La celebración del Día del Padre en Venezuela está de alguna forma marcada por la separación forzada. Comunicados emitidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la organización política Encuentro Ciudadano exponen cómo el deterioro del sistema penitenciario, la prisión política y el éxodo masivo han vulnerado de forma sistemática el derecho a la unidad familiar en el país.
El OVP alertó que cientos de padres privados de libertad pasan esta fecha alejados de sus hogares debido a trabas burocráticas y restricciones arbitrarias a las visitas presenciales.
La organización denunció que el crónico retardo procesal mantiene a miles de hombres tras las rejas durante años sin recibir una sentencia definitiva, sobreviviendo en condiciones de reclusión catalogadas como indignas.
Ante la falta de garantías del Estado, la carga de proveer alimentos, medicinas e insumos médicos recae exclusivamente sobre sus familiares, principalmente mujeres y niños.
“La privación de libertad no elimina la condición de padre ni extingue el derecho a mantener vínculos familiares”, recordó el OVP, subrayando que el respeto a estos lazos es indispensable para la dignidad humana y los procesos de reinserción social.
Destacaron también que las familias no solo enfrentan el dolor de la separación, sino también el desgaste económico de recorrer largas distancias y someterse a requisas degradantes en los centros penitenciarios.
Paternidades fragmentadas por la política y el éxodo
Por su parte, Encuentro Ciudadano rindió un reconocimiento a los padres venezolanos que sufren los efectos directos de la persecución y la emergencia humanitaria compleja.
La organización hizo especial énfasis en los hombres separados de sus hijos de manera injusta a causa de la “prisión política”, así como en aquellos que padecen el desarraigo del exilio o que deben ejercer su paternidad a la distancia debido a la migración forzada.
Ambos pronunciamientos coinciden en que las políticas del Estado venezolano continúan castigando indirectamente a los entornos familiares, y que convierten una fecha de celebración en un recordatorio del desafío pendiente en materia de derechos humanos y justicia institucional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Una nueva muerte bajo la custodia del Estado venezolano evidencia la crisis sanitaria e institucional dentro de los centros penitenciarios del país. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado 20 de junio de 2026 el fallecimiento de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien se encontraba recluida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda.
De acuerdo con los registros de la organización no gubernamental, Páez Fernández presentaba insuficiencia respiratoria y otras patologías crónicas de salud que no recibieron la debida atención médica integral ni especializada. Su deceso representa un hito trágico para el penal: es la primera muerte de una privada de libertad que se documenta en La Crisálida desde su creación en el año 2018, en las antiguas instalaciones del Internado Judicial de Los Teques (población masculina).
Con este caso, la cifra de personas privadas de libertad que han fallecido bajo custodia del Estado venezolano entre abril y junio de 2026 se eleva a 26. Solo en este mes, el OVP también ha verificado e informado sobre las muertes de Yosevet de Jesús Lozada, en la cárcel de Rodeo III (Miranda), y de Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado (antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia).
Hacinamiento poselectoral y crisis de servicios
El OVP denunció las precarias condiciones de reclusión en las que conviven aproximadamente 320 mujeres en La Crisálida. El penal registra un severo hacinamiento tras la reclusión masiva de mujeres detenidas en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Asimismo, los defensores de derechos humanos alertaron sobre graves fallas de infraestructura y vulneraciones a la dignidad de las internas, entre la que mencionaron mezcla de población (presas políticas comparten celdas comunes con presas sociales) y crisis de agua (las reclusas reciben un solo envase de agua para cubrir su aseo personal, preparar alimentos y lavar su ropa).
La desidia, un patrón penitenciario
La falta de asistencia médica no es un hecho aislado, sino un patrón arraigado en los centros de reclusión del país. En su Informe Anual 2025, el OVP documentó que 181 privados de libertad murieron bajo custodia del Estado. De ese total, al menos 151 personas (el 95 %) perecieron por razones de salud asociadas a la negligencia médica y la falta de tratamientos, incluyendo la muerte de una mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
Ante esta realidad, la organización exigió la intervención urgente y dotación médica especializada en La Crisálida para frenar los decesos evitables dentro de las cárceles administradas por el Ministerio del Servicio Penitenciario.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el marco del denominado “Plan Democracia 2026”, el Gobierno de Colombia ordenó el cierre de frontera – todos los pasosterrestres y fluviales a nivel nacional– con motivo de la segunda vuelta presidencial que se celebrará este domingo 21 de junio de 2026.
La restricción general fue pautada inicialmente para comenzar a las 18:00 horas (6:00 p.m.) del sábado 20 de junio y estará vigente hasta las 06:00 horas (6:00 a.m.) del próximo lunes 22 de junio. No obstante, la aplicación de la medida encendió alarmas y generó inmediatas críticas debido a que, en el caso específico de la frontera colombo-venezolana, las autoridades adelantaron el cierre absoluto doce horas antes de lo previsto.
La interrupción repentina del tránsito por los puentes internacionales en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira tomó por sorpresa a miles de transeúntes. Ante el escenario de caos en las zonas de control, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, desaconsejó de urgencia los traslados hacia el territorio colombiano para evitar mayores contratiempos y llamó a la población a tomar medidas inmediatas para “no quedar atrapados” del lado equivocado de la línea fronteriza.
El propósito oficial esgrimido por las autoridades neogranadinas se basa en blindar la jornada electoral de este domingo frente a posibles “riesgos de interferencias externas y garantizar plena transparencia”. El despliegue de seguridad incluye el monitoreo estricto del tránsito fluvial y terrestre con países vecinos como Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador.
¿Obstáculo para el voto?
El comentario que hizo el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a propósito del adelanto de la medida, causó polémica en redes.
“Se ha cerrado la frontera con Venezuela desde las 6 am. Las elecciones en el norte de Santander, la Guajira y Arauca se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia“, escribió Petro en sus redes.
Ciudadanos colombianos se mostraron contrariados y le respondieron increpándolo, tras considerar que con este cierre buscaría evitar que los neogranadinos que residen en Venezuela ejerzan su derecho al voto.
“Esto es lo más facho que he visto en mi vida”, “no permite cruzar a los colombianos que viven en Venezuela porque sabe que pierde y busca medidas desesperadas”, fueron algunos de los comentarios en respuesta al post de Petro en X.
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La lucha de la familia del sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Yender González Rodríguez, cumple ya un año y un mes sin respuestas claras por parte del sistema judicial venezolano. Detenido el 16 de mayo de 2025 tras presentarse voluntariamente a una citación en el comando de Las Acacias, en Caracas, el militar zuliano ha sido víctima de una red de contradicciones procesales, aislamiento y ensañamiento institucional.
De acuerdo con el testimonio de su tía, Mayela Amaya, difundido por el Observatorio Venezolano de Prisiones, González Rodríguez trabajaba en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, cuando recibió la orden de trasladarse a la capital. Al llegar, quedó bajo arresto sin mayores explicaciones. Su familia permaneció un mes entero sin conocer su paradero, un patrón recurrente de desaparición forzada temporal que sufren los presos políticos en el país.
La familia del sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Yender González Rodríguez, tiene un año en la lucha por lograr su libertad.
En este tiempo la información ha sido escasa y la comunicación con el defensor público no es frecuente. Posterior a la detención,… pic.twitter.com/vD7d2kzqWH
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 20, 2026
Expedientes fabricados y aislamiento judicial
Tras semanas de opacidad y ante la falta de una comunicación efectiva con el defensor público asignado, los familiares descubrieron que el sistema judicial le había adjudicado tres expedientes totalmente distintos y divorciados de la realidad. Mientras un acta afirma falsamente que fue capturado en un barrio de Caracas, otra asegura que la detención ocurrió en un restaurante del este de la ciudad. Asimismo, las autoridades intentaron vincularlo inicialmente con el operativo “Relámpago del Catatumbo” y, posteriormente, con presuntas irregularidades en el Puerto de Maracaibo, un lugar donde el sargento jamás prestó servicio.
Actualmente, González Rodríguez enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes y asociación para delinquir, delitos imputados comúnmente de forma genérica para mantener tras las rejas a funcionarios disidentes o bajo sospecha.
El costo familiar de la prisión en Tocorón
El sargento mayor se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, donde su salud se ha deteriorado visiblemente debido a una pérdida considerable de peso. La distancia geográfica impone un drama logístico y financiero devastador para su entorno, una constante entre las familias de los privados de libertad por motivos políticos.
Su madre, una docente jubilada residente en el estado Zulia, se ve obligada a impartir tareas dirigidas en su hogar para intentar reunir los 100 dólares mínimos requeridos para costear el traslado y los insumos básicos de supervivencia en el penal. Por su parte, su tía Mayela debe iniciar sus travesías de madrugada a bordo de mototaxis para alcanzar los terminales de autobuses.
Ante la parálisis de los tribunales, Mayela Amaya se sumó al campamento de familiares que hoy cumple 13 días pernoctando en las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Respaldados por la documentación del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los manifestantes exigen una sola medida humanitaria elemental: que se aceleren los juicios y se otorgue la libertad plena a quienes permanecen bajo detenciones arbitrarias.
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) confirmó la excarcelación bajo medidas cautelares del capitán de fragata de la Armada de Venezuela, Carlos Luis Piña Bastidas, ocurrida el pasado viernes 19 de junio de 2026.
El oficial permaneció más de cuatro años privado de libertad como preso político en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO 2) de Santa Ana, estado Táchira, tras ser acusado falsamente de una presunta conspiración contra Nicolás Maduro.
La odisea de Piña Bastidas comenzó el 6 de marzo de 2022, cuando fue secuestrado por grupos irregulares en el estado Táchira. El militar fue mantenido encapuchado, esposado y bajo amenaza de armas de fuego. ¿Su “delito”? Haber hecho el favor de trasladar desde Táchira hacia Valencia al ciudadano estadounidense Jerrel Kenemore, quien viajaba al país simplemente para visitar a su novia, Yasmina Guillarte.
Cinco días después, el 11 de marzo, los grupos irregulares entregaron a Piña a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la cual posteriormente lo transfirió a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). No fue sino hasta el 15 de marzo de 2022 cuando la DGCIM oficializó falsamente su detención en las actas policiales. Durante este periodo de aislamiento, la defensa denunció de forma sistemática que el capitán fue víctima de desaparición forzada y torturas. Finalmente, se le imputaron los delitos de inmigración ilícita de personas, asociación para delinquir y conspiración.
El canje que lo dejó atrás y la justicia negada
En marzo de 2023, una investigación periodística de Infobae expuso cómo el sistema de inteligencia de la gestión de Maduro fabricó una supuesta red de espionaje y conspiración utilizando un viaje estrictamente personal. A pesar de que el propio abogado defensor, Ovidio Becerra Jaimes, interpuso un recurso de amparo constitucional denunciando la falsedad de las actas de la DGCIM y la simulación de hecho punible por parte de los funcionarios, el proceso continuó.
La injusticia se hizo más evidente el 20 de diciembre de 2023. Ese día, su coacusado, el estadounidense Jerrel Kenemore, fue liberado y enviado a EE. UU. como parte del canje político por el financista Alex Saab. Mientras el ciudadano norteamericano regresaba a su país, el capitán Piña permaneció tras las rejas.
A inicios de 2026, la defensa técnica solicitó la aplicación de la Ley de Amnistía ante el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Táchira debido al estado de salud crítico del militar, producto de los maltratos sufridos. Sin embargo, el 4 de marzo de ese año, el juzgado negó el beneficio tras argumentar que los delitos imputados no encuadraban en la norma.
Desde Clippve celebraron el reencuentro del militar con su familia, pero recordaron que es fundamental que la justicia actúe conforme a los derechos humanos y se garantice una reparación integral para las víctimas. Asimismo, recordaron que la tarea no ha terminado: más de 400 presos políticos, entre civiles y militares, continúan tras las rejas en Venezuela.
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Tras una gestión de cinco años en el territorio nacional, el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla, hizo un análisis de su periodo en una entrevista en Unión Radio.
Su mandato inició el 21 de agosto de 2021, durante la pandemia del COVID-19, y en este tiempo, la ONU ha logrado asistir y mejorar las condiciones de vida de aproximadamente tres millones de venezolanos por año.
Rampolla también mencionó que el país está entrando en una nueva fase de transición donde el enfoque humanitario debe transformarse estrictamente a una estrategia de recuperación y desarrollo sostenible.
Los sectores prioritarios
Para que el proceso de mejora y crecimiento en Venezuela sea duradero y no deje por fuera poblaciones vulnerables, Rampolla enfatizó que el reorientar los recursos económicos e institucionales hacia los sectores de bienestar social de forma urgente.
El representante de la ONU quiso destacar que, aunque la agenda pública actual se está concentrando más en la infraestructura eléctrica, la verdadera sostenibilidad del país no se logrará si no se atiende como es debido los servicios esenciales.
“Lograr la sostenibilidad en el proceso de recuperación requiere muchas cosas: requiere invertir de manera importante en la recuperación de sectores claves como la de salud y educación, agua, saneamiento, reconsiderar, reestructurar y reforzar el sistema de protección social. Muchísimo de la narrativa actual obviamente se enfoca en el sector energético, eléctrico porque hace falta la electricidad, pero la realidad es que la recuperación y el desarrollo no va a ser sostenible, no va a ser inclusivo, si no se invierte al mismo tiempo, no después, en salud, en educación, en protección social, y es fundamental que esto se entienda y que se le dé toda la atención de los recursos necesarios inmediatamente”, sentenció Rampolla.
La mención de todos estos objetivos prioritarios recaen en la acción coordinada de las diez agencias de las Naciones Unidas activas en el país, tales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) el cual es reconocido por sus programas de alimentación escolar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cuyo representante asumirá la coordinación del cargo por los próximos meses como interino.
Una nueva etapa
Al rememorar las condiciones en críticas en su llegada en 2021 marcadas por la escasez de gasolina y las severas fallas en el suministro eléctrico, Rampolla reconoció que hubo un cambio notable en la dinámica interna del país, ya que a su juicio la resiliencia de los ciudadanos y el optimismo han modificado la perspectiva general hacia un escenario más favorable.
“Yo estuve aquí en una fase que era la fase donde lo que necesitaba hacer era proteger espacios, consolidar presencia, lograr llegar a gente que tenía dificultades verdaderas. Entramos en una nueva fase, una en donde alguien que vendrá y seguirá el trabajo que he empezado yo tendrá que hacer un trabajo un poco diferente, pero es necesario e imprescindible que se va a pasar de un enfoque puramente humanitario a uno de recuperación y, ojalá y finalmente, de desarrollo sostenible e inclusivo”, explicó Rampolla.
El coordinador resaltó que el aproximado anual de tres millones de personas atendidas en sectores de salud pública, nutrición, seguridad alimentaria y protección social fue posible gracias al trabajo directo con comunidades, el diálogo con algunas autoridades del Estado, las organizaciones aliadas y los aportes de los donantes internacionales.
El trabajo de la ONU
Rampolla detalló que el rol formal de la ONU no es el de un actor externo o de un embajador, sino el de una organización de la cual Venezuela es miembro fundador 1945 y que actúa bajo las necesidades del propio Estado. En este sentido, destacó que uno de los logros más significativos de su gestión ha sido la ayuda con los diálogos en materia laboral y salarial, en búsqueda de la estabilidad económica y la cohesión social del país.
“Nosotros llevamos años apoyando procesos de diálogo y cohesión y tendiendo puentes. Al fin y al cabo, ese es el rol por el cual se creó la organización: crear espacios de diálogo para evitar conflictos que siempre en dinámicas sociales existen y se transformen en violencia (…) Llevamos hace un mes una reunión del diálogo tripartido, obviamente convocado por el Ministerio de Trabajo pero facilitado por la OIT, que es una organización de la ONU alrededor de todas las cuestiones salariales. Proceso de diálogo tripartido que se había suspendido hace 12 años y que se retomó en el 2022 por facilitación de la ONU, y que lleva a la mesa a los sindicatos, la empresa y el gobierno”, detalló el coordinador.
El fin del mandato
Al despedirse de la coordinación para asumir nuevas funciones internacionales, Gianluca Rampolla reafirmó su confianza en las capacidades del equipo que aún permanece en el territorio nacional, así como en el potencial humano que tiene la sociedad venezolana, el cual él opinó, es el activo más valioso que tiene la nación para ponerle frente a los desafíos pendientes que tenga el país.
“Siempre, cuando se habla de Venezuela, se habla de los recursos naturales. La realidad es que el valor que hace la diferencia de Venezuela no es lo que tiene abajo del suelo, es lo que tiene arriba: es su gente, es su naturaleza, y esto es lo que tienen que cuidar más porque además es el futuro (…) Me voy con más aprendizajes de lo que he podido dar. Venezuela me dio mucho más de lo que yo siento he podido dar a Venezuela”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La encíclica Rerum novarum, situada en el vértice de los siglos XIX y XX, es el punto de partida de la doctrina social de la Iglesia. Relanzada por la Quadragesimo anno ejerció una importante influencia promotora como astrolabio de los sindicatos católicos y los partidos demócrata cristianos que cubrieran la experiencia del siglo XX hasta sus declinaciones por obra del «quiebre epocal».
El cristianismo, lo explica el político e intelectual Rodolfo J. Cárdenas, autor de El humanismo cristiano (1992), “concibe un humanismo histórico” también integral, pues “ni la historia deviene sin el hombre ni el hombre sin la historia” a la vez que “concibe y defiende al hombre total, corpóreo y moral, material y espiritual, real tanto en lo físico como en lo intelectual. Por cuanto concibe a todos los hombres sin excepción”. Es decir, es integral el humanismo por cuanto es “abierto, penetrable hacia lo absoluto trascendente”, según Cárdenas. O, como bien lo explica su prologuista, el demócrata cristiano y expresidente venezolano Luis Herrera Campíns, “el cristianismo es una realización humanista y el humanismo, en su más recta concreción, es una realización cristiana. El hombre está en el centro. Su trascendencia lo hace superior en todo sentido a las demás criaturas, pero no para despreciarlas ni menguarlas en su significación, sino para asignarles su puesto, su nivel ontológico, su categoría”.
León XIV, sin perjuicio de lo anterior como criterio, al tratar sobre los fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia en su encíclica Magnifica humanitas y pedir, otra vez, “encarnar el amor de Dios en la trama concreta de la historia”, en el tiempo de la IA, alienta a las academias y las universidades a revitalizar tales principios, los del humanismo integral, “reconsiderándolos de forma que se adapten a los tiempos actuales y sean eficaces para afrontar la revolución digital”.
Se trata, en suma, de una tarea que, en el siglo XXI, trasvasa las fronteras sindicales y partidarias para que el diálogo con la historia –con las ciencias y la cultura– sobre ese “núcleo de verdad que no declina” y desde ese marco de sabiduría que representa la doctrina social de la Iglesia, oriente a todos los creyentes, en lo personal y en lo social, en el esfuerzo colectivo de “hacer más justa y fraterna la vida de nuestras sociedades”, como lo propone el Obispo de Roma.
Los tiempos son otros, no solo son nuevos. Comprometen y desafían a la ontología, bajo la cultura del relativismo, la pulverización de lo social, el desarraigo nacional y su más peligrosa deriva, la vida al detal e instantánea, negada al compromiso con las viejas y las subsiguientes generaciones. De donde las formas de la experiencia social y política acaso deban ser otras sin que se renuncie a la esencia de lo humano y lo personal.
Una revisión al vuelo de la elipse que media entre el papado de León XIII y León XIV, vista desde la plaza pública y de la inserción en esta de los partidos de raíz cristiana, nos muestra que ellos mismos respondían a realidades temporales propias. Pues si cierto es que ya en el siglo XIX y su segunda mitad se cuenta con partidos de tradición liberal –liberales, radicales, conservadores, moderados– inspirados en la revolución industrial burguesa como en la ilustración francesa (empirismo inglés, racionalismo, iluminismo), y en el otro ángulo se sitúan los de inspiración comunista o socialistas marxistas, excluyéndose a los del radicalismo de derecha o fascistas, los de inspiración cristiana emergen en un punto x distante de éstos y de aquellos, con peso especial los de orientación católica.
Tanto como la base social de actuación de los partidos liberales lo fueron, entonces, la burguesía urbana, clases medias, las propiedades del campo y todo aquello que transforme los bienes en capital para el desarrollo –se erró, por cierto, al culpárseles de las desviaciones del capitalismo–, en el caso de los partidos demócrata cristianos estos pusieron su énfasis en la componente popular, en los estratos menos privilegiados de la población ante la dramática explosión de la revolución industrial; que, como lo hemos dicho y lo recuerda ahora la encíclica de León XIV, es el contexto de las cosas nuevas que dan pie a la doctrina social de la Iglesia.
El momento histórico de cada partido de inspiración cristiana, dominantemente católica, fue asimismo variable, incluso conscientes de la especificidad que a todos les aproximaba, a saber, ofrecer una visión distinta, la del ser, por oposición al punto en el que convergen los liberales y los marxistas, el materialismo y/o la experiencia del tener.
El embrión del partido católico alemán –el Zentrum– se adelantó a los tiempos al observar la emergencia de un socialismo de dependencia marxista, incluso criticado por Marx al advertirlo como un sincretismo entre la asociación de trabajadores alemanes (ADAV) de estirpe lassalleana y el partido socialdemócrata obrero (SDAP) durante el Congreso de Gotta en 1875. Sus fundadores, los del Zentrum –perspicaces en cuanto a las enseñanzas en cierne de la Doctrina social de la Iglesia y las del ala evangélica (Reichensperger, Von Mallinckrodt y el Obispo Wilhelm Emmanuel Ketteler), fijan como sus líneas: “cristianismo ante la indiferencia religiosa, empeño religioso y de derecho natural frente al maquiavelismo de Estado, responsabilidad social ante el manchesterismo invasor, y derechos históricos de los estados singulares frente a la expansión imperial prusiana”. El Zentrum, así, logró forjarse bajo distintos nombres sucesivos, como uno de los partidos fundamentales de Alemania hasta el presente.
En Italia, donde gobernó la democracia cristiana desde 1945, finales de la Segunda Gran Guerra hasta 1981, en una primera etapa, tanto como ocurre en Francia, los católicos se muestran adherentes a la monarquía y no reconocen al Estado italiano unitario que surge en 1861 bajo la monarquía de los Savoia. La Iglesia de Roma, entretanto, hasta cuando inicia el siglo XX se opone a la presencia de los católicos en la política, por vía de partidos o movimientos que se identificasen como demócratas y católicos. Así lo fue hasta que, en 1919, el sacerdote siciliano don Luigi Sturzo, un eclesiástico de Caltagirone, funda el Partido Popular, el primero de tesitura demócrata cristiana animado por la idea de reivindicar el principio electoral de la extensión del voto a todos los estratos y de representación democrática proporcional, lo que le permitió hacerle frente a la onda socialista que emergiese al apenas concluir la Primera Guerra Mundial. Eran otros tiempos.
Lo distinto y novedoso en el hoy es la severa perturbación de la democracia, sobre todo de la libertad natural de la persona humana, en cuya defensa y para cuya defensa se aproximan de conjunto las diversas tendencias separadas antes por las ideas y las ideologías. Redescubren, ante la emergencia de los autoritarismos iliberales, la importancia de salvaguardar y renovar como principio ordenador transversal –nominalmente declarado en 1945 y sucesivamente ahogado por el Estado y por los Estados– al de la dignidad eminente de la persona humana, centro de la historia y del cambio epocal.
“Su dignidad no depende de las capacidades que posee, de las riquezas o del rol que desempeña, ni de las decisiones justas o equivocadas que toma, sino que es un don que la precede y la excede”, observa el pontífice al presentarnos el primer elemento en el que se funda, con vistas al mundo de lo digital y de la IA, la doctrina social, a saber, la de la dignidad del ser humano, imagen de la Trinidad. Es este el “camino primero y fundamental de la Iglesia y el corazón de toda auténtica vía de desarrollo humano integral”, escribe en su Magnifica humanitas.
Los principios cardinales del humanismo cristiano
La dignidad y la igual dignidad de la persona y de todas las personas destaca por su valor ontológico –más allá de la dignidad moral, social, o existencial– y se sobrepone más allá del pecado, del fracaso y “ninguna exclusión puede afectar el valor profundo de una vida humana”, según la encíclica in comento. Es la adquisición positiva de la cultura moderna, dice Juan Pablo II, y no puede ser ofuscada por ideologías o intereses de poder. Es unicidad y respeto al camino de la conciencia, por lo que le asigna valor a los derechos y deberes universales e inviolables de toda persona. Y “es infinita” esa dignidad, ya que “aun buscando hasta el infinito, nunca se encontrará nada que pueda suprimirla o negarla”.
Los derechos humanos que de ella se desprenden, por ende, “no son un añadido externo a la persona, sino una traducción histórica de su dignidad intrínseca; por lo que, siendo inviolables, inherentes, universales e inalienables, comportan consecuencias prácticas y efectos jurídicos. El primero de todos, lo proclama Magnifica humanitas “es el derecho a la vida, desde la concepción hasta su fin natural, sin el cual es imposible ejercitar cualquier otro derecho”. A aquéllos los amenaza su “declaración puramente formal” y “el progreso tecnológico”, observa León XIV.
Lo que es más grave, al estarse perdiendo o renunciarse a sus fundamentos, se deja de reconocerlos o tutelarlos bajo el consenso de poblaciones que viven aterrorizadas, por lo mismo sujetas a manipulación desde las redes y por los traficantes de ilusiones. “No basta con exaltar a la libertad… si después se acepta que una multitud de personas siga viviendo sin un trabajo digno, sin tutelas y sin acceso a los bienes fundamentales”, es la prédica del papa.
Cinco principios que se derivan de la igual dignidad de la persona y de todas las personas reclaman, pues, ser relanzados y analizados, mediante sus relecturas, al objeto de conjurar las amenazas y atender a los desafíos de las cosas nuevas. Es lo que propone la encíclica. Ellos son el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, y la justicia social. Todos, interactuando y siendo interdependientes, han de configurar la base de actuación en la historia de quienes adhieren a la tradición judeocristiana de Occidente.
El bien común es un valor no negociable –recuerda a su vez Benedicto XIV– como tampoco es una suma de intereses. Es un plus o bien mayor referido al conjunto de condiciones sociales que hacen posible que los cuerpos intermedios y cada persona alcance su propia perfección. Es fruto de la interdependencia, de la cultura del encuentro, en suma. Es el proceso que favorece el consenso que le da vida al pueblo, o es, diríamos, el que hace posible la existencia y la conciencia de una nación. Es el odre en el que se cuece la legitimidad de los valores y proyectos compartidos, obra del reconocerse los unos a los otros volviéndose todos corresponsables de la res publica, de la sociedad política.
En cuanto al destino universal de los bienes, significa este no la abrogación de la propiedad privada, que además de tener sentido es un medio para la custodia y administración de bienes “de manera que puedan servir mejor al bien común, en otras palabras, que no sea un obstáculo para burlar la correspondencia universal de los bienes materiales e inmateriales, pues “Dios ha dado la tierra a todo el género humano”, precisa la encíclica.
Esta se apoya en san Juan Pablo II para señalar que se trata –la propiedad– del “primer principio de todo el ordenamiento ético-social”. Sin embargo, actualmente se apunta a lo que resulta más complejo y preocupa a la doctrina social de la Iglesia, a saber, las nuevas formas de propiedad derivadas de la revolución digital y de la IA, como los algoritmos y las plataformas o infraestructuras tecnológicas, concentradas en manos de unos pocos “sin adecuadas formas de intercambio y de acceso”.
La subsidiariedad, como siguiente principio recordado por Magnifica humanitas y ya precisado por el magisterio inaugural de León XIII, en cuanto a que “ni la persona ni la familia deben ser absorbidas por el Estado”, viene a significar, mejor aun, que “la organización social” debe respetarla para asegurar que toda persona sea “la protagonista de su propia vida” y de su participación “en la construcción de la sociedad”. Implica, de suyo, el rechazo de las formas paternalistas y asistencialistas de la vida social, y la promoción de la corresponsabilidad. León XIV apunta, así, a lo novedoso, a saber, que ya no es el Estado el que busca ahogar al individuo y a sus formas de asociación intermedias, sino el “gran actor económico y tecnológico que ejerce un poder fáctico en las condiciones de la vida común”.
Seguidamente hace interactuar al principio de la solidaridad con los de subsidiariedad y de bien común, que, a su vez, san Pablo VI, radica en la fraternidad humana; cuestión que aborda Francisco en su encíclica Fratelli tutti (2020), de la cual derivan “las obligaciones de solidaridad, justicia y caridad”. Nace dicho principio – lo expresa Magnifica Humanitas – “de la visión de persona concebida por la fe”, a saber, que “todo ser humano es creado a imagen de Dios e incorporado a una red de relaciones que lo vinculan a los demás, a los pueblos y a la creación”.
Su enseñanza con vistas a la cuestión digital y de la IA, concluyendo, es que existe una “solidaridad de hecho” al unir las redes, en tiempo real, a personas y comunidades de todas partes del mundo”. Mas advierte León XIV que esa forma no significa solidaridad plena, mientras no se convierta en “una decisión consciente”. En efecto, la experiencia corriente indica que la interacción humana imperante parte de la incidencia directa de las grandes plataformas digitales sobre el mundo de los sentidos, apagando a la razón y haciéndola declinar.
Finalmente, en lo relativo al principio de la justicia social, que reclama de mucha atención pues expresa “una forma concreta de seguimiento” de las enseñanzas evangélicas en el plano de la historia, cabe decir con León XIV que se reconoce “por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos –en particular ‘a los más frágiles’ dentro de la sociedad– vivir de manera realmente humana”. Trasvasa, pues, el comportamiento individual y apunta de modo directo a la forma en la “que son concebidas y organizadas las estructuras de la convivencia”, no solo las políticas. Más allá de las buenas o malas decisiones, pueden producir desigualdades automáticas, una “cultura del descarte” como la llamara Francisco. Y si bien san Juan Pablo II apuntaba a la “opción preferencial por los pobres”, al hacerla presente Magnifica humanitas abre su vértice a las cosas nuevas.
La justicia social debe cumplir como función, afirma, “recomponer los vínculos rotos”, no solo corregir las injusticias presentes, sino avanzar hacia su “dimensión reparadora”. Se trata de la “sanación de la memoria colectiva” y el sostenimiento de quienes todavía cargan a cuestas “las consecuencias de agravios sufridos en el pasado”. Podríamos sintetizarlo en las ideas de la memoria, la verdad, y la justicia.
La reflexión de la doctrina social de la Iglesia con miras a lo actual, destaca, por una parte, las formas de exclusión de las redes globales –falta de acceso a la tecnología digital, su uso para la vigilancia invasiva, algoritmos opacos que reproducen prejuicios y discriminaciones, desinformación o fakenews– que, privilegiando el beneficio atentan contra la dignidad humana. Por la otra, la anuda a la situación de los migrantes –abordándola desde los polos del miedo y la fraternidad– pues en doble vía se les está negando el derecho de “formar parte activa de las sociedades que las reciben” y el “derecho a permanecer en la propia tierra en paz y seguridad”, resolviéndose sobre las causas profundas que obligan a migrar.
En nuestro prólogo a la obra de Rafael Caldera, Justicia social internacional (Cyngular, 2015), destacamos lo que conceptualmente precisa este al recordar que “no se trata de arremeter contra los que tienen más para quitárselo y dárselo a quienes tienen menos”. Implica, desde su perspectiva, “la actitud de responsabilidad personal en el ejercicio de las libertades frente a los otros”. Destaca igualmente la interrelación del principio bajo examen con el del bien común: “El bien común es la finalidad; la justicia social es la norma, es la regulación de actitudes, de conductas y de situaciones para lograr el bien común”. Es lo que León XIV, justamente, subraya al referirse a la organización de las estructuras para la convivencia.
El conjunto de los principios de la doctrina social de la Iglesia renovados por Magnifica humanitas exige de la ejemplaridad eclesial. Reclama León XIV, así y de cara al mundo que ha de receptar sus enseñanzas “un examen de conciencia para la Iglesia, casa y escuela de comunión, siempre llamada a verificar que los principios expuestos… se vivan sobre todo en su interior”. Y demanda, para concluir se verifique –es la tarea que nos deja– “si el poder de las infraestructuras digitales y de los algoritmos– dentro del ecosistema global emergente y dominante– favorece realmente la participación y la responsabilidad, protege a los más vulnerables, asegura un acceso equitativo a las oportunidades y se ordena al bien de todos”.
La búsqueda de un entorno educativo que no se limite al estilo pedagógico tradicional, sino que comprenda y potencie las capacidades individuales, puede ser uno de los desafíos más complejos para las familias neurodiversas en Venezuela.
Conscientes de esta realidad, y en un contexto global donde los indicadores reflejan que la prevalencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha pasado de afectar a 1 de cada 150 niños en el año 2000 a 1 de cada 31 niños en la 2022 y en la actualidad, la Fundación Autismo en Voz Alta anunció la apertura de su proceso de admisiones para el periodo escolar 2026-2027.
La iniciativa busca incorporar a nuevos alumnos a su modelo integral de enseñanza, que está diseñado para nutrir a niños y jóvenes con las herramientas necesarias para alcanzar la autonomía.
Aprender a aprender
La fundación está vinculada con el Centro de Evaluación y Planificación Psicoeducativa del Autismo (CEPIA), un programa especializado que atiende en horario regular a una población de niños y adolescentes entre los 3 y 18 años. La metodología de esta iniciativa se estructura a partir del Programa de Enseñanza Individualizado (PEI), desarrollado por un equipo multidisciplinario de acuerdo a las necesidades específicas de cada alumno y la dinámica de su familia.
El centro mantiene un ambiente controlado y los salones de clase tienen un límite de 9 alumnos, los cuales están agrupados según su nivel de funcionamiento y desarrollo neurológico. De esta misma manera, la infraestructura del lugar, la distribución de los espacios, la selección de colores en las paredes, los materiales de ocio y el equipo tecnológico están pensados para responder a las sensibilidades sensoriales particulares de las personas dentro del espectro para evitar la sobreestimulación y facilitar la concentración.
El programa se enfoca en enseñar de manera explícita destrezas de comunicación, conducta y socialización que con un diagnóstico oportuno y planes especializados los estudiantes logran aprender rutinas que impactan de manera directa en su bienestar cotidiano, disminuyendo las barreras de comunicación que suelen marginarlos en los sistemas educativos convencionales.
Formación académica
Ante la falta de preparación técnica en el sector docente formal para gestionar la neurodiversidad, la organización ha estructurado programas de adiestramiento continuo como el Programa Integración desde el Autismo, un curso formativo dirigido especialmente a escuelas tradicionales con el fin de sensibilizar y dar herramientas prácticas a los educadores para la administración eficiente de aulas neurodivergentes.
También, en una alianza estratégica con la Universidad Monteavila, la fundación dicta un diplomado con sede en Caracas y en el interior del país, una especialización académica de tres semestres por especialistas de CEPIA, esto permite certificar profesionales de distintas disciplinas como educación especial, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicología, medicina, nutrición y entre otros.
Para los familiares y tutores que necesitan alternativas de capacitación, la institución hace entrega de un portafolio de cinco cursos virtuales que abarcan los conceptos básicos y fundamentales del TEA hasta certificaciones específicas para facilitadores escolares.
Terapias de apoyo
El diagnóstico del TEA depende exclusivamente de un análisis clínico conductual y de la observación del desarrollo del individuo. La fundación cuenta con servicio vespertino de consultas diagnósticas por medio de psicólogos especializados en la aplicación de instrumentos internacionales y realizan informes detallados con sugerencias terapéuticas adaptadas al paciente, a la vida escolar y a su círculo familiar.
Algunas señales de alerta en edades tempranas por los especialistas pueden ser: ausencia de sonrisa hacia los cuidadores a los 6 meses de vida, inexistencia de gestos comunicativos comunes como señalar con la mano o despedirse a los 12 meses, ausencia de palabras aisladas como ‘agua’ a los 16 meses, e incapacidad de estructurar frases de dos palabras a los 24 meses de vida.
Otras señales pueden ser el escaso contacto visual, fijación inusual por objetos específicos, falta de respuestas a llamados por su nombre o pérdida abrupta de destrezas aprendidas previamente.
El centro dicta terapias individuales y grupos de psicopedagogía, terapia de la comunicación en horarios vespertinos y estas sesiones clínicas afectan de manera directa las conductas que interfieren con la capacidad de retención de información y son sometidas a evaluaciones para ajustar las metas de acuerdo a los avances del paciente.
Inclusión social
La idea principal de Autismo en Voz Alta es establecer que el acceso a la educación adaptada constituye un derecho innegable que no debe verse condicionado por la capacidad monetaria de los representantes. Para asegurar la sostenibilidad de este valor, la organización mantiene un programa de subsidios de becas parciales o totales de la matrícula escolar para alumnos cuyas familias presentan dificultades económicas.
El centro también convoca de forma permanente a empresas privadas, laboratorios y corporaciones para patrocinar eventos de sensibilización pública, ayudar con los fondos de asistencia social con el objetivo de consolidar una cultura ciudadana que sea inclusiva y empática en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.