tsj archivos - Runrun

tsj

Los últimos acontecimientos en la AN, por Luis Fuenmayor Toro

En la última reunión de la Asamblea Nacional surgieron dos situaciones que es necesario analizar, como forma de saber “por dónde van los tiros”, como decimos los venezolanos. Hasta ese momento, las fracciones de diputados del gobierno y de Cambiemos, partido dirigido por Timoteo Zambrano, habían venido actuando en función de incorporar en las agendas de las reuniones de la Asamblea, el inicio del proceso para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta estrategia iba orientada a presionar a los diputados de la franquicia opositora a asumir dicho proceso, pues de lo contrario sería declarada una omisión legislativa y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encargaría de dicha designación.

Curiosamente, el punto fue incorporado a la agenda asamblearia por la fracción de Guaidó y no por las fracciones que lo venían manejando. Cabría preguntarse: ¿Acaso las intervenciones de los diputados dialogantes convencieron al extremismo opositor de tomar la política con seriedad? ¿Decidió por fin la franquicia opositora, asumir las negociaciones para cumplir la obligación constitucional de designar un nuevo CNE? Sería iluso si respondiera afirmativamente. Las declaraciones de Guaidó no dejan lugar a dudas de que no es ése el caso, por lo menos por ahora. Pareciera que lo que se quiere es seguir impulsando las líneas fracasadas, mediante el refuerzo de la política de constitución de un gobierno paralelo.

Tendríamos dos presidentes, dos asambleas, dos TSJ, dos fiscales y ahora dos CNE, pues la AN designaría uno con su supuesta mayoría de los dos tercios sin un acuerdo de consenso con el gobierno, que entonces recurriría a dejar el CNE existente o a cambiarlo en el TSJ por uno previamente acordado con la oposición democrática de la mesa nacional de diálogo. Esto último sin duda sería una mejora cualitativa en relación a la situación que hoy existe, pero no sería completamente aceptado por todos los sectores políticos del país ni reconocido por quienes internacionalmente hoy apoyan a Guaidó. De darse una elección de AN en estas condiciones, la abstención se reduciría pero nunca en una proporción imposible de ser negada.

La otra situación sobrevenida fue la reacción de los diputados del PSUV a la propuesta ya explicada de los opositores extremistas. En lugar de apoyar una propuesta similar a la que ellos mismos venían haciendo, se sorprendieron, se confundieron y procedieron a no aceptar participar en la designación del comité de postulaciones y a abandonar el hemiciclo. No sin antes reafirmar que la AN no había salido del desacato y que ellos designarían el nuevo CNE en el TSJ. Esa actitud es contradictoria con su incorporación a la AN y con la conformación de la mesa nacional de diálogo. Es meridianamente claro de esta actitud la existencia de serias contradicciones entre el gobierno de Maduro y el PSUV.   

Aunque las confusiones surgidas y las disputas se pudieron resolver en pocas horas, por lo que el proceso para nombrar un nuevo CNE en la AN continuará con participación de todos, es claro que ambos sectores enfrentados parecen estar convencidos de que no llegarán a un acuerdo de consenso en esta materia o, incluso, de que no desean alcanzar ningún consenso. El gobierno parece desear que se produzca la omisión legislativa de la AN y ya está listo para que sea el TSJ quien haga las designaciones. Los extremistas opositores se alegrarían también de la falta de consenso en la AN y estarían listos para designar un CNE a su imagen y conveniencia.

Sin embargo, que todos acepten que sea la AN el organismo que intente designar al CNE, para lo cual será necesario mucho diálogo y negociaciones, es indiscutiblemente un avance, a pesar de que unos ya estén preparando abortar el posible acuerdo y otros se preparen para cuando esto ocurra. De lo que no debe quedar duda ninguna es que en 2020 toca constitucionalmente elegir a una nueva AN y eso no puede diferirlo nadie. Es cuestión de escoger si se hace con el actual CNE o se hace con un nuevo CNE escogido de consenso por todos.  

