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Inmensas fueron las esperanzas que se forjaron en diciembre 1998, al apoyar la candidatura del militar indultado de la causa político-militar que, en febrero 1992, afectó la legitimidad institucional establecida en Venezuela. Para entonces, se jugaron distintas razones que, en el curso del correspondiente proceso electoral, dio como triunfador al militar golpista, desatinadamente sobreseído. Fueron los hechos que determinaron el sorpresivo rumbo que trazó el trágico destino nacional, en toda su amplitud.

Los tiempos que a continuación siguieron, se vieron marcados por el crudo conflicto entre las fuerzas políticas que, históricamente, habían antagonizado por la detentación del poder. Sin embargo, el clima de expectativas que había ponderado el cambio de naturaleza política que asumió el gobierno nacional a partir de enero 1999, no se mantuvo como era esperado.

Una nueva especie de orden dominante, comenzó a provocar una mutación en la correlación de fuerzas políticas. Esto arrastró consigo una serie de problemas que se afincaron en la incidencia de eventos que luego destapó una inusitada violencia. Violencia ésta que adquirió forma, no sólo fáctica. También, de naturaleza económica, política y social.

 

Así vio venirse la resurrección de la violencia que si bien fue primeramente algo circunspecta en su forma, posteriormente adquirió la ferocidad de tiempos superados. A pesar de que el discurso político se revestía de llamados de paz, tolerancia y avenencia. Pero entre la arenga y las realidades, se implantó una brecha que con dificultad podía salvarse. Y cuando lograba evitarse o franquearse, surgían nuevos problemas o se exasperaban aquellos que para entonces se habían acumulado.

Reaparecieron eventos asaltados por la irracionalidad del terrorismo. Aunque peor aún, fue el terrorismo de Estado lo que matizó buena parte de los actos de violencia que comenzaron a ocupar las calles del país. Y aunque el alto gobierno lo negaba, siempre algo revelaba su encubierta presencia. Era la Venezuela de finales de la primera década del siglo XXI e inicios de los años siguientes.

De hecho, fue razón para diseñar, formular y sancionar una normativa cuyo absurdo motivó su aplicación. Es la paradójica normativa que aterrizó con la denominada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, aprobada por la espuria Asamblea Nacional Constituyente y publicada en Gaceta Oficial el 8 Noviembre de 2017. Diseñada para penalizar la disidencia política, dicha ley establece sanciones penales enormes que buscan constreñir las libertades. Ello, con la ridícula excusa de “promover y garantizar (…) la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco (…) erradicar la violencia política, odios e intolerancia a los fines de asegurar la vigencia de los derechos humanos (…) el desarrollo humano (…) la paz y la tranquilidad pública (…)” (Del artículo 1ᵒ)

Parecía haber sucedido que del civilismo que, supuestamente, buscaba exhortarse por cuanto medio era posible, el país cayó en un ámbito de vandalismo donde la muerte colmó de sangre de sus calles. No sólo por acontecimientos amparados por la grosera impunidad protagonizada por colectivos parapoliciales y paramilitares financiados por el régimen. Igualmente, inducidos por el hambre, la inseguridad en todas sus expresiones y la violación de derechos fundamentales y preceptos constitucionales.

Esa sumatoria de causales, hizo que el país sucumbiera sin razón ni justificación alguna. La crisis se insufló en extremo. Así se convirtió en el lastre que detuvo al país en su intentado proceso de crecimiento. Y del desarrollo económico y social, tan ansiado y necesario.

 

La violencia acuciada por la revolución “terrorista” y el régimen “usurpador”, tiene un propósito particular y profundamente político. Aunque nada que ver con la violencia que la historia muestra entre Estados o entre facciones de importante tamaño y gruesos intereses. Esta violencia tiene nombre y apellido pues en sus fauces radica el odio. De ahí que el odio, es acusado como ejercicio de la política. Pero de la política sombría, desesperada y contrariada.

