La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro para que la liberen.
A través del abogado Joel García la hizo la petición este viernes 8 de marzo en horas de la noche.
«Se mantiene fortalecida y muy confiada de su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz.y diálogo. Solicita que se le ablande el corazón a las personas que toman las decisiones para que le concedan la pronta libertad», escribió García en su cuenta de X, antiguamente Twitter.
Mensaje de Rocío San Miguel “Se mantiene fortalecida y muy confiada de su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz y de diálogo. Solicita que se le ablande el corazón a la persona que toma las decisiones para que le conceda la pronta libertad”
García indico que San Miguel pudo hablar con su hija, Miranda, y que todavía no le permiten acceder a una defensa privada.
La activista y defensora de derechos humanos fue detenida el pasado 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía y se encuentra en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
La Fiscalía General de la República liderada por el funcionario impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, la acusa de estar vinculada con un plan de magnicidio en contra Maduro.
Con Rocío nos acercamos a Nicaragua
De acuerdo con el sociólogo y director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui la detención y encarcelamiento de San Miguel evidencia de un patrón de represión y persecución a los derechos fundamentales en Venezuela.
Uzcátegui indicó en una entrevista concedida a El Pitazo que «el caso de la presidenta de Control Ciudadano refleja una reconfiguración interna en la coalición gobernante con un funcionamiento que acerca a Venezuela al modelo autoritario de Nicaragua,pues el oficialismo decidió asumir un inédito costo político con la detención de San Miguel».
“Nos estamos acercando al modelo de Nicaragua.Hay una teoría según la cual Rocío San Miguelse va a convertir en una ficha de la negociación, y eso ha ocurrido. Lamentablemente, una persona comoRocío San Miguel tiene un costo político y eso será puesto sobre la mesa de negociación cuando se reinicie”,destacó Uzcátegui.
El militante de Encuentro Ciudadano fue detenido en noviembre del año pasado por escribir en la red X contra el régimen de Maduro
La presidenta de EC y abogada, Delsa Solórzano, aseguró que expresar las opiniones en redes sociales no constituye delito alguno
El pasado 21 de noviembre de 2023, Nelson Piñero estaba en su casa de Valencia cuando una comisión de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) entró a la residencia sin orden de allanamiento y se lo llevaron detenido. Desde entonces, el miembro de la seccional carabobeña del partido Encuentro Ciudadano se encuentra preso, acusado de instigación al odio por escribir mensajes contra el régimen de Nicolás Maduro en la red social X, antiguamente Twitter.
“El Sebin entró de manera violenta a su casa, se metió por las ventanas, él vive en la parte alta de una vivienda. Nelson se comunicó con varios dirigentes del partido y le preguntamos si los funcionarios tenían orden de allanamiento y dijo que no”, aseguró la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano.
La ex candidata a la primaria opositora del pasado 22 de octubre sostuvo que una vez aprehendido, Piñero fue trasladado a la sede del Sebin de Naguanagua.
“Una vez allí pasaron muchas horas para que tuviéramos algún tipo de comunicación con Nelson. Después de que dilucidamos que estaba ahí, no se le permitió a la familia ni a sus abogados verlo. Fue presentado 48 horas después ante tribunales y allí se pudo evidenciar que no había una orden de captura previa, así como tampoco de allanamiento, violando el debido proceso”, agregó Solórzano.
La dirigente aseguró que en la audiencia de presentación fueron destacados tuits de Piñero contra el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, en los que hacía mención al mal estado en el que se encuentran los hospitales de la entidad central.
“Sin embargo, llama la atención que en la acusación no son mencionados dichos tuits sino unos contra Maduro”, manifestó Solórzano.
La exdiputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 sostuvo que en la presentación del activista a tribunales salió a flote la expresión “patrullaje cibernético”.
“Es el reconocimiento de que hay funcionarios en el Sebin dedicados a stalkear las redes sociales de la disidencia política contra la dictadura para luego perseguirlos por el simple hecho de expresar sus opiniones de manera abierta y honesta”, precisó.
Para la dirigente de Encuentro Ciudadano, la detención de Piñero deja en evidencia al Gobierno de Maduro.
“Los argumentos de la Fiscalía confirman que Nelson está preso por escribir en redes sociales, eso no es un delito, eso es un ejercicio de libre expresión”, insistió.
Problemas de salud crónicos, depresión y ansiedad
Solórzano indicó que además de estar privado de libertad de manera ilegítima, Piñero enfrenta otros inconvenientes: «La situación de salud de Nelson no es la mejor, él ha tenido varios padecimientos, es una persona que tiene problemas de azúcar e hipertensión y estando aislado estos se han incrementando”.
Esperanza Piñero, hermana de Nelson, declaró a El Carabobeño, que el activista es hipertenso, diabético y padece de los riñones. Además, el encierro le ha provocado depresión y ataques de ansiedad.
“Lo han llevado dos veces a la evaluación médico forense porque ha presentado episodios de hipertensión y taquicardia”, comentó a dicho medio.
Trascendió que a los familiares no les han permitido llevar medicinas a Piñero y que por tanto, no recibe tratamiento desde el momento de su detención.
Esperanza es quien acude a las visitas los miércoles, le lleva a diario la comida y cuida de uno de los hijos de Piñero de 14 años.
“Fue muy dura la Navidad y el Año Nuevo sin él, teniendo que ir y venir. Sintiendo la impotencia de que está preso, Nunca imaginé que mi hermano iba a estar encerrado. Lo más importante que tiene un ser humano, además de su salud, es la libertad. Trato de sacar fuerzas de donde no las hay, pero tengo que luchar”, dijo la hermana de Nelson a El Carabobeño.
Tanto la hermana de Piñero como Solórzano están a la espera de la audiencia preliminar prevista para este martes 30 de enero.
“La única forma de que este patrón de persecución a la disidencia pueda aminorar es que los funcionarios sepan que los estamos observando y que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que la ONU y la Corte Penal Internacional los están investigando y que no son excusas las órdenes superiores cuando están cometiendo un delito”, expresó Solórzano.
Meligar Echarry, esposa de Tomás Sequera, coordinador de planificación de la tolda azul en San Felipe, aseguró que la información sobre la ubicación de los activistas la suministró María Corina Machado
Los dirigentes regionales del partido Vente Venezuela, Luis Camacaro y Tomás Sequera fueron trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el El Helicoide en la localidad caraqueña de Roca Tarpeya, según informó Meligar Echarry, esposa de este último.
“Al parecer están bien, los están investigando. La esposa de Luis Camacaro tuvo una conversación con María Corina Machado y ella fue la que dio la información”, dijo Echarry.
Camacaro, coordinador de Vente Venezuela en Yaracuy, y Sequera, coordinador de planificación de la tolda azul en San Felipe, fueron aprehendidos este 23 de enero por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro y llevados sin previo aviso al Helicoide.
A través de un video difundido por redes sociales, Echarry dijo que su esposo fue prácticamente secuestrado.
“Tuvimos conocimiento de que unos carros fueron interceptados, entre ellos el de mi esposo, que estaba con Camacaro. Ellos estaban conmemorando el 23 de enero y ratificando su apoyo a María Corina”, agregó Echarry.
Yrama Macíaas, esposa de Camacaro, dijo que este padece una condición médica y necesita ingerir fármacos.
“Él está bajo tratamiento porque tiene problemas hepáticos, sufre de ácido úrico y no se si está tomando sus medicamentos”, alertó Macías.
Macías intuyo que su esposo había sido detenido por el Sebin porque antes de la aprehensión el carro en el que ella se trasladaba fue interceptado por funcionarios de este cuerpo: “Me pararon a mi, pensando que él iba conmigo”.
Aseguró que esta arbitrariedad no la iba amilanar. “Seguiremos luchando, aquí estamos”.
Eduardo Torres, abogado de la ONG Provea, indicó que el Gobierno sigue vulnerando el derecho a la libertad establecido en la Constitución Nacional.
“El artículo 44 de nuestra Carta magna dice que la libertad personal es inviolable, no pueden seguir deteniendo a ciudadanos sin órdenes de detención o estar en flagrancia, no pueden seguir los secuestros y las desapariciones, los detenidos tienen derecho a comunicarse inmediatamente con su familia y abogados. Estas situaciones abren paso a posibles torturas”, advirtió.
Además de Camacaro y Sequera, Machado también denunció la detención de los jefes de comando de Vente Venezuela en Vargas y Trujillo, Juan Freites y Guillermo López, respectivamente.
❗¡Urgente!
Han transcurrido más de 20 horas desde la desaparición forzada de nuestros jefes del comando #ConVzla en Vargas, Yaracuy y Trujillo: Juan Freites, Luis Camacaro y Guillemo López.
Cuerpos represores del régimen no dicen dónde están.
El militante de Encuentro Ciudadano tiene dos meses privado de libertad y su salud se ha deteriorado. La familia denunció que no le permiten acceso a sus medicamentos
Para este martes 30 de enero está fijada la audiencia preliminar del activista político del partido Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, quien tiene dos meses privado de libertad por el supuesto delito de instigación al odio.
Los abogados de Piñero sentenciaron que apelaron ante el juez de control y aspiran que haya una revisión de las medidas que lo mantienen preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Naguanagua, estado Carabobo. Alertaron además que tuvieron acceso al expediente.
Recientemente familiares indicaron que desde su reclusión, Piñero no ha tomado los tratamientos médicos que le corresponden por las diferentes patologías que presenta.
La hermana del activista, Esperanza Piñero, indicó que desde el 21 de diciembre este no ingiere las medicinas para la hipertensión, diabetes y una dolencia renal.
Piñero sostuvo que aunado a esto su hermano padece ataques de ansiedad debido al confinamiento al que sido ha sometido después de ser aprehendido por unos comentarios en la red social X, antiguamente Twitter.
La familiar del activista aseguró que este ha sido llevado en par de ocasiones a la evaluación con el médico forense luego de presentar episodios de hipertensión y taquicardia.
Piñero manifestó que la detención de su hermano ha traído consecuencias a su familia, especialmente a su hijo, un adolescente de 14 años del cual él tiene la patria potestad.
Piñero fue aprehendido a finales de noviembre por agentes del Sebin, quienes fueron a buscarlo a su residencia.
“Evidentemente aquí se está condenando el ejercicio de la libertad de expresión, escribir en redes sociales no es delito, opinar no es delito y hoy se acaba de dictar una medida privativa de libertad simplemente por expresar su opinión en redes sociales”, afirmó Delsa Solorzano, principal dirigente de Encuentro Ciudadano y ex candidata a la elección primaria de la oposición del pasado 22 de octubre.
El 8 de octubre de 2018, el concejal de Primero Justicia cayó de un piso alto de la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Dos funcionarios de rango bajo fueron sentenciados a cinco años de prisión y la pena les fue rebajada a dos, ya se encuentran en libertad
Cerca de las 4 de la tarde del 8 de octubre de 2018, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó a través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV) que el concejal del municipio Libertador por el partido Primero Justicia, Fernando Albán, se había suicidado mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el sector caraqueño de Plaza Venezuela.
“Solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde el piso 10”, dijo el funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro.
Apenas minutos después, el entonces ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, contradijo las declaraciones de Saab. “Encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”, escribió en su cuenta de Twitter (hoy en día X).
De acuerdo con el acta de defunción rubricada por miembros del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Albán murió por traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismo toracoabdominopelvico cerrado por caída de altura.
Desaparición forzada de Albán
A comienzos del mes de octubre de 2018 se suponía que el concejal de PJ iba a aterrizar en Venezuela proveniente de la ciudad de Nueva York, donde había participado en la 73 sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 5 de octubre, Luz Amparo Albán, hermana del político recibió un mensaje en su celular que decía “estoy preso en el Sebin”.
Lo había enviado su hermano luego que funcionarios de este cuerpo de seguridad lo detuvieran en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Después de 48 horas de desaparición, familiares, abogados y amigos de Albán conocieron que este se encontraba en la sede del Sebin en Plaza Venezuela y estaba siendo vinculado al supuesto intento de magnicidio contra Maduro en agosto de ese año en el marco de un acto castrense en la avenida Bolívar de Caracas.
La defensa de Albán informó que a este se le imputaron los cargos de terrorismo, traición a la patria, homicidio calificado frustrado en la persona del primer mandatario y de alto mando militar, así como asociación para delinquir.
Luego que el caso fue asignado al tribunal VI de Control, este declinó la causa a favor del Tribunal 1 con competencia en terrorismo.
Los “culpables”
Ramón Alfredo Aguilar, abogado en ese entonces de Albán, sostuvo que para hacer una simulación de justicia, la administración madurista procesó a dos funcionarios de bajo rango del Sebin.
“Esta es una muestra clara de la violación sistemática de los derechos humanos y de la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro”, indicó Aguilar.
Casi un año después de la muerte de Albán, el Ministerio Público anunció la acusación formal del inspector Miguel David Dos Santos Rodríguez y el detective Keiberth José Cirelli Moreno por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de mecanismos necesarios de custodia.
“Estos funcionarios fueron condenados a cinco años, luego se les redujo la pena a dos y prácticamente nunca estuvieron detenidos porque estuvieron en la propia sede del Sebin donde podían entrar y salir a su gusto y cuando se terminó el proceso la pena ya estaba cumplida”, agregó Aguilar.
El abogado sostuvo que la Fiscalía empleó el recurso de homicidio culposo. “Como si hubiera ocurrido un accidente, ocultando que Fernando fue torturado y lanzado desde un piso 10. Lo peor es que se quiere aparentar que se castiga el homicidio cuando no es verdad, allí había un homicidio calificado con torturas y desaparición forzada, todo eso fue denunciado tanto en la Fiscalía como en la Defensoría del Pueblo y nunca fueron atendidas nuestras peticiones”.
Inconsistencias en el expediente
Aguilar informó que aunque por unos minutos, la defensa de Albán tuvo acceso al expediente del caso y pudo evidenciar algunas irregularidades.
“Unos policías dicen que estaba esposado, sin embargo el cuerpo fue hallado sin esposas, la abertura de la ventana por la cual supuestamente saltó mide 25 centímetros, una persona de su talla no pasa por ahí, por ello ni siquiera pensamos que fue lanzado del piso 10 sino de la azotea, el cuerpo tenía marcas de posibles descargas eléctricas, la autopsia la firmó un médico desconocido que no era forense y no se permitió que la familia participará en la investigación”.
Aguilar denunció que el Estado no aplicó el protocolo de Minnesota, un instrumento técnico y jurídico elaborado por la ONU para evitar que funcionarios sospechosos de un delito puedan influir en la investigación.
El abogado indicó que cinco meses después de la muerte de Albán allanaron la oficina de su viuda Meudy Osío y se llevaron todos los equipos.
“No se permitió nunca que la familia participara en el proceso, persiguieron a los abogados que estábamos en la causa, todos estamos fuera de Venezuela actualmente, especialmente yo que era jefe de la defensa”.
Aguilar manifestó que la persecución a la familia Albán obligó a sus miembros a radicarse definitivamente en el extranjero.
“Los dos hijos de Fernando viven en Nueva York y se graduaron por sus propios medios, María Fernanda es comunicadora social y Fernando Alberto es ingeniero mecánico. Su esposa está trabajando también en Nueva York ayudando a migrantes venezolanos a obtener su regularización migratoria”.
Hay esperanza de justicia con Albán
Aguilar aseveró que la falta de una investigación imparcial evidencia la eventual implicación de los miembros de la cadena mando, desde comisarios hasta Maduro, pasando por el director del Sebin, Gustavo González López, el fiscal impuesto por la ANC y el otrora ministro Reverol.
“La Fiscalía es la que establece los procedimientos forenses que deben aplicarse, al no hacerse la investigación se está encubriendo el hecho y eso es un delito de acuerdo con el Estatuto de Roma”.
El abogado sentenció que todas las inconsistencias en el caso Albán están documentadas en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y también existe una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).
“La investigación continúa y ya no se trata solo de buscar responsabilidades individuales, sino de establecer una conexión con la cadena de mando, esto no es un hecho aislado, es un hecho común porque ya pasó con el capitán Rafael Acosta Arévalo y otros tantos”.
El director de Fundaredes está preso desde julio de 2021 y su proceso penal ha estado plagado de irregularidades
Este próximo fin de semana, el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, cumplirá 800 días privado de libertad.
Tarazona fue detenido el pasado 2 de julio de 2021 por funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaban siendo hostigados por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e igualmente por sujetos sin identificar.
Al activista se le imputan los delitos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria.
Durante marzo 2021, Tarazona fue una de las escasas fuentes de información que se refirió al conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure, donde alrededor de 3 mil personas fueron desplazadas y hubo múltiples denuncias de abusos a la sociedad civil.
Tarazona asomó una eventual relación entre el exministro y exgobernador chavista, Ramón Rodríguez Chacín, con la guerrilla colombiana.
Desde su captura, Tarazona ha estado sometido a retardos procesales, supuestas torturas y patologías médicas como coronavirus, ansiedad e hipertensión arterial.
No conforme con las arbitrariedades denunciadas por Fundaredes, el juicio contra Tarazona comenzó desde cero en octubre del año pasado a consecuencia de una supuesta baja médica del juez de la causa.
La ONG indicó que las condiciones de reclusión de Tarazona no son adecuadas. No cuenta con ventilación ni iluminación adecuada y se le niega el acceso a un espacio de recreación.
Varios organismos nacionales e internacionales se han pronunciado a favor de la liberación del activista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida de protección y anunció que está dispuesta a llevar a cabo una visita a su centro de detención en El Helicoide. La Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se pronunció y Amnistía Internacional lo considera “un preso de conciencia”.
El mayor General del Ejercito, Miguel Rodríguez Torres, fue liberado este sábado luego de 4 años y 10 meses de prisión, de acuerdo a la versión de familiares.
Tras su liberación fue expulsado del país con destino a España.
Desde la noche del viernes 20 de enero, Rodríguez Torres fue trasladado hasta el Palacio de Justicia a la espera de la audiencia, esta se llevó a cabo en el Tribunal de Primera instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional.
Extraoficialmente se conoció que el Mayor General (Ej) Miguel Rodríguez Torres será expulsado hoy a España, para gozar de libertad en ese país
La medida formaría parte de los acuerdos de la mesa de negociación, pero no ha sido confirmada a esta hora https://t.co/lbGHq1RFXE
En un comunicado, los familiares agradecieron a las personas responsables por su liberación “al expresidente José Luis Rodriguez Zapatero, al Cardenal Pietro Parolin, Volker Türk el Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a Gerardo Blyde, Rafael Lacava, Timoteo Zambrano, Henrique Capriles, Stalin Gonzalez, Carlos Paparoni, al Gobierno de los Estados Unidos de América, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Cristiana Evangélica y a la labor del gremio de periodistas”.
El exministro, Miguel Rodríguez Torres, había sido detenido en la ciudad de Caracas el 18 de marzo de 2018, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) mientras daba un discurso durante un evento a favor de los derechos de la mujer en un hotel de Plaza Venezuela.
El ministro habría sido entregado al expresidente español Rodríguez Zapatero para su acompañamiento hasta el avión rumbo a República Dominicana para conectar luego con un vuelo a España.
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ya no es un garante de la Constitución y los derechos humanos, y menos aún un límite al poder del Estado a través del control judicial, sino que se ha convertido en uno de los principales brazos ejecutores de la represión del Ejecutivo respecto de la disidencia política. En 2018, tuvo un rol fundamental en la persecución contra los parlamentarios nacionales a raíz del supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Fue el caso de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens y Julio Borges, el primero detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el segundo exiliado en Colombia, con una solicitud de extradición autorizada por el máximo tribunal.
Requesens, quien lleva más de 5 meses tras las rejas, fue aprehendido de forma arbitraria, pues los funcionarios del Sebin no contaban con orden judicial la noche del 7 de agosto. Para justificar su inmediata captura, la Sala Plena del TSJ estableció mediante sentencia 071 del 8 de agosto de 2018, una flagrancia inexistente, mediante el uso de una figura distinta a esta, que es la del delito permanente o continuado.
A Requesens se le acusó, entre otros hechos punibles de instigación pública continuada, traición a la patria y asociación para delinquir, violaciones que el Poder Judicial consideró como delitos permanentes y, por ello, permiten detener a alguien inmediatamente y sin orden judicial. La flagrancia no es un tipo penal o delito, sino el descubrir a una persona cometiendo un delito, lo que evidentemente hace que sea más fácil procesarlo y probar su culpabilidad. Un delito continuado o permanente es una categoría de tipos penales que se caracterizan por una sola acción delictiva que se prolonga sin interrupción en el tiempo, como sucede en el secuestro hasta la liberación de la persona secuestrada, o en la desaparición forzada, hasta la aparición.
En su oportunidad, Acceso a la Justicia denunció al igual que otras ONG que se violó en el caso Requesens, la inmunidad parlamentaria, prevista en el artículo 200 de la Constitución, que además prevé que, cuando un diputado es aprehendido en flagrancia, debe ser detenido en su residencia y notificar sobre el hecho al TSJ, pero en este caso el diputado fue trasladado a un lugar sobre el cual no se supo nada por cuatro días, y luego se tuvo noticias de que ese sitio era el Sebin en su sede del Helicoide, por lo que además el otrora dirigente estudiantil fue víctima de desaparición forzada. Al día de hoy sigue sin audiencia preliminar, con problemas de salud que no han sido atendidos oportunamente y ha sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo bajo la anuencia de alto tribunal de la República, quien debería ser el garante de la Constitución.
Sobre Borges, involucrado igualmente en el supuesto atentado presidencial, también acusado de haber cometido, entre otros, el delito de traición a la patria a partir de confesiones de dudosa obtención y habérsele descubierto en flagrancia, pese a no estar en el país para el momento en que presuntamente cometió el delito, recordamos que su extradición, rechazada por el Gobierno colombiano, no procede porque el TSJ le imputa un delito político por excelencia: traición a la patria. Además, que corre el riesgo de sufrir torturas, ya que existen continuas denuncias y testimonios que evidencian que es una práctica común contra la mayoría de los presos políticos. La normativa internacional, entre otros, el acuerdo de extradición vigente entre nuestro país y la vecina Colombia, además de Ecuador, Bolivia y Perú señalan a la tortura como una causal para que no proceda una extradición.
Resulta insólito por ello que más adelante, el TSJ (sentencia n.º 279 del 9 de octubre de 2018) maniobrara para lograr la extradición de Borges por otra vía, ampliando la solicitud original del 16 de agosto de este año (sentencia 249), haciendo ver que era una nueva al imputarle el delito de encubrimiento de un homicidio cometido supuestamente por su chofer.
