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Muertes, hambre y aislamiento de presos políticos marcan gestión de García Zerpa

Desde el nombramiento de Julio García Zerpa como ministro de Asuntos Penitenciarios en junio de 2024, el sistema penitenciario venezolano ha sido escenario de muertes, torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Cuando García Zerpa fue designado como ministro, prometió construir “un nuevo Sistema Penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana”.

Sin embargo, en cárceles como el Rodeo I, Tocorón, Tocuyito y el Inof la situación es distinta. Denuncias realizadas por familiares de los reclusos afirman que persiste el hacinamiento, la insalubridad, las enfermedades y los tratos crueles e inhumanos, situaciones que se intensificaron luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. 

Julio García Zerpa es abogado. Se desempeñó como diputado a la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) por el estado Táchira, también como vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Aunque su nombre es poco conocido dentro de las filas del chavismo, se desempeñó en el año 2013 como miembro principal del Ministerio del Poder Popular para la Juventud. También fungió como director de Asuntos Laborales y Gremiales del Ministerio del Poder Popular para la Educación y formó parte del equipo promotor del Movimiento Futuro, organización social coordinada por Héctor Rodríguez.

Muertes en custodia: los casos que marcan su gestión 

Recientemente, la cuenta en X Realidad Helicoide denunció que desde que Julio García Zerpa asumió como ministro de la cartera penitenciaria seis personas han muerto bajo custodia del Estado. 

El 14 de noviembre de 2024,se conoció que el primer fallecido en custodia, víctima de la represión postelectoral, fue Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, víctima de complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padecía.

El 14 de diciembre falleció Jesús Rafael Álvarez de 44 años, quien estaba recluido en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo. De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), se le negó la atención médica y fue trasladado a la enfermería del penal, después de que sus compañeros de celda protestaron por su grave estado de salud.

El tercero en morir, el 16 de diciembre de 2024, fue Osgual Alexander González de 44 años. Se conoció que González tenía días presentando fiebre y fuerte dolor abdominal, además de otros síntomas. “Jamás fue atendido”, reveló la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú.

El cuarto preso político que falleció en custodia del estado fue Reinaldo Araujo, dirigente de Vente Venezuela en el municipio Valera, estado Trujillo, quien estaba bajo custodia del Estado tras ser detenido arbitrariamente el pasado 9 de enero de 2025. Araujo murió en el hospital “Pedro Emilio Carrillo”, donde pese a la intervención médica, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.

Lindomar Jesús Amaro Bustamante de 27 años, también se suma a esta lista de fallecidos bajo custodia del Estado y durante la gestión penitenciaria de Zerpa. De acuerdo con el Clippve, Amaro se habría ahorcado dentro de su celda el pasado 3 de mayo.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) denunció en octubre de 2024 que su cofundador y dirigente en el estado Apure, Edwin Santos fue “asesinado” tras haber sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). VP indicó que testigos locales visualizaron cuando los funcionarios se lo llevaron, horas después apareció muerto. Sobre este caso, el gobierno señaló que la muerte de Santos fue producto de un accidente, cuando la motocicleta que conducía se estrelló contra un árbol, lo que le provocó lesiones graves, incluida una fractura en el cráneo.

Dos casos generaron conmoción en la sociedad civil venezolana y aunque no murieron bajo custodia, sí fueron víctimas del sistema penal, por permanecer encarcelados a pesar de patologías que complicaban severamente la salud. 

Wilmer García, expreso político de la represión poselectoral, quien fue excarcelado en noviembre de 2024, falleció a los pocos meses “tras un severo deterioro de salud sufrido durante su injusta detención”, aseguró la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. 

Otro caso que estremeció a la ciudadanía fue el de Ariadna Pinto, de 20 años, detenida el 1 de agosto de 2024 tras ser denunciada en el contexto postelectoral por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), quien la acusó de incitación al odio y terrorismo. La joven era diabética y requería cuidados especiales. Su condición se deterioró rápidamente, por lo que fue excarcelada el 7 de diciembre tras haber estado ingresada en el hospital en distintas ocasiones durante su permanencia en la cárcel. El 10 de mayo falleció por un paro respiratorio.

Aislados, hambrientos y torturados 

En redes sociales abundan las denuncias de aislamiento y torturas en contra de los presos políticos venezolanos. Andreína Baduel lleva varios años liderando una lucha para que se respeten los derechos humanos de su hermano Josnars Baduel, quien fue detenido en 2020 acusado de participar en la Operación Gedeón.