El socialismo del siglo XXI, trajo en sus alforjas -revestidas de democracia y todo cuanto hipócritamente exalta libertades y derechos- el odio. Vino camuflado. Aunque su práctica es histórica, la revolución que ha querido implantarse lo tiene entre sus recursos de urgente y prioritaria aplicación. Sobre todo, si llegó asociado a lo que mal se denomina “revolución socialista”. O peor aún, “revolución bolivariana” o “revolución bonita”. Esta, ofertada como “pacífica, pero armada”.

Esta violencia requiere de la creación de “víctimas inocentes” pues al matar gente honrada o confesos opositores, encauza el odio como razón que justifica cualquier argucia predeterminada o desgracia inducida. Siempre, por fines políticos. Por eso, se hace acompañar de mecanismos de complementación que encubren la crueldad bajo la cual se organiza todo. Entonces puede decirse que la violencia ha fungido como la amenaza gradual sobre cualquiera persona que disienta de las ejecutorias del régimen.

La motivación que está detrás de cada acto de horrorosa condición, evidencia lo torcido de pensamiento y sentimiento que caracteriza a personajes de marras enfundados en el poder por el poder. Todo da cuenta de la irracionalidad que acompaña cada idea puesta al descubierto y emprendida, pese a las consecuencias que incite cada decisión (de rojo color).

Pero lo más grave de todo esto, es el odio que premedita tales decisiones al predecirlas y presidirlas en todo su curso de acción. El odio es enardecidamente el instrumento sobre el cual se moviliza la política mal concebida y peor profesada. Y bajo el “socialismo revolucionario” del que se aferra cualquier ideario tumultuario, como el vigente en Venezuela, considera el odio como ejercicio político (socialista).

@ajmonagas

Foro Penal confirma excarcelación de 12 de los 24 presos políticos que anunció Saab

EL FISCAL DESIGNADO por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab anunció este jueves que 24 presos políticos serían liberados en las próximas horas en el marco del diálogo nacional entre el gobierno y un mínimo sector de la población. 

“Es un mensaje que damos, un paso adelante para lograr la convivencia pacífica y alejar la violencia”, dijo Saab. 

El titular del Ministerio Público aseveró que durante la gestión de la comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente se han concretado 222 liberaciones desde el año 2017.

La Organización No Gubernamental, Foro Penal informó que hasta las 2:00 de la tarde del 17 de octubre se ha podido confirmar la excarcelación de 12 presos políticos. 

 

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A través de Twitter el director de la ONG Alfredo Romero, precisó que entre las últimas personas que han sido excarceladas son: Yonathan Medina, Eugenio Escalona, Adriana Milena Delgado, Yorman Ortiz, Heber Ramírez, Andrea Rivas, Thais Valera y Eva Lugo.

Más temprano se confirmó la excarcelación de Pedro Jaimes, Carlos Pérez y Elías Rodríguez Jaimes, administrador de la cuenta de twitter @Aeremeteo, quien fue apresado en mayo de 2018 acusado de revelar secretos políticos y espionaje informático por compartir información pública sobre la ruta del avión presidencial.

El profesor Carlos Pérez, militante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), fue detenido en marzo pasado por funcionarios del Sebin, 14 meses después de haber salido en libertad condicional tras permanecer tres años detenido sin que se le siguiera juicio alguno.

Por su parte, Elías Rodríguez, militante del partido Voluntad Popular, fue detenido en enero de 2019 por llevar en su vehículo panfletos  repartidos por esa tolda política en 2018. Joel García, abogado defensor del diputado Juan Requesens, ratificó que serán liberados con medidas cautelares los presos políticos que ya tenían boleta de excarcelación.

 

 

*Con información de TC

#MonitordeVíctimas | A puñaladas mataron a mototaxista en mercado de Coche
De seis tiros asesinaron a albañil en la Cortada del Guayabo

 

DE SEIS PUÑALADAS asesinaron el pasado 1 de octubre a Frank Alexander Madriz Escalante de 38 años en las instalaciones del mercado de Coche.