Juan Pablo Guanipa es el quinto diputado que se suma a la clandestinidad

Luego del allanamiento a la inmunidad parlamentaria – hecha por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la asamblea nacional constituyente (ANC)- el diputado Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) se suma a la lista de la clandestinidad. 

En este caso sería el quinto diputado que toma la decisión como sus colegas Simón Calzadilla (MPV-Aragua), Carlos Paparoni (PJ-Mérida), Juan Pablo García (Vente-Monagas) y Rafael Guzmán (PJ-Miranda). 

Desde el martes, 29 de octubre, el diputado suplente José Sánchez Mazuco, asumirá la curul como principal y expresó en el Palacio Federal Legislativo, que esto se trata de una persecución política en contra de Guanipa. 

Igualmente señaló que la oposición lo que busca en el país es la paz y la tranquilidad para los venezolanos. “Estamos convocando al diálogo, para que se respeten las instituciones. No es posible que estemos enemistados constantemente”, agregó. 

El pasado martes, 23 de octubre se informó sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guanipa. Aunque para ese momento no se había publicado la sentencia, la ANC decidió seguir las órdenes del TSJ y aprobó allanar el fuero parlamentario. 

El TSJ ordenó el enjuiciamiento de Guanipa por ocho cargos, entre ellos el de Traición a la Patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia civil y al odio. 

Esta situación ya se ha dado con al menos 30 diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo al presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó. Sin embargo el artículo 200 de la Constitución establece que es el Parlamento el único ente que puede proceder con el allanamiento de inmunidad de un diputado.

Ante el temor de ser encarcelados, como es el caso del diputado Juan Requesens del primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano – quien salió de la cárcel a mediados de septiembre con medidas cautelares – los diputados han tomado medidas de seguridad como irse al exilio, protegerse en embajadas en Caracas o mantenerse en la clandestinidad.

A través de la ANC el TSJ ordena allanamiento de inmunidad parlamentaria de Juan Pablo Guanipa
La sentencia del TSJ no se ha publicado a pesar de que la ANC aprobó el allanamiento a la inmunidad
Dirigentes de Primero Justicia ratificaron convocatoria de marcha para este jueves y pide a los zulianos rechazar la decisión de la Constituyente

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió el martes una solicitud a la asamblea nacional constituyente – cuya legitimidad es cuestionada por la oposición y la comunidad internacional – para allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia).

Aun no se ha publicado la sentencia en la página web del TSJ, pero la ANC realizó la sesión en la tarde del martes para apoyar la solicitud, asegurando que el parlamentario cometió “delitos flagrantes” durante las protestas del año 2017 y también a finales de abril de este año, cuando hubo un alzamiento militar en contra del régimen de Nicolás Maduro y lo calificaron de un intento de golpe de Estado.

Esteban Arvelo, constituyente aseguró que “sea la jurisdicción ordinaria quien determine si tiene responsabilidad penal o no la tiene. Acá lo importante es que no hay impunidad, inmunidad no es impunidad”.

Igualmente agregó que en este caso no procede el antejuicio de mérito “porque los delitos fueron cometidos en flagrancia. Una cosa es la aprehensión en flagrancia y otra el delito en flagrancia”.

Sin embargo el artículo 200 de la Constitución establece que el TSJ puede autorizar la detención y el enjuiciamiento de un parlamentario siempre y cuando sea la Asamblea Nacional, la que ordene su allanamiento en primer lugar. 

Marcha por los zulianos

Hace dos semanas el parlamentario convocó a una marcha en Caracas, para este jueves 24 de octubre, en apoyo a los zulianos que padecen hasta varios días sin servicio eléctrico. 

El día de ayer – antes de la aprobación del allanamiento a la inmunidad – Guanipa ratificó la convocatoria informando que será desde el Centro Comercial Millenium, en Los Dos Caminos, hasta la sede de Corpoelec en El Márques.

Este miércoles, los dirigentes del partido Primero Justicia rechazaron la decisión de la ANC y aseguraron que la marcha continúa. En una rueda de prensa – donde no estaba el diputado Juan Pablo Guanipa- el parlamentario Alfonso Marquina (PJ-Lara) dijo que mañana a partir de las 10:00 am se concentrarán “para alzar nuestra voz de protesta ante un gobierno hambreados, que pisotea la dignidad de los venezolanos”.

