La judicialización de casos contra dirigentes de oposición exhibe un patrón de persecución a la disidencia política en Venezuela. Las audiencias en juicios son diferidas hasta cinco veces mientras se extiende el tiempo en prisión por supuestos delitos. La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera, en una resolución del 23 de septiembre, que las detenciones de Leopoldo López y Daniel Ceballos como arbitrarias y instó al gobierno a responder por las violaciones a derechos humanos. Este martes venció la inhabilitación impuesta por la Contraloría a López
@albertoyajure
(*) Con información de los partidos políticos
EL GOBIERNO DE VENEZUELA se refiere a ellos como políticos presos. Pero un denominador común hace que abogados, politólogos y organismos internacionales les confieran a la mayoría el calificativo de presos políticos. El orden de las palabras se invierte cuando, al examinar los casos, salta a la vista un hecho: la mayoría de los indiciados ⎯con sentencias de cárcel o con medidas cautelares⎯ son dirigentes que militan en partidos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Las investigaciones y juicios contra opositores luego de cadenas de radio y televisión del Presidente de la República y acusaciones del presidente de la Asamblea Nacional son frecuentes. El Poder Judicial ⎯por medio de Tribunales Ordinarios o sentencias de las salas Penal y Constitucional del TSJ⎯ el Ministerio Público y la Asamblea Nacional han respondido con dictámenes y acciones judiciales contra el dirigente de oposición Leopoldo López, los parlamentarios María Corina Machado y Julio Borges, y los alcaldes Enzo Scarano, David Ceballos, David Smolansky y Gerardo Blyde, después de que funcionarios y dirigentes del partido de gobierno adelantaran opiniones contra ellos.
Las sentencias y algunas causas aún abiertas contra diputados de la Asamblea Nacional, alcaldes, gobernadores y estudiantes tienen como contexto o trasfondo las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro que iniciaron en febrero de este año, como en los casos contra el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho; los dirigentes Darío Ramírez, Rosmit Mantilla y Gustavo Marcano.
Pero también incluyen acusaciones de corrupción, como en los casos de la ex diputada María Aranguren y Richard Mardo. El Poder Judicial ha dictado al menos 17 sentencias y dictámenes contra 26 ciudadanos que se declaran disidentes (diputados y dirigentes de oposición, estudiantes y líderes de agrupaciones universitarias, y manifestantes críticos de la gestión de gobierno).
La justicia recobró la vista
José Vicente Haro, especialista en Derecho Constitucional, afirma que se utilizan las causas judiciales para perseguir y neutralizar a la oposición. Destaca que desde el Ministerio Público y el Poder Judicial se trata de manera distinta a los estudiantes que manifiestan contra el Gobierno (llamados guarimberos) a quienes se les han impuesto en su mayoría medidas de privativa de libertad.
“El Gobierno busca acabar con la disidencia. En el caso de los dirigentes de oposición es claro el uso de la justicia para perseguir a disidentes. Incluso se han desatendido llamados y recomendaciones de organismos internacionales, como la ONU en el caso de Leopoldo López y Daniel Ceballos. En el caso de los estudiantes y dirigentes en universidades sabemos que los jueces no están otorgando medidas de libertad porque han recibido órdenes desde el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia”.
El Ministerio Público incluso ha iniciado investigaciones y emitido órdenes de detención y encarcelación de disidentes basándose, en algunos casos, en testimonios de supuestos informantes anónimos, denominados por el oficialismo como “patriotas cooperantes”.
El diputado a la AN por Primero Justicia, Juio Borges, fue golpeado tres veces en el hemiciclo por dirigentes del oficialismo. La última de ellas, el 30 de abril, fue grabada y vista en pantallas de televisión. El presidente de la AN le negó el derecho de palabra por más de 30 días y además es investigado por los cargos de “traición a la patria”. Borges denunció a su agresor, el diputado del Psuv y suplente de Elvis Amoroso, Michael Reyes, sin resultado.
