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TSJ designa a Leonardo Morales como rector del CNE
Morales sustituye a Rafael Simón Jiménez quien presentó su renuncia al Poder Electoral

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) oficializó la mañana del viernes, 7 de agosto, la designación de Leonardo Morales como rector y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mediante la sentencia N° 83 de la Sala Constitucional, también se nombró a Morales como presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. La decisión ocurre un día después de que Rafael Simón Jiménez presentara su renuncia al CNE. 

Rafael Jiménez declaró a TalCual, el jueves 6 de agosto, que la razón de su renuncia era que sus opiniones “tan claras” le creaban un problema. “El CNE era una camisa de fuerza”, añadió.

“Desde el primer día se fueron creando situaciones polémicas (producto de sus opiniones públicas). En el CNE nunca ha habido un rector que asumiera temas políticos con posiciones claras, sino que todos mantenían una posición ecuánime y de no opinar. Y yo no puedo. Yo opto por lo que yo soy”, dijo.

Rafael Simón Jiménez fue nombrado como rector principal el pasado 12 de junio, por parte del TSJ. 

Sumando irregularidades

El periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez explicó que en “condiciones normales” Juan Carlos Delpino debería cubrir la vacante de Rafael Simón Jiménez por ser el primer suplente. 

Sin embargo señaló que al tratarse de una designación hecha por el TSJ, le tocaría decidir sobre las sustituciones de las vacantes absolutas. 

Además el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) establece que cada integrante del directorio del CNE tendrá dos suplentes. “Las o los suplentes cubrirán las faltas temporales o absolutas de las rectoras o rectores electorales correspondientes”. 

Leonardo Morales es politólogo y actualmente es militante y miembro de la dirección nacional del partido Avanzada Progresista. Su nombramiento habría sido parte de un acuerdo en la mesa nacional de diálogo. 

Por lo cual su nombramiento también viola el artículo 9 de la LOPE que establece, como uno de los requisitos para ser elegido como rector del CNE, no tener vinculaciones a organizaciones con fines políticos. 

Rafael Simón Jiménez renuncia al CNE
Jiménez aseguró que por sus opiniones el cargo “era una camisa de fuerza”

Dos meses después de su nombramiento, Rafael Simón Jiménez renunció a su cargo como vicepresidente en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En declaraciones a TalCual, Jiménez señaló que presentará su carta formal ante el Tribunal Supremo de Justicia, para dejar su cargo como rector principal del organismo.

“La razón fundamental es que sentí que la polarización y la situación del país chocaba con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exige”, dijo en conversación telefónica.

Jiménez agregó que, desde ese punto de vista, «el CNE era una camisa de fuerza».

El ahora exrector afirmó que sus posturas no le trajeron problemas en el directorio del CNE. “Lo dije en una entrevista antes, que yo con esas señoras (las rectoras de tendencia oficialista) he tenido la mejor relación. El tema está en los centros de poder”.

“Desde el primer día se fueron creando situaciones polémicas (producto de sus opiniones públicas). En el CNE nunca ha habido un rector que asumiera temas políticos con posiciones claras, sino que todos mantenían una posición ecuánime y de no opinar. Y yo no puedo. Yo opto por lo que yo soy”, puntualizó.

El TSJ decidirá

El primer suplente de Rafael Simón Jiménez es Juan Carlos Delpino, quien actualmente es rector suplente de la Comisión de Registro Civil y Electoral. El segundo suplente es Luis Fuenmayor Toro. 

Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, explicó que al tratarse de una designación hecha por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ahora le tocará decidir las sustituciones de las vacantes absolutas y los cargos que debe reemplazarse. 

“En condiciones normales debería Delpino ser rector principal. Los cinco rectores principales deberían sesionar para elegir a un nuevo vicepresidente y decidir quién asume el rol de rector suplente incorporado a la comisión de registro civil y electoral”, agregó.

 

Edgar Zambrano sobre elecciones: No vamos a hacerle comparsa a la dictadura
El diputado recordó que AD, Primero Justicia y Voluntad Popular no cuentan con tarjetas electorales para poder participar

El vicepresidente de Acción Democrática, Edgar Zambrano aseguró que no participarán en las próximas elecciones parlamentarias, “para no hacerle comparsa a la dictadura ni a los traidores”.