Así lo manifestó su pareja Yulymar García este miércoles 2 de octubre en la morgue de Bello Monte.

García presume que podría haberse tratado de un robo porque la motocicleta que poseía Madriz no aparece.  La víctima se desempeñaba como mototaxista en las afueras del mercado.

Aseguró que el asesinato de su pareja se produjo cerca del mediodía dentro del mercado y que no fue sino hasta las seis de la tarde del martes 1 de octubre cuando le avisaron que el cadáver ya estaba en la morgue de Bello Monte.

Madriz vivía con su pareja en Catia y deja huérfanos a dos niños de 11 y 9 años.

 
Lo mataron por defender propiedad de su hermano

Pedro Enrique Monasterios estaba en su casa de la Cortada del Guayabo en el municipio Los Salias del estado  Miranda cuando se percató que estaban robando en el hogar de su hermano, ubicado a escasos metros. Salió a encarar a los delincuentes con un machete y recibió seis disparos que le quitaron la vida de forma inmediata según relataron familiares.

Víctor Manuel Monasterios, hermano de la víctima dijo que Pedro Enrique trató de resguardar su hogar de unos azotes de barrio que se dedican a robar casas. “Presumimos quienes son y ya pusimos la denuncia, en la barrio los tienen identificados”, dijo.

Pedro Enrique de 50 años era albañil y el menor de cinco hermanos. Tenía tres hijos, una hembra y dos varones.

 

Comisionado de Guaidó plantea crear ley que proteja a las víctimas de violaciones de DD HH

HUMBERTO PRADO, COMISIONADO PARA la Defensa de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas informó este miércoles las líneas de acción que llevará a cabo su despacho para garantizar el respeto a los DD. HH. y la protección a las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. 

Prado, quien es el comisionado de Juan Guaidó afirmó que la medida garantizará el acompañamiento y el tratamiento psicológico de las víctimas. También que los perjudicados contarán en todo momento con compresión, respeto y recibirán la atención con garantías para que estas situaciones irregulares no se repitan nuevamente.

El comisionado habló de una organización plural que abordará la complejidad de los casos de torturas, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales.

“Hay que documentar para que la víctima vea que de verdad la están atendiendo. En nuestro país debe existir una respuesta inmediata y conforme a cada una de las partes”, agregó.

Sobre los ataques que han sufrido los venezolanos en Perú, Humberto Prado pidió a los defensores del pueblo de la región impulsar una política para evitar la xenofobia. 

«Creo que los defensores deben impulsar una política de educación al país para que al venezolano lo vean como un hermano que huye por la situación del país», dijo.

 

 

*Con información de EN Y NTN24

#MonitorDeVíctimas | FAES asesinaron a 39 personas en Caracas tras petición de Bachelet de su disolución

EN DOS MESES LAS FUERZAS de Acciones Especiales (FAES) asesinaron a 39 personas, solo en Caracas. Esto pese a la petición de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), de la disolución de este cuerpo en su tercer informe del 5 de julio.

Según cifras del Monitor de Víctimas —un proyecto de data periodística— en julio el cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mató a 11 personas y en agosto a 28.

Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a testigos y familiares de las víctimas que en su mayoría son mujeres”, dijo Bachelet durante la presentación de su cuarto informe el 9 de septiembre. 

En el informe del mes de julio de 2019 el Acnudh pidió al gobierno de Nicolás Maduro que disuelva las FAES y que “establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”.

Maduro no acató esta recomendación y, al contrario, reiteró su apoyo a las FAES el 17 de julio, durante la graduación de estudiantes de la Universidad Experimental Nacional de la Seguridad (UNES).

“Todo el apoyo logístico, físico. Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela. Que viva el FAES”, dijo. 