Andreína Baduel denunció el pasado 20 de agosto que su hermano lleva 18 días en aislamiento prolongado en El Rodeo I.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha venido denunciando en redes sociales que en El Rodeo I los presos políticos duermen en el suelo o en colchonetas muy delgadas. Que las letrinas están en el mismo espacio (reducido) en el que duermen y que deben gritar de celda a celda para saber que siguen vivos. 

Familiares de Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, detenido en 2020 y acusado de magnicidio, denunciaron recientemente que “ha bajado drásticamente de peso y su salud está muy deteriorada. 

El Clippve también recordó el caso de Oswaldo Castillo, detenido en 2018 por el caso dron. Castillo ha sido sometido a descargas eléctricas, asfixias, aislamiento, limitación al agua y hacinamiento.

El pasado 24 de abril, en una entrevista a BluRadio la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, informó que según los cómputos de la ONG, al menos 80 presos políticos presentan condiciones de salud que ameritan atención médica.

Entre las enfermedades que padecen los reclusos por razones políticas y que ha documentado la ONG están cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y estomacales. 

La coordinadora de JEP afirmó que los familiares de presos políticos son quienes deben dotarlos de agua, comida y medicinas, pero aquellos privados de libertad cuyos familiares han tenido que abandonar el país “están aún más desasistidos y sus condiciones se han vuelto más precarias”.

Sistema penitenciario indiferente 

Un análisis del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre el primer año de gestión de Julio García Zerpa arrojó que la gestión del ministro “ha estado marcada por el silencio”.

El OVP señaló que en el último año se agravó la situación de retraso procesal y no se registró ninguna mejora en la calidad de la alimentación de los detenidos. El Observatorio sumó que los problemas con el suministro de agua potable persisten en la mayoría de los centros penitenciarios y que la atención médica es “prácticamente inexistente”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que en su primer año al frente de la cartera penitenciaria, Julio García Zerpa “ha utilizado los traslados como forma de castigo para aquellos privados de libertad que alzan su voz, alejándolos de sus centros de reclusión originales y de sus familiares”.

Asimismo, la ONG indicó que el ministro se ha convertido en “cómplice de torturas y de aislamientos prolongados”, prácticas aplicadas particularmente a los presos políticos en distintas cárceles del país.

Según cifras del OVP, para finales de 2024, la población carcelaria en Venezuela era de 30.332 personas, con un hacinamiento crítico de 154%, mientras que de 52 cárceles en el país, solo 38 están operativas.

Comunidad Internacional al tanto

En el plano internacional, la gestión de Zerpa tampoco ha sido calificada con notas aprobatorias.

Reiterados han sido los llamados de la comunidad  en los que se piden la excarcelación de los presos políticos y se denuncian las deplorables condiciones de reclusión en Venezuela.

En junio de 2025, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó al Consejo de DDHH del organismo que las condiciones de detención en Venezuela “son inhumanas: “Los detenidos tienen un acceso limitado a atención médica, alimentos y agua potable, y algunos fueron aislados luego de denunciar públicamente esta situación”.

El pasado mes de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron pronunicamientos contundentes para para exigir al Gobierno venezolano “la protección de la vida, la salud y la integridad física de los presos políticos”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y los prolongados períodos de incomunicación a los que han sido sometidas al menos 903 personas presas por motivos políticos. 

Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de unas 900 personas detenidas arbitrariamente en Venezuela por motivos políticos. La organización denunció que estas personas son víctimas de tortura, desaparición forzada, incomunicación prolongada y juicios sin garantías legales, en el marco de una política de represión sistemática.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) presentó el informe “Castigados por buscar un cambio”, que documenta las violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones de 2024.

El informe destaca la represión, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. También describe la situación de las cárceles venezolanas donde impera el hacinamiento, la falta de agua, comida y medicinas.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó un comunicado en el que familiares de Freddy Superlano, Perkins Rocha, Alfredo Díaz, Biagio Pilieri, Luis Somoza, Américo de Grazia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnars Adolfo Baduel, denunciaron torturas, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada y la negación de atención médica en la sede del SEBIN en El Helicoide.