Igual instó a los zulianos a rechazar la decisión de allanamiento de la inmunidad del diputado Juan Pablo Guanipa.

“El Gobierno nacional y regional lo que hace es castigar a un pueblo por el legítimo derecho que tiene de vivir en democracia y libertad. Juan Pablo Guanipa siempre ha alzado la voz por los zulianos”, agregó Marquina.

Con información de EFE y VTV

Foto: La Patilla 

 

Nelson Afiuni, hermano de la jueza María Lourdes Afiuni, informó este lunes que tras la ratificación de la condena por “corrupción espiritual”, la defensa introducirá un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir su libertad plena.

Afiuni indicó que llevarán ante la Sala Penal un “recurso de casación” y espera que el presidente de este órgano emita una decisión a favor de la jueza, excarcelada en julio de este año por un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“No tenemos mucho optimismo porque todo el mundo sabe quién es el presidente del TSJ en este país, y bueno me imagino que seguiremos con corrupción espiritual, algo que pasará a la historia”, dijo en entrevista a Unión Radio.

La semana pasada, un tribunal venezolano ratificó por cinco años la condena sobre la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue encarcelada en diciembre del 2009 y posteriormente condenada por corrupción propia.

En marzo de este año se emitió la sentencia sobre Afiuni, quien permaneció detenida durante tres años y nueve meses en Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), acusada de irregularidades en el caso del banquero Eligio Cedeño.

Afiuni actualmente posee libertad condicional con medidas cautelares de prohibición de salida del país y no puede dar declaraciones ante los medios de comunicación.

Envían al Inof a mujer investigada por asesinato del hijo del alcalde de Los Salias

EL TRIBUNAL 4° DE CONTROL  de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, decretó medida privativa preventiva de libertad en contra de la ciudadana Johany Valera Osorio por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía en la ejecución de un robo agravado, en grado de cooperadora inmediata; homicidio calificado en grado de frustración y agavillamiento.

La decisión corresponde al caso del asesinato de Michel Fernández, hijo del alcalde del municipio mirandino Los Salias, José Fernández, hecho ocurrido en las adyacencias del aeropuerto de Caracas, ubicado en Charallave, de la misma entidad federal, donde fue emboscado por antisociales que se hicieron pasar por vendedores.

El Juzgado fijó como centro de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques capital del estado Miranda.

Michel Fernández, fue asesinado el pasado 20 de septiembre tras recibir varios impactos de balas en un enfrentamiento mientras negociaba un vehículo en el tramo La Bonanza-La Peñita, en Charallave, 

De acuerdo con reportes, Fernández se encontraba realizando la negociación en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, cuando fue abordado por los delincuentes que trataron de despojarlo de sus pertenencias.

El joven piloto iba escoltado por funcionarios de la Policía Municipal, quienes también resultaron heridos.

 

Universidades públicas defenderán autonomía de la UCV este lunes 14-O

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE universidades públicas del país  se reunirán este lunes 14 de octubre, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para defender su autonomía ante el llamado hecho por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a renovar a todas sus autoridades rectorales que llevan más de 10 años ocupando los cargos. 

Cecilia García Arocha,  rectora de la UCV, convocó a todos los venezolanos a participar en el evento que se va a realizar en apoyo y defensa de la autonomía de las casas de estudios.  

Calificó de “inconstitucional” e “ilegal” el decreto emitido por el TSJ, donde ordena la renovación de todas las autoridades de la Universidad Central en un plazo no superior a seis meses.

“Queremos ratificar que estamos al frente de nuestros cargos porque una sentencia de la Sala Electoral del TSJ impidió que las comisiones electorales que habían convocado las elecciones universitarias, en este caso no solamente decanos sino también rectores, fueron suspendidas”, expresó García Arocha.

La rectora aseguró que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) está de acuerdo con la renovación de las autoridades, pero no en el sistema de votación que se pretende implementar, que pone en igualdad de condiciones todos los sufragios.