 

 

Incluso, un día después de la presentación del tercer informe del Acnudh, el cuerpo élite señalado de masacres y ejecuciones extrajudiciales participó en el desfile militar del 5 de julio. 

Acnudh entrevistó a los familiares de 20 víctimas asesinadas por las FAES, entre junio de 2018 y abril de 2019. Todos describieron un modus operandi semejante: llegan en camionetas negras sin placa y bloquean los accesos a la zona. Visten de negro, sin identificación personal, y cubren sus rostros con pasamontañas. 

También señalaron que portaban armas largas y que irrumpieron en sus hogares, robaron algunos objetos de valor y además agredieron a mujeres. Casi todas las víctimas tienen tiros en el tórax. 

 

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Responsables de 574 asesinatos desde 2017

 

De acuerdo con el Monitor de Víctimas desde 2017 hasta agosto de 2019 las FAES son, presuntamente, responsables de 574 muertes en Caracas. 

Este cuerpo táctico de la PNB fue presentado oficialmente por Nicolás Maduro el 14 de julio de 2017, para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Alexis Escalona Marrero, exviceministro de Seguridad Ciudadana, hizo la presentación pública, con Néstor Reverol a la cabeza del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Provea señala, en un informe especial, que el promedio de víctimas es de cinco a nueve personas por operativo en zonas populares. En 2018 la ONG contabilizó 205 personas asesinadas, en su mayoría hombres (97,56 %) entre los 12 y 49 años, y en pobreza de ingresos. 

Además han participado en masacres como la de El Junquito, el 15 de enero de 2018, donde asesinaron al funcionario Óscar Pérez con seis miembros de su equipo que adversaba a Maduro. También en la ocurrida en Fuerte Tiuna, el 8 de septiembre de 2018 y en la de la Torre Viasa, el 12 de noviembre de 2018.

 

Impunidad del Estado

 

El 9 de septiembre la alta comisionada Bachelet aseguró que no han recibido información sobre medidas para prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales y proteger a los familiares de las víctimas. 

En su informe especial acerca de las FAES, Provea indicó que se desconoce el resultado de procedimientos o investigaciones vinculadas a las denuncias que se generan tras la actuación de los funcionarios.

De acuerdo con Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 87 funcionarios de las FAES estaban bajo investigación en julio de 2018, por su participación en presuntos hechos delictivos. 

Sin embargo, no aclaró si se trataba de averiguaciones relacionadas con la comisión de delitos comunes o contra los Derechos Humanos. 

“Al día de hoy, se desconoce el resultado de estos procedimientos y no se tiene conocimiento de alguna otra investigación debido a la actuación de las FAES”, señala Provea. 

En noviembre de 2017 la fiscal en exilio Luisa Ortega Díaz dijo que según la data del Ministerio Público, 8291 personas fueron asesinadas por funcionarios de la fuerza pública, entre enero de 2015 y junio de 2017.

Los señalamientos los hizo ante la Corte Penal Internacional. Aseguró que en 2015 registraron 1777 víctimas a manos de militares y policías, en 2016 ascendió a 4667 y hasta junio de 2017 documentaron 1847. 

Venezuela es el país de América Latina donde los policías matan más
Durante 2017, 4.998 personas murieron a manos de miembros de cuerpos de seguridad del Estado en el país, el 25,8% de los homicidios cometidos en general, según la investigación Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela
El estudio recogió cifras e historias emanadas de Monitor de Víctimas y Runrun.es 

 

@franzambranor

 

UN ESTUDIO COMPARATIVO DE BRASIL, Colombia, El Salvador, México y Venezuela realizado por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina arrojó que más de un cuarto de los homicidios ocurridos en 2017 en Venezuela se produjeron debido a la intervención de los agentes de seguridad del Estado.

La investigación elaborada por profesionales de la Universidad Central de Venezuela, el Laboratorio de Análisis de Violencia de Brasil, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y la Fundación Ideas para la Paz de Colombia – entre quienes destacan el investigador Ignacio Cano y la experta en derecho, Catalina Pérez Correa González – evidenció que según cifras oficiales, en Venezuela durante 2017 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado un promedio 14 personas diarias. 

