi, milagrosamente estamos vivos. Después de eso, nuestras dinámicas de vida cambiaron radicalmente”, expuso.
Peche debió huir de Venezuela luego de recibir amenazas y de la detención de su colega Carlos Marcano, excarcelado después del 8 de enero.
El politólogo aseguró que luego del atentado, el Estado colombiano les ha ofrecido mecanismos de protección, pero en materia de investigación todavía existe una deuda.
“Muchos venezolanos que vinieron escapando de la represión en Venezuela se fueron de Colombia, lo de nosotros y lo de Ojeda son casos ejemplarizantes que suceden a la luz del día para generar miedo e inacción. No puede haber impunidad también fuera de nuestras fronteras”, consideró.
Elisa Trotta, secretaria general del Foro argentino por la democracia, señaló que es otra víctima de la represión transnacional. Sostuvo que durante su permanencia en Argentina, tanto ella como su familia recibieron amenazas por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, a través de su programa en Venezolana de Televisión (VTV), Con el Mazo Dando.
“El pasado 3 de diciembre habló sobre mi familia, dijo que mi casa estaba llena de terroristas y me vinculó con María Corina Machado e Israel”, contó.
Trotta agradeció al presidente argentino Javier Milei por haber sido solidario con el drama de los perseguidos venezolanos.
“Vivo aquí desde hace 14 años, sin poder volver a Venezuela por motivos políticos, esto lejos de amedrentarnos nos fortalece, mi caso en particular fue judicializado en los tribunales argentinos y lo he llevado a la CIDH e instancias internacionales”, amplió.
De la investigación de Un Mundo se Mordaza se desprende que después de los sucesos del 3 de enero, fecha en la que el exgobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos, no existe garantía para un retorno seguro de migrantes.
“Este informe lo vamos a llevar a la Corte Penal Internacional, porque no podrán silenciar a la disidencia”, dijo Diamanti.
Los datos del informe
La investigación de un Mundo Sin Mordaza detalla cinco tácticas clave utilizadas contra los venezolanos en el exterior entre las que se encuentran:
Represión digital: Vigilancia y ciberataques contra activistas y periodistas.
Instrumentalización consular: Bloqueo de documentos y trámites como medida de castigo.
Represalias contra familiares: Acoso a quienes permanecen en el país para presionar a quienes se fueron.
Estigmatización pública y criminalización: Uso del aparato judicial y medios estatales para señalar voces críticas fuera del territorio.
Los datos que se desprenden de esta categorización son los siguientes:
–326 casos de represión transnacional. “Es la continuidad de patrones previamente consolidados, adaptados a contextos extraterritoriales”, reza el informe.
–176 casos de estigmatización y propaganda extraterritorial, la modalidad predominante (53,99%) de represión transnacional. Un Mundo sin Mordaza detalla que esta consiste en el uso deliberado de discursos oficiales, programas de propaganda, declaraciones de
altos funcionarios y plataformas comunicacionales estatales o paraestatales para “señalar, desacreditar y criminalizar públicamente a personas que se encuentran fuera del territorio nacional, en razón de su participación en protestas, actividades políticas, denuncias internacionales o ejercicio de derechos humanos desde el exterior”.
El informe precisa que la principal herramienta identificada para la difusión de esta práctica fue el programa televisivo Con el Mazo Dando. Tras analizar 84 emisiones, comprendidas entre 17 de abril de 2024 y el 17 de diciembre de 2025 se identificaron 59 136 incidencias relacionadas con señalamientos, menciones, exposiciones o narrativas estigmatizantes dirigidas contra personas ubicadas fuera del país
-A la estigmatización, le sigue la represión consular-administrativa con 112 casos (34,36%), que consiste en el bloqueo o retraso de trámites, registros y servicios consulares como mecanismos de control y exclusión.
–23 casos de represión penal extraterritorial (7,06 %), la cual consiste en emplear el sistema de justicia para criminalizar a personas fuera de Venezuela mediante investigaciones, solicitudes o procedimientos de naturaleza penal.
-En otros ámbitos figura la presencia física extraterritorial (1,53 %), represalias contra familiares (0,92 %), represión digital transnacional (0,92 %), coerción migratoria en el país de acogida (0,61 %) y uso abusivo de mecanismos policiales internacionales (0,61 %).
¿Cómo se identifica la represión transnacional?
–Órdenes de captura emitidas sin base probatoria sobre la base de delitos como sedición, conspiración y terrorismo, acompañados de declaraciones políticas de autoridades.
–Investigaciones abiertas o reactivadas luego que la persona participa en protestas y reuniones con organismos internacionales en el exterior.
–Investigaciones con deficiencia de debido proceso: ausencia de defensa privada, tribunales parciales y uso de jurisdicciones especiales o tribunales de excepción.
-Imputaciones retroactivas y activación de alertas internacionales con solicitudes informales sustentadas en cargos fabricados y delitos ambiguos.
–Otras formas de persecución como represalias contra familiares o cancelación de documentos.
Una estrategia sistemática
El análisis de un Mundo Sin Mordaza concluye que la represión trasnacional del Estado venezolano ya uno es un fenómeno aislado ni excepcional, “sino una estrategia sistemática y sostenida orientada a proyectar mecanismos de control, intimidación y sanción más allá de las fronteras nacionales.
Denuncian que los 326 casos documentados evidencian la existencia de un “patrón estructurado” por medio del cual el gobierno venezolano “busca neutralizar la protesta, la denuncia pública y la participación política de personas que, aun encontrándose fuera del territorio nacional, continúan siendo percibidas como opositoras o críticas al poder.
El informe llama la atención sobre el hecho de que ningún Estado puede utilizar sus instituciones para castigar, intimidar o silenciar a individuos por sus opiniones políticas, activismo y trabajo en defensa de los derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio así como que el exilio debe ofrecer un espacio mínimo de seguridad.
“La represión transnacional destruye esta premisa al permitir que el Estado de origen siga castigando la divergencia política incluso cuando la persona está bajo la jurisdicción de un tercer Estado”, indican.
Un Mundo sin Mordaza recalca que el Estado debe abstenerse de producir condiciones que incentiven la persecución contra personas fuera de su territorio. La ONG puntualizó que el asilo y el refugio tienen como finalidad proteger a quienes escapan de la persecución política.
“Si el Estado persecutor consigue influir en los procesos del país de acogida, el sistema pierde su valor y la persona queda atrapada en un espacio jurídico vulnerable”, añaden.
Recordaron que la ONU establece que los Estados deben abstenerse de devolver personas en riesgo.
“El propósito es visibilizar la existencia de la represión transnacional como fenómeno identificable, sistemático y jurídicamente relevante”, puntualizó el documento.
Por esta razón, hacen un llamado a la comunidad internacional para “reconocer y actuar” ante un mecanismo de control “que vulnera la soberanía personal de miles de ciudadanos en el mundo”. “La persecución cruzó fronteras; la defensa de los derechos humanos también debe hacerlo”, concluyen.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
