Un grupo de venezolanos pedirá en septiembre a Estados Unidos que revise los expedientes migratorios de 89 compatriotas que viven en ese país y que habrían hecho fortunas producto de sus vínculos con los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dijo un ex juez que lidera la iniciativa.
Alejandro Rebolledo, un experto en prevención de legitimación de capitales, dijo en una entrevista con Reuters que la idea es que avance una investigación judicial que pueda conducir a la extradición de los responsables y a la repatriación de decenas de miles de millones de dólares.
«Se han encontrado personas que son criminales, que tienen antecedentes, que están allá (en EEUU) viviendo. Es gente que tiene tanta habilidad que engañó hasta al Departamento de Estado», dijo Rebolledo el miércoles sin revelar las identidades para no arriesgar una eventual investigación.
Sin embargo, adelantó que el equipo del que forma parte entregará a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos 10 expedientes de venezolanos que hacen vida o negocios en ese país y que, presumen, mintieron para obtener visas, asilos o residencias. Son «los casos de más alto perfil».
Ellos estarían presumiblemente vinculados a la delincuencia organizada y habrían cometido delitos de corrupción, estafa, soborno, lavado de dinero y terrorismo amasando fortunas durante los últimos gobiernos, dijo Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, organización civil sin fines de lucro que acompaña el proyecto.
«Se pavonean con sus excentricidades: desayunan con un Ferrari y cenan con un Jaguar. Mientras, el pueblo de Venezuela tiene carencias: no hay medicinas ni comida», agregó el jurista de 49 años. «Como sociedad civil, tenemos que hacer lo que nos toca».
Venezuela es considerado uno de los países más corruptos del mundo y, según un ranking anual de Transparencia Internacional sobre sensación de corrupción, ocupa el peor lugar de América.
Parlamentarios opositores y dos ex ministros chavistas aseguran que en la última década fueron malversados unos 300.000 millones de dólares a través de importaciones ficticias y sobreprecios, una suma escandalosa comparada con los 6.000 millones de dólares que, según Transparencia, se desfalcaron en la década en que Alberto Fujimori gobernó Perú.
El presidente Maduro prometió combatir la corrupción y creó en el 2014 el Cuerpo Nacional Anticorrupción, pero se desconoce si está en funcionamiento. La Fiscalía tampoco ha desentrañado grandes casos de corrupción.
Reuters no obtuvo respuesta de varios llamados a autoridades para consultar sobre las acusaciones.
«TERRITORIO GRIS»
En Estados Unidos dos empresarios venezolanos se declararon culpables por participar en pago de sobornos para ganar contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y fue denunciado el desvío de 4.200 millones de dólares de PDVSA a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presuntas malas prácticas.
Además, Estados Unidos solicitó a una ex funcionaria del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela, que admitió haber aceptado millones de dólares en sobornos de una correduría de Wall Street, a que devuelva los 5 millones que obtuvo en la trama.
«El objeto de la lucha contra la corrupción es recuperar activos. Sino, tienes empresarios presos pero millonarios», apuntó Rebolledo resaltando que las autoridades del país han hecho poco por investigar estas tramas pese a su alto perfil.
«No investigar y no rastrear todo lo que tiene que ver con legitimación de capitales nos convierte en un territorio gris, un país vulnerable, donde las mafias controlan las instituciones del Estado y las manejan a su antojo», se quejó.
Por ello, el abogado especialista en derecho penal y criminalística, junto a un variopinto grupo de ciudadanos, está pujando por una reforma de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.
Entre otras cosas, la iniciativa busca una recompensa para incentivar la denuncia de casos de corrupción como ocurre en otros países. La norma ya ha sido aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Además, su organización abrió una dirección de correo donde recibe denuncias de corrupción y Rebolledo dice estar asombrado con la cantidad de acusaciones, con pruebas, que han recibido.
«Sorprende cuántas personas dando pruebas de todo tipo», dijo. «Hasta algunos diciendo que son capaces de testificar en contra de su hermano porque es testaferro. Es nuestro compromiso llevar ante las autoridades estos casos».