 

 

TSJ rechaza retención y prohibición de ingreso a Perú de sus magistrados

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó este 2 de octubre la retención y prohibición de ingreso a Perú de dos de sus magistrados, Indira Alfonzo, primera vicepresidenta del TSJ, y Arcadio Delgado, vicepresidente de la Sala Constitucional.

A continuación, reproducimos el comunicado íntegro:

El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, como máxima instancia judicial del país y gobierno del Poder Judicial, en Sala Plena, actuando en ejercicio de las potestades conferidas por los artículos 254 y 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica que lo rige, emite el presente comunicado a la opinión pública nacional e internacional:

Los Magistrados y Magistradas que integran el Tribunal Supremo de Justicia, rechazan contundentemente la retención y prohibición de ingreso a territorio peruano, el día 01 de octubre de 2019, de la Magistrada INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE, Primera Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana y del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, Vicepresidente de la Sala Constitucional y Coordinador Nacional de Venezuela ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, atendiendo a la convocatoria efectuada por la Secretaría Permanente y de la Secretaría pro tempore de la Cumbre Judicial, quienes se trasladaron a la ciudad de Lima, capital del Perú, para asistir a las diversas actividades programadas por los organizadores de esta Cumbre de la cual formamos parte como miembro activo y cofundadores, instancia que reúne a los Presidentes y Presidentas de los Poderes Judiciales, Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura, de 23 países de Iberoamérica.

Resulta importante destacar que estas autoridades ejercen la representación del Poder Judicial venezolano, y al no concedérsele su ingreso por parte de la autoridad migratoria del Perú, se actuó al margen de los principios que enaltecen el derecho internacional, atentando contra los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, fundamentados en la Carta de las Naciones Unidas, dejando sin voz a la representación judicial de Venezuela en la 2da. Reunión Preparatoria de la “XX Cumbre Judicial Iberoamericana”.

Esta situación representa un ataque a la institucionalidad legítimamente constituida, significando un desprecio a la política de paz y soberanía que promueve nuestro país a nivel mundial.

Con estas acciones pretenden intimidar a los miembros del Poder Judicial venezolano; sin embargo nos mantendremos incólumes ante cualquier ataque que pretenda menoscabar los principios de soberanía e independencia.

Por último, exhortamos a los miembros de la Cumbre Judicial, para que desde el seno de esa instancia se condene categóricamente la violación del derecho a la participación de un Estado miembro como lo es el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Comuníquese y publíquese. Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los dos (02) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019). Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 26.09.2019: BAJO: El cerco
BAJO
EL CERCO:
 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera enfatizó en unas declaraciones ofrecidas a la prensa, luego de culminar la reunión de este miércoles en la Asamblea General de la ONU, que Irán, China, Turquía, Rusia y Cuba están afectando los intereses de la región mientras apoyan al régimen de Nicolás Maduro. “Tenemos más de 4 millones de refugiados, y ese número incrementará si la situación continúa”, aseguró Piñera quien señaló que para lograr la recuperación de Venezuela, los líderes del mundo deben hacerles la vida difícil a todos los jerarcas del régimen de Nicolás Maduro. Precisamente en ese sentido la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió una resolución firmada por Trump en ese sentido donde explica que “Dada la importancia para los Estados Unidos de fomentar el funcionamiento del gobierno constitucional y las instituciones democráticas en Venezuela, he determinado (…) restringir y suspender la entrada al país, como inmigrantes o no inmigrantes, de miembros de alto rango del régimen de Nicolás Maduro y otros descritos en esta proclamación que formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan o dañan las instituciones democráticas de Venezuela, o impiden la restauración del gobierno constitucional”. El texto detalla que la medida aplica para las siguientes personas: miembros del régimen a nivel de viceministro, equivalente o superior; todos los oficiales del Ejército, la Policía o la Guardia Nacional, con rango de coronel, equivalente o superior; todos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente; aquellos extranjeros que actúen en nombre o en apoyo del régimen de Maduro para socavar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela; los extranjeros que obtengan un beneficio financiero de transacciones o negocios con funcionarios chavistas; y los familiares directos de todas las personas mencionadas. La prohibición quedará sin efecto para aquellos que “cesan estas acciones y toman medidas concretas para ayudar a devolver a Venezuela a un país democrático y funcional”. Resumiendo: de viceministros y coroneles hacía arriba…