Según lo que establece el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), del cual Venezuela es Estado parte desde el año 2000, las muertes bajo custodia, torturas, aislamiento prolongado, negación de atención médica y condiciones inhumanas, podrían encuadrarse dentro de los crímenes de lesa humanidad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Un análisis del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre el primer año de gestión de Julio García Zerpa arrojó que la gestión del ministro “ha estado marcada por el silencio”
García Zerpa
Redacción Runrun.es
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Desde el nombramiento de Julio García Zerpa como ministro de Asuntos Penitenciarios en junio de 2024, el sistema penitenciario venezolano ha sido escenario de muertes, torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Cuando García Zerpa fue designado como ministro, prometió construir “un nuevo Sistema Penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana”.

Sin embargo, en cárceles como el Rodeo I, Tocorón, Tocuyito y el Inof la situación es distinta. Denuncias realizadas por familiares de los reclusos afirman que persiste el hacinamiento, la insalubridad, las enfermedades y los tratos crueles e inhumanos, situaciones que se intensificaron luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. 

Julio García Zerpa es abogado. Se desempeñó como diputado a la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) por el estado Táchira, también como vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Aunque su nombre es poco conocido dentro de las filas del chavismo, se desempeñó en el año 2013 como miembro principal del Ministerio del Poder Popular para la Juventud. También fungió como director de Asuntos Laborales y Gremiales del Ministerio del Poder Popular para la Educación y formó parte del equipo promotor del Movimiento Futuro, organización social coordinada por Héctor Rodríguez.

Muertes en custodia: los casos que marcan su gestión 

Recientemente, la cuenta en X Realidad Helicoide denunció que desde que Julio García Zerpa asumió como ministro de la cartera penitenciaria seis personas han muerto bajo custodia del Estado. 

El 14 de noviembre de 2024,se conoció que el primer fallecido en custodia, víctima de la represión postelectoral, fue Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, víctima de complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padecía.

El 14 de diciembre falleció Jesús Rafael Álvarez de 44 años, quien estaba recluido en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo. De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), se le negó la atención médica y fue trasladado a la enfermería del penal, después de que sus compañeros de celda protestaron por su grave estado de salud.

El tercero en morir, el 16 de diciembre de 2024, fue Osgual Alexander González de 44 años. Se conoció que González tenía días presentando fiebre y fuerte dolor abdominal, además de otros síntomas. “Jamás fue atendido”, reveló la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú.

El cuarto preso político que falleció en custodia del estado fue Reinaldo Araujo, dirigente de Vente Venezuela en el municipio Valera, estado Trujillo, quien estaba bajo custodia del Estado tras ser detenido arbitrariamente el pasado 9 de enero de 2025. Araujo murió en el hospital “Pedro Emilio Carrillo”, donde pese a la intervención médica, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.

Lindomar Jesús Amaro Bustamante de 27 años, también se suma a esta lista de fallecidos bajo custodia del Estado y durante la gestión penitenciaria de Zerpa. De acuerdo con el Clippve, Amaro se habría ahorcado dentro de su celda el pasado 3 de mayo.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) denunció en octubre de 2024 que su cofundador y dirigente en el estado Apure, Edwin Santos fue “asesinado” tras haber sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). VP indicó que testigos locales visualizaron cuando los funcionarios se lo llevaron, horas después apareció muerto. Sobre este caso, el gobierno señaló que la muerte de Santos fue producto de un accidente, cuando la motocicleta que conducía se estrelló contra un árbol, lo que le provocó lesiones graves, incluida una fractura en el cráneo.

Dos casos generaron conmoción en la sociedad civil venezolana y aunque no murieron bajo custodia, sí fueron víctimas del sistema penal, por permanecer encarcelados a pesar de patologías que complicaban severamente la salud. 

Wilmer García, expreso político de la represión poselectoral, quien fue excarcelado en noviembre de 2024, falleció a los pocos meses “tras un severo deterioro de salud sufrido durante su injusta detención”, aseguró la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. 

Otro caso que estremeció a la ciudadanía fue el de Ariadna Pinto, de 20 años, detenida el 1 de agosto de 2024 tras ser denunciada en el contexto postelectoral por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), quien la acusó de incitación al odio y terrorismo. La joven era diabética y requería cuidados especiales. Su condición se deterioró rápidamente, por lo que fue excarcelada el 7 de diciembre tras haber estado ingresada en el hospital en distintas ocasiones durante su permanencia en la cárcel. El 10 de mayo falleció por un paro respiratorio.

Aislados, hambrientos y torturados 

En redes sociales abundan las denuncias de aislamiento y torturas en contra de los presos políticos venezolanos. Andreína Baduel lleva varios años liderando una lucha para que se respeten los derechos humanos de su hermano Josnars Baduel, quien fue detenido en 2020 acusado de participar en la Operación Gedeón.

