Termómetro de la calle

Las enfermeras llevaron la batuta, por ejemplo en el Pérez Carreño

Durante 2018 se registraron 5.892 protestas en todo el territorio, según El Termómetro de la Calle. La conflictividad laboral fue protagonista, y hasta los aumentos salariales impactaron en el devenir de las manifestaciones de calle. El gremio de la salud encendió una mecha difícil de apagar, en un país donde los servicios públicos deficientes y los reclamos de pensionados y jubilados marcaron también la temperatura social

Texto: Víctor Amaya

Infografías: Elsy Torres

Fotografías: Alexandra Blanco, Rayner Peña, Francisco Touceiro

NICOLÁS MADURO HA DICHO QUE GRACIAS A LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Venezuela estuvo «en paz» durante todo 2018. Pero en realidad fue un año turbulento, en el que los venezolanos no dejaron de protestar. Según los registros de El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, hubo 5.892 protestas en todo el territorio nacional.  

A diferencia de 2017, el motivo de los reclamos no fue tanto lo político sino lo relativo a la calidad de vida. En un país con hiperinflación, los ritmos de la economía fueron determinantes en la conflictividad. Comenzando con enero, cuando se registraron 438 protestas y al mes siguiente el dato se redujo a 288. Eran momentos de aumento salarial con el ya desaparecido bolívar fuerte, decretado el 15 de febrero, y una inflación en el primer mes de 84,2% seguida al mes siguiente por 80%, según la Asamblea Nacional.

Las protestas en Venezuela durante 2018 estuvieron marcadas por lo económico, con el 34% de las manifestaciones registradas durante el año motivadas por razones laborales. Allí se cuentan reclamos por bajos ingresos, por contrataciones colectivas, por entrega de pensiones y jubilaciones, entre otros.

La cantidad de protestas se mantuvo al alza hasta abril. El día 15 de se mes, Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento salarial, y las protestas bajaron en mayo un 47% en mayo con respecto a abril. Pero el alivio al bolsillo duró poco, y las manifestaciones tomaron una nueva senda al alza desde junio, a pesar de un nuevo ajuste salarial.

Entonces llegó el mes de mayor cantidad de reclamos de todo 2018, julio. El 18,8% de todos los reclamos registrados durante el año ocurrieron durante esas cuatro semanas. Un pico que estuvo impulsado por el gremio de la salud. Médicos y trabajadores de los hospitales tomaron las calles para reclamar sus condiciones laborales, bajos salarios, incumplimiento de tabuladores y decisiones inconsultas con respecto a las remuneraciones debidas.

Una pradera que se incendió a partir del 25 de junio cuando las enfermeras del país convocaron a un paro nacional de actividades. Ocurrió, por primera vez en el año, que las protestas por salarios superaron en cantidad a las impulsadas por falta de insumos médicos. A ello se le sumaron los reclamos de los pacientes, quienes también protestaron por las dotaciones precarias de los centros de salud, la falta de medicinas o la disminuida calidad de los servicios hospitalarios.

En septiembre volvió a bajar la cantidad de protestas. El país estaba en proceso de entender las consecuencias de la reconversión monetaria al bolívar soberano, y la escalada del salario mínimo a 1.800 bolívares dio un alivio muy temporal al bolsillo. Pero duró poco. Ya en octubre, hubo 509 protestas, casi 30% más que el mes anterior.

En el sector laboral ya no era solo que el dinero no alcanzaba, sino que las escalas salariales se vieron afectadas. Además, en septiembre fue el mes que se registraron más protestas de pensionados y jubilados del país en todo el año, con 43 protestas que se manifestaron por los efectos del cambio de moneda y, especialmente, de la falta de efectivo para pagar los compromisos.

No solo de pan se vive

El país no solo protestó por derechos laborales sino por cómo se vive en el día a día. En casi 14% de los casos, los reclamos tuvieron que ver con falta de gas doméstico.

En todo el territorio se vieron manifestaciones por esta causa, principalmente con cierre de vías como método para llamar la atención de las autoridades. En distintos estados se reportaron fallas en la distribución del combustible, debido a fallas en los camiones cisterna o la falta de bombonas para recargar. Donde no hay conexiones de gas directo el drama fue mayor. haciendo de estas protestas un fenómeno protagonizado por sectores populares y comunidades rurales.

El registro de El Termómetro de la Calle apunta que las fallas en el servicio eléctrico fue el tercer motivo de protesta durante 2018, seguido del agua. En ambos casos se produjeron en poblaciones donde los días sin servicio se contaban por decenas, principalmente.

Los motivos políticos estuvieron en un distante quinto lugar, con 430 veces en el año, para completar el 72% de las razones para manifestar en 2018. Fuera de ese porcentaje, se incluyen las manifestaciones por salud, transporte y entrega de comida vía los CLAP.

Curiosamente, la inseguridad fue el motivo de protesta menos ocurrente, con apenas 80 repeticiones en todo el año, a pesar de que el país siguió teniendo una alta criminalidad. En 2018 se registraron 23.047 muertes violentas en todo el territorio, según el Observatorio Venezolano de Violencia, con una tasa de homicidios de 81,4 por cada cien mil habitantes.

En contraste, desde el Poder Ejecutivo afirman que la tasa correspondiente a 2018 apenas es de 30 por cada 100 mil, en palabras de Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Policía. De ser cierto el dato, no solo se trataría de una caída más que abrupta de los indicadores (50% menos en tan solo dos años), sino que milagrosamente derrumbaría la noción defendida por el chavismo de “a menos pobreza menor delincuencia”, pues según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018 la pobreza por ingresos ya alcanza a 92% de los hogares venezolanos.

Los gatillos

De todas las protestas registradas durante 2018, los cuerpos de seguridad del Estado estuvieron presentes en 423 oportunidades. De esa cifra hubo represión registrada 352 veces. Se trata del 6% apenas de las protestas registradas durante el año en las cuales hubo actuación gubernamental, directa o indirecta.

La Guardia Nacional protagonizó el 46% de esas intervenciones, y accionaron los gatillos en el 80% de las ocasiones en las que se presentó. En segundo lugar, la Policía Nacional Bolivariana hizo lo propio, seguida de las policías regionales. En 35 ocasiones la represión ocurrió a manos de grupos parapoliciales, que también jugaron un rol en conjunto con uniformados tres veces durante el año.

Génesis Carrero Soto | Infografías: Elsy Torres

“Nunca como en este gobierno a los viejos nos ha tocadopararnos de las mecedoras para ponernos los zapatos y salir a la calle a reclamar una vejez digna”. En ese comentario de Antonio Gutiérrez está inmerso el sentir de muchos de los hombres y mujeres venezolanos que superan los 60 años de edad y que ahora gozan de una pensión, bien sea por su trabajo de años, o por alguno de los programas de ayuda del Gobierno venezolano.