 

EN NUEVA YORK:

La misión venezolana ante la ONU pudo volver a contratar los servicios de Modesto Diaz, dueño de la empresa “Caribbean Style” pagando en efectivo (€ o $) para montar el operativo de la visita del canciller Arreaza, sus acompañantes, hoteles y alquileres de los vehículos, los acompañantes de seguridad y cualquier apoyo necesario. Antes, todo esto. en casi 20 años, lo pagaba CITGO. Fueron años de lujo y despilfarro bajo la presidencia de PDVSA de Rafael Ramírez Carreño y luego cuando éste fuera embajador ante el organismo mundial. Por cierto que una compra millonaria de medicamentos hecha el año pasado desde Houston, para el Hospital JM de los Ríos nunca llego a su destino.  

 
ALERTA A VIOLACIONES:

La  obra, coeditada con el Instituto de Estudios Parlmentarios Fermín Toro (IEPFT) y coordinada por el presidente del instituto, el abogado y exparlamentario Ramón Guillermo Aveledo, reúne en poco más de 200 páginas los siete ensayos que produjeron, como trabajo final, los abogados que participaron, durante el primer trimestre de 2019, en el curso de Derecho Parlamentario de la Maestría en Derecho Constitucional de la UCAB. Su título lo dice todo: “Contra la Representación Popular: Sentencias Inconstitucionales del TSJ de Venezuela”. Los textos explican cómo las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra de la Asamblea Nacional, desde que la oposición logró la mayoría en diciembre de 2015, han violado la propia Constitución nacional e impactado negativamente la labor del parlamento, menoscabando su función legislativa y de control como poder público, afectando su potestad para decretar amnistías y hasta anulando asuntos como el fuero parlamentario. “Van varias decenas de fallos que constituyen fallas del TSJ al país y a su Constitución, y la cuenta no se detiene. Últimamente se incrementa con las continuadas decisiones contra la inmunidad parlamentaria. En los trabajos mencionados se retrata uno de los capítulos más vergonzosos y regresivos en el largo y accidentado esfuerzo venezolano por construir una República”, apunta Aveledo en el prólogo del libro, en el que también advierte que las acciones del TSJ burlan “la voluntad expresada en el voto de catorce millones de personas” y bloquean “los caminos para que los venezolanos resuelvan sus diferencias democráticamente, en libertad y en paz”. Actual y válida en estos momentos que la bancada roja se reincorpora a la Asamblea nacional que aún consideran en desacato y quisieron acabarla desde Miraflores.

 

¿CENSURA PRIVADA?:

La denuncia la han hecho los portales LaPatilla.com y ElPitazo.net. El primero señala: “Los servicios ISP de Telefónica Movistar en Venezuela han sido restringidos a sus clientes para impedir el acceso al portal de noticias de LaPatilla.com. El servicio de internet de empresa española registró una dramática caída del 50% de visitas a la página lapatilla.com desde el 6 de septiembre, según los registros obtenidos de Google Analytics. Debido al abrupto comportamiento del tráfico y la persistencia de la situación se descartó una falla en el sistema, debido a la que el único acceso que se ha impedido desde la mencionada fecha ha sido al site lapatilla.com, que se une a otro importante grupo de portales de noticias también bloqueada por la empresa española”. Desde elpitazo.net informan que el primer bloqueo que sufrieron fue el 18 de septiembre de 2017 por parte de las tres operadoras móviles, una gubernamental y dos privadas. Primero fue elpitazo.com, luego elpitazo.info. El año pasado, primero de agosto, de nuevo las tres operadoras bloquearon el tercer dominio elpitazo.ml y el 17 de junio de este año elpitazo.net. No le importa al régimen obligar a las operadoras a violar la Constitución y los derechos a la libertad de información alli consagrada.

Aquí los gráficos de laPatilla.com: