Crímenes sin Castigo | En camino a la corte malandra, por Javier Ignacio Mayorca - Runrun
Crímenes sin Castigo | En camino a la corte malandra, por Javier Ignacio Mayorca

La corte malandra, todavía sin Koki. Foto Javier Ignacio Mayorca.

El conflicto armado por el control de la Cota 905 y La Vega atizó la imaginación popular y dejó una estela de muertes que hizo retroceder a Caracas hasta los tiempos previos a la pandemia

 

@javiermayorca

En el Templo de la Fortuna todavía no abren un espacio para que la estatuilla de Carlos Revette sea ofrecida para el culto, junto a los demás integrantes de la llamada “corte malandra”.

Cuando se le pregunta por la efigie de alias Koki, Vanessa contesta que todo fue producto de una manipulación: tomaron la foto del combo de estatuilla, con la de Ismael a la cabeza, y al pie escribieron los sobrenombres de Revette y sus principales lugartenientes, Carlos Calderón (Vampi) y Garbis Ochoa. Luego, la especie corrió como pólvora por las redes sociales, al punto de que, de acuerdo con el encargado de una tienda de sahumerios adyacente a la plaza Caracas, la Policía Nacional les hizo algunas visitas para intentar la debida constatación.

La “corte malandra” o corte calé empezó siendo un grupo relativamente pequeño de antisociales, cuya popularidad trascendió a sus muertes. Lo encabeza Ismael Sánchez, fallecido en 1963. Algunos relatos indican que esto sucedió al recibir una puñalada, mientras que otros más consistentes afirman que cesó de existir al enfrentarse a policías. Lo que hoy llamaríamos “resistencia a la autoridad”.

El culto a la figura de Ismael, con su pistola al cinto y un porro en la boca, ha hecho de su tumba un “centro de peregrinación”, en el Cementerio General del Sur, de acuerdo con lo descrito por David Placer en Los brujos de Chávez (Caracas, 2015). El precio de estos íconos empieza en los cinco dólares, y se puede conseguir una de medio metro por 60 dólares.

Esta singular corte ha ido en crecimiento. En otro local, Javier sacó de un depósito una figura de arcilla, quebrada y coloreada de bronce, que mostraba a Ismael y otros doce compinches, a muchos de los cuales ni siquiera conoció. Solo los une el sentido mágico y la artesanía.

Ese fue un primer recuento, explicó. Luego, se han incorporado otros nombres, hasta sumar diecisiete.

Pero este culto tiene cierta lógica, si se puede llamar así. Hay una regla elemental, explicada por los encargados de las tiendas santeras: todos los miembros de la corte malandra están muertos.

La estatuilla de Koki todavía no está en venta. Pero, por si acaso, algunos comerciantes de este particular ramo ya tienen su foto a la mano, lista para hacer los pedidos.

Batalla contra Guaicaipuro

Para contrarrestar la acción de Revette, el Gobierno escogió el nombre de otra figura que ya se ganó su espacio entre los santeros. Se trata del cacique Guaicaipuro.

No se trataba solo de un conflicto en el plano simbólico. Las acciones emprendidas por el régimen, con el nombre general del referido aborigen, representaron un paso más en la escalada de violencia que se vive en la capital del país desde enero.

Caracas, es decir, el municipio Libertador, cerró el mes de julio con cifras de violencia que solo se veían en los tiempos previos a la pandemia de covid-19. Fueron 109 muertes, en su mayoría producto del conflicto generado por la toma de control en la Cota 905 y La Vega. De ellas, 38 fueron englobadas con el término “resistencia a la autoridad”.

La mayoría de este saldo fatal (82) tuvo como escenario las parroquias Caricuao, Macarao, El Valle, El Paraíso, La Vega y San Juan, que fueron impactadas directamente por los enfrentamientos entre la banda de la Cota 905 y los cuerpos de seguridad.

En la lista de fallecidos hay 49 que no fueron debidamente identificados. Esto equivale al 45 % de los cadáveres. De los demás, ninguno tiene el nombre de Leonardo José Polanco Angulo, alias Loco Leo, señalado líder de una banda de El Valle. Según informaciones extraoficiales, el conflicto armado alrededor de la Cota 905 comenzó cuando un francotirador lo mató, el 7 de julio. Pero no hay una constatación forense de este dato. Por otra parte, ninguno de los fallecidos en el listado conocido extraoficialmente tiene la edad de Polanco, 28 años.