“El Ministerio Público nunca me llamó a declarar. No se han pronunciado. Al diputado que me golpeó lo premiaron y es ahora alcalde del municipio Zamora (Villa de Cura, Aragua). Es el mundo al revés. La Justicia está no solo está politizada, sino partidizada. Basta con que algún dirigente del Psuv se pronuncie para que la Fiscalía actúe. Pero cuando se trata de corrupción en el Gobierno no hacen nada. Allí tienes el caso de Jaua, Antonini. Puedo pasar horas enunciando casos”, relata en conversación telefónica con Runrun.es
Borges ha acudido además a instancias internacionales, como la Unión Interparlamentaria, con sede en Ginebra, Suiza, que adoptó en marzo de 2014 una resolución contra Venezuela. Además asegura que la judicialización de los casos busca infundir el miedo en la disidencia.
“A la diputada María Corina la van a imputar, es parte de una misma trama. Juan Carlos Caldera va a audiencia y ya está sentenciado. La violencia institucional y persecución política son expresiones de un gobierno débil. Quieren sembrar miedo. Pero jugar con el miedo es peligroso porque la gente lo pierde y se le devuelve al gobierno”.
“Blanco inmediato”
El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, no duda que la organización política esté en la mira del Gobierno. “Es una represión brutal. Hay ensañamiento contra Voluntad Popular y otros partidos”, afirma.
En la sede de Voluntad Popular, dirigentes y abogados llevan un registro pormenorizado de cada expediente, del estado de las causas y fechas de audiencias. Por ejemplo, Rosmit Mantilla, dirigente de VP, lleva siete meses detenido en el Sebin sin audiencia preliminar, pese a que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que todo detenido debe ser presentado en tribunales en un lapso no mayor a 48 horas.
“Su audiencia ha sido pospuesta 5 veces por cualquier excusa: un día no se presenta el fiscal, al otro no tienen el expediente porque lo enviaron a la Corte de Apelaciones. Todo está diseñado para dilatar el proceso”, asegura Adriana Pichardo, politóloga y miembro de la Dirección Nacional.
El caso del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, es casi tan emblemático como el del dirigente Leopoldo López. Hace mes y medio que la ONU recomendó al gobierno su liberación, pero desde esa fecha en los tribunales no hay despacho. Su última audiencia fue diferida y la juez no ha fijado fecha para una nueva.
Pichardo, que ha atendido decenas de audiencias, no duda en cuestionar el carácter democrático del gobierno: “Es casi una dictadura. Si algún funcionario como Diosdado, o algún militante del Psuv o ‘patriota cooperante’ te nombra, te conviertes en blanco inmediato de la Fiscalía y los Tribunales. Los alcaldes de oposición fueron juzgados por el Tribunal Supremo de Justicia en un juicio exprés que duró menos de 4 horas”.
Independencia y separación de Poderes
La apertura de investigaciones y el procesamiento por parte de tribunales a disidentes exhibe un mecanismo sistemático en el que el Poder Judicial, que parece actuar siguiendo un patrón de responsables. La mayoría de las sentencias o dictámenes en estos casos privilegian y favorecen al partido de gobierno, un fenómeno que expone la poca independencia en el Poder Judicial. Impera en la mayoría de los casos la intervención y sentencias desde las Salas Plena y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es lo que la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol llama “perseguir y gobernar” con puño de hierro desde el TSJ mediante la utilización partidista de los tribunales y las leyes.
“El problema fundamental es la falta de independencia y la no separación de poderes”, afirma el politólogo Piero Trepiccione, quien objeta la legalidad de algunas decisiones y recuerda que los sistemas democráticos se caracterizan “porque en ellos opera un sistema de pesos y contrapesos que permite el equilibrio las fuerzas dentro del Estado”.
“En Venezuela eso está distorsionado, principalmente, porque no hay separación de Poderes. Desde el Gobierno se promueve una visión ideológica de que la separación del poderes hace daño al Estado”.
Trepiccione también advierte que la justicia está siendo instrumentalizada para perseguir y anular a la disidencia con casos y sentencias condenatorias, mientras que en el lado contrario es utilizada para defender a quienes ostentan el poder.
“Hay todo un desbarajuste sobre el enfoque ideológico y el modelo de Estado. Ciertamente, la falta de independencia representa un retroceso histórico, porque costó mucho avanzar de sistema unipersonales para lograr llegar al consenso de que todos los individuos somos iguales ante la ley”.
Incluso las decisiones del Poder Judicial parecen contradecir preceptos constitucionales, como en el caso del diputado Richard Mardo, María Aranguren, a quien la Asamblea Nacional les allanó la inmunidad parlamentaria mediante la votación favorable a la propuesta del Psuv con mayoría simple, cuando la Constitución establece claramente que debe hacerse por los dos tercios de sus integrantes.
Revise los casos
Richard Mardo
El presidente de la AN, Diosdado Cabello, presentó el 5 de febrero de 2013 supuestas pruebas de corrupción contra el diputado Richard Mardo (PJ Aragua). Poco más de un mes después, el 12 de marzo, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia que autorizara el procedimiento de antejuicio de mérito contra Mardo basándose en acusaciones de defraudación tributaria y legitimación de capitales. La sentencia del TSJ declaró con lugar la solicitud para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo conforme al artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal. La Asamblea Nacional decidió, el 30 de julio, allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo con una votación de mayoría simple, pese a que la Constitución establece en su Artículo 187, numeral 20 que: “La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes”.
El 25 de junio de 2014 el diputado fue citado nuevamente por el Ministerio Público para comparecer ante la Fiscalía 10 con competencia nacional para continuar con la querella legal en su contra. Ese día le fueron imputados formalmente los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y ocultamiento de datos que debe contener la declaración jurada de patrimonio. La fecha del juicio contra Mardo aún no está definida; por lo pronto, el diputado continúa en libertad y prestando colaboraciones a personas y comunidades del estado Aragua.
Aranguren
La facción del Psuv solicitó al Ministerio Público el inicio del procedimiento de antejuicio de mérito contra la diputada Aranguren por presuntos hechos de corrupción. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, consignó el 2 de octubre a la Sala Plena el TSJ la documentación para el enjuiciamiento de Aranguren por presuntos delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir cuando presidía una fundación vinculada a la gobernación del estado Monagas que suscribió contratos en dólares para la contratación de grupos musicales en la entidad, cuyos pagos fueron hechos con divisas no oficiales. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por la Fiscal General. La Asamblea Nacional aprobó el 12 de noviembre de 2013 el allanamiento de la inmunidad de la diputada Aranguren con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes, pese a que la Constitución establece en su Artículo 187, númeral 20 que: “La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes”. Aranguren denunció que su remoción del Parlamento obedeció a la necesidad del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de sustituirla para poder contar con 99 votos para otorgar la Ley Habilitante al presidente Nicolás Maduro.
Julio Borges
El 16 de abril de 2013, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, decidió negar el derecho de palabra a los diputados de aquellos partidos: “que no reconozcan al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”, entre los que se incluía Borges. El martes 30 de abril de 2013, en sesión ordinaria de la AN, el diputado Borges fue golpeado brutalmente por el diputado suplente Michel Reyes, quién no debía estar en la sesión por encontrarse en el hemiciclo el principal, Elvis Amoroso (Psuv). La agresión inició cuando la bancada de la oposición desplegó una pancarta en la que se leía “Golpe al Parlamento”, en protesta por la restricción del derecho de palabra que el presidente de la AN, Diosdado Cabello, había implementado de manera arbitraria días atrás contra diputados de la oposición venezolana.
Borges acudió el 2 de mayo de 2013 a Ministerio Público para denunciar las agresiones sufridas en la AN, específicamente, por la fractura de mandíbula y el hueso malar, además de lesiones en un ojo, según un informe médico. Hasta la fecha, no existe pronunciamiento concluyente por parte de ningún órgano de la República en relación a los hechos de violencia acaecidos el 30 de abril de 2013 en la AN. También introdujo una acción de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia por la omisión del Juzgado de Sustanciación en la querella que impuso contra el siputado suplente Michel Reyes. El TSJ declaró inadmisible el 26 de diciembre el recurso.
Igualmente, Borges ha sido acusado, sin pruebas, de formar parte de un “golpe económico” que supuestamente tiene el propósito de provocar el colapso total de la economía venezolana. El 10 de octubre de 2013 el vicepresidente de la AN, Darío Vivas, anunció la creación de una comisión para investigar las actitudes de los diputados opositores que buscaban «generar conflicto, insultar al Presidente de la República, intentando sabotear el derecho de palabra, violando el Reglamento Interno de la Asamblea». La Comisión quedó integrada por los diputados Elvis Amoroso, quien además la coordinaría, Andrés Eloy Méndez, ambos del partido de gobierno, y el diputado opositor Alfonso Marquina. El viernes 11 de octubre, los diputados oficialistas de la mencionada Comisión, anunciaron que el diputado Julio Borges sería sancionado de acuerdo al artículo 76 de la Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, lo que significó para el diputado opositor la restricción del derecho de palabra en la AN durante 20 días. El 15 de octubre, por mayoría de los diputados oficialistas de la AN se aumentó la sanción a Julio Borges a 30 días. Borges también ha sido acusado de “traición a la patria” por sus intervenciones en foros políticos en el exterior.
María Corina Machado
El presidente de la AN, Diosdado Cabello, aseguró que María Corina Machado había dejado de ser diputada luego de haber aceptado el puesto de Panamá en la cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA). También aseguró que no podría entrar en la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional del TSJ interpretó el 26 de marzo de 2014 el sentido y alcance del artículo 191 de la CRBV, en lo que se refiere a la aceptación de una actividad de representación (sea permanente o alterna), indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional por parte de un diputado o diputada a la AN que está desempeñando su cargo durante la vigencia del período para el cual fue electo, y su incompatibilidad con dicha función legislativa, ello en función de la pérdida de la investidura de la diputada María Corina Machado. El 27 de noviembre de 2014, la exdiputada María Corina Machado anunció había recibido una citación del Ministerio Público en el que se le participaba su imputación por supuesto delito de magnicidio. Se presentó la mañana de este 3 diciembre.
Juan Carlos Caldera
El diputado Julio Chávez (Psuv – Lara) presentó el 13 de septiembre de 2012 un vídeo en el que aparecía Caldera recibiendo dos sobres con dinero de una persona no identificada, destinado presuntamente al financiamiento de la campaña presidencial de Henrique Capriles Radonski. El mismo día (13/09/2012) el diputado Caldera expuso en rueda de prensa que recibió dinero para su campaña política del empresario Wilmer Ruperti, vinculado al chavismo. El 23 de octubre de 2014, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz acudió al TSJ y entregó a la Sala Plena el «expediente» con la denuncia de tres ciudadanos que no identificó y una «investigación preliminar» del MP, a través de la cual se presume que el diputado Juan Carlos Caldera incurrió en los delitos de «legitimación de capitales» y «suposición de valimiento». En sus declaraciones, la Fiscal señaló: «En este vídeo aparecía (Caldera) con una persona a la que no se le ve el rostro y recibía el dinero presuntamente para el entonces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski». El TSJ se pronunció el 27 de noviembre de 2014 y declaró procedente el antejuicio de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera. Ese mismo día, Caldera hizo pública su renuncia a su curul como diputado de la Asamblea Nacional.
