violencia policial en Venezuela

El informe Monitor de Víctimas 2021 reseñó que los cuerpos de seguridad del Estado son otra vez los principales responsables de los homicidios en Lara y Caracas.

En estos lugares se les  atribuye la responsabilidad en 46 % y 34 % de los casos, reseñó el informe «Fuego Cruzado:  grupos armados estatales y no estatales comparten la violencia homicida».

La mayoría de estos homicidios, detalla el reporte, corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales.

🌐🔗 En este enlace https://t.co/ZCBKDJb2UC puedes revisar el contenido completo del #InformeMDV2021 #FuegoCruzado

— MonitorDeVíctimas (@MonitorVictimas) June 1, 2022

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Repunte de homicidios en Caracas

El informe de Monitor de Víctimas concluyó que, en la ciudad capital, dos incidentes marcaron un  «repunte significativo en los homicidios: la masacre de La Vega (enero de 2021) y la intervención policial en la Cota 905 (julio de 2021)».

«Ambos hechos fueron protagonizados por las fuerzas de seguridad. Familiares de las víctimas y habitantes de las comunidades denunciaron ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales», se lee en el documento.

El equipo de Monitor de Víctimas logró establecer la identidad de unas 15 personas que murieron en La Vega a manos de los cuerpos de seguridad.

Este procedimiento supuestamente tenía la intención de evitar la expansión de la megabanda de “el Koki”, grupo armado que controla desde 2014, por lo menos, 4 parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Valle, Coche y El Paraíso. 

Mientras que el operativo de julio de 2021 en la Cota 905, en el que buscaba capturar a los  miembros de la megabanda de “el Koki” y que se prolongó por tres días, se contabilizaron 37 personas muertas. 

Precisan en el Informe Monitor de Víctimas 2021 que este operativo se desarrolló tras la  «ruptura de un supuesto pacto que tenían con funcionarios del gobierno desde 2017 para reducir los secuestros y controlar la criminalidad en los territorios bajo su control».

En Caracas se reportaron 544 homicidios en 2021. Enero, mayo y julio fueron los meses con mayor número de víctimas.

Aunque los homicidios, en general, se redujeron en 9,2 %, en los casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales no hubo disminución con respecto a 2020. 

Además, 335 niños quedaron huérfanos debido a la muerte de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas. 

Como dato relevante, llama la atención en este informe que el Cicpc desplazó a las FAES como el cuerpo policial que más mata en la capital.

Cuerpos de seguridad, principales victimarios en Lara

El 2021, Lara cerró en el estado con 166 homicidios, 77 a manos de funcionarios de seguridad.

El 46,3% de los casos de homicidios de la entidad son cometidos por la fuerza pública, aunque el número de homicidios a manos de estos se redujo 16%.

Más de 70 niños quedaron huérfanos por la violencia homicida, 32 menores de edad de los cuales perdieron a sus padres a manos de la fuerza pública. Las FAES figuraron como principal victimario en el informe. 

El accionar policial  en la entidad  estuvo principalmente orientado a la persecución de la banda de “Santanita”. 

Un dato que llamó la atención en el informe fue que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) figuró entre los dos primeros cuerpos de seguridad con más casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales, tanto en la entidad como en Caracas.

Consulte en este enlace el informe completo: Fuego Cruzado en Venezuela

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El video se viralizó el fin de semana del 19 de febrero en las redes sociales

En el material se observa cómo Orlando Alberto Moreno, supervisor jefe de la Policía de Maneiro, golpea en el rostro y deja inconsciente a una mujer

Será procesado por los delitos de trato cruel y violencia física agravada

El fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de de un funcionario de la Policía de Maneiro en Nueva Esparta, por golpear y dejar inconsciente a una mujer durante un entrenamiento policial.

El funcionario fue identificado como Orlando Alberto Moreno, quien se desempeñaba como supervisor jefe del cuerpo policial.

#DETENIDO Funcionario de la Policía Municipal de MANEIRO Supervisor/Jefe Ferrer Moreno Orlando Alberto para ser #IMPUTADO por el Ministerio Público @MinpublicoVEN por los #Delitos de Trato Cruel y Violencia Física Agravada #DDHH pic.twitter.com/Q3BQX1vEqv

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 21, 2022

En un video difundido en redes sociales, se observa el momento en el que  Ferrer Moreno golpea fuertemente en el rostro a la mujer, quien cae tendida en el suelo tras la acción violenta.

El hombre fue detenido por los delitos de trato cruel y violencia agravada. Se comisionaron el fiscal 12 de Derechos Humanos y la fiscal 13 en defensa para la mujer en Nueva Esparta. 

#DESIGNADOS Fiscal 12 de Derechos Humanos y Fiscal 13 de defensa para la #mujer en Nueva Esparta para #investigar y #sancionar los Delitos de Trato Cruel y Violencia Física Agravada: hechos según #denunciantes por un funcionario de la Policía de Mariño pic.twitter.com/SgRt44dKJf

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 21, 2022

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A Giordi Padilla Castro lo asesinaron 21 días después que a su hermano José Antonio. Según su familia también fue el Cicpc.

Su tía Daisy Yánez dijo que los funcionarios policiales ingresaron a su residencia en el barrio Las Mayas antes de las 7 de la mañana. Desalojaron a su pareja y a una de sus hijas y le propinaron un tiro en el pecho.

Giordi de 28 años dejó tres hijos huérfanos. Se dedicaba a vender frutas en el mercado de Coche.

Familiares sostuvieron que tanto Giordi como su hermano José Antonio habían estado privados de libertad. En el caso de este primero estaba bajo régimen de presentación y a juicio de sus deudos estaba dedicado a su trabajo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, informó el pasado 19 de octubre que José Antonio Padilla Castro, apodado “Diente Bulla” de 33 años fue muerto luego de enfrentarse a funcionarios del Eje Central de Homicidios en el sector Puerta Caracas de La Pastora.

De acuerdo a Rico, José Antonio presentaba cargos de homicidio y 11 registros policiales.

@franzambranor

carlosdhoy@gmail.com

LA JUSTICIA NO HA LLEGADO para las familias de las 69 víctimas que dejó la masacre de Policarabobo ocurrida a finales de marzo de este año.

El incendio que se desató en los calabozos de la comandancia de la Policía del estado Carabobo ubicada en la avenida Navas Spinola de Valencia cobró la vida de 69 personas, 67 presos y dos mujeres que pernoctaban en el centro de detención.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en la presentación del informe sobre el aso aaseguró que el poder judicial ha actuado con lentitud en el caso, al extremo que en siete meses transcurridos desde la masacre, aun no se ha realizado la primera audiencia preliminar.

“El juicio ha sido diferido en cinco oportunidades. Hay una frase que dice: justicia tardía no es justicia, en este caso vemos que la justicia está paralizada. A la fecha hay hay cinco funcionarios policiales imputados, quienes se encuentran detenidos en sus comandos, pero en realidad desconocemos si se encuentran en liberad o no, ya que son muy flexibles las condiciones de detención para los propios funcionarios en esos comandos”.

Agregó que aun no ha sido imputado un sexto funcionario del Cicpc, a quien identificó como José Aldana, quien es señalado por los testigos como uno de los que habría disparado contra los presos.

Prado aprovechó para rectificar la cifra que maneja el Ministerio Público sobre las víctimas en ese hecho, “ellos manejan 68 fallecidos, pero días después murió uno de los quemados, con lo que la cifra final, hasta ahora es de 69 muertos”.

Además denunció que los informes forenses no reflejan la causa real de la muerte de las víctimas, en el caso de José Manuel Pérez, el informe indica muerte por asfixia mecánica, sin embargo la madre de la víctima dice que el cuerpo presentaba tres impactos de bala, uno en la cara, dos en el abdomen y varios perdigonazos en el área de los genitales, «cuando le reclamé a la médico que firmaba que eso no era lo que ella había visto, la respuesta que recibió fue que ella no era la forense. Por lo que Prado indicó que es necesaria la exhumacion de los cuerpos y que se realice una segunda autopsia, que aclarará los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2018

Lacava y Varela responsables

Prado además apuntó sus señalamientos sobre la falta de acusaciones judiciales contra el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y contra la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, a quienes señaló de ser responsables por acción y por omisión en la muerte de las 69 personas.

“Los representantes del estado son responsables por acción y por omisión en el caso, ya que por una parte el mandatario regional tenía bajo su custodia a los detenidos y permitió que ocurrieran todas las irregularidades que desencadenaron en esa tragedia, mientras que la ministra no puede escudarse en una supuesta falta de competencias, cuando se determinó que en varias cárceles habían cupos para trasladar a muchos de los presos y no se hizo”.

Criticó la tardía reacción de la titular de prisiones, quien emitió una opinión, salvando su responsabilidad, cinco días después de haber ocurrido la tragedia.

Una masacre por un aire acondicionado

En el transcurso de la investigación realizada por el OVP, se determinó que lo que inicialmente fue presentado por las autoridades, como un motín provocado por los presos, fue en realidad una masacre organizada por funcionarios policiales en retaliación por la negativa de los presos a una requisa y por el cobro de un aire acondicionado que los funcionarios habían permitido que instalaran y que no habían cobrado por su acceso.

“Los presos tenían razones para pensar que se iba a producir una requisa, días antes había sido asesinado un recluso y habían rumores que decían que los policias querían aumentar las tarifas que cobraban por cualquier “beneficio” que tenían como visitas, comida, fiestas, ropa, colchonetas”.

El asunto es que cada vez que hacían esas revisiones, los policías destrozaban todas las propiedades de los reos, colchonetas, ventiladores, ropa, televisores, todo era destruido, por eso se opusieron a la revisión ese día, lo que generó una corto enfrentamiento. Pero al final los detenidos cedieron y pidieron que le permitieran salir a la “visita”, cuando ellas se retiraban los policías dispararon y mataron a la primera víctima de esos hechos, una mujer embarazada, a partir de allí se desató el infierno, los presos colocaron colchonetas en las rejas para impedir que los perdigones pasaran y los policías, que le colocaron candados a las rejas, rociaron con gasolina las colchonetas y entre las bombas lacrimógenas y otras cosas se desató el incendio, luego siguieron echando gasolina que encendían con sopletes y disparando no con perdigones, sino con balas”.

En medio del caos algunos pudieron correr y refugiarse en un baño, muchos no lo lograron, murieron quemados y heridos por las balas”.

Amenazas a familiares de las víctimas

Los familiares de las víctimas rindieron testimonio de la situación por la que han atravesado desde el día de la muerte de sus esposos, hijos y hermanos.

Además denunciaron que han sido amendrentados y amenzados por funcionarios de la Policía del estado Carabobo.

Cecilia Guerrero madre de uno de las víctimas de la masacre denunció que fue seguida por un funcionario encapuchado quien la conminó a mantenerse «calladita como en la cédula» porque le podía pasar algo.

María Rincones, madre de José Manuel Pérez Rincones, agregó, que hace un par de meses cuando salía de su casa, un funcionario policial efectuó un disparo hacia ella, le dijo que era una advertencia por estar sapeando a sus compañeros.