A las 38 muertes ya indicadas deben sumarse otras trece, producto de supuestos enfrentamientos entre delincuentes y agentes de distintos cuerpos en los Altos Mirandinos, Vargas y los Valles del Tuy. Estas acciones también fueron reseñadas como parte de Gran Cacique Guaicaipuro. Entonces, serían 51 fallecidos por “resistencia a la autoridad” en el desarrollo de esta operación, aún inconclusa.

Un conflicto de esta magnitud en las calles de la capital hace palidecer a todos los personajes de la corte calé. Sin embargo, Koki y su círculo más cercano todavía gozan de buena vida. Siempre han estado un paso delante de los cuerpos policiales. Desde que iniciaron las operaciones de Liberación del Pueblo, en julio de 2015, el líder de la banda que dominaba la Cota 905 dispuso de información privilegiada, que le ha permitido sortear las balas, y también las alcabalas, hasta terminar por estos días en el confort cucuteño.

Breves

El juicio de extradición contra Alex Naín Saab se acerca a su final en Cabo Verde. El Tribunal Constitucional del archipiélago convocó a una “audiencia de juzgamiento” para el viernes 13 de agosto, en la que se decidirá sobre la apelación formulada por los defensores de este hombre, contra una sentencia de alzada, que daba luz verde a la extradición. Este colombiano fue detenido el 12 de junio de 2020, cuando hacía una escala en un viaje desde Maiquetía a Irán.

Dos factores han incidido en la prolongación de un proceso que, según la propia legislación caboverdiana, se planteaba como “urgente”. Por una parte, las maniobras ejercidas por el equipo de defensores del comerciante barranquillero, encabezado por José Manuel Pinto y el exjuez español Baltazar Garzón, incluso llegaron a sembrar dudas sobre la legalidad del litigio, al enfrentar al Tribunal de África Occidental (Cedeao) con la justicia caboverdiana. Por el otro lado, la pandemia de covid-19 generó en ese país lo que fue descrito como una “situación de contingencia” que inevitablemente prolongó los lapsos. Incluso, debido a esta misma situación, para la sesión del 13 de agosto solo podrán concurrir 17 espectadores, previamente registrados.

Las cartas públicas emitidas por Saab y sus defensores, con críticas a los operadores del sistema de justicia caboverdiano, así como el súbito viaje a Rusia de su esposa y su cuñado, hacen presumir que ellos mismos esperan un desenlace adverso. Esto no sería sorpresivo, pues hasta el momento todas las instancias del archipiélago, tanto administrativas como judiciales, han avalado la solicitud de traslado de Saab a una corte en Estados Unidos, donde lo esperan para juzgarlo por lavado de más de 350 millones de dólares procedente de contratos con el régimen de Maduro.

La acusación presentada por el fiscal general de Estados Unidos, Juan González, contra el empresario de origen sirio Naman Wakil, comporta penas por siete delitos, que sumarían hasta 75 años de prisión. El centro de esta investigación fue el presunto pago de sobornos a por lo menos cuatro empleados a filiales de Petróleos de Venezuela (Petropiar y Petromiranda) y de la Corporación CASA, en abierta violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, en virtud de que Wakil, a pesar de sus orígenes, había obtenido la nacionalidad estadounidense.

Wakil se convirtió en un importante proveedor de bienes para el régimen venezolano, en virtud de su relación de afinidad con operadores del oficialismo.

Esto abarca tanto alimentos como insumos para la industria petrolera, que eran exportados a Venezuela a través de la Wakil Oil Company, y otras corporaciones. Los hechos investigados comenzaron en 2010 y finalizaron en 2017, por lo que abarcan a los gobiernos de Chávez y Maduro. El primer negociado fue en enero de 2010. De acuerdo con la acusación, Wakil recibió 30 millones de dólares de la Corporación CASA, en una cuenta a nombre de la Wakil Food Company, abierta en un banco de las islas Cayman. En conexión con este pago, el empresario transfirió desde la cuenta de esa compañía 750 mil dólares a un funcionario del gobierno venezolano, cuya cuenta estaba en la banca de Florida. Y así el dinero fue y vino durante siete años. Según la pesquisa, para justificar el pago de los sobornos, Wakil aportaba falsos recibos de pago por “servicios logísticos y gestiones aduaneras”. Además, fueron documentados varios sobreprecios. Por ejemplo, en 2015 el sirio aseguró un contrato con Petropiar para el suministro de tuberías por 11,2 millones de dólares. La mercancía fue adquirida en China, por 1,3 millones. Con su captura, fueron congeladas catorce propiedades, así como cinco cuentas en Synovus Bank y United Bank, tanto a su nombre como a nombre de las firmas Wakilisimo LLC, Wakil Properties LLC, y una de firma compartida con Souheil Azar.

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