Durante 2018 se han registrado al menos 169 protestas, hasta noviembre, que involucran a pensionados de todo el país, de acuerdo a los datos de El Termómetro de la Calle, un monitor de protestas realizado en alianza entre Runrunes, El Pitazo y TalCual con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores. La mayoría de estas quejas públicas obedecen al pago de las asignaciones correspondientes al programa de En Amor Mayor, con 81 protestas hasta noviembre, lo que representa el 47,93% del total.

Y, aunque estas protestas se han registrado durante todo 2018, tienen un repunte importante en el mes de septiembre cuando los trabajadores de empresas públicas salieron a las calles en 43 ocasiones con cierres de vías públicas y tomas simbólicas de sedes institucionales para reclamar pagos pendientes o desmejoras que se dieron como producto de la reconversión monetaria decretada por el presidente Nicolás Maduro.

Los pensionados, esos que obtuvieron sus compensaciones de vejez luego de años de trabajo en empresas del Estado, empezaron el año reclamando sus derechos, y aunque se registró un bajón en el segundo trimestre del año, el aumento salarial, los cambios en la economía venezolana y la falta de efectivo para pagar las pensiones dispararon las cifras de nuevo.

Los primeros días del mes de septiembre fueron los más caldeados. Los reclamos de este sector, que esperaba poder cobrar en efectivo, no se hicieron esperar. En tal sentido, se registran 65 protestas por esta causa dentro del rango de los trabajadores inactivos, cifra equivalente al 38,46% del total de manifestaciones de este sector.

“Somos pensionados, no bachaqueros”, fue una de las consignas más escuchadas en la capital venezolana el seis de septiembre, cuando los beneficiados de Amor Mayor y del Seguro Social tomaron en los alrededores de la plaza de La Moneda en el centro de Caracas. “Nosotros no vendemos efectivo como dice Maduro. Somos unos viejos y lo único que tenemos es esa pensión y en este país cuando no tienes efectivo todo cuesta hasta el triple entonces el dinero no alcanza para nada”, fue el comentario de Virginia Rojas, una abuela de 79 años, presente en la manifestación de aquel día.

Los abuelos se quejaban de la medida de algunos bancos de solo pagar el 10% de la pensión que entonces era de 1.800 bolívares soberanos. Antonio Gutiérrez recuerda esa ocasión y asegura que es parte de esa “vejez indigna” que les ha tocado vivir. “Ser viejo en esta tierra no es cosa de Dios. Nos denigran, nos tratan como gente inservible, nos creen pendejos y nos quieren tratar como si nos dieran migajas, como si esas pensiones no fueran el resultado de años de trabajo para los gobierno de este país”, dice este pensionado que durante 45 años fue obrero de un liceo público de Petare, en Caracas.

Viviendo la ñapa

En Venezuela hay 3.073.338 personas incluidas en el sistema de pensiones, lo que representa 10% de la población nacional actual, de acuerdo con datos aportados por el Gobierno nacional.  De esta cantidad, 551.549 venezolanos corresponden a la Gran Misión En Amor Mayor, creada en diciembre de 2011 para incluir a personas que no habían cotizado ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Manuel Martínez, secretario general de la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Telecomunicaciones (Fetrajuptel), aseguró que los jubilados están en las calles, preocupados por su futuro y disgustados por “los abusos”  del Gobierno y sus empresas. Martínez recordó que es imposible desmejorar y “echar atrás” los beneficios ya adquiridos y aseguró que su queja busca que sean respetados los contratos colectivos que dignifican la figura del jubilado y le otorga similares beneficios que los de los trabajadores activos en la primera escala salarial.

Martínez resalta que la protesta no se limita solo a la capital y como ejemplo de ello da cuenta de las tomas simbólicas de sedes de instituciones públicas que han realizados los trabajadores jubilados durante el mes de septiembre y de octubre y que suman, de acuerdo a su conteo personal, al menos siete solo del sector de telecomunicaciones.

Y, en concordancia con las cuentas de Martínez, El Termómetro de la Calle registra los meses de septiembre, julio, marzo y enero como los más activos en cuanto a protestas para el sector de los pensionados y jubilados, con 43, 29, 28 y 20 manifestaciones de calle respectivamente en esos meses. Estas manifestaciones se dieron con mayor fuerza y volumen en Distrito Capital, con 29 ocasiones hasta noviembre, el Zulia con 23, 17 en el estado Bolívar, 14 en Anzoátegui y Mérida, y 10 en Miranda y Táchira.

Pero, pese a todas las protestas y las quejas visibles de los adultos mayores venezolanos, el Ejecutivo no ha brindado una respuesta. Los pensionados siguen haciendo colas kilométricas para cobrar y algunas veces no les entregan todo el efectivo; los trabajadores jubilados no reciben respuesta del Ministerio del Trabajo, aún y cuando las quejas del sector laboral en esta condición representan 10,65% de las protestas del grupo.

Enrique Castaño, jubilado de Cantv, concluye: “el problema es justamente que nos creen ciudadanos de quinta y eso no es así. Con 33 años de servicio me gano un sueldo mínimo y la quincena no me alcanza ni para comprar un kilo de queso. Yo no siento que en este país le importamos a alguien, siento que estamos aquí solo viviendo la ñapa que nos queda”.

AL CIERRE DE OCTUBRE DE 2018 LOS SAQUEOS e intentos de saqueos disminuyeron al mínimo, una tendencia a la baja desde los abultados números a comienzos de año.  En enero la realidad era otra. Había hambre y pocos escrúpulos. Tan solo el 11 de enero el diputado Carlos Paparoni denunció que un grupo de personas ingresó a la Hacienda Miraflores en Palmarito, estado Mérida, y mató al menos 300 reses. “La crisis del hambre está golpeando muy duro”, lamentó el parlamentario entonces.

Ese mes de enero hubo un total de 160 saqueos, según el registro de El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores. Se trata del 72% de todos los saqueos ocurridos durante 2018 (222), hasta el mes de octubre. Además, hubo 40 intentos de saqueo de los 55 registrados durante todo los primeros 10 meses de 2018, también 72%.

Los eventos comenzaron a partir del 18 de diciembre cuando el pernil prometido por el gobierno nacional no llegó. Es más, las cajas de CLAP no aparecían por la comarca. En Bolívar, al cierre de 2017, hubo cuatro días de protesta continua por falta de comida, incluyendo saqueos el mismo 25 de diciembre. También en Nueva Esparta unas 300 personas cargaron con tres toneladas de embutidos en Porlamar. Con la llegada de 2018 la conflictividad no disminuyó.

«En enero pegó mucho el desabastecimiento, la falta de efectivo, la falta de productos, todos factores que influyeron en que se vieran esos hechos delictivos», recuerda Vito Venceslao, primer vicepresidente de Consecomercio. «La preocupación del país hizo que la gente se volcara a la calle a ver cómo conseguían los productos que no llegaba por la distribución del gobierno», suma el también abogado al insistir en que «el gobierno ha acaparado todo el sistema de distribución y comercialización de productos básicos como harina, mantequilla, azúcar, aceite, pollo, carne; y viendo que no llegaba la gente se lanzaba a la calle.