“¿Cómo vamos a participar sin nuestra cédula? ¿Cómo traicionar a nuestra militancia, nuestra historia y el legado de nuestros fundadores? No vamos a participar porque no le vamos a hacer la comparsa a la dictadura y menos a los traidores”, enfatizó el también diputado de la Asamblea Nacional, en un acto del partido en Falcón. 

Edgar Zambrano recordó que actualmente ni AD, Primero Justicia y Voluntad Popular cuentan con las tarjetas para poder participar en un proceso electoral. El Tribunal Supremo de Justicia decidió nombrar una junta ad hoc para cada una de esas organizaciones políticas. 

Igualmente el secretario de organización nacional de la tolda blanca, Carlos Prosperi señaló que el partido es más que una tarjeta electoral y unas siglas. “Acción Democrática es un patrimonio de los venezolanos”. 

“Los venezolanos, y los adecos sobre todo, preferimos morir de pie que vivir de rodillas ante una tiranía que le ha traído la desgracia a Venezuela”, expresó Carlos Prosperi, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática, desde Coro, estado Falcón.

El partido fue inhabilitado para participar en elecciones desde 2018, sin embargo el TSJ decidió el pasado 15 de junio, suspender la junta directiva de Acción Democrática y nombrar a Bernabé Gutiérrez, quien era secretario de organización, como presidente del partido.

La sentencia N° 0071-2020, de la Sala Constitucional dictó una medida de reestructuración del partido, dirigido por el diputado Henry Ramos Allup. Además le permitió a la nueva junta ad hoc utilizar la tarjeta electoral, así como sus símbolos, colores y cualquier otro elemento identificador.

Acceso a la Justicia: TSJ golpea descentralización tributaria de los municipios y estados
La Sala Constitucional decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional 

El pasado 7 de julio el máximo intérprete de la Carta Magna propinó otro golpe contra el Estado constitucional de derecho, luego de que en la sentencia n.º 78 ordenara la suspensión por noventa días de las normas tributarias de los municipios y estados.

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó además al vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami, que conformara una mesa técnica con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital «a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán la potestad tributaria, en particular, para armonizar los tipos impositivos y alícuotas de los tributos».

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desaplica la potestad tributaria constitucional de los municipios y estados se produce a partir de un recurso de nulidad, junto con un amparo cautelar presentado en 2019 para impugnar las ordenanzas Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao del Estado Miranda y Reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao, dictadas por el Concejo Municipal del municipio Chacao a través de las cuales efectuaban cobros de tributos y sanciones fijadas al tipo de cambio de referencia que establece diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV).

Acceso a la Justicia considera insólito que después de casi un año desde que la SC admitiera el mencionado recurso de nulidad y ordenara suspender temporalmente  ambas leyes municipales en la sentencia n.º 250 del 8 de agosto de 2019, extendiera por iniciativa propia los efectos de esa suspensión contra todas las normas tributarias de los municipios y estados del país.

Para sustentar la adopción de esta medida suspensiva, la Sala de manera arbitraria decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional (AN), por cuanto hasta la fecha el Parlamento no ha dictado la legislación para coordinar y armonizar las potestades tributarias de las distintas personas político territoriales del país, a que se refiere el ordinal 13 del artículo 156 constitucional.

Violaciones contra los poderes municipal y estadal

Las repetidas y cada vez más frecuentes violaciones al Texto Fundamental venezolano por parte del TSJ ponen aún más en riesgo el ya debilitado Estado federal venezolano tras negar la autonomía tributaria de los municipios y estados, que es la facultad de crear, organizar, recaudar, administrar y controlar tributos.

El Estado federal aparece proclamado en el artículo 4 de la Constitución, y apunta hacia la distribución vertical del poder público, estableciendo niveles políticos territoriales, que en el caso venezolano está estructurado en República-estado-municipio. A su vez, a cada nivel político territorial le corresponde una autonomía política, administrativa, legislativa, financiera y tributaria. Cada autonomía, así mismo, comporta funciones propias que se ejercen con plenitud.

