Terrenos

Ya se había planteado en la Asamblea Nacional

Desde enero de este año, los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática habían propuesto la «Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros Programas Habitacionales del Sector Público». El proyecto, liderado por el diputado Julio Borges, fue aprobado por la AN en abril pero declarado inconstitucional un mes después por el Tribunal Supremo de Justicia.

El TSJ aseguraba, entre otras cosas, que “no se habría cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento de formación de leyes previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional».

Una resolución conjunta de los ministerios para las Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, y para Hábitat y Vivienda, dicta las normas para la protocolización de documentos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

«En Maracaibo no hay problemas con los terrenos para construir viviendas. Sencillamente la Misión Vivienda no tiene la voluntad ni la planificación para cumplirle al pueblo venezolano», aseguró el concejal de Maracaibo, Jorge Luis González, quien criticó que el Gobierno nacional quiera disponer ilegalmente de terrenos del Lote C de la Universidad del Zulia (LUZ), siendo esta la zona rental de la institución y la que aporta un importante porcentaje de sus ingresos.

Explicó González, que el Ejecutivo nacional a través de dos decretos presidenciales dispuso de 23 terrenos en Maracaibo para ser usados para la construcción de viviendas, de los cuales sólo tres de ellos se encuentran con los proyectos en desarrollo.

«Terrenos hay en Maracaibo para construir viviendas y no es posible que quieran disponer ilegalmente de los terrenos del Lote C cuando no han terminado las viviendas de Ciudad Lossada. Son más de 8 mil casas que están destinadas para este proyecto pero sólo han culminado mil. Quieren llevar la Misión Desastre a LUZ».

Aseguró que la Misión Vivienda se ha vuelto la «Misión Desastre», porque «los desarrollos habitacionales no cumplen con la planificación y permisología municipal, y en consecuencia terminan construyendo edificaciones de muy mala calidad». «También se han dedicado a disponer de terrenos de manera ilegal y piden a los ciudadanos derrumbar sus viviendas pero nunca se las construyen nuevamente».

Aseguró que otro de los problemas de improvisación más relevantes de la Misión Vivienda es la falta de equipamiento urbano como ambulatorios, canchas deportivas, áreas verdes y escuelas, que a su juicio son esenciales para el desarrollo de la ciudadanía.

Cuestionó que el gobernador Francisco Arias Cárdenas permite esta arremetida  «contra la Universidad del Zulia, convirtiéndose en un cómplice de todo el desastre que causan con todas estas medidas improvisadas».

«Nosotros como concejales y como Unidad vamos a seguir manifestando y luchando para que el área académica e investigativa de LUZ no se vea afectada por estas medidas desesperadas y electoreras del régimen».

Luego del anuncio realizado en días pasados y publicado en algunos medios de comunicación  de circulación regional, donde el director nacional del Centro Nacional de Despacho de Corpoelec, Rafael Castillo, anunciaba mejoras en la planta de emplazamiento de generación Guacara, dueños del terreno denunciaron, a través de una nota de prensa,  la toma ilegal de estos espacios.

Hector Tortolero, representante jurídico de la empresa dueña del terreno Thrifty Rent a Car, C.A, asegura que, luego de la adquisición de los espacios a principios del año 2009 se procedió a realizar la documentación necesaria ante los distintos organismos competentes.

“El 16 de noviembre de 2009 se premisa ante la alcaldía del municipio Guacara el anteproyecto para un urbanismo industrial, asimismo el 14 de mayo del 2010 la misma empresa Corpoelec a través de un oficio aprueba la permisología requerida ante este organismo, la cual fue renovada en fecha 12 de noviembre del mismo año”

Tortolero asegura además que los requerimientos para la factibilidad de servicio ante Hidrocentro y el ministerio de ambiente fueron entregados y aprobados durante el año 2010, “con esto se constata que la hidrológica del centro y el organismo ambiental admiten una propiedad privada sobre estos espacios”.

Para el mes de octubre del 2010, a través de un oficio, la alcaldía de Guacara permite el cercamiento del complejo industrial y en el mismo se estipula que “la oficina regional del instituto nacional de tierras que especifica que los terrenos del lote 613 no tienen vocación agrícola sino industrial y están fuera de la poligonal afectada por el decreto presidencial 5378 de 15 junio del 2007 por lo que puede la Alcaldía destinarlo al uso del plan de desarrollo urbano local”

Para finales del mes de enero del año 2011 la Corporación Eléctrica (Corpoelec), ocupa la totalidad del terreno (unas 10 hectáreas) para la construcción de la planta de emplazamiento de generación eléctrica Guacara.

Asegura que existe una dualidad por parte del Inti al otorgarle el comodato a la estatal eléctrica y darle además la autorización al ayuntamiento para que disponga de estos terrenos.

La construcción de viviendas descendió más de 37% durante el año 2014 como consecuencia de la escasez de materiales y la falta de nuevos terrenos, denunció el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini Pietri.

Según cuentas de Martini Pietri, el año pasado se edificaron 126 mil unidades, y al comparar esa cantidad con los números de 2013 se ve un descenso de 37%, pues en ese entonces se lograron armar 201 mil viviendas. La improvisación y la falta de programación han causado una caída en la construcción a pesar de la propaganda que se hace.

El representante de la Cámara Inmobiliaria también explicó que este año será complejo, al aseverar que el presidente Nicolás Maduro prometió 400 mil casas nuevas, pero ya comenzando febrero apenas van 33 mil, por lo que ve imposible cumplir con la meta de tres millones de soluciones habitacionales dentro de cuatro años cuando concluya la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque a la fecha ya deberían estar al menos un millón 500 mil.

La realidad es que según el Ejecutivo se han entregado 600 mil viviendas, es decir, que no se cumplirá la meta. La razón es la misma: ya no hay tierras urbanizadas, con servicios para construir unidades habitacionales, se acabaron todos los estacionamientos en Caracas, todos los terrenos expropiados, se llegó al límite, sentenció.

Pietri explicó que para urbanizar tierras se requiere entre dos y tres años, tiempo en el cual se dota de servicios a los terrenos baldíos donde se pretenda construir viviendas. Además, detalló que las metas de producción de cemento para 2015 y el próximo año no serán suficientes, así como las cantidades de materiales que entregan las empresas básicas de Guayana.

El proceso para construcción y promoción de viviendas en tierras baldías requiere de dos años a tres, aproximadamente, porque requiere de servicios, aguas, cloacas, vialidad y la construcción de la vivienda es lo último que hace y también se lleva su tiempo, manifestó Martini Pietri.

Cámara Bolivariana

Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, expresó que el Gobierno dispuso un programa de viviendas para la clase media, que lo planifica el Ministerio para la Vivienda y Hábitat, en conjunto con los privados y la banca pública.

Recordó que a la Cámara Bolivariana se le dio la responsabilidad de edificar 40 mil viviendas. Se finiquita el mecanismo con la banca, y una vez que la persona hace el registro en 0800 Mi Hogar y es aprobado en el proyecto, pasa a otro proceso a través del banco, refirió.

La página web de la Presidencia puso a disposición del público la declaración, fechada el 14 de mayo de 2014, que reporta ingresos anuales por cargo público de 2,9 millones de pesos (unos 214.000 dólares).

También detalla ingresos de 211.359 pesos (15.530 dólares) por actividad financiera y de 249.982 pesos (18.367 dólares) por “otros” conceptos, para un total global de 3,4 millones de pesos (unos 248.000 dólares).

Asimismo, Peña Nieto reporta tener cuatro casas, la mayor construida en un terreno de 2.138 metros cuadrados, un departamento y cuatro terrenos, uno de ellos con una superficie de 58.657 metros cuadrados.

A excepción de dos casas pagadas de contado y el departamento, obtenido por “herencia de cónyuge”, las demás propiedades fueron adquiridas por donación de padre o madre, señala el documento.

La declaración incluye otros bienes como obras de arte, joyas y muebles por unos siete millones de pesos (alrededor de 514.000 dólares), e inversiones diversas, incluyendo monedas y metales, por 16,8 millones de pesos (1,2 millones de dólares).

Peña Nieto había anunciado este mismo miércoles su decisión de divulgar su patrimonio personal durante un acto público en el occidental estado de Michoacán, con el argumento de que valora más “la confianza de los mexicanos que el derecho a la confidencialidad”.

En México, los funcionarios de cualquier nivel deben presentar una declaración patrimonial, aunque tienen libertad para decidir si la hacen pública o no.
El martes el mandatario anunció que su esposa Angélica Rivera respondería a “falsedades” sobre la propiedad de la discordia, una mansión de 54 millones de pesos mexicanos (casi cuatro millones de dólares) ubicada en el selecto barrio capitalino de Las Lomas y cuya existencia fue revelada hace 10 días en una investigación periodística.

Horas después, Rivera anunció en su página web que venderá los derechos que tiene sobre la mansión, que dijo haber adquirido con los recursos obtenidos gracias a sus 25 de trabajo con la empresa Televisa y que aún no termina de pagar, para evitar que el caso “siga siendo un pretexto para ofender” y “difamar” a su familia.

La polémica se produce pocas horas antes de que la capital mexicana y otros puntos del país sean escenario de multitudinarias movilizaciones por la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros a manos de policías y miembros del crimen organizado, ocurrida en el sureño estado de Guerrero en septiembre