Aunque los comerciantes no descartan que haya habido eventos incitado por bandas organizadas, insisten en que «quien tiene la culpa es el gobierno nacional, que controla, dicta normas, saca leyes, controla la economía y los precios» causando distorsiones. Entonces, Consecomercio estimaba que el desabastecimiento de alimentos alcanzaba el 80% a escala nacional

Ya en febrero de 2018 el dato bajó hasta 12 saqueos y cinco intentos en todo el país, una disminución de 92% con respecto al mes anterior. En marzo hubo un repunte hasta 23 y luego se estabilizó a la baja llegando a cero en mayo y en octubre.

En Consecomercio apuntan que la caída en ese tipo de delitos está influida por la migración. Venceslao opina que el éxodo masivo está conformado mayormente por «los estratos más necesitados, los que más sufren la debacle económica, gente de escasos recursos que vende lo que tiene para irse y ver cómo resuelve afuera».

Pero también sostiene que el gobierno nacional ha tratado de solventar la escasez en las cadenas de distribución habituales con entrega de las cajas CLAP. «Llevan productos a las zonas más necesitadas, aunque sea desatendiendo otras». Ello, a pesar de que «la distribución de esas cajas y bolsas CLAP no es eficiente para solventar la problemática del consumo de alimentos y productos de primera necesidad, pues no llega como se promete». Pero algo es algo.

Según datos de la Oficina para la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), en 2017 había en Venezuela 3,7 millones de personas subalimentadas. Aún no se cuenta con datos sobre 2018, pero un reporte de Cáritas Venezuela, divulgado el 14 de septiembre, registra que entre abril y junio de este año, la proporción de niños desnutridos pasó de 78% a 65%. Alrededor de las elecciones presidenciales de mayo, entre bonos y cajas CLAP, el indicador de desnutrición aguda bajó: abril (14,1%), mayo (11,7%) y junio (10,5%), para repuntar en julio hasta 13,5%. Para el estudio, Cáritas evalúo un total de 1.446 niños menores de cinco años en siete estados del país.

En paralelo, el desabastecimiento de alimentos en Venezuela promedió 67% en los primeros seis meses de 2018, según datos oficiales de Ministerio de Alimentación a los que tuvo acceso el portal Banca y Negocios, con productos como la leche en polvo desaparecida en 97% al mes de junio de 2018 o el pollo y 82% de escasez en el mismo mes. El dato no incluye las despensas distribuidas a través de los CLAP ni ha sido confirmado por las autoridades, siendo que desde 2013 se suspendió la difusión del índice de abastecimiento nacional.

El objetivo de los saqueos ha sido negocios de venta de alimentos. Los registros de El Termómetro de la Calle indican que el 56% de los eventos ha ocurrido en comercios y tiendas, seguido de camiones que transportan alimentos (8%), supermercados y panaderías (6,3%, en cada caso), además de galpones o centros de acopio (4%). Los supermercados y mercados mayoristas han protagonizado los intentos de saqueo durante el año, hasta octubre de 2018, con 21% y 18% respectivamente.

«Más que todo tiene que ver con comida. Ocurre más en abastos, supermercados, mercados municipales en las regiones, panaderías, charcuterías…», enumera el vicepresidente de Consecomercio. Durante el año se registraron cuatro casos de saqueos a fincas o granjas, misma cantidad que en abastos, carnicerías y licorerías.

Los focos de conflicto han estado en Bolívar (53) y Guárico (54), que juntos acumulan el 49% del total nacional. Les siguen Zulia y Trujillo, donde los casos suman el 23%. Mérida y Sucre continúan la tabla con siete saqueos en cada caso hasta llegar a Miranda que registro tres eventos. El estado Bolívar también encabeza la lista de intentos, junto a Anzoátegui, con siete casos cada uno.

«En esa entidad influye mucho lo alejado de las zonas y la poca producción que hay de alimentos. En Bolívar hay problemas de gobernabilidad, de vialidad, no hay cómo producir pero tampoco llegan los productos, no hay acceso a bienes o servicios», retrata Vito Venceslao. «En Guárico también pasa eso, con un alto índice de delincuencia. Por allá las gandolas tienen que viajar escoltadas y cuando van vacías de regreso ruedan con las puertas abiertas para que sepan que no llevan nada», agrega.

El primer vicepresidente de Consecomercio admite que el gobierno nacional «ha tomado algunos correctivos», pero no son suficientes. La actuación del Estado, de hecho, ha quedado registrada en el 43,2% de los intentos de saqueos ocurridos durante los primeros 10 meses del año, 24 veces.

En ese sentido, la Guardia Nacional es la que ha tenido más trabajo, con 11 intervenciones, lo que representa 45,8% del total, seguida de las operaciones conjuntas (GN junto a Policía Nacional Bolivariana o cuerpos estadales) ocurridas en 5 oportunidades y cuatro veces que las policías regionales fueron las que respondieron. En tres oportunidades hubo presencia de los órganos de seguridad, pero los reportes de prensa no especifican cual. Destaca que en una oportunidad, participó un cuerpo parapolicial. Fue en el estado Zulia el 5 de enero durante un saqueo a un galpón de Pdval en Los Puertos de Altagracia.

En el caso de los saqueos el porcentaje es un poco más alto: 59,9% de los saqueos han resultado en el accionar de las fuerzas de seguridad. Siguiendo la tendencia, la Guardia Nacional respondió en el 81% de los casos (108 veces), seguida por las policías regionales (15) y los grupos parapoliciales (5). La Policía Nacional Bolivariana apenas entró en acción una vez.

«Aquí estamos a la suerte y a la buena de Dios. Contra este tipo de hechos vandálicos, es imposible que podamos nosotros defendernos o protegernos. La turba de gente que viene en contra del comercio de turno es imposible de controlar, la violación a las puertas, santamarías y ventanas es inevitable. El comerciante trata de tener más seguridad, blindando el local, contratando personal privado, pero eso ahora se hace muy costoso. Y contar con las policías es casi nulo porque pocos efectivos policiales», explica Vito Venceslao.

Añade que la hiperinflación ha hecho que no se pueda contar con pólizas de seguro que se activen cuando ocurran los eventos. «Hay quienes hacen de tripas corazón, busca créditos y lo pueden hacer, pero en general es inviable comprarlas para saqueos». No es lo único que es impagable. Dice el representante gremial que la crisis de servicios públicos ahonda los problemas. «Cuando hay apagones se contribuye a que haya problemas, sin contar que muchos equipos se dañan y repararlos es imposible o muy costoso».

Y cuando un saqueo ocurre, no hay quien indemnice. Ni siquiera cuando el gobierno lo promete. «No cumple. No solo a lo largo de este año. Recordemos que en 2016 en Bolívar hubo saqueos (cuando se anunció la desmonetización del billete de 100 bolívares) y nadie fue indemnizado, ni tampoco se otorgaron los créditos prometidos. El gobierno debería estar consciente de resarcir daños e indemnizar para que se abran las puertas y continúe operando, porque la realidad es que cuando un comercio es saqueado, el local cierra o quiebra».

