Este sábado, 25 de octubre, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó que fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para retirar la nacionalidad venezolana al dirigente opositor Leopoldo López por promover la invasión militar.
En un comunicado difundido en redes sociales, Rodríguez señaló que la medida estaría amparada en el artículo 130 de la Constitución y en la recién aprobrada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar bajo el alegato de “traición a la patria”.
El comunicado señaló que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán “de inmediato” a anular el pasaporte de López quien se encuentra exiliado en España desde 2020.
“El derecho a la nacionalidad es inderogable”
La organización no gubernamental Laboratorio de Paz expresó este sábado su “profunda preocupación” y enérgico rechazo a la decisión del gobierno de eliminar la nacionalidad de Leopoldo López.
A través de un comunicado, la ONG expresó que la medida es una “violación flagrante” de la Constitución venezolana y de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Según el comunicado, esta acción representa un “nuevo intento de criminalizar la disidencia y castigar el ejercicio de la oposición política”.
“El artículo 35 establece: ‘Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad'”, recordó la organización, subrayando que en ningún otro artículo de la Carta Magna existe base para interpretar de manera distinta esta garantía.
Resoluciones de la resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pronunciamientos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), establecen que “la nacionalidad es un derecho humano fundamental e inderogable” y ningún Estado puede privar arbitrariamente a una persona de su nacionalidad, “ni siquiera en circunstancias excepcionales”.
Laboratorio de Paz enmarca este anuncio en un “contexto de criminalización sistemática de la disidencia democrática en Venezuela”, que incluye cierres de partidos, inhabilitaciones y detenciones arbitrarias.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha rechazado medidas similares en Nicaragua, donde más de 300 personas fueron declaradas apátridas por el gobierno de Daniel Ortega.
Un patrón creciente de persecución
Laboratorio de Paz agregó que el anuncio de Delcy Rodríguez se inscribe en un contexto de criminalización sistemática de la disidencia democrática en Venezuela: cierres de partidos, inhabilitaciones y detenciones arbitrarias.
“Usar la nacionalidad como herramienta de castigo político agrava la crisis de derechos humanos y vulnera la identidad jurídica y civil de las personas perseguidas”, expresó.
Alertó que las autoridades están utilizando el operativo antinarcóticos desplegado en el Mar Caribe como marco de justificación para extender las prácticas de control y represión interna, e intensificar la frontera represiva impuesta tras el desconocimiento de la voluntad popular en las
elecciones de 2024.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