Al respecto, Acceso a la Justicia observa cómo la SC con la sentencia n.º 78 desmanteló aún más al Estado federal contemplado en la Carta Magna, al suspender cautelarmente y de manera injustificada la autonomía que gozan los municipios y los estados federados en el ejercicio de sus funciones, y más concretamente la tributaria, con el ánimo de acrecentar, incluso reforzar, competencias del Poder Ejecutivo, representado en este caso por el vicepresidente sectorial del Área Económica del régimen de Nicolás Maduro Moros, Tareck El Aissami.

Lo anterior queda refrendado aún más luego de que la SC resolviera invadir una vez más la competencia de la AN, destinada a regular el ejercicio de la potestad tributaria de los municipios y estados, a fin de favorecer al gobierno central nacional, y que contraría groseramente a la Constitución al ignorar no solo la descentralización (artículo 4),  principio fundamental que rige al gobierno de la República y de las entidades que la componen, sino también la distribución y división del poder público venezolano, establecida en el artículo 136 de la Constitución.

La decisión judicial n.º 78, sin cumplir con los razonamientos, requisitos y criterios que debe tener una sentencia, desconoció de manera absoluta las normas de la Carta Magna que distribuyen las potestades tributarias entre los distintos entes político territoriales.

Lo más grave es que la sentencia manipuló y alteró la organización federal del Estado, así como la separación y el equilibrio entre los poderes, al invadir, aparte de «transferir» irregularmente una competencia legislativa exclusiva de la AN, destinada a armonizar el ejercicio de las potestades tributarias, a una instancia del Ejecutivo Nacional que es absolutamente ajena a la materia.

Sin duda,la adopción de esta sentencia cautelar pone en riesgo de colapso el debilitado Estado constitucional de derecho, que incluso contradice su propia razón de ser dado que propicia un conflicto entre los poderes municipal, estadal y nacional.

El desconocimiento del Estado federal es una estrategia de vieja data

La práctica centralista con el ánimo de asfixiar a los municipios y estados en el ejercicio de sus competencias y, por ende, desmembrar el Estado federal que proclama la Carta Magna, no es nueva. De hecho, existe una batería de decisiones, gubernamentales, legislativas y jurisprudenciales, que desde hace tiempo propugnan su eliminación; se trata, por cierto, de una política que fue impulsada por el expresidente Hugo Chávez Frías.

La propuesta de reforma constitucional que Chávez Frías presentó en 2007 era un texto que concebía la institucionalización de un Estado centralizado. Sin embargo, tras su rechazo popular mediante referendo celebrado el día 2 de diciembre de ese año, la AN de mayoría oficialista para ese momento emprendió un feroz ataque a los postulados del modelo de Estado desarrollado en la Constitución de 1999, en concreto contra la descentralización político territorial con la aprobación de leyes diseñadas para estructurar el llamado «Estado Popular» o «Estado Comunal».

En 2017,  la creación del  Estado Comunal sería avalada por la SC en la sentencia n.º 355 del 16 de mayo, luego de que resolviera cinco demandas de nulidad que habían  sido presentadas en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, que, pese a declararlas sin lugar aprovechó la ocasión para sostener la constitucionalidad de esa «forma de Estado», no obstante el groserodivorcio con la división político territorial establecida en la Carta Fundamental.

Por otro lado, también destacan diferentes y polémicas decisiones judiciales emanadas del TSJ. En el 2008, la SC en la sentencia n.º 565 del 14 de abril de 2008 declaraba que el Ejecutivo Nacional podía revertir la transferencia de la administración de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos que estaban en manos de las entidades federales, tras interpretar el artículo 164, numeral 10 de la Constitución, cuyo texto establece que es una competencia exclusiva de los estados «la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional».

A partir de esa decisión, la AN, dominada por el chavismo, reformaría al poco tiempo la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (Gaceta Oficial n.º 39140 del 17 de marzo de 2009), en la que faculta expresamente al Ejecutivo Nacional a «revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados»(artículo 8).

En 2009, la Sala Político Administrativa (SPA) en su sentencia N.º 76 del 22 de enero de 2009 declaró respaldar el decreto presidencial número 1.969 de fecha 18 de septiembre de 2002, en el que establecía como zona de seguridad el área circundante a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota. Dicho fallo resultaba de la demanda de nulidad que el 17 de octubre de 2002 había presentado el entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López, contra la mencionada decisión presidencial.

En el fallo citado, el juez administrativo estableció que:

«La autonomía municipal lejos de ser absoluta se encuentra sujeta a las limitaciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley (…)  aun cuando los Municipios, en principio, detentan la potestad de ejercer aquellas materias de su competencia dentro de los límites de su circunscripción territorial, la declaratoria de una determinada área como zona de seguridad, lleva implícita una modificación legal de ese régimen de competencia, el cual se justifica por la tutela de los intereses nacionales involucrados en el resguardo de aquellos espacios geográficos identificados como zonas de seguridad nacional».

A las anteriores irregularidades se suma la amenaza que en 2017 hizo el Ejecutivo nacional con privar de recursos a los estados y municipios que no firmaran un acuerdo de aceptación de la sentencia n.º 814 del 11 de octubre de 2016 a partir de la cual la  SC había establecido que ella aprobaría el presupuesto nacional de 2017 en lugar de la AN, por encontrarse el órgano legislativo en «desacato».

Frente a estos tristes episodios, tampoco puede perderse de vista que en la actualidad existe la amenaza de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) apruebe un nuevo texto constitucional en el que plantea sustituir el Estado federal por un Estado centralizado, luego de que en septiembre de 2018 circulara en algunos medios de comunicación lo que sería el anteproyecto de Constitución, que justifica la creación de un Estado comunal con una concentración absoluta de poder en el Ejecutivo, un cambio radical y sustancial del modelo político venezolano.

Una idea genial, por Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb 

Mi marido, Luis Alejandro Aguilar Pardo, es un hombre brillante. Lo admiro profundamente. En estos días conversábamos sobre qué íbamos a hacer. Sopesábamos posibilidades y estudiábamos los distintos escenarios que tendremos que enfrentar pronto.

El tema medular era si ir a votar o no. Si los partidos de oposición -la mayoría hoy intervenidos por el espurio TSJ- no van a presentarse, tendría que haber una alternativa para los ciudadanos de a pie para expresarnos.

Está meridianamente claro que el régimen quiere paralizarnos, la mejor manera de dominarnos. Encima, tenemos la pandemia, que cada día adquiere mayores dimensiones de tragedia. La mayoría no estamos armados y deseamos salir de esto en paz. Las máquinas de votación, que Roberto Picón Herrera había blindado, se “quemaron” en un conveniente incendio de unos galpones del CNE. Ahora vienen unas máquinas de China, que sabrá Dios qué resultados van a arrojar. Encima, Padrino López asegura en un discurso que “la oposición jamás volverá al poder”.

Como si esto fuera poco, nuevamente el TSJ sale con una de las suyas, designar a un CNE en el que nadie confía. Pareciera entonces que no tenemos salida.

La idea de Luis Alejandro

La jornada del 16 de julio de 2017 fue un éxito rotundo. De una manera clara le mostró al mundo que la inmensa mayoría de los venezolanos no queremos al régimen de Nicolás Maduro. Desde entonces logramos que pusieran la mirada sobre Venezuela, y de ahí han salido el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la república, las sanciones a los altos jerarcas del chavismo y otras acciones que le siguen torciendo el brazo al régimen de Maduro.

Esos países amigos y solidarios no reconocen a Maduro, tampoco al TSJ, ni al nuevo CNE. Por lo tanto, no reconocerán a una “nueva” Asamblea Nacional electa en esas condiciones.

El Derecho romano, sobre el que se basa nuestra legalidad, reconoce la continuidad. En otras palabras, esa continuidad en la medida en que no hay una manera legítima de elegir una nueva asamblea, no sería otra cosa sino que la AN vigente siguiera en sus funciones. Así, Juan Guaidó seguiría siendo presidente encargado, y sus diputados, los verdaderos diputados ante los ojos del mundo civilizado.

Así las cosas, la AN legal y legítima convocaría para el mismo día de las elecciones que convocará el CNE ilegal e ilegítimo, a un referéndum nacional, donde se harían las siguientes preguntas:

1. ¿Está usted de acuerdo en que Nicolás Maduro es un usurpador del poder y por lo tanto debe abandonar el cargo usurpado a la brevedad posible?

2. ¿Está usted de acuerdo en revocar los cargos de todos los oficiales desde coroneles hasta mayores generales?

3. ¿Está usted de acuerdo en que la Asamblea Nacional nombre un nuevo TSJ, CNE y el Poder Moral?

Aunque estemos en cuarentena, la gente saldrá –con todas las previsiones del caso- igual que como salimos el 16J, a demostrarle al mundo con un hecho cívico y pacífico, lo que la mayoría desea: salir de este régimen asesino, narcotraficante, terrorista, corrupto y un largo etcétera de adjetivos.

El mecanismo es simple. Incluso podría hacerse por Internet si se planifica con tiempo y bien. Y tomando en cuenta los chanchullos que los chavistas pueden hacer –y harán- para echarnos para atrás esa jugada maestra. Pero les va a costar, porque lo haríamos el mismo día de sus elecciones. No necesitaremos Plan República, ni centros de votación. No tendrán suficientes colectivos para amedrentar a la gente, porque lo más probable es que la gente ni tenga que salir de sus casas. Nuestros votos irían directamente a la ONU, al Grupo de Lima, a la Unión Europea, los Estados Unidos y todos los demás amigos de Venezuela. Y sus mesas de votación estarían vacías.

Una maniobra así uniría a la desunida oposición y dejaría al régimen desnudo y en condiciones más precarias de las que se encuentra hoy. Además, movilizaría a una población que hoy está pasiva y desesperanzada.

La peor diligencia es la que no se hace. Y ustedes… ¿qué piensan?

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Justicia en cuarentena, por Carlos Nieto Palma

“No se imaginan el sufrimiento de los presos y sus familias por el retardo procesal”. En la imagen, recluso en uno de los atestados calabozos policiales del país. Foto en Voces del Desamparo.

@cnietopalma 

Cuatro meses tiene la justicia venezolana paralizada al día que escribo estas líneas. El Tribunal Supremo de Justicia mediante la Resolución N°005-2020 decidió prorrogar esta suspensión de las actividades judiciales en todo el país hasta el próximo 12 de agosto 2020, lo que ya sumaría 5 meses de paralización por la covid-19. A esto debemos sumarle que el 15 de agosto comienzan las vacaciones judiciales, que finalizan el 16 de septiembre. Serían entonces 6 meses con la justicia en cuarentena.

Cuando comenzaba a escribir esta pequeña opinión, leí un tweet de quien considero uno de los abogados penalistas más brillantes que tenemos en este país, a quien admiro profundamente. Y quien además siempre ha manifestado su preocupación por la lentitud de la justicia venezolana, o lo que todos conocemos como retardo procesal.

Me refiero al reconocido jurista Dr. Alberto Arteaga Sánchez; él escribía: “La justicia penal venezolana siempre ha estado en cuarentena, paralizada y al margen de su verdadero cauce”.

Esto me inspiró a escribir hoy de este tema, aunado a que comparto plenamente estas palabras de este sabio del Derecho.

El tema de la paralización de la justicia afecta a muchas personas. A colegas abogados, a usuarios del sistema de justicia y a quienes me referiré hoy de manera especial: los hombres y mujeres privados de libertad y sus familiares, que es el tema que siempre he trabajado y por el que estoy muy sensibilizado. A pesar de las críticas y comentarios de los que piensan diferente.

No se imaginan los que me leen el sufrimiento que este grupo de personas vive por lo que está ocurriendo con el retardo procesal. Diariamente recibo, o recibimos desde “Una Ventana a la Libertad”, organización que dirijo, llamadas, correos, mensajes por las redes sociales pidiendo ayuda por esta situación.

Lamentablemente es poco lo que podemos hacer, mas allá de denunciar y que el mundo sepa lo que ocurre en el sistema penitenciario venezolano. Pero igual nos da una de impotencia muy grande, porque somos una organización no gubernamental. Y el otorgar libertades, realizar planes para disminuir el retardo procesal, ayudar a hombres y mujeres privados de libertad por las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestras cárceles y centros de detención preventiva es responsabilidad del Estado a través de sus diferentes instituciones.

Sin embargo, ya tenemos claro es un tema que les importa poco o nada esa situación y cundo les importa es para formar parte del show mediático, nada más. Igualmente, siempre hemos demostrado nuestro deseo de apoyar, si nos dejan hacerlo.

Casi para finalizar quiero informar a los que no saben que, en la actualidad, aun y cuando no existen cifras oficiales, tenemos un aproximado de 110.000 personas privadas de libertad, de las cuales al menos un 70% de ellos están procesados. 45.000 de ellas en cárceles tradicionales y 65.000 en centros de detención preventiva, sin condiciones para mantener detenidos por más de 48 horas, pero que se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas.

El retardo procesal en las causas penales es muy grave y la cuarentena por la covid-19 lo aumenta, con consecuencias nefastas para los presos.

Finalizo denunciando de manera directa a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, como única responsable de esta situación. La gran culpable de que los policías se hayan convertido en cuidadores de presos, y no de los ciudadanos, es ella.

Y en algún momento de la vida le tocará responder por eso. No podemos olvidar que los delitos violaciones a los derechos humanos no prescriben. Cuando esto acabe, que estoy seguro acabará pronto, esta señora deberá responder por los delitos que ha cometido ¡no saben cuánto espero por ese momento!

No es venganza, es simple justicia.

*[email protected]

 

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TSJ ordenó pasar a Caracas el juicio contra tupamaro José Pinto
Pinto es señalar de presuntamente ser responsable del asesinato del adolescente George Soto Berroterán

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del chavismo ordenó pasar a Caracas el juicio contra José Pinto, líder del Movimiento Tupamaro en Vargas.

De acuerdo con una nota de prensa, además de Pinto, también trasladaron los casos de José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquett y Jesús Manuel Ibarra.

Los mencionados fueron acusados de la presunta comisión de homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles, agavillamiento, y privación ilegítima de libertad.

La acusación se señaló en la sentencia N° 48-2020 de la Sala de Casación Penal del TSJ, con ponencia de la magistrada Yanina Beatriz Karabín de Díaz.

Sobre el caso

Pinto fue trasladado el 29 de junio de la sede del Cicpc de estado Vargas al sitio de reclusión en Caracas que fijó el tribunal mientras se desarrolle el juicio en su contra.

Según el TSJ, además del líder Tupamaro, los involucrados están señalados de su presunta responsabilidad en la muerte del adolescente George Soto Berroterán.

También, el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, se pronunció y anunció que desde el Ministerio Público (MP) se solicitó orden de aprehensión contra Pinto.

Además de formar parte del Movimiento Tupamaro, Pinto es diputado del Consejo Legislativo de Vargas (CLEV).

Miguel Pizarro: Informe de la ONU revela persecución, hostigamiento y restricciones a los derechos civiles

Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas (ONU) del gobierno interino de Juan Guaidó, se pronunció este miércoles 15 de julio sobre el informe de Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Pizarro aseguró que en el estudio se evidencia la persecución, el hostigamiento y las restricciones a los derechos civiles y políticos, las sentencias del TSJ designando ilegalmente un CNE y los ataques a los partidos políticos en Venezuela. 

“En esta oportunidad, el informe no solo afirma, sino que demuestra la erosión del estado de derecho en Venezuela, la ausencia de independencia judicial, el inexistente acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humano, y la explotación de las riquezas nacionales para el beneficio de la corrupción, las masacres indígenas y el control del sur del país bajo grupos armados y criminales”, señaló el diputado a la AN.

Pizarro afirmó que el ACNUDH recibió información fidedigna en la que se denunciaba que las personas privadas de libertad por la DGCIM fueron sometidas a sesiones que involucraban una o varias formas de tratos crueles, se hacía referencia a palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales.

Sobre el Arco Minero del Orinoco, el diputado dijo que gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera, está controlada por grupos delictivos organizados que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas.

El Grupo de Lima y la Unión Europea expresaron su preocupación por la represión hacia la oposición política, los casos reiterados de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la violación a los derechos económicos y sociales de los venezolanos y rechazaron las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre el Consejo Nacional Electoral. 

 

Miguel Pizarro concluyó la rueda de prensa asegurando que lo mencionado en el informe de ACNUDH es un importante avance: “Hoy no son solo las ONG Nacionales, los defensores de DDHH, ni los familiares de las víctimas quienes detallan lo que ocurre, hoy es el Sistema de Nacional Unidas que evidencia las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y tratos crueles la explotación minera, la masacre de indígenas y la vulneración de mujeres y niños en Venezuela”.