Las cifras de 2017 indican que uno de cada cuatro homicidios ocurridos en Venezuela fue consecuencia de la intervención de funcionarios del gobierno.

En 2017 se produjeron 19.387 homicidios en Venezuela, de los cuales se informó oficialmente que 4.998 fueron ocasionados por la fuerza pública. Esto quiere decir que un 25,8% de los homicidios ocurridos fueron por intervención estatal. En 2010, el porcentaje era apenas de 4.

El porcentaje de 25,8 en 2017 es  superior al de Brasil de 7,3, a pesar de contar con una población casi siete veces menor. 

Con base a datos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), se concluye que la tasa de civiles muertos por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado fue de 15,9 por cada 100.000 mil habitantes, la mayor de los cinco países evaluados: El Salvador (6,18), Brasil (2,3), Colombia (0,3) y México (0,3).

“Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador y México destacan por la militarización de sus policías, por una lógica bélica que impregna la seguridad ciudadana”, indicó Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela y coautor del Monitor del Uso de Fuerza Letal.

Pese a que en Latinoamérica existen gobiernos con ideologías distintas, la represión está unida por un mismo hilo conductor. “Vemos en todos discursos oficiales que promueven este tipo de prácticas como una solución, las justificaciones de las muertes posteriores y la impunidad total”, dijo Ávila.

En Venezuela, el aumento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado se acelera a partir del año 2013 y presenta grandes saltos en 2015 y 2016, lo que coincide con la implementación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en julio de 2015. 

En 2010, la tasa por cada 100.000 habitantes de casos de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública era de 2,3, y en 2016 llegó a 19, es decir un incremento de 726%. El 60% de estas muertes ha ocurrido durante los últimos dos años de acuerdo a datos del MRIJP.

Runrunes y Monitor de Víctimas: referencia

El estudio realizado por el Monitor de Uso de la Fuerza Letal se concentra en el año 2017. Se emplearon fuentes oficiales provenientes de la misma policía y en los casos donde no hubo acceso a la información se usaron reportes de prensa, que incluyeron a medios digitales como Runrun.es.

Además se usaron datos de la ONG Provea y de Monitor de Víctimas -una plataforma periodística de recolección de datos de homicidios en Caracas-, que aportó 165 casos, (41%) de los asesinatos que ocurrieron en el área metropolitana de Caracas en 2017.

En total la base de datos realizada con información de prensa sumó 1.516 víctimas, que representan 30,33% de la cifra oficial de muertes en manos de la fuerza pública durante 2017, la cual fue de 4.998. 

De éstos 1.516 fallecidos, 1.497 (99%) fueron por armas de fuego accionadas por agentes durante la prestación del servicio.

77,34% de las 1.516 muertos fueron identificados de la siguiente manera: con apellido y nombre (68,7%), sólo nombre (0,46%), sólo apellido (0,13%), sólo apodo (8,05%). 

El perfil de la víctima es el siguiente: El 99% fueron hombres de una edad promedio 25 años. El 65% de las víctimas tenían entre 18 y 27 años de edad, un 7,4% no había cumplido los 18 años.

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), policías estatales, municipales y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportaron aproximadamente la misma cantidad de víctimas (entre 18% y 20%).

65% de estos funcionarios no se encontraban en actos de servicio, 60% no estaba uniformado y 55% no estaba identificado como agente de seguridad del Estado. Apenas 12% de los casos sucedieron en el contexto de un enfrentamiento real. 

El CICPC no se encuentra entre los primeros lugares con mayor cantidad de funcionarios víctimas de homicidio (14%). 

En su último informe anual sobre el año 2017, Provea denunció un incremento de las violaciones al derecho a la vida de un 17,8%. Las violaciones del derecho a la integridad personal se incrementaron en un 411%.

“El año 2017 fue muy sui generis, el tema de las protestas hizo que la violencia institucional se trasladara de los barrios donde se hacen operativos policiales letales a control de manifestaciones, así como a detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y excesos policiales”, dijo Keymer Ávila.

La opacidad como norma

El Estado separa los homicidios de los casos tipificados como resistencia a la autoridad -que son aquellos cometidos por agentes de la fuerza pública- en sus registros. “Nosotros excluimos o separamos de los delitos de homicidio lo que llamamos la resistencia a la autoridad, porque la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su clasificación internacional, excluye la muerte por intervención legal, que significa muerte de un delincuente por agentes de seguridad”, manifestó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol en una rueda de prensa ofrecida en diciembre de 2017.

Sin embargo, esto contradice los criterios que utiliza el propio MRIJP para recopilar sus datos de criminalidad, pues -aunque están separados- dentro de los nueve delitos que registra este despacho en sus estadísticas nacionales se incluye la resistencia a la autoridad. Es decir ellos mismos lo consideran un delito.

“Algo con que nos encontramos en esta investigación es la dificultad para conseguir información oficial y cuando la hallábamos no sabíamos si era fiable y de calidad”, dijo Keymer Ávila.

Más muertos que heridos 

Los indicadores intentan medir en qué grado se presentan patrones de uso excesivo de la fuerza letal.

Es posible que la fuerza letal haya sido elevada en respuesta a un ambiente violento.

Se espera un mayor número de víctimas fatales entre los que se enfrentan a los agentes de la ley por diversas razones: los policías suelen actuar en grupo, están entrenados y usan chaleco antibalas. 

Por otra parte, la existencia de armas de fuego entre los civiles es un factor para justificar el uso de la fuerza.

Entre los resultados de la investigación se tiene que por cada civil herido fallecen otros 16. A juicio de los investigadores esta cifra es preocupante porque aún en contextos bélicos lo que se espera es que el número de muertos no sobrepase al número de heridos.

“En los conflictos bélicos se espera que el número de heridos sea mayor al de fallecidos y por ende en situaciones de seguridad ciudadana no se debe esperar lo contrario. Paradójicamente encontramos en nuestros países que la cifra de muertos es superior al de heridos y esto es el principal indicativo de masacres”, dijo Ávila.

En 2017, el promedio de víctimas por intervención policial fue de 1,5 víctimas por caso.

Por otra parte, al analizar la relación entre muertos y heridos civiles con los ataques mortales que sufren los funcionarios, se constata una gran asimetría entre ambos: por cada funcionario fallecido pueden morir 26 civiles; por cada civil herido mueren 16 civiles y en contraste, por cada funcionario herido, fallecen tres funcionarios.

La investigación cierra con una serie de recomendaciones entre las que se encuentran: el cese de operativos policiales militarizados, suspender a cualquier funcionario sospechoso de participar en violaciones de derechos humanos, proteger a víctimas del uso de la fuerza letal, prohibir la práctica de detenciones arbitrarias y desmilitarizar la seguridad ciudadana.

“Si el Estado no condena este tipo de actuaciones las promueve. Peca por acción y omisión”. dijo Ávila.

La presentación del Monitor del Uso de la Fuerza Letal se llevó a cabo este jueves 29 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.

“La idea es que esta sea la piedra fundacional de algo que debe crecer. Esperamos continuar con esta iniciativa que exista mayor apoyo institucional y que se sumen nuevos países”, dijo Ávila.

Según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho a la vida es inviolable y el Estado “está obligado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”.

#MonitorDeVíctimas | Asesinaron a carpintero por defender a su hija durante un robo

FRANCISCO ANTONIO REQUENA Videl conducía su moto para buscar a su hija, cuando vio que un hombre intentaba robarla en la calle El Pozo de Parque Caiza. Aceleró el paso y enfrentó al joven en pleno robo, pero en el forcejeo el delincuente lo apuñaló en el pecho. 

Francisco se desplomó herido en su moto. Minutos después unos funcionarios de la Policía del estado Miranda, que se encontraban en una alcabala móvil a varios metros, ayudaron a la joven a socorrer a su papá y lo llevaron hasta el hospital Pérez de León II, donde murió. 

“A su hija le había pedido el celular y su cartera con sus cosas. Era un chamito con un cuchillo, que estaba solo y a pie”, comentó un pariente.

La víctima, de 50 años, se encontraba en un cumpleaños con su esposa y su hija de 26 años, el domingo 25 de agosto. En vista de que el transporte público es bastante escaso en la zona donde viven primero llevó a su esposa, a bordo de su moto, y se regresó a buscar a la joven alrededor de las 6:00 p.m. 

“Ahí prácticamente debes tener carro o moto, porque el transporte público va cuando le da la gana, nunca hay. Las calles son demasiado solas y por eso hay tantos robos, siempre denunciamos la inseguridad pero ninguna autoridad nos presta atención”, agregó. 

Francisco tenía cuatro hijos y tres nietos. Trabajaba como carpintero desde hace muchos años en el sector El Limoncito, de la vía de Filas de Mariche; con sus labores era el sustento de la familia. Vivía en la calle Cumbre de Paz, del parcelamiento Fondo Agrario Maturín, en Parque Caiza, con su familia. 

El delincuente huyó a pie y no robó nada. Era un hombre joven, que aparentemente no es de la zona, ya que no le resulta conocido a los parientes de la víctima. 

“Así estamos viviendo la situación en el país, ahorita todo está así. ¿Qué más podemos decir?”, indicaron sus familiares, desde la morgue de Bello Monte, apunto de retirar el cuerpo para trasladarlo a la funeraria. 

 

#MonitorDeVíctimas | Familiares denunciaron que las FAES ajustició a joven en La Vega
Reinaldo Lastra, de 25 años, fue golpeado y baleado en el sector El Encanto por funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales. En otro hecho, hallaron el cadáver apuñalado de Jaime Ramos dentro de su casa, en Las Casitas

 

A REINALDO JONATHAN LASTRA, de 25 años, lo llevaron muerto hasta el hospital Pérez Carreño. Tras una golpiza le dispararon en el pecho, después de que lo detuvieran presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). 

El joven regresaba del hospital Militar, la medianoche del domingo 25 de agosto, pues estuvo de visita con un amigo quien tiene a un familiar enfermo. De regreso a La Vega, en el sector El Encanto, lo abordaron efectivos de las FAES y los bajaron del vehículo en el cual se movilizaban. 

Al acompañante de Reinaldo le ordenaron que corriera y a él lo mataron. Los parientes de la víctima aseguraron que no tenía antecedentes penales ni estaba en malos pasos.

Dejó huérfanos a dos hijos, de madres distintas. Su actual pareja, con quien vivía en el sector Las Torres, en La Vega, tiene ocho meses de embarazo. Trabajaba en una panadería en Sabana Grande. 

Sin embargo, la versión policial asegura que —presuntamente— Reinaldo estaba implicado en el secuestro de un funcionario de las FAES en La Vega, quien fue rescatado por sus compañeros. Según, un “garitero” observó a la comisión y les disparó, mientras corría por los callejones. El resto de los involucrados huyó y el efectivo fue rescatado. 

Asesinaron a puñaladas a vigilante

A las 6:00 p. m. del viernes 23 de agosto, la madre de Jaime Ramos Mota, de 49 años, localizó su cadáver dentro de su casa, ubicada en el sector Las Casitas de La Vega. Presentó nueve heridas por arma blanca. 

Extraoficialmente se conoció que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) interroga a miembros del núcleo de la víctima, pues se sospecha de dos de ellos. 

Jaime era vigilante en una empresa ubicada en Chuao, desde hace ocho años.