El diputado Luis Lippa, miembro de una comisión especial de la Asamblea Nacional para abordar el desabastecimiento de alimentos, dijo el 14 de noviembre que este año se va producir 70% menos comida que en 2017. Mientras, Fedecámaras advirtió en agosto que imponer precios «acordados» incidiría en la ausencia de comida pues no se cubrían ni siquiera los costos de producción. Tres meses después de aquellos anuncios, la hiperinflación demostró inviables los montos fijados por el Ejecutivo.

Si bien la represión por parte de los cuerpos de seguridad contra quienes protestan durante 2018 no tiene comparación con la violencia generada en las manifestaciones de 2017, hay una variante fundamental: este año los cuerpos de seguridad obviaron la queja política casi completamente para concentrarse en dispersar, prohibir y reprimir las quejas de índole social.

De las 4.228 protestas ocurridas en 2018, hasta el 15 de septiembre, 269 han sido reprimidas por organismos de seguridad del Estado, el 6,36%. Los reclamos por comida, referidos a escasez o a problemas en la entrega de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron las más atacadas. De las 290 protestas registradas durante el período, 59 fueron respondidas con violencia (20,3%).

Le siguen las manifestaciones por problemas en el suministro eléctrico, con 57 de 434 protestas reprimidas (13,1%), y luego las de índole político con 9,9% del total; es decir, 36 de 363.

Las cifras, aportadas por El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, son solo números que reflejan lo que Jonnys Urrieta y su hermano vivieron en carne propia cuando la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y PoliLara arremetieron contra su comunidad con golpes y perdigones para intentar llevarse a Jonnys a “quién sabe dónde”.

Yogore, un caserío del municipio Morán en el estado Lara, es el asentamiento donde viven los Urrieta y en el que toda la comunidad vivió el terror el pasado 24 de abril. Ese día, funcionarios de la PNB agredieron a los vecinos que habían trancado la vía Barquisimeto-Quíbor que conecta con El Tocuyo desde el día anterior a las 6:00 PM, para reclamar que tenían más de tres meses sin recibir la bolsa de alimentos del programa social del Estado.

“Estábamos protestando desde la tarde anterior y como a las 6 de la mañana llegaron los policías, dijeron ‘¿tú eres Jonnys?’ y trataron de llevarme preso. La comunidad lo impidió, pero el más agredido fue mi hermano, que le dieron un tiro de perdigones de goma en las dos piernas y le hicieron 38 puntos de sutura por las perforaciones. A mí, además de golpearme, me robaron un bolso donde tenía los sellos del Consejo Comunal, del CLAP y de la Ubch de la que soy vocero principal”, cuenta Urrieta.

En la zona “la policía actuó con saña y rabia”, relata Lisbeth Rodríguez, otra de las vecinas de Yogore. Afirma que “ellos (la PNB) golpeaban a todo el mundo, las mujeres también fueron agredidas, mi sobrina estaba embarazada y le dieron una cachetada… La policía nunca había actuado así, ellos mismos decían que traían orden de la Almirante. Ella, la gobernadora (Carmen Meléndez) y que fue la que los mandó”.

Le represión le costó a Jonnys mucho más que moretones y el mal recuerdo. Enfrentarse a los cuerpos de seguridad fue una marca que sirvió para que posteriormente le quitaran la coordinación del programa Manos a la Siembra, con el que trabajaba en seis escuelas del municipio larense.

Hoy, en Yogore las neveras siguen vacías y las cajas CLAP que llegan tienen gusanos y productos en mal estado, tal como lo denuncian sus vecinos. Pero ellos no han vuelto a las calles a reclamar. “El pueblo de Yogore es de los más fuertes y no dudo que pronto vamos a volver a salir”, dice Elizabeth Rodríguez, otra de las mujeres que presenció aquella mañana de violencia y persecución.

“Sin guardar las apariencias”

De acuerdo a la data de El Termómetro de la Calle, es la Guardia Nacional (GNB) el ejecutor de la mayor cantidad de acciones violentas para disuadir protestas en todo el país. El cuerpo castrense es responsable de casi el 45% de las acciones represoras registradas. Le sigue la PNB con el 16%, las policías regionales (12,6%) y operaciones conjuntas entre varias cuerpos del Estado (8,9%). Destaca la enorma participación que tienen grupos parapoliciales (colectivos, civiles armados), que incluso llegan a operar en conjunto con uniformados.

Al respecto, Carlos Patiño, coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), recuerda que no solamente los uniformados son represores. “Una práctica común ha sido la de reprimir en conjunto cuerpos de seguridad con civiles armados, también llamados colectivos paramilitares, para pretender zafar al Estado de responsabilidad directa. Sin embargo, en los operativos de seguridad como los de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) se reprime a los más pobres en los barrios sin mucho protocolo de guardar las apariencias”.

Patiño explica que la de este año es “una represión más selectiva”, a diferencia de la de 2017, cuando “hubo una rebelión popular y era más generalizada”. El balance de Provea al respecto refiere que los cuerpos de seguridad han incumplido con la tarea de brindar entornos seguros a los manifestantes. Provea ha documentado en apenas seis meses y medio (de enero a julio de 2018) el asesinato de quince personas en protestas por alimentos y/o servicios públicos, de los cuales al menos seis son responsabilidad “clara” de agentes de la fuerza pública.

De acuerdo a Provea, 14 de las víctimas fatales que dejaron de saldo las protestas del primes semestre de 2018, murieron por impactos de bala, y una por el golpe de un objeto contundente. “Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia, 215 personas han fallecido en el contexto de manifestaciones en el país. En cinco años y medio de gobierno, Maduro acumula la más alta cifra de personas muertas en protestas desde el año 1990”, expone el balance de la organización.

Entre los casos documentados por Provea está el del joven José Alberto Materán Valero, de 19 años, asesinado el pasado 9 de enero por un impacto de bala durante una protesta por alimentos en la población de Guanare, (Portuguesa), que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. En esa manifestación también resultó herido de bala César Antonio Torres Fernández.

Otro de los casos que resalta del informe de Provea es el de Anderson Luis Oliveros Núñez, un menor de 15 años asesinado el 23 de abril mientras participaba en una protesta contra la interrupción del servicio eléctrico en la Circunvalación 3, cercano al barrio La Antena, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Oliveros fue impactado por una bala presuntamente disparada por un conductor que transitaba por el sector.

Todos estos fallecimientos se dieron en el contexto de reclamos de índole social, motivados por fallas en el servicio de agua, de luz o por falta de alimentos. Patiño asegura que la represión, más que algún patrón, responde a la intolerancia a la crítica y la disidencia del gobierno de Nicolás Maduro.

“Históricamente en Venezuela predominan las protestas sociales, laborales, por servicios públicos y de ese tipo, salvo en 2014 y en la rebelión de 2017 cuyos ciclos de protestas fueron políticos. En 2018 la crisis económica y social obliga a los ciudadanos a manifestar por sus derechos, pero aisladamente, sin conducción política la cual está muy debilitada. En consecuencia, al predominar la protesta social, esta es reprimida”, opina Patiño.

