En el año que está comenzando, Venezuela se asomará a la realidad de la pospandemia. Esta “nueva normalidad” estará plena de retos en materia de seguridad ciudadana. Algunos ya comenzaron a manifestarse durante los últimos meses de 2021, tal y como fue descrito en la entrega anterior.
En esta oportunidad, se hará mención a los que posiblemente serán los principales factores en juego en este tema durante los próximos doce meses. Nuevamente, se aclara que no se trata de una descripción exhaustiva, sino meramente enunciativa.
Repuntará la criminalidad violenta
En 2021 los delitos violentos como los homicidios, las lesiones personales, los secuestros y los robos de vehículos registraron una baja numérica de más de 30 % con respecto a 2020. Tal y como lo advirtió el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, este es el resultado de factores que en mucho exceden a cualquier política en materia de seguridad ciudadana, por cierto, inexistente en el país.
Las cuarentenas, la diáspora y el declive económico han impactado sobre la frecuencia de los delitos violentos.
Pero en 2022 podría revertirse esta situación. La oficina de Naciones Unidas que coordina la ayuda humanitaria (OCHA) prevé un leve repunte en el producto interno bruto del país (1 %). En este mismo sentido, la criminalidad también crecerá, en especial en los lugares donde perciba que hay mayor movimiento económico, pues eso implica que tendrá más oportunidades. Esto es conocido como el efecto “panal de miel”. Implica que en algunos lugares la acción del hampa se sentirá con mayor intensidad que en otros.
Algo de esto ya comenzó a verse en los robos de vehículos. Aunque los totales de 2021 para nada se asemejan a los que veíamos una década atrás −con cifras que rebasaban las veinte mil unidades−, en los últimos tres meses del año hubo crecimientos consecutivos en las cifras de denuncias recibidas y procesadas. Este es un indicador de lo que puede venir.
La percepción sobre el incremento de las oportunidades para el delito también propiciará una mayor incidencia en cuanto a los homicidios, en especial en el eje Distrito Capital y en Miranda. Muchos de estos casos estarán ligados a intentos de robos de vehículos o de robos a viviendas.
Dólares y algo más
En los últimos cuatro años, los delincuentes han despreciado la moneda nacional. En el estado Bolívar, dejaban regados los billetes en las carreteras hacia Brasil. Esta situación está cambiando.
Con la reconversión monetaria iniciada en octubre y la estabilización de la inflación, los delincuentes ya no excluirán la posibilidad de apoderarse de algún botín en bolívares. Lo que implica un llamado de atención a los bancos y transportes de valores.
En diciembre de 2021, cuatro hombres armados asaltaron una agencia de Banesco en El Vigía (Mérida), y se apoderaron de unos treinta mil bolívares que estaban en las taquillas. Fue una acción rápida, que hace recordar lo visto en la primera década de este siglo.
Por supuesto, los dólares y los euros continuarán en la mira del hampa. Entonces, esencialmente estamos ante una diversificación de los objetivos de la delincuencia.
Privatización de facto del servicio policial
En la primera semana de diciembre, un hombre pasado de kilos permanecía sentado en la puerta de un restaurant chino de Los Palos Grandes. No era un “guachimán” cualquiera. En la cintura, llevaba enfundada una Beretta PX4. De allí hacia arriba, vestía el uniforme de “camuflado urbano”, propio de la Policía Nacional Bolivariana. Hacia abajo, pantalones de jean y botas de uso industrial.
Esta es la imagen de un policía que intenta mejorar sus ingresos a como dé lugar, prestando servicios de vigilancia en el ámbito privado. Algunos lo hacen cuando están francos de servicio. Otros, piden eternos reposos médicos o simplemente no se presentan en sus unidades, y sacan provecho de su condición de funcionarios. Pero este es, probablemente, un individuo que no estará muy dispuesto a atender el llamado de la ciudadanía común ante una emergencia.
El servicio de policía, y por extensión, de seguridad pública, atraviesa en Venezuela un franco proceso de privatización. Desde luego, esto no será admitido por los voceros oficiales. Pero la gente de a pie sabe que, en la situación actual, es muy poco lo que un uniformado estará dispuesto a hacer, a menos que cuente con un estímulo pecuniario. No solo sucede en los cuerpos preventivos. En el caso de la policía judicial, son frecuentes los relatos de víctimas que incluso deben llevar hasta el papel para que sus denuncias queden impresas, llevar a los agentes a los sitios de suceso e incluso alimentarlos.
De otro lado, con la agudización de la crisis económica, los uniformados han encontrado a serios competidores en el campo de la vigilancia. Se trata de los miembros de colectivos armados, que se mueven en un área gris donde cuentan con mucho más campo de acción, incluso, para reprimir “en caliente” a quienes sean detectados atentando contra los intereses de sus patronos.
Esto se pudo evidenciar en los alrededores de una estación de servicio de El Llanito, donde integrantes de estas estructuras armadas dieron una “pela” a un ratero, y lo obligaron a caminar desnudo por la avenida principal. Tal parece que este tipo de acciones expeditivas gustan en ciertos sectores de la sociedad, descreídos de los cuerpos de aplicación de la ley. Ahora, vemos a integrantes de colectivos prestando servicio de vigilancia en ventas formales de alimentos y abastos.
Las bandas criminales, paradójicamente, también intentan ofrecer sus servicios. A veces, acuden a métodos compulsivos, como en el Zulia, donde atacan con granadas a talleres mecánicos y clínicas para exigir un pago. Estos métodos se han extendido a más estados. En la última semana de diciembre, fue reportado un ataque armado a la fachada de un local en Cagua, con propósitos extorsivos.
Continuará la pérdida del control territorial
En los últimos meses, se ha verificado un retroceso en la presencia del Estado. Esto venía sucediendo en las periferias, y ahora también ocurre en las grandes ciudades. Las bandas, grupos guerrilleros y otros actores no estatales han ganado terreno, y se han erigido, incluso, en factores reguladores de la acción humanitaria de las organizaciones no gubernamentales. Son el poder real, en sus áreas de influencia. Y con ellos hay que entenderse. Al respecto, Briceño León advertía recientemente que, en ciertas localidades, la baja en la cifra de homicidios responde a la imposición de una pax mafiosa. En este mismo sentido se ha pronunciado el director del Risk Awareness Council Alberto Ray.
La única forma que tiene el actual régimen para retomar el control de ciertos sectores es a sangre y fuego. No hay rescate de la institucionalidad, tal y como lo pedía la Conferencia Episcopal en el caso de La Vega y la Cota 905. Es una violencia mayor que la ejercida por las bandas. Son golpes de propaganda, que no aportan soluciones sustentables. En el caso del anterior feudo de Carlos Revette, alias Coki, luego de un lapso de calma han vuelto los homicidios y ajustes de cuenta.
Diversificación de las estafas
Junto a un repunte del delito violento, las otras formas más sutiles de actividad ilegal que ganaron espacio durante la cuarentena continuarán en boga. En la anterior entrega se advertía que las estafas mantuvieron en 2021 el ritmo que tuvieron el año anterior. Este espacio no será cedido fácilmente por el hampa informática, puesto que la “nueva normalidad” implica un uso intensivo de las herramientas que corren por internet. Al respecto, se debe tomar en consideración que hay empresas −y emprendimientos− que no abandonarán el espacio virtual si el mundo (y con él Venezuela) logra superar definitivamente la pandemia de la covid-19. De hecho, ya permiten fórmulas mixtas, en las que el trabajador puede llevar a cabo su jornada desde el hogar, y otros días puede presentarse en la oficina. En el caso venezolano, el rezago en la vacunación permite prever que los lapsos de cuarentena se prolongarán mucho más que lo visto en otras partes de la región latinoamericana. Según la OPS, Cuba y Venezuela (en ese orden) ocupan los últimos puestos en cuando a la inmunización de la población. De allí que la “nueva normalidad” tardará un poco más en llegar a estos países.
El miércoles 29 de diciembre, una portavoz del Servicio Federal de Cooperación Técnica y Militar de la Federación Rusa anunció que en 2022 finalmente serán construidas en Venezuela las fábricas de fusiles Kalashnikov AK-103, y la de sus respectivas municiones. Según Valeria Reshétnikova, los especialistas de este proyecto “han comenzado a preparar el equipo de procesamiento y las líneas de ensamblaje”. Este ha sido un viejo anhelo del oficialismo venezolano.
Ya en 2007, el The New York Times informaba sobre el desarrollo de este proyecto. Pero, como otros tantos, no se concretó como consecuencia de la corrupción.
El 2019, la compañía nombrada para la ejecución del plan, Rostec, inició una investigación en vista de lo que fue descrito por su director general Serguéi Chemezov como “una serie de robos”. Pero no se trataba de asaltos callejeros. El fiscal general ruso, Dimitri Demeshin explicó en aquella oportunidad que las plantas eran construidas en virtud de acuerdos de comercio internacional. Para ese momento, ya se había verificado un desfalco de dieciséis millones de dólares. Y como principal responsable fue señalado el exsenador de la federación, Sergei Popelniújov. El hombre argumentó que el plan no fue cumplido como consecuencia de la alta inflación en Venezuela. Otras tres personas también resultaron condenadas por este caso. Rostec fue la misma compañía que suministró los simuladores de vuelo de helicópteros Mi, en la base aérea Luis del Valle García, ubicada en Guárico.
*Poco a poco, la presencia efectiva de militares y asesores rusos se ha incrementado en el país. Todo esto sucede dentro de la mayor opacidad. Generalmente, la opinión pública se entera por informaciones que llegan desde el exterior, como lo anteriormente referido en torno a la fábrica de fusiles. A veces, en cambio, esto sucede debido a algún desliz. Por ejemplo, el 27 de diciembre el general de división Johan Hernández Lárez, comandante de la ZODI Miranda, soltó una auténtica primicia, cuando reveló a través de su cuenta Twitter que enviados de la empresa Vegacy Strategic Services brindaban cursos de instrucción a las unidades de reacción rápida (llamadas URRA) de la Guardia Nacional en los Valles del Tuy.
Vega es una renombrada corporación del mundo de los llamados “contratistas militares privados”. En otras palabras, mercenarios.
También es conocida como Wagner. Sus actividades han sido el centro de investigaciones internacionales. Entre las últimas figura el entrenamiento a las fuerzas militares pro Bashar al Assad en Siria. Previamente, de acuerdo con publicaciones israelíes (Guzansky, Rakov y Lindenstrauss, 2020) Wagner se vio involucrada en “operaciones negras” llevadas a cabo en Ucrania en 2014, supuestamente, con el respaldo de Moscú. El 29 de diciembre, dos días después de la publicación inicial, Hernández Lárez había borrado su mensaje.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Ilustración del artista plástico mexicano Víctor Solís.
Venezuela es un espejo cuasiperfecto de lo que un país no puede hacer sin destruirse. O de lo que debe hacer si quiere destruirse. Uno de los errores graves en ambos sentidos es ver el crimen como una expresión de la pobreza y asumir que hay una relación causal entre uno y otra, de modo que el crimen no se reducirá mientras no se reduzca la pobreza, al tiempo que combatir el crimen es en cierto modo agravar la injusticia, ser insensible y ciego a las raíces sociales del crimen.
Joaquín Villalobos hace el recuento en este lúcido ensayo de la forma como Venezuela, partiendo de esta visión, empezó por no combatir al crimen, luego por combatirlo mal, quedando finalmente a su merced, en una extraña, cómplice y aberrante convivencia de soberanías: la soberanía del Estado y la soberanía criminal
Venezuela padece quizás la peor crisis de seguridad en los conflictos entre Estado y delincuencia en la historia del continente. El caso venezolano incluye importantes lecciones para toda Latinoamérica en la lucha de los gobiernos por el control del territorio. Un problema que con distintos grados de gravedad existe en Brasil, Colombia, México, Centroamérica y casi todas nuestras naciones. Venezuela es un caso extremo de errores y, en ese sentido, es un manual perfecto sobre lo que no hay que hacer.
El primer derecho humano es la seguridad, porque ni la salud ni la educación ni las libertades más esenciales tienen sentido si se vive amenazado y con miedo. La primera responsabilidad del Estado es proteger la vida, la tranquilidad, las libertades y el patrimonio de todos los ciudadanos. El Estado nunca debe renunciar a su obligación de proteger a las personas y perseguir al crimen. Tolerar, pactar formalmente o de hecho con criminales, implica quitarles la paz a los ciudadanos para dar tranquilidad a los delincuentes. Esto significa que el Estado cede territorios, población y soberanía al crimen.
La política de seguridad de la Venezuela de hoy arrancó en 1999 con la siguiente declaración pública de Hugo Chávez: “Si yo fuera pobre, yo robaría”. Los delincuentes eran para él víctimas de la injusticia social. El problema es que esta idea derivó en tolerancia a los delincuentes y en indiferencia hacia las víctimas de los delitos, que eran gente pobre y de clase media. Chávez reformó la seguridad pública politizándola, desmantelándola y militarizándola.
Los opositores políticos fueron considerados más peligrosos que los criminales. La oposición fue perseguida, la delincuencia tolerada y el Estado debilitado.
Se produjo entonces un crecimiento exponencial de la delincuencia y ahora el gobierno lucha contra cientos de bandas criminales en todo el país que le han arrebatado extensos territorios rurales y urbanos de los cuales el Estado huyó y la delincuencia estableció su propia soberanía. La vida y la seguridad de millones de ciudadanos quedó en manos de criminales. El régimen venezolano pasó así de lo sublime a lo ridículo, transitando de la compasión con el delito a una guerra de exterminio contra los delincuentes que está perdiendo.
Antes de Chávez, Venezuela era un país relativamente seguro, durante años millones de colombianos se refugiaron allí para escapar de las violencias de su país. En 1990 Venezuela tenía una tasa de homicidios de 10 por 100 000 habitantes, para el 2002 llegó a 451 y en el 2018 a 81.4; desde entonces ocupa el primer lugar del continente y uno de los más altos del mundo. Lo curioso en el caso venezolano es que nadie “alborotó el avispero”, tampoco se fragmentaron cárteles que en realidad no existían. En este asunto hay una relación directa entre tolerancia al crimen, debilitamiento del Estado y pactos con los delincuentes, que derivaron en una explosión delictiva sin precedentes en el continente.
En el falso dilema entre reprimir o prevenir, Chávez optó por la prevención sin represión. Con el auge petrolero el Estado venezolano se fortaleció y, si se consideran tiempos de implementación y territorios intervenidos, es posible que el chavismo haya ejecutado los programas de gasto social más grandes de Latinoamérica. Aunque ese gasto social no respondía a una lógica preventiva sino electoral-clientelar, en esencia debió prevenir y reducir drásticamente la actividad criminal; sin embargo, el resultado fue totalmente opuesto: el Estado se debilitó y el crimen se expandió a niveles que el régimen jamás imaginó.
Esta historia podría resumirse en cuatro decisiones del gobierno: el desmantelamiento de las policías, los pactos con las pandillas urbanas, la administración de las prisiones por parte de los delincuentes y la política de dar refugio a las guerrillas colombianas.
Estas medidas se tomaron con extrema ingenuidad y bajo el supuesto moral de que la maldad se definía principalmente por el origen de clase y la posición política-ideológica. Sobre esto un amigo brasileño de izquierda que trabajó en la seguridad de su país me dijo: “A nosotros nos tomó tiempo concluir que el mal existe, es universal y que independientemente de los programas preventivos, al crimen siempre se le debe perseguir”.
El partido original de Chávez se llamó Movimiento Quinta República, aludiendo a una refundación de Venezuela. Las tres primeras repúblicas terminan cuando muere Bolívar. La cuarta fue definida por Chávez como oligárquica, neoliberal, etcétera. Como todos los populistas, desconoció el pasado reciente y estableció que la nueva historia comenzaba con él y su Quinta República basada en un “nacionalismo revolucionario de izquierda” que traía consigo la “Revolución bolivariana”.
En lo que a la seguridad concierne, esta refundación implicó que todo lo anterior fuera desmantelado por razones políticas. La reforma policial chavista implicó así la disolución de todas las capacidades policiales preexistentes. Esto condujo a una desinstitucionalización de la seguridad que conllevó a la pérdida de experiencia, recursos, inteligencia y capacidades operacionales que no tenían nada que ver con ideología. El gobierno venezolano debilitó severamente su propio poder, del que disponía para proteger a los ciudadanos.
Chávez impulsó una reforma policial supuestamente civil para evitar violaciones a los derechos humanos, pero en la práctica entregó la seguridad a militares leales. Esto formó parte de un plan más global donde cientos de oficiales pasaron a realizar tareas civiles en el gobierno. Asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas se convirtió en un objetivo estratégico a través del enriquecimiento de los jefes, ya fuera por posiciones de poder o por corrupción. Dos mil oficiales fueron ascendidos a generales, superando a los novecientos de Estados Unidos. Fue en realidad un proceso de cooptación de militares y policías para integrarlos al proyecto partidario bolivariano. Esta politización destruyó la institucionalidad, la disciplina, la calidad de las evaluaciones, la escala de ascensos y todas las capacidades profesionales.
El sistema de méritos fue sustituido por la lealtad política a la revolución. Como resultado final la seguridad fue desmantelada, desprofesionalizada, corrompida y reorientada a proteger al gobierno, y no a los ciudadanos. Los delincuentes pasaron a segundo plano porque la prioridad era espiar, controlar, perseguir, apresar y procesar judicialmente opositores, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas. Mientras esto ocurría se pactaba o toleraba a los delincuentes, que fueron creciendo sin control.
Ilustración de Víctor Solís.
La política de pactos con las bandas tuvo como punto de partida un intento de aproximación social y política a los barrios pobres donde existía delincuencia. Primero con los que se llamaron círculos bolivarianos, que tenían ingredientes culturales e ideológicos; luego con los famosos “colectivos”, que han jugado un papel muy importante en la represión de las protestas opositoras; y, finalmente, cuando la inseguridad se agravó, intentaron pacificar los barrios creando las llamadas “zonas de paz”.
La conexión de políticas sociales y la delincuencia ocurrió porque Chávez definió que su gobierno era una revolución armada que debía defenderse organizando milicias populares. Pero su gobierno tenía un origen electoral, nunca fue una revolución de verdad. El chavismo contaba con votantes, seguidores y simpatizantes, pero no había ocurrido una lucha que generara suficientes militantes ideológicos, no existía mística revolucionaria, sino dinero y clientelismo a gran escala. Así que, a la hora de organizar la defensa revolucionaria, el chavismo terminó reclutando en los barrios populares a personajes violentos y entre estos a los peores delincuentes, que lógicamente terminaron de capos que controlaban sus comunidades en nombre de la revolución bolivariana. Chávez, a falta de unas Fuerzas Armadas revolucionarias, corrompió a los militares y, a falta de milicias populares, armó a delincuentes.
Todo lo que el chavismo se proponía hacer social y políticamente en las comunidades pasaba por los colectivos, que además fueron armados por el propio gobierno.
Esto se masificó al punto de alcanzar decenas de miles de hombres que han terminado dirigidos por connotados delincuentes, antes amigos y ahora enemigos del gobierno. Finalmente, el chavismo perdió el control de su propio monstruo y tuvo una reacción represiva tardía que se ha convertido en una sangrienta guerra que las fuerzas de seguridad están perdiendo. En un intento por reducir la violencia el gobierno se ha visto forzado a pactar con los delincuentes entregándoles recursos, administración de servicios y territorios en los cuales el Estado renuncia a tener presencia y los delincuentes mandan.
La mezcla de política con delito no es exclusiva de Venezuela, ha tenido lugar en otros países, ya sea con definiciones de izquierda o de derecha. El paramilitarismo en Colombia derivó en delincuencia y narcotráfico al igual que las FARC y el ELN. En Nicaragua, después de la guerra contrarrevolucionaria, surgieron bandidos a los que se denominó “recompas”, “recontras” y revueltos. En México los Zetas surgieron de las Fuerzas Especiales del Alto Mando. En Argentina, militares de la dictadura se convirtieron en secuestradores. En Guatemala, los kaibiles que derrotaron a las guerrillas fueron reclutados por los narcos mexicanos. En los 90, guerrilleros suramericanos se dedicaron al secuestro como negocio en Brasil y México. El reclutamiento de delincuentes por grupos políticos no es nuevo, lo particular en Venezuela es la masividad y que fue el Estado quien los organizó, los armó y les dio poder.
Con cárceles superpobladas y frecuentes motines, el chavismo inventó un programa de rehabilitación para las prisiones sustentado en la misma idea del delincuente como víctima. Crearon así una especie de autogobierno de las prisiones que quedó a cargo de los propios presos. Es decir, que el Estado pondría los recursos para que los internos administraran las prisiones y estos mantendrían el orden y evitarían la violencia y motines que generaban mala imagen a la revolución.
El resultado del autogobierno ha sido lo que popularmente se conoce en Venezuela como “pranato” que viene de PRAN, que es como se le llama al interno jefe de la prisión. PRAN es el acrónimo de: preso, rematado, asesino, nato. Es decir, las cárceles quedaron en manos de los peores y más violentos criminales porque ellos eran los más eficientes para imponerse y mantener el orden interno. Pero la violencia y los motines continuaron y las prisiones han terminado convertidas en infraestructuras y territorios bajo control criminal. Los presos están armados, planifican delitos, organizan fiestas, tienen piscinas y cajero automático para recibir dinero de extorsiones y secuestros. Hay hacinamiento, pero los pranes poseen muchas comodidades. El gobierno de Venezuela ha repetido a mayor escala lo que el gobierno de Colombia acordó en 1991 con Pablo Escobar, cuando este construyó su propia prisión que se conoció como La Catedral.
Chávez, al igual que Raúl Castro, ayudaron a presionar a las FARC para que firmaran la paz en Colombia porque estaban ingenuamente convencidos de que la izquierda gobernaría eternamente ganando elecciones en Venezuela y todo el continente; las FARC y el ELN estorbaban en el camino electoral. Pero, tal como era previsible, la economía chavista hizo implosión, la administración ineficiente quebró a la industria petrolera y el gobierno de Maduro perdió las elecciones parlamentarias en diciembre del 2015; otros gobiernos de izquierda también perdieron el poder en Latinoamérica; Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, y el partido de Álvaro Uribe ganó las elecciones en Colombia.
El problema fue que el chavismo le permitió al ELN y a los disidentes de las FARC hacer un mayor uso del territorio venezolano en el momento en que estos grupos ya no eran insurgencia política, sino narcotraficantes y crimen organizado.
La ideología había sido sustituida por el dinero de la cocaína, la minería ilegal de oro, el tráfico de armas, las extorsiones y los secuestros. Los ideológicos de las FARC, con la paz, se volvieron partido político y los disidentes, que nunca renunciaron al narcotráfico, se fueron a Venezuela. La permisividad a estos grupos armados colombianos terminó abriendo la puerta a un crimen organizado de mayor escala, veterano en el combate, corruptor de autoridades y experimentado en el control territorial.
El chavismo, en cuanto a seguridad, transitó de la ingenuidad ideológica con los delincuentes a la guerra y el exterminio. Sin duda no todos pensaron que este sería el resultado. Hubo dirigentes chavistas que denunciaron que no se debía pactar con mafias, pero ya era tarde; el problema no era si se debía o no, sino si se era capaz o no de ganar a los criminales. Hay centenares de noticias, ensayos y videos oficiales y no oficiales que hablan de la gran explosión criminal y la guerra que padece Venezuela. Intentaremos resumir algunos de los hechos más dramáticos que resultaron de la combinación de los cuatro factores descritos.
La cantidad de bandas existentes sin duda es una especulación, además de que estas se fragmentan, reagrupan y cambian de cabecillas constantemente, como suele ocurrir con los grupos criminales en todas partes. Pero la evidencia de que son centenares es abrumadora. Existen, según lo reconoce la propia policía venezolana, en 18 de los 24 estados del país, y están conectadas operacionalmente con los pranes que controlan las prisiones. Las bandas las integran decenas de miles de jóvenes de 25 años en promedio y también niños. Están armados con fusiles automáticos, lanzagranadas, pistolas, equipos de comunicación, drones y en algunos casos poseen armamento de mayor potencia, como lanzacohetes y ametralladoras pesadas.
La mayoría de las bandas usan nombres propios de grupos criminales como Cara de Perro, Culón, Los Morochos, Cara de Hulk, etcétera. Pero otras son una clara mezcla de crimen y política, una se volvió un partido político llamado Tupamaros y comenzaron a criticar a Maduro. Este les quitó la legalidad y entonces los tupamaros realizaron un mitin armado y de inmediato les fue devuelta su legalidad, con puestos en la Asamblea Nacional incluidos. En uno de los casos los delincuentes crearon su propia moneda: el panal, que tiene el rostro de Chávez impreso. Los criminales organizan fiestas infantiles, se encargan de la vigilancia, asesinan a quienes roban en sus dominios, reparten los paquetes de comida que les entrega o roban al gobierno, organizan los funerales, los eventos deportivos y conciertos para los habitantes, pero al mismo tiempo realizan secuestros, asaltos, extorsiones, trafican droga y hacen la guerra a otras pandillas y a la policía si entra a sus territorios.
Los operativos para contenerlo han fracasado y han dejado un saldo de muchos muertos, incluidos policías y civiles. En julio de este año, el Koki atacó un cuartel de la Guardia Nacional y los enfrentamientos en Caracas duraron tres días y alcanzaron importantes autopistas de la capital. En negociaciones anteriores con esta banda participó la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los acuerdos fueron que la policía debía abstenerse de entrar a los dominios del Koki.
La frontera entre Venezuela y Colombia —en los estados de Táchira, Apure y Amazonas— se está convirtiendo en una especie de tercer país dominado por múltiples grupos criminales colombianos que manejan cuantiosas rentas del narcotráfico, el oro y otras actividades delictivas. Estos grupos se han expandido incluso al estado de Bolívar, en la frontera con Brasil. Igual que en las zonas urbanas, en estos lugares los capos mandan. Pero, como era de esperarse, los disidentes de las FARC se empezaron a dividir y a tener violentos conflictos por territorio y dinero. Maduro decidió tomar partido, recuperar el control y detener la violencia generada por sus amigos. Envió en marzo de este año a las Fuerzas Armadas con vehículos blindados y armamento pesado al estado de Apure, pero los delincuentes colombianos derrotaron a las tropas de Maduro de manera humillante. Los soldados cayeron en campos minados, los blindados fueron emboscados y destruidos; se contaron dieciséis muertos, numerosos heridos y ocho militares prisioneros. El resultado final fue una negociación con los criminales colombianos: liberaron a los prisioneros y las Fuerzas Armadas abandonaron su presencia y dejaron el territorio en manos de los disidentes de las FARC, que están fundando allí su propia república conocida como Segunda Marquetalia.
Con todo lo descrito, es evidente que la moral de los custodios de las prisiones, de los policías y de los militares venezolanos está severamente debilitada. No puede haber disposición combativa porque no tiene sentido arriesgar la vida para combatir criminales a los que el mismo gobierno dio la mano y apoyó. Por otro lado, los mandos que se volvieron corruptos y ricos quieren vivir bien sin complicarse la vida. Obviamente el resultado es que hay miles de deserciones.
La solución de Maduro fue entonces crear una nueva policía llamada Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocida públicamente como FAES. Estos policías “élite” cubren su rostro, no portan identificación, solo una calavera en su uniforme, y son en realidad una fuerza de exterminio. Conforme a las cifras que el gobierno entregó al equipo de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cerca de 5300 personas murieron solo en el 2018 por “resistirse a la autoridad”. Estos agentes cobran más dinero y están autorizados a robar y matar sin enfrentar consecuencias.
Sus víctimas son habitantes de los barrios pobres que antes apoyaban incondicionalmente al chavismo. La FAES está constituida en realidad por asesinos y esta fue la única solución que encontró Maduro para intentar contener la explosión criminal que las políticas chavistas parieron. Pero la FAES no es para proteger a los ciudadanos, sino al gobierno, porque los delincuentes están secuestrando a familiares de militares o miembros de la élite chavista.
El resultado final de la reforma policial de Chávez es que ahora tanto la policía como las bandas son moralmente iguales. Ambas están integradas por personas violentas y despiadadas.
Es posible que algunos piensen que esto no puede pasar en su país, pero mantener el control del territorio cuando este es disputado por criminales es una tarea compleja que, si no se hace o se hace mal, puede terminar multiplicando el poder de estos. Hay una enorme diferencia entre incursionar temporalmente una zona dominada por delincuentes y tener la capacidad de quedarse permanentemente en esta y asegurar la presencia integral del Estado. Chile parecía un país altamente seguro y estable hasta las violentas protestas del 2019. La masividad de estas protestas se explica por indiscutibles y justas demandas populares, pero el nivel de vandalismo no encaja con la civilidad de la mayoría de los chilenos. ¿Cómo lograron pequeños grupos de extrema izquierda contar con suficiente gente para desplegar tanta violencia? La explicación es que la extrema izquierda reclutó grupos de delincuentes dedicados al narcomenudeo y múltiples delitos para que realizaran el vandalismo que los ciudadanos descontentos no estarían dispuestos a ejecutar. El fundamento ideológico fue que esos delincuentes son pobres y víctimas de la injusticia. Obviamente estos militantes delincuentes no tuvieron reparos en quemar iglesias de más de un siglo. Esa confrontación de meses en las calles empoderó más al crimen y ahora existen al menos diez zonas de Santiago de Chile consideradas conflictivas donde la presencia policial no existe o comienza a volverse simbólica.
Ilustración del artista plástico mexicano Víctor Solís.
Seguramente, esto mismo está ocurriendo en las protestas de Colombia, donde la masividad tiene justificación social, pero el vandalismo no. En las protestas del 2019, los propios ciudadanos rechazaban y contenían los actos vandálicos, porque los colombianos están hartos de la violencia que han padecido de forma casi ininterrumpida por más de un siglo. Colombia fue un laboratorio positivo de recuperación del territorio, pero luego de la firma de la paz era frecuente el debate sobre quién iba a llenar los espacios vacíos que dejó la desmovilización de 10 000 combatientes de las FARC. Todo indica que no los ocupó el Estado, sino delincuentes y con ello hay riesgo de un nuevo ciclo de violencia.
Hace diez años publiqué un artículo sobre la seguridad en Venezuela titulado La guerra que viene y finalmente la guerra llegó. Restablecer la paz en Venezuela será doloroso, tomará muchos años, costará muchas vidas y requerirá invertir cuantiosos recursos. Lo que está ocurriendo era totalmente predecible e igual ahora se puede prever que en otros países de la región se están incubando las condiciones que podrían generar grandes explosiones de violencia y en algunos casos hay peligro de que se vuelvan endémicas (ojalá me equivoque).
Que la concentración de la riqueza provoque inseguridad puede resultar lógico, pero que esta se multiplique cuando se está distribuyendo, como ocurrió en Venezuela, acaba con uno de los grandes mitos que relacionan pobreza con inseguridad. India tiene más pobres que Estados Unidos; sin embargo, hay más homicidios por habitante en Estados Unidos. La pobreza no genera mecánicamente inseguridad, lo que sí genera inseguridad son el empobrecimiento moral, la debilidad del Estado, la cultura de corrupción y la polarización política-social. Un largo periodo de inestabilidad política, de división interna o la distorsión o extinción de los valores cívicos pueden tener un efecto mucho más negativo en la seguridad que una severa inequidad. El caso más clásico y emblemático es Sicilia, en Italia, donde existe una relación directa entre la historia de guerras, inestabilidad y violencia con la cultura de rechazo al Estado y por lo tanto con el poder de la mafia.
Es común en el debate político preocuparse por la privatización de la salud, del agua, la educación, etcétera, pero muy pocos se preocupan por la privatización de la violencia, que debe ser un monopolio del Estado. La existencia de criminales dominando territorios es en última instancia privatización de la violencia. Si el Estado deja espacios vacíos de autoridad, los criminales los llenan.
Cuando el crimen se desarrolla le quita al Estado tres monopolios esenciales: la violencia vía grupos armados, la justicia a través de ejecuciones y la tributación vía extorsiones. El crimen organizado alcanza su más alto nivel de desarrollo cuando cuenta con poder financiero, poder armado, autoridades cooptadas o infiltradas, territorio, base social, conexiones globales y una cultura criminal en expansión. La cultura criminal se manifiesta en la fase más avanzada de dominio territorial y arraigo social; en esta el delincuente es el ejemplo de persona exitosa y su relación con la comunidad se vuelve normal. Los narcocorridos, el lenguaje oral y corporal de las maras centroamericanas, las impresionantes tumbas de los narcos en Culiacán, el culto a Pablo Escobar, al santo Malverde o las figuras de los miembros de la banda del Koki que se venden en Caracas son ejemplos de cultura criminal.
El dominio territorial le da al crimen ventaja para fortalecerse, reproducirse y multiplicarse. La estabilidad le garantiza reclutar, armar, entrenar, planificar y organizar redes de inteligencia. Cuando el Estado acepta que la delincuencia controle un territorio, está tolerando que los ciudadanos que viven en esos territorios puedan ser impunemente asesinados y extorsionados, que los niños puedan ser reclutados y las niñas violadas y que los negocios de gente trabajadora puedan ser apropiados por criminales. Cuando todo esto ocurre ya no se trata de un problema de seguridad pública, sino del camino a convertirse en Estado fallido.
Eso es Haití ahora y por ello la muerte del presidente Jovenel Moïse fue en realidad un asesinato anunciado. Conforme a datos de la Comisión Nacional de Desarme de Haití hay en este pequeño país al menos 77 grupos delictivos armados y la Red Nacional de los Derechos Humanos habla de una “gansterización” de la política. Gabriel Gaspar, exsubsecretario de Guerra del gobierno del expresidente Ricardo Lagos de Chile, señala que “las pandillas haitianas están fuertemente armadas, exhiben su poder y controlan territorios, especialmente en la capital. Las pandillas están agrupadas en una federación criminal conocida como G9, liderada por Jimmy Barbecue Cherizier, un expolicía que utiliza lenguaje populista criticando a los “oligarcas”. Solo en junio estas bandas realizaron doscientos secuestros y asesinaron a treinta policías. Mucha pobreza, un Estado débil y una policía que no controla el territorio han derivado en un potente poder criminal”. En este contexto es inevitable que los criminales se conviertan en un instrumento del poder económico y político, y que a su vez el poder económico y político termine convertido en un instrumento de los criminales. En algunos lugares del continente la delincuencia ya es un poder fáctico que se está cruzando con la clase política.
Los pactos formales o de facto con delincuentes resultan de la debilidad del Estado o de la presión pública electoral por reducir los homicidios y la violencia. La indiferencia o el pacto aparecen como el camino más rápido para mostrar resultados, pero a costa de sufrir una explosión criminal mayor a futuro porque el Estado no resuelve su debilidad y el crimen gana condiciones para fortalecerse. La delincuencia no es fenómeno estático, sino expansivo, ya sean grandes cárteles o pandillas; por lo tanto, cuando no se le combate crece. No hay razones objetivas para suponer que los delincuentes limitarán su actividad por su propia voluntad, lo único que puede detenerlos es la fortaleza del Estado.
La visión ingenua del chavismo sobre la delincuencia nos recuerda la fábula del escorpión que le pide a la rana que le ayude a pasar el río. Esta acepta con la condición de que no la vaya a picar. A mitad del río el escorpión picó a la rana, que pregunta sorprendida: “¿Por qué me picaste, los dos vamos a morir?”. El escorpión le responde: “Lo siento, es mi naturaleza”.
* Exjefe guerrillero salvadoreño, consultor en seguridad y resolución de conflictos. Asesor del gobierno de Colombia para el proceso de paz.
Ensayo publicado el 1 de septiembre de 2021 en la Revista Nexos (México).
¿Cómo nace esta iniciativa? ¿En que se enfoca este concurso? ¿Cuántos ensayos han recibido y como ha sido la receptividad de los estudiantes de Derecho? Conversamos de estos y otros temas con Juan Eugenio, miembro del comité organizador del concurso Humanos con Derecho, quien nos hablará acerca de todos los temas relacionados con sus proyectos.
Humanos con Derecho quiere lograr un cambio democrático en Venezuela, para detener las causas de la emergencia humanitaria compleja y restablecer el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía.
“Hoy en día trabajamos en constante cooperación con las autoridades en las Bahamas, así como con las representaciones diplomáticas de los países democráticos y la comunidad venezolana organizada, para defender y representar dignamente los intereses y derechos de los venezolanos migrantes».
Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.
El concepto de “caos”, ya no tiene la connotación intrigante que el oscurantismo quiso adosarle. Desde que la termodinámica estableció su segunda ley, adquirió razón el concepto de “entropía”. Si bien fue inventado para ayudar a la Física a describir ciertas observaciones que involucran la existencia de energía asociada a cambios de la materia, igualmente alcanzó connotaciones filosóficas. Particularmente, cuando se buscó indagar el comportamiento del Universo como un todo.
Es ahí cuando el “caos”, en un sentido riguroso, induce reacciones que se suceden en el mundo natural tal cual se conoce. Esto es causa de creaciones materiales que incitan cambios irreversibles en el Universo. Solo atendidos por la energía que se desplaza, disipa o provoca. Y por el incremento de temperatura que ocasiona. Por eso se ha dicho, que el Universo proviene del “caos”. Y que, de este, se forma vida.
De manera que el “caos” puede entenderse como una forma de energía capaz de forjar un cierto orden desde el mismo desorden que induce. Pero valiéndose de un particular proceso de desarreglo que incita sobre el contorno donde se acumula la energía.
El caos en la política
En política, el “caos” tiene una acepción no lejos de la que ha servido a la termodinámica para demostrar sus hipótesis. El ejercicio de la política busca desordenar muchas veces los factores que mayor incidencia tienen en el poder. Así procura crear el orden necesario que a su juicio conviene. No obstante, cuesta comprender su realidad. Mucho más, aceptar sus razones a primera vista. Empero, ese orden así inculcado opera en la dirección de hallar oportunidades que, no pocas veces, configuran rutas de solución a difíciles conflictos. Pero solo si es aprovechada la creatividad que motivan los hechos.
Posiblemente, fue razón para que Albert Einstein refiriera tres reglas básicas para la vida, que se le atribuyen: “1. En el caos está la sencillez; 2. En el conflicto está la armonía; 3. En el medio de la dificultad está la oportunidad”
Sin embargo, pese a todo cuanto justifica al “caos” como motivación del orden, siempre incita dudas sobre los efectos que puede generar. En política, esas dubitaciones han acompañado el devenir del hombre en su cotidiano trajín. Ante esta consideración, vale preguntarse si dicha desconfianza es provocada por problemas de actitud política, de (in)cultura política o de resignación ante la incertidumbre.
Todo esto pudiera revisarse desde la política. Pero considerándola en su afán por jugar a las ventajas, sin distinción de las ocasiones que se den. De ahí que el ejercicio de la política debería siempre evitar los extremos en su recorrido por las circunstancias que moldean su praxis. Poco reconoce que los extremos rayan con equivocaciones en que, generalmente, incurre. Sin siquiera advertirlas. Justo ahí yerra la política en su intención de procurar cambios prometidos.
Si acaso el ejercicio de la política tuviera en cuenta que “cuanto más oscura está la noche, más pronto está el amanecer” (adagio popular inspirado en la Biblia (Romanos 13;12), es factible que sus presunciones o aspiraciones apuntarían hacia realidades constructivas.
Deepak Chopra, médico y escritor indio, advirtió este tipo de problemas que confronta el hombre en su interrelación con otros. Así escribió que “todos los grandes cambios están precedidos por el caos”. Razón para asegurar que luego de la tormenta sale el sol.
De manera que de indagarse (debidamente) lo que sigue al “caos”, quizás el ejercicio de una equilibrada y reflexiva política aseguraría la solución a buena parte de los entuertos contemplados entre sus objetivos a resolver. Es un problema que bien le calza al concepto de “revolución”. Solo que el endiosamiento que propicia el poder (mal concebido), desvía su praxis del camino correcto.
Pero si la obstinación o testarudez de quienes ejercen la política sigue apegada a obtusos criterios que buscan privilegios personales por encima de lo que configura el bienestar de toda una sociedad, el desarreglo nunca cerrará su ciclo de perversidad, egoísmo y conflictividad. Aun cuando valiera la pena caminar hacia el caos estructural de lo que envuelve al Estado “impropio”, al Estado “forajido”, al Estado “invertido”. O al Estado “fallido”.
Y aunque del “caos” procede el mismo Universo, no significa esto que el orden alcanzado haya sido el estimado a la luz de la relación cuantitativa entre “disipación de la energía y el incremento de la temperatura”. Porque la Física que corresponde a este problema, no es la física “dinámica”. Es la física “política”, bajo cuya sombra persisten y se atascan realidades salpicadas de “imposibles”.
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Ha comenzado. 20 años no se aguantan a pie juntillas cuando el deterioro del país y de la calidad de vida aumenta cada día. Aquellos que -durante los regímenes de Chávez y Maduro han celebrado el cierre de partidos, la prisión o el asesinato en el SEBIN de los diputados, el robo descarado del oro y de los dólares del BCV y su entrega a la corrupción oficial- decidieron mirar para otro lado, nunca pensaron que les pasaría a ellos.
Estos días vemos como, al mejor guion orwelliano, las protestas de la dirigencia de los partidos aliados, desde el Partido Comunista hasta el PPT, denunciando el acoso y la muerte a la que los están sometiendo, están reflejadas en las denuncias del infame comunicador rojo cuyo sobrenombre es “Cabeza e´mango”.
En sus declaraciones pidió analizar las circunstancias en las que murió el muralista Miguel “Sancocho” Mejía; el asesinato de Carmelo Bislick, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela en la localidad de Güiria, estado Sucre; la desaparición del sociólogo Carlos Lanz y la detención deJosé Pinto, el exsecretario de Tupamaro presuntamente implicado en el asesinato de un adolescente. La molestia interna con Miraflores crece “a paso de vencedores”.
Los recientes videos en donde un grupo armado del estado Aragua, con armas de guerra del arsenal militar oficial, amenaza con la muerte a los padres de unos jóvenes -contratados en moneda extranjera por la liga de béisbol estadounidense- si no les pagan un “peaje” de los dólares recibidos por la contratista, es una demostración del Estado fallido en que nos hemos convertido.
Ante fundados temores varias de esas familias tuvieron que irse a República Dominicana para salvarse ellos y sus hijos. Las redes están llenas de tales denuncias y el Estado no hace nada. Buen tema para el Fiscal General.
VARIOPINTAS
Maduro anuncia la exportación de arroz a Turquía, cuando la producción no alcanza para el consumo interno. En 2020 solo se sembraron 59.000 hectáreas
(Ojo: las del ciclo norte invierno ya se consumieron). A comienzos del siglo XXI sembramos 270.000 hectáreas. Hoy Venezuela importa arroz del Brasil. Pura paja en cadena…
A CONFESIÓN
Es insólito ver a camaradas radicales y resteados históricamente con el chavismo denunciar, ahora, que en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, a la cual pertenecen como diputados, no se discute ni se ha discutido nada.
Desde hace 3 años era vox populi que delos 545 diputados eran menos de 12 los que decidían todo o nada. Sin vergüenza alguna nos metían mentiras en cadena. Aquí en distintas oportunidades hablamos de eso donde dimos hasta los sueldos o contribuciones que hacían a sus cuentas bancarias. ¡Dígalo ahí, Diosdado!
PENOSO RÉCORD
Venezuela está clasificado como el país más corrupto de América Latina. Y está empatado con Sudán, Afganistán y Guinea Ecuatorial como el séptimo peor entre 180 países en el último ranking anual de Transparencia Internacional, con sede en Berlín. Cada día que pasa bajamos un peldaño más. ¿Así es que se gobierna?
Expresidentes iberoamericanos como el español Felipe Gonzalez y el brasileño Fernando Henrique Cardoso instaron hoy a actuar ante la situación de “Estado fallido” en Venezuela y compararon la necesidad de alzar la voz con otros momentos históricos como la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
“Si en lugar de llamarse Maduro, el tirano se llamara Pinochet, todas las universidades estarían en la calle. Y es la misma tiranía”, comparó González, durante un encuentro de expresidentes, empresarios y académicos celebrado en Buenos Aires.
“Venezuela ya añora la pérdida de la libertad. Por muchos defectos que le atribuyeran a la cuarta república, ha sido sustituida por un desastre infinitamente mayor”, prosiguió.
En la conclusión del encuentro, González opinó que el Gobierno de Nicolás Maduro ha convertido el país caribeño no solo en un Estado “corrupto” sino “fallido” y lamentó que el resto del mundo “todavía” no haya reaccionado.
Con él coincidió Cardoso, quien apuntó que hay una “carencia de liderazgo” desde las democracias antes de sostener que en América Latina ese sentimiento se debería resumir “en decir no a lo que está sucediendo en Venezuela”.
También, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti se mostró muy crítico y argumentó que Venezuela “un ejemplo de lo que significa la pérdida de los partidos”.
Asimismo, el exmandatario chileno Ricardo Lagos expuso que el país caribeño es la gran “tarea pendiente” de América Latina pero pidió valorar un punto “positivo”: el hecho de que de un año a otro se vayan reduciendo los problemas en la región, como el conflicto con la guerrilla en Colombia.
Completó las reflexiones sobre Venezuela otro de los invitados, el exministro de Justicia español Alberto Ruiz-Gallardón, quien habló de “tiranía” y alabó la labor de los “presos políticos” opositores como Leopoldo López, levantando aplausos entre el público.
Este encuentro de expresidentes, académicos y empresarios estuvo organizado por la fundación Círculo de Montevideo y el grupo empresario argentino Werthein.
Durante dos jornadas de trabajo se debatieron temas como la revolución tecnológica, el auge del populismo en Europa y Estados Unidos, la situación en Venezuela, y las oportunidades que ofrece el escenario internacional actual para América Latina, especialmente si México, Argentina y Brasil logran una voz conjunta que represente a la región aprovechando su participación en el G20.
Cuando se cumplen cuatro años de la muerte del presidente Hugo Chávez, creador del Socialismo del Siglo XXI, es evidente que pese a la promesa de que la riqueza petrolera pasaría a manos “de todos los venezolanos”, el diseño de dicho modelo no estuvo pensado para tal fin. Expertos argumentan que la versión chavista del socialismo, plena de controles económicos e incentivos a la corrupción, se asemeja más a una cleptocracia, es decir, a un sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. Advierten, además, que los últimos eslabones de la tragedia socialista son la hambruna y el control de los partidos políticos por parte del Gobierno
“EL SOCIALISMO SALVARÁ A LOS PUEBLOS del mundo de la miseria, de la pobreza, del hambre y de la desigualdad”, expresó Chávez en 2011. El caso venezolano demuestra que tal afirmación no solo fue utópica, sino diametralmente opuesta a la realidad. Y no fue por falta de recursos pues entre 1999 y 2015 el Estado recibió poco más de 2 billones de dólares por cuatro vías: exportaciones petroleras; tributos directos e indirectos, dividendos de Pdvsa y utilidades del BCV; emisiones de bonos y créditos diversos al Estado y sus entes, así como la emisión inorgánica de dinero del BCV.
“Nunca hubo tanta abundancia y tanto deterioro social. No hay manera de explicar en qué se tradujo el ingreso de casi un billón de dólares nada más por concepto de la renta petrolera y los fondos parafiscales”, apunta Fernando Fernández, abogado consultor en Derecho Penal Económico.
Quizás sí hay una manera de explicar cómo pasamos de recibir tal abundancia de recursos al actual estado de indigencia que se ve en las calles venezolanas. Fernández, quien preside la Asociación Venezolana de Derecho Penal Económico, argumenta que desde el principio, el socialismo del siglo XXI fomentó la construcción de un “estado dual” caracterizado por la llegada al poder de “personas leales, complacientes y obedientes al gobierno (…) con el deseo tácito o expreso de enriquecerse o de tener poder”, en otras palabras, creó las bases de una cleptocracia.
Esa construcción dio pie al “estado criminógeno”, en el cual todas las condiciones estimulan la corrupción incluso entre quienes no tenían la intención de hacerlo. “Se puede afirmar que se trata de la ejecución de un plan preconcebido. La corrupción se contagia pues en una madeja corrupta todos quieren su tajada. Este nivel de corrupción necesita de una estructura que lleva a todos los ciudadanos a formar parte de la cleptocracia de una forma u otra”, explica Fernández.
El Índice de Percepción de Corrupción 2016 ubicó a Venezuela como el último país del continente en transparencia gubernamental. Ese factor es justamente el que favorece la cleptocracia, pues su existencia requiere de una estructura amparada en la más completa opacidad.
2.- Monopolio los actos de corrupción de gran volumen. Ej. Nepotismo
3.- Uso de fondos del Estado para pagar coimas a cambio de apoyos de políticos, diputados, medios y jueces
4.- Capitalismo de Estado e ideología totalitaria.
5.- Cooptación de Poderes
6.- Reducción de los servicios públicos
7.- Control de todos los partidos
El experto en Derecho Penal Económico alerta que aunque la cara más trágica de la debacle es la búsqueda de comida en los basureros públicos, situación que él estima evolucionará hacia un fenómeno de hambruna, el socialismo del siglo XXI buscará a continuación socavar completamente las bases de la democracia a través del control de los partidos políticos.
Venezolanos buscando comida en la basura | Foto: AP
¿Cómo se acaba con las cleptocracias? “Nadie lo sabe con certeza”, apuntó Fernández. “El mejor escenario es que se disuelvan al estilo de Rusia, tras lo cual hay que hacer una cantidad de reformas legales y estructurales para sanear el Estado. Para que eso ocurra es indispensable un pacto entre todos los factores: económicos, políticos, sociales, militares y religiosos para refundar el país. Luego hay que recuperar los activos perdidos, tal y como lo hizo Brasil y Perú”. ¿Cuál sería el peor escenario? “Un cambio abrupto cuyo destino no se conoce”, agregó.
La siguiente infografía, basada en una investigación de Fernández, permite conocer cómo evolucionó la cleptocracia en Venezuela, desde su inicio como un sueño de igualdad social, al actual panorama de menesterosidad.