Ismael García
Al diputado Ismael García (Avanzada Progresista) se le investiga por supuesta difamación e injuria contra el general Hugo Carvajal, quien ha sido vinculado a delitos de narcotráfico y sobre quien pesa una orden de extradición del gobierno de Estados Unidos. García había solicitado a la Fiscal General y al Ministerio Público que se investigara si las denuncias contra este funcionario tienen asidero jurídico y si eran procedentes. Además aseguró que el general Carvajal había negociado con la DEA (Agencia para el Control Antidrogas) su entrega a las autoridades de los Estados Unidos de América. El Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente el 7 de noviembre de 2014 para conocer sobre la solicitud de antejuicio de mérito contra García que solicitud el general Carvajal y ordenó al Ministerio Público tramitar la investigación contra el diputado.
Henrique Capriles Radonski
El supuesto “asedio” a la embajada de Cuba en Venezuela, en el marco del golpe de Estado de abril de 2002, le valió a Capriles permanecer en la cárcel durante casi un mes. Capriles fue llevado a juicio en 2004 y fue absuelto en 2006 por no poder imputársele algún hecho punible: en 2008 el juicio a Capriles fue reabierto.
Capriles Radonski resultó perdedor tras medirse con Nicolás Maduro en una de las elecciones más polémicas y con resultados más reñidos de la historia venezolana. El líder opositor tildó los comicios de “fraude” y llamó a sus seguidores a expresar su descontento (“arrechera”) con un gran cacerolazo nacional. La noche de ese 14 de abril de 2013 sucedieron varios incidentes en el país que, luego, diputados oficialistas vincularon con el llamado de Capriles. Nueve personas muertas, 78 heridas y supuestos ataques contra casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, contra centros asistenciales y contra sedes de organismos públicos son los hechos achacados a Capriles. Hasta el momento, esta investigación no ha prosperado.
Con relación a las protestas iniciadas en febrero de 2014, el 25 de marzo el Presidente de la República, Nicolás Maduro, responsabilizó al gobernador de Miranda, sin pruebas, por la muerte de la intérprete de señas Adriana Urquiola, quien recibió un disparo cuando se bajaba de un autobús en el sector La Matica de Los Teques, en medio de una manifestación.
Días previos, el TSJ ordenó a los mandatarios locales de Chacao (Miranda), Ramón Muchacho; de Lecherías (Anzoátegui), Gustavo Marcano; y de Maracaibo (Zulia), Eveling Trejo, remover los obstáculos colocados en la vía pública y garantizar el libre tránsito de las personas y vehículos. El TSJ ha equiparado la orden con una decisión de amparo sin permitirle a los afectados ejercer el derecho a la legítima defensa. La Sala Constitucional del TSJ ha emitido pronunciamientos y dictado sentencias condenatorias contra los alcaldes, las cuales incluyen la pena accesoria de destitución del cargo, pese a que se trata de funcionarios electos por voto directo, universal y secreto.
Daniel Ceballos
Desde el 4 de febrero de 2014 en varios sectores de San Cristóbal del estado Táchira, ciudadanos protagonizaron manifestaciones caracterizadas por el cierre de vías públicas, alterando el orden público en el municipio San Cristóbal del estado Táchira.
El 17 de marzo la Sala Constitucional extendió al alcalde de San Cristóbal los efectos de la medida cautelar dictada cinco días antes contra los alcaldes de Baruta, Gerardo Blyde; y El Hatillo, David Smolansky. El día 19 de marzo, en la ciudad de Caracas, Daniel Ceballos fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) sin orden judicial. Ceballos fue presentado ante el Tribunal 2º de Control del Área Metropolitana de Caracas por la presunta comisión de los delitos de rebelión civil y agavillamiento. En la misma audiencia, el Tribunal 2º de Control se declaró incompetente y ordenó el traslado inmediato del alcalde al estado Táchira para su presentación ante un Juez natural. La Sala de Casación Penal del TSJ ordenó el 24 de marzo de 2014 la radicación de la causa de Ceballos en un tribunal de Caracas. Luego, el 11 de abril de 2014, la Sala Constitucional en ponencia conjunta, declaró el desacato del alcalde Daniel Ceballos a la sentencia de amparo constitucional dictado por esa instancia mediante sentencia N° 135 del 