Andreína Baduel denunció el pasado 20 de agosto que su hermano lleva 18 días en aislamiento prolongado en El Rodeo I.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha venido denunciando en redes sociales que en El Rodeo I los presos políticos duermen en el suelo o en colchonetas muy delgadas. Que las letrinas están en el mismo espacio (reducido) en el que duermen y que deben gritar de celda a celda para saber que siguen vivos. 

Familiares de Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, detenido en 2020 y acusado de magnicidio, denunciaron recientemente que “ha bajado drásticamente de peso y su salud está muy deteriorada. 

El Clippve también recordó el caso de Oswaldo Castillo, detenido en 2018 por el caso dron. Castillo ha sido sometido a descargas eléctricas, asfixias, aislamiento, limitación al agua y hacinamiento.

El pasado 24 de abril, en una entrevista a BluRadio la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, informó que según los cómputos de la ONG, al menos 80 presos políticos presentan condiciones de salud que ameritan atención médica.

Entre las enfermedades que padecen los reclusos por razones políticas y que ha documentado la ONG están cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y estomacales. 

La coordinadora de JEP afirmó que los familiares de presos políticos son quienes deben dotarlos de agua, comida y medicinas, pero aquellos privados de libertad cuyos familiares han tenido que abandonar el país “están aún más desasistidos y sus condiciones se han vuelto más precarias”.

Sistema penitenciario indiferente 

Un análisis del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre el primer año de gestión de Julio García Zerpa arrojó que la gestión del ministro “ha estado marcada por el silencio”.

El OVP señaló que en el último año se agravó la situación de retraso procesal y no se registró ninguna mejora en la calidad de la alimentación de los detenidos. El Observatorio sumó que los problemas con el suministro de agua potable persisten en la mayoría de los centros penitenciarios y que la atención médica es “prácticamente inexistente”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que en su primer año al frente de la cartera penitenciaria, Julio García Zerpa “ha utilizado los traslados como forma de castigo para aquellos privados de libertad que alzan su voz, alejándolos de sus centros de reclusión originales y de sus familiares”.

Asimismo, la ONG indicó que el ministro se ha convertido en “cómplice de torturas y de aislamientos prolongados”, prácticas aplicadas particularmente a los presos políticos en distintas cárceles del país.

Según cifras del OVP, para finales de 2024, la población carcelaria en Venezuela era de 30.332 personas, con un hacinamiento crítico de 154%, mientras que de 52 cárceles en el país, solo 38 están operativas.

Comunidad Internacional al tanto

En el plano internacional, la gestión de Zerpa tampoco ha sido calificada con notas aprobatorias.

Reiterados han sido los llamados de la comunidad  en los que se piden la excarcelación de los presos políticos y se denuncian las deplorables condiciones de reclusión en Venezuela.

En junio de 2025, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó al Consejo de DDHH del organismo que las condiciones de detención en Venezuela “son inhumanas: “Los detenidos tienen un acceso limitado a atención médica, alimentos y agua potable, y algunos fueron aislados luego de denunciar públicamente esta situación”.

El pasado mes de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron pronunicamientos contundentes para para exigir al Gobierno venezolano “la protección de la vida, la salud y la integridad física de los presos políticos”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y los prolongados períodos de incomunicación a los que han sido sometidas al menos 903 personas presas por motivos políticos. 

Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de unas 900 personas detenidas arbitrariamente en Venezuela por motivos políticos. La organización denunció que estas personas son víctimas de tortura, desaparición forzada, incomunicación prolongada y juicios sin garantías legales, en el marco de una política de represión sistemática.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) presentó el informe “Castigados por buscar un cambio”, que documenta las violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones de 2024.

El informe destaca la represión, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. También describe la situación de las cárceles venezolanas donde impera el hacinamiento, la falta de agua, comida y medicinas.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó un comunicado en el que familiares de Freddy Superlano, Perkins Rocha, Alfredo Díaz, Biagio Pilieri, Luis Somoza, Américo de Grazia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnars Adolfo Baduel, denunciaron torturas, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada y la negación de atención médica en la sede del SEBIN en El Helicoide.

Según lo que establece el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), del cual Venezuela es Estado parte desde el año 2000, las muertes bajo custodia, torturas, aislamiento prolongado, negación de atención médica y condiciones inhumanas, podrían encuadrarse dentro de los crímenes de lesa humanidad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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