En este contexto, El Termómetro de la Calle precisa que las entidades federales con mayor represión hasta el momento son el Distrito Capital, con 54 protestas atacadas, Barinas con 33 y Zulia con 30.

La ley es letra muerta

El artículo 68 de la Constitución venezolana establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. La Carta Magna contiene al menos dos artículos más que respaldan el derecho a protestas sin permiso previo y pacíficamente.

Pero, “¿qué pasa cuando a uno le quitan ese derecho? Uno se queda en el aire porque te quitan esa posibilidad de quejarte, de que los demás se enteren que algo está mal”. El cuestionamiento lo hace Henry Mayora, un abuelo agredido el pasado 1 de septiembre en una protesta en la avenida Urdaneta, en pleno centro de Caracas, cuando funcionarios de la PNB lo empujaron, halaron y agredieron verbalmente.

“Estamos allí y dejábamos pasar ambulancias y emergencias. La protesta era muy buena y a las 12 y media los policías se pusieron un poco torpes, nos pidieron abrir la calle y le dijimos que no abriríamos hasta que llegara Sudeban. Estábamos protestando porque nos engañaron, porque dijeron que abrirían los bancos para los pensionados ese sábado y fue mentira, pero en lugar de ayudarnos a resolver, nos empujaron y patearon y hasta se burlaron de nosotros. Entonces, ¿a qué tiene uno derecho en este país si ni quejarse puede?”, se pregunta Mayora.

Trabajan sin insumos para atender los problemas de salud

Dos de cada 10 protestas registradas en Venezuela durante 2018, hasta el 15 de agosto, fueron del sector salud. El gremio ha tomado las calles del país para reclamar mejores condiciones de trabajo, insumos para laborar y salarios más justos, y ha condensado las quejas transversales de otros venezolanos que exigen sus propias reivindicaciones. También, los pacientes han alzado la voz pidiendo mejor atención[gap height=»20″]

Autor: Génesis Carrero Soto y Daniel Acosta
Infografías: Juan Carlos Hernández
Fotografías: AFP

Aquello de que “la salud no espera” se ha hecho sentir como nunca en lo que va de 2018, cuando el gremio representado en enfermeras, médicos, obreros, personal administrativo y el resto de profesionales que conforma este grupo ha tomado las calles de toda Venezuela, al punto de que dos de cada diez protestas en Venezuela tienen que ver con la salud.

De acuerdo al registro de El termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual, Runrunes y con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, hasta el 15 de agosto se realizaron unas 916 protestas de pacientes y personal asistencial que reclaman desde atención primaria hasta salarios más justos.

Pablo Zambrano, dirigente sindical de los trabajadores de la salud y secretario general de Fetrasalud es tajante al enumerar las demandas por las que el grupo se lanzó a las calles venezolanas: la primera, un salario basado en el artículo 91 de la Constitución que establece el salario digno, y la segunda es el respeto y la garantía en el derecho a la salud y a la vida.

Aunque la reconversión monetaria y el aumento del salario a 1.800 bolívares soberanos (180 millones de bolívares fuertes), tomó por sorpresa a quienes mantienen estas peticiones, los dirigentes de los gremios de la salud lo discutirían a partir de la publicación en Gaceta Oficial, tal como lo refirió Fanny Gamarra, presidente de la Federación de Enfermeras de Venezuela, luego de un encuentro entre federaciones y sindicatos el pasado 18 de agosto y ratificado en asamblea intergremial el 30 de agosto en el hospital Jesús Yerena de Caracas, cuando se decidió mantener la protesta.

Eso sí, dejó claro que el ajuste anunciado por el Ejecutivo está por debajo de sus exigencias. “Al hacer los cálculos, según la base del salario anunciado por Maduro, necesitaríamos 4,7 salarios mínimos para llegar a lo que nosotros exigimos. Pero eso hay que evaluarlo, pues si bien se hacen ajustes, el Gobierno no ha hecho nada para controlar la inflación”, refirió en nota publicada por El Pitazo.

La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, asegura que “de acuerdo a lo dicho por el Gobierno, el trabajador profesional ganaría 1,5 salarios mínimos”, un monto que “no satisface las aspiraciones del sector”. La vocera sostiene que a las autoridades gubernamentales se les presentó una propuesta de tabulador salarial, el pasado 28 de agosto, en el que exigen no menos de 22 salarios mínimos para los profesionales universitarios I.

Sobre este punto, Zambrano reitera que “el problema del salario es profundamente humanitario y no solo económico”. El dirigente de Fetrasalud apunta que los dirigentes sindicales de todos los sectores han sido llamados a unirse a la lucha del sector salud. Pero, aunque las batas blancas son mayoría en estas manifestaciones, ya es común ver a los trabajadores de electricidad, petróleo, educación y hasta administración pública mimetizarse con sus pancartas.

Iván Freites, secretario general de la Central Sindical de Trabajadores Petroleros de Venezuela, confirma esta tesis e indica que 25 sectores laborales del país acordaron sumarse al reclamo de la salud en todo el país. “Se trata de un reclamo de todo el pueblo. El pueblo reclama salud, reclama libertad, reclama salarios dignos, derechos a la educación, derecho a una casa digna, a que nuestros hijos tengan recreación… Son más de 20 estados en la calle reclamando no solo el derecho a la salud, sino por el gas, por el agua, por salarios dignos”.

El Termómetro de la Calle da cuenta de que las entidades que más protestaron en materia de salud fueron Zulia (153), Mérida (137) y el Distrito Capital (107). Juntas, suman casi el 43% de las manifestaciones a escala nacional por asuntos relacionados a la salud. Le siguen Táchira (78) y Barinas (71). Los estados menos conflictivos, en esta cuenta y durante el período, fueron Nueva Esparta y Falcón, con 2 protestas cada uno.

En todos los casos, las movilizaciones se dividen en dos grandes categorías: por motivos laborales y por exigencias de mejores servicios médicos, por lo menos a partir de la convocatoria pues en la práctica los motivos se solapan. Pero los llamados a protestar por salarios y otras condiciones sumaron 658 eventos, mientras que los relacionados con servicios alcanzaron 258.

Junio fue el mes que cambió la tendencia. Entonces, el gremio de enfermeras se convirtió en punta de lanza del reclamo laboral, especialmente a partir del paro nacional coordinado a escala nacional que comenzó el 25 de junio. Durante ese mes, por primera vez hubo más protestas por salarios que por insumos, 72 frente 22, respectivamente.

Hasta el mes de mayo, las manifestaciones laborales del sector salud apenas sumaban 11 eventos. En junio comenzó a crecer, y se consolidaron en julio con 470 y en agosto con 105 más, durante la primera quincena.

Una bola de nieve

“Desde hace 16 años ejerzo mi profesión y mi sueldo son 3.800 bolívares fuertes mensuales y no puedo ni siquiera comprar medio cartón de huevos. Tengo una niña de 9 años y a mi madre que es discapacitada visual. Yo hago peripecias para comer. Tengo varios oficios, soy repostera, hago piñatas, soy payasita, pinto uñas y hasta corto cabello para medio vivir. Pero estoy harta de decirle a mi hija que no le puedo comprar un chocolate, que no la puedo sacar a pasear. Estoy todo el día fuera de mi casa para que ella al menos coma y estoy harta de comer lenteja y sardinas… No queremos lujos. Queremos lo básico: poder alimentarnos y vivir con dignidad”.

El testimonio de Mónica Aranguren, enfermera en el Seguro Social de Guarenas, es solo un eco de los lamentos de otros muchos asalariados venezolanos. A ese clamor ella atribuye los más de 65 días de huelga activa del sector salud al que se siguen sumando voces.

Dinorah Figuera, diputada a la Asamblea Nacional y además médico de profesión, está convencida de que la protesta de salud es catalizadora del resto. “No podemos asistir a los pacientes porque no hay electricidad y no hay agua, lo que impide operaciones y genera un problema de contaminación en los hospitales. Hay mil cosas que hacen que sea una crisis transversal, pues el derecho a la salud es el derecho a la vida y eso tiene que ver con todo el entorno y el bienestar de una persona”, explica.

Los trabajadores de Corpoelec no callan. Mientras la empresa es objeto de reclamos por los continuos apagones, sus empleados hacen lo propio con sus jefes. Alejandra Romero, una de las representantes del sindicato de la empresa eléctrica del Estado, explica que se unen al petitorio de enfermeras y médicos porque es la misma que ellos enarbolan. “Estamos solicitando al Ejecutivo un contrato que dignifique el salario del trabajador. Yo tengo dos carreras universitarias y ni así puedo vivir dignamente”, asegura. “En la unión está la fuerza, que sea la salud, los de Cantv, los trabajadores eléctricos, los educadores, los obreros… Todos tenemos salarios de hambre por eso todos nos venimos a la calle”, suma Romero.

Con esto coincide Carmen Guerra, una educadora activa que afirma participar en todas las movilizaciones convocadas en Caracas por el gremio de la salud, pues “son los que más se han mantenido en una lucha constante por los derechos no solo de ellos como trabajadores, sino de todos los ciudadanos venezolanos que nos estamos muriendo. Yo vengo a protestar con los médicos y enfermeras porque todos los días me toca ver a mis alumnos desmayarse en el salón por falta de comida. El suplicio de la salud tiene que ser atendido por todos, todos deberíamos estar en la calle protestando con ellos”, dice.

Y, aunque ese llamado se refleje en la frecuencia de las más de 900 protestas que tienen lugar en todo el país y que llevan como bandera la crisis de la salud y sus trabajadores, la represión por parte de entes de seguridad ha sido más bien baja. En solo 37 oportunidades hubo un accionar de las fuerzas de seguridad, lo que representa apenas 4%. De igual forma, solo hubo 3 detenidos, uno en el Estado Zulia, otro en Aragua y en el Distrito Capital. Solo en un caso hubo un muerto, presuntamente a manos de funcionarios del Estado, en una protesta en el sector Playa Grande del Estado Sucre el 28 de febrero, según reportó El Pitazo.

EL 45,19% DE LAS PROTESTAS ACONTECIDAS en el municipio Libertador, del Distrito Capital, durante los primeros siete meses de 2018 tuvieron motivos laborales. Los trabajadores de la capital y de las regiones, cansados de no ver atendidos sus reclamos, llegaron a la jurisdicción donde se centralizan las sedes de los poderes públicos y de la mayoría de los ministerios que componen el Ejecutivo Nacional, para encender las calles y reclamar sus derechos.

El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social de TalCual, El Pitazo y Runrunes, registró que en los primeros siete meses del año en curso, Libertador fue el municipio en el que acontecieron más protestas, con 416 manifestaciones en la localidad caraqueña. Cifra que representa casi cinco veces el número de protestas que tuvieron lugar en el municipio Sucre de Miranda y en el resto de los municipios que componen la Gran Caracas en el mismo lapso.

Aunque los números contrastan con los del año pasado, donde para la misma época ya se 5.950 protestas solo por razones políticas y para este semestre solo se cuentan 277 por el mismo motivo, el bajón de 95,34% en este renglón puede atribuirse en un aumento en los reclamos de orden social que cobran protagonismo y humanizan las protestas de 2018.

Tanto en Baruta como en Chacao los números indican la baja más notoria de manifestaciones con relación al año 2017, donde, en el contexto de las protestas antigubernamentales, se vivieron 497 y 416, respectivamente. Este año, en cambio, Baruta se alzó 38 veces, la mayoría de ellas por problemas con los servicios públicos y en Chacao se dieron 43 quejas públicas, casi todas relacionadas con la situación política de Venezuela.

En Libertador se puede vivir a escala la crisis laboral del país, donde los reclamos por mejoras salariales, condiciones dignas, pago de deudas, discusiones de contratos, despidos injustificados, persecución y violaciones a la ley incrementan con el pasar de los días y se extienden por todo el territorio nacional. De hecho, de las 416 protestas registradas durante el período estudiado, 188 fueron por motivos laborales.

Si bien en enero aún se registraron números más abultados por razones políticas (17) y por las deudas del prometido pernil navideño (nueve), en febrero ya comenzaba a crecer la temperatura del reclamo laboral. Así, pasaron de apenas dos en el primer mes del año, a cinco en el segundo y seis en el tercero. Pero en abril todo cambió: se registraron 18 manifestaciones de trabajadores, especialmente del sector salud. Desde entonces no dejó de crecer el indicador y se consolidó en el primer lugar en mayo, junio y julio, por lejos.

Carlos Navarro, presidente de la Central de Trabajadores ASI Venezuela (Alianza Sindical Independiente), atribuye esta situación a que la clase trabajadora del país se ha visto en la necesidad de  “enfrentar al poder que está centralizado en Caracas”, lo que implica  “un gran sacrificio que está asumiendo la gente para reclamar sus derechos”. El dirigente sindical explica que “hay una violación contumaz de los derechos individuales y colectivos del trabajo y esto está sucediendo en los sectores claves del país: educación, salud, transporte, en las instituciones públicas y el resto de las organizaciones sindicales”.

Para Navarro se ha desvirtuado el reclamo laboral ante las instituciones competentes, razón que ha motivado el repunte de las protestas por este tema. Explica que aunque posiblemente haya otras épocas, como el año pasado, en las que las manifestaciones han sido mayores en cantidad, en esta ocasión se trata de “protestas más contundentes” por la cantidad de participantes. Comentario que se refleja en el hecho de que en la Gran Caracas las protestas bajaron 66,71%, con respecto al mismo período de 2017 y que en todo el país la baja es de 52,59%.

“Esta gente y las organizaciones no tienen a dónde acudir para que les hagan respetar sus derechos laborales y primordiales, para lo cual tienen dos estructuras, una que es la cuasi jurisdiccional: el Ministerio del Trabajo y la Inspectoría, donde no les hacen caso. La otra, la jurisdiccional, que son los sistemas judiciales vienen a ser los tribunales que tampoco les hacen caso, y solo les queda una alternativa: movilizarse en un país donde no hay ley. Tienen que acudir a la fuerza y se tienen que activar en las calles”, aclara el sindicalista.

Tal como lo expone el dirigente, el reclamo del sector laboral se ha cruzado con la protesta política, de salud y por agua, temas que, de acuerdo a El Termómetro de la Calle, le siguen a las quejas de los trabajadores y representaron en el municipio Libertador el 14,42%, 12,46% y 12,02%, respectivamente, desde enero y hasta julio de 2018.

Al revisar las tendencias, se evidencia que las protestas por agua, misiones o transporte se mantuvieron más estables, mientras que aquellas por comida o CLAP se redujeron hasta desaparecer en junio y julio. Las motivadas por reclamos de salud tuvieron un pico en abril (25), inusual para el comportamiento promedio durante el resto del período cuando se mantuvieron en alrededor de cinco cada mes.

La data agrupada en los renglones «Otros» y «Otros servicios» se corresponde con protestas puntuales. Por ejemplo la manifestación por títulos académicos no entregados por el Ministerio de Educación el 25 de julio, o por recolección de basura en La Vega el 3 de julio, respectivamente.

La protesta cualitativa

El presidente de la ASI Venezuela asegura que en este momento hay una diferencia en la lectura de las diversas manifestaciones que han tenido lugar, pues es posible que “cuantitativamente hayamos tenido mayor número de protestas en años anteriores, pero las de este momento son mucho más cualitativas, más reales, con mensajes mucho más contundentes y respondiendo a una crisis humanitaria gravísima”.

De allí que las 416 manifestaciones que han sucedido en Libertador se decanten en 114 referentes al sector salud, seguidas de 10 manifestaciones realizadas por empleados de la Universidad Central de Venezuela (UCV), nueve de trabajadores petroleros y otras nueve por parte del personal del Pedagógico de Caracas. Quienes laboran en Corpoelec alzaron la voz seis veces en los primeros siete meses del año, mientras que en Supracaracas empresa dependiente de la Alcaldía de Libertador, ocurrió en cuatro oportunidades. Otros seis registros corresponden a protestas por motivos salariales ante diversos empleadores.

En todos los casos la respuesta ha sido la misma: sus quejas no han sido escuchadas por el Gobierno. “Lo que estamos buscando es un salario digno que es lo que establece la Constitución que señala que el ingreso de los trabajadores tiene que ser para vivir con dignidad y eso no pasa en Venezuela, con el ingreso que tenemos no vivimos, con lo que pretende darnos el gobierno para acabar con el paro no nos sentimos satisfechos”, es el testimonio de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, parte del gremio que tiene más de 50 días en protesta activa en los hospitales públicos de Caracas.

Del otro lado de la misma protesta, los pacientes y sus familiares llevan “el calvario por dentro”, tal como lo afirma Vicky Fernández, madre de un joven de 15 años que se dializa en el J.M de los Ríos desde los dos años de edad. Asegura que en ese centro de salud, tienen tres meses sin protestar pues la prioridad es la queja de los trabajadores, pero recuerda cómo en los meses anteriores, particularmente en el mes de abril, como da cuenta El Termómetro de la calle, protestaron por causas que iban desde la falta de agua en el centro hospitalario, pasando por el desalojo de las pensiones, hasta por la paralización de tratamientos por falta de insumos. “Ahora medianamente se está cumpliendo con lo básico. Supongo que no les conviene que nosotros volvamos a la calle cuando tienen ese hervidero por las enfermeras”, opina Vicky.

Entretanto, los profesores universitarios también reclaman. Keta Stephani, representante nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), explica que las 18 universidades del país se mantienen en protesta activa por lo que describe como “un cerco presupuestario” que mantiene en colapso a las universidades y en el precipicio a sus profesores. “Hemos unido fuerzas con la protesta del sector salud porque es la misma exigencia, salarios dignos e insumos para trabajar. No hemos sido escuchados, nos han prometido reuniones y no se han cumplido”, aclara la profesora.

A los rojos también se les alzan

Hasta los trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador decidieron hacer públicas sus quejas. Cuatro protestas en SupraCaracas, una de la Corporación de Servicios Municipales y una de los directamente dependientes del despacho de Erika Farías se sumaron a las nueve protestas de trabajadores de Pdvsa, tres de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, seis de Corpoelec, tres del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS) y dos de Hidrocapital.

En el caso de Petróleos de Venezuela, no se trata solo de quienes cumplen funciones en la capital, sino de quienes viajaron desde Monagas, Anzoátegui, Falcón o Sucre hasta Caracas para intentar ser escuchados. Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros de Monagas, llegó a la capital a principios de junio para protestar junto a sus compañeros pues “el sueldo que me ganó no alcanza para nada. Todos los días como mango y las comidas que nos ofrecen allá son como para los perros”.

El trabajador petrolero, en el ranking mundial, gana por encima de los dos mil dólares al mes. Pero en Venezuela no alcanza los dos dólares. Iván Freites, secretario de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hace la comparación y explica que “las condiciones laborales, la pérdida del contrato colectivo y de reivindicaciones nunca antes vistas hizo del trabajador de Pdvsa el peor pagado”. Freites expone que, por la crisis, 85% del personal de Pdvsa ha huido de la empresa, especialmente durante los meses más recientes, pues no tienen transporte, agua potable, ni seguridad en las instalaciones. Además, le suma a esa cadena de problemas la persecución a la que asegura han sido sometidos los trabajadores que alzaron su voz.

Perseguidos y amenazados también dicen estar los empleados de la Alcaldía de Libertador. Yennys Silva, del Sindicato Único de Obreros Municipales, Gubernamentales e Institutos Autónomos de este despacho refiere que han sufrido intimidación por evitar que se impongan los sindicatos patronales. La funcionaria asegura que en el caso de SupraCaracas el número de protestas no ha aumentado por miedo.

Por su parte, Carlos Rivero, secretario de Finanzas del Sindicato Único de Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (Sumet- Alcamet), indica que iniciaron sus protestas el 20 de diciembre de 2017 cuando la asamblea nacional constituyente “suprimió” este despacho, y que pararon sus quejas ante la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia porque en marzo pagaron sus sueldos atrasados.

MEDIO

AL ROJO VIVO:

«El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política’. La frase fue pronunciada por Simón Bolívar en su Discurso de Angostura el 19 de febrero de 1819.  Casi doscientos años más tarde, las calles de Venezuela se llenan de protestas a diario dando cuenta de infelicidad, inseguridad social e inestabilidad. Ya no se trata de reclamos políticos, como los que protagonizaron las manifestaciones de 2017, consideradas como el período de reclamos de calle más largo de la historia contemporánea cuando se registraron 5.427 manifestaciones en el primer semestre del año, el más activo. Un año después, las voces se alzan para denunciar las condiciones de vida, exigir reivindicaciones laborales, reclamar las fallas en los servicios públicos y demandar respuestas de las autoridades”. “El Termómetro de la Calle -una iniciativa de TalCual, El Pitazo y Runrun.es- nace para llevarle la temperatura a la protesta gracias a instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores y que permiten dar cuenta de cómo los municipios del país se inundaron de reclamos durante el primer semestre del año, a razón de casi 7 manifestaciones por día para un total de 2.403. El contraste con 2017 es evidente, pero la disminución global del registro da pie a otra comparación: el protagonismo del reclamo por razones sociales.»

La investigación está en www.runrun.es y de ella reproduzco algunos datos relevantes: Entre enero y junio de este año hubo 2.152 protestas sin motivaciones políticas a escala nacional, el 89% del total, y con el Distrito Capital como la entidad más conflictiva. La tendencia se mantuvo la primera quincena del mes de julio, siendo el estado Zulia el de mayor cantidad de manifestaciones durante esos 15 días, superando a Distrito Capital y Mérida que le siguieron. Sin embargo, en el acumulado, sigue siendo la capital el territorio con las calles más calientes, con la región zuliana acercándosele. Asimismo, en la sumatoria de todo el país se notó un aumento de la protesta política (264), superando por primera vez en 2018 a las motivadas por ausencia de gas doméstico (253). A escala local, el municipio Libertador, en la Gran Caracas, fue el que más reclamó en la calle (hubo 350 protestas desde enero al 15 de julio). Libertador superó con creces a los demás municipios capitalinos por la cantidad de protestas laborales (149), seguidas de las motivadas por razones políticas (57). En general, los reclamos laborales son a mediados de año los más comunes (853), seguidos por los de electricidad (332) y por escasez de comida o fallas en la entrega de los CLAP (273). Es así como 3 de cada 10 protestas, en promedio responden a motivos laborales, así como 1 de cada 10 lo hacen por fallas eléctricas. La lista se completa con las manifestaciones políticas (264), por agua (260) y por gas (253), además de aquellas con respecto a servicios de salud (247) y por transporte público (104). En 16 estados del país -incluyendo el Distrito Capital- la protesta más común es la de origen laboral. Allí se debe tomar en cuenta el reclamo a escala nacional que inició el gremio de enfermeras el 25 de junio con una protesta coordinada en distintos hospitales del país y al que se le fueron sumando otros sectores de la salud. De allí que la data los primeros quince días de julio aumente la intensidad. Le sigue en un distante segundo puesto la protesta por el CLAP, que se repitió en tres entidades. Salud, gas, comida y electricidad fueron la prioridad #1 en cuatro estados, respectivamente.

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. La frase forma parte del Discurso de Angostura de Simón Bolívar y fue pronunciada por el Libertador el 19 de febrero de 1819.  Casi doscientos años más tarde, las calles de Venezuela se llenan de protestas a diario dando cuenta de infelicidad, inseguridad social e inestabilidad.

Ya no se trata de reclamos políticos, como los que protagonizaron las manifestaciones de 2017, consideradas como el período de reclamos de calle más largo de la historia contemporánea cuando se registraron 5.427 manifestaciones en el primer semestre del año, el más activo. Un año después, las voces se alzan para denunciar las condiciones de vida, exigir reivindicaciones laborales, reclamar las fallas en los servicios públicos y demandar respuestas de las autoridades.

El Termómetro de la Calle, una iniciativa de TalCual, El Pitazo y Runrun.es nace para llevarle la temperatura a la protesta gracias a instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores y que permiten dar cuenta de cómo los municipios del país se inundaron de reclamos durante el primer semestre del año, a razón de casi 7 manifestaciones por día para un total de 2.403. El contraste con 2017 es evidente, pero la disminución global del registro da pie a otra comparación: el protagonismo del reclamo por razones sociales.

De hecho, entre enero y junio de este año hubo 2.152 protestas sin motivaciones políticas a escala nacional, el 89% del total, y con el Distrito Capital como la entidad más conflictiva. La tendencia se mantuvo durante la primera quincena del mes de julio, siendo el estado Zulia el de mayor cantidad de manifestaciones durante esos 15 días, superando a Distrito Capital y Mérida que le siguieron. Sin embargo, en el acumulado, sigue siendo la capital el territorio con las calles más calientes, con la región zuliana acercándosele. Asimismo, en la sumatoria de todo el país se notó un aumento de la protesta política (264 protestas), superando por primera vez en 2018 a las motivadas por ausencia de gas doméstico (253).

A escala local, el municipio Libertador, en la Gran Caracas, fue el que más reclamó en la calle (hubo 350 protestas desde enero hasta el 15 de julio), en contraste con el municipio Sucre del estado Trujillo donde apenas se registró una protesta laboral durante el período.

En Caracas, Libertador superó con creces a los demás municipios capitalinos, impulsado su registro por la cantidad de protestas laborales (149), seguidas de las motivadas por razones políticas (57). Entretanto, El Hatillo es el que menos protestó durante el primer semestre, con apenas 5 manifestaciones (2 por agua, 1 laboral, 1 por electricidad y 1 política).

En general, los reclamos laborales son a mediados de año los más comunes (853), seguidos por los de electricidad (332) y por escasez de comida o fallas en la entrega de los CLAP (273). Es así como 3 de cada 10 protestas, en promedio responden a motivos laborales, así como 1 de cada 10 lo hacen por fallas eléctricas.

La lista se completa con las manifestaciones políticas (264), por agua (260) y por gas (253), además de aquellas con respecto a servicios de salud (247) y por transporte público (104).

En 16 estados del país -incluyendo el Distrito Capital-, la protesta más común es la de origen laboral. Allí se debe tomar en cuenta el reclamo a escala nacional que inició el gremio de enfermeras el 25 de junio con una protesta coordinada en distintos hospitales del país, y al que se le fueron sumando otros sectores de la salud. De allí que la data los primeros quince días de julio aumente la intensidad. Le sigue en un distante segundo puesto la protesta por el CLAP, que se repitió en tres entidades. Salud, gas, comida y electricidad fueron la prioridad número 1 en cuatro estados, respectivamente.

La data de El Termómetro de la Calle incluye el apartado “otras”, conformada por reclamos puntuales. En ese sentido, Mérida encabeza ese tipo de manifestaciones, que incluye la protesta de padres y representantes de la U.E. Ramón Reinozo Núñez denunciando el abandono de esa institución el 12 de abril, o la de estudiantes de la Universidad de Los Andes en La Hechicera haciendo lo propio por el comedor universitario el 23 de ese mes. Le sigue Miranda, donde por ejemplo, el 22 de enero en Ocumare del Tuy hubo una revuelta para comprar pañales en el local Todoferta; y el 31 de mayo clientes de Sanitas de Venezuela protestaron en el municipio Chacao por fallas en la cobertura de esa empresa. El registro en el estado Lara incluye, en este apartado, la manifestación de universitarios por el extravío de sus títulos académicos el 2 de marzo en Barquisimeto, y la de alumnos de la escuela María Ledezma de la capital larense 10 días después.

Por su parte, el apartado “Otros servicios” incluye, en todos los casos, protestas por recolección de basura, por rotura de tuberías de aguas blancas o negras o por colapso de puntos de venta en comercios.