DDHH Olvidados | Sobre Gabriel Blanco pesa el «delito» de ser sindicalista
Familiares del trabajador humanitario reiteran que los tribunales no dan ningún indicio o prueba que lo vincule con los cargos por asociación para delinquir y presunta conspiración
El 13 de julio de 2023 Diannet Blanco llevó un pastel a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la Yaguara, en Caracas. Gabriel José Blanco Flores, su esposo, cumplió 46 años, pero lleva 1 año y 8 días detenido arbitrariamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Fue el segundo cumpleaños que Gabriel tuvo sin libertad.
En la noche del 6 de julio del 2022 los cuerpos de seguridad del Estado venezolano se acercaron a la casa de Gabriel Blanco, en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas, y lo conminaron a acompañarlos a la sede central del organismo para una «entrevista».
No hubo una orden de aprehensión o solicitud judicial para que la Dgcim fuera a casa de Gabriel. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró que los funcionarios no mostraron ningún documento que involucrara a Blanco con alguna investigación en curso.
Dirigente sindical y trabajador humanitario Gabriel Blanco solicita la presencia de un fiscal del Ministerio Público y un representante de la Defensoria https://t.co/DRZKbnhyJl
— PROVEA (@_Provea) July 7, 2022
Tanto Gabriel como Diannet grabaron y denunciaron el intento de aprehensión arbitraria, los vecinos de Coche salieron a la calle para defenderlo. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llamaron a los refuerzos y Gabriel empezó su capítulo como preso político el 7 de julio a las 12:49 a.m.
Situación de Gabriel Blanco https://t.co/3IzlfCM6uU
— PROVEA (@_Provea) July 7, 2022
Juicios aplazados, pruebas inexistentes
«La audiencia preliminar fue el 26 de septiembre del año 2022. Aún continúa el juicio», dice Diannet. «Después de denunciar el intento de colocarles un defensor público, logramos que tuviese un abogado de su confianza».
Gabriel Blanco se graduó como trabajador social en la Universidad Central de Venezuela. Por más de cinco años se dedicó a la promoción y enseñanza de los derechos humanos y la igualdad de género. También es miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI), una de las asociaciones que ha encabezado los procesos de diálogo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en ese año y que constataron que en Venezuela no se cumple ningún derecho laboral.
Por protección de Gabriel y de Diannet, las ONG donde el activista trabaja no pueden ser mencionados.
Según los activistas de Provea, dos días antes privaron de libertad a los sindicalistas Alcides Bracho y Emilio Negrín en Caracas. Los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron, sin orden judicial, las viviendas de los detenidos. En ninguno de los casos hay una orden de aprehensión clara.
Los tres sindicalistas están supuestamente conectados por una denuncia de un «patriota cooperante», un término que acuñó el gabinete de Nicolás Maduro para designar a los civiles que delatan comportamientos y mensajes críticos al chavismo en cualquier red social o comunitaria. Esa es la única información que manejan los abogados defensores sobre las acusaciones de «asociación para delinquir» y «conspiración» que tiene Gabriel y los otros líderes sindicales.
Los tribunales y ministerios no brindan más información.
«No hay pruebas de los delitos que le fueron imputados, y hasta la fecha han diferido las audiencias porque el patriota cooperante que denunció no aparece», reitera Diannet.
Un DDHH olvidado que se repite
Mientras Gabriel sigue bajo la custodia del Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, Diannet y su familia busca visitarlo casi todos los días a la Yaguara.
Ella conoce muy bien lo vulnerable que es un preso político: estuvo retenida en el Helicoide, un centro de torturas identificado por la ONU, por 1 año y 12 días.
«Gabriel no ha tenido maltratos de golpes pero la peor tortura es estar encarcelado siendo inocente, atropellando la calidad de vida, la salud, el poder trabajar y estar con la familia», dice.
Diannet reconoce que los contextos son muy diferentes, pero el derecho humano violentado es el mismo. Ella fue detenida arbitrariamente en 2017 por unos 25 funcionarios encapuchados que allanaron un apartamento donde guardaban medicinas para las personas que protestaban contra el gabinete madurista.
«Fui víctima de desaparición forzada temporal, detención arbitraria y tratos crueles e inhumanos. Las condiciones de mi esposo son diferentes, creo que eso tiene que ver con el tipo de cárcel y de los funcionarios» reflexiona.
La liberaron el primero de junio de 2018 como parte de una orden del Tribunal Supremo de Justicia que benefició a 39 presos políticos. Sin embargo, casos como los de Diannet y Gabriel se repiten: la ONG Foro Penal estima que existen 284 presos políticos para el 10 de julio del 2023, y solo en el año 2022 la ONG Cofavic registró unas 125 detenciones arbitrarias.
«Su próxima audiencia es el 17 de julio. Esperemos a ver qué pasa. Solo espero que no tenga que cumplir otro año como preso político», dice Diannet, rogando que su esposo no llegue a pasar más tiempo sin libertad de lo que ella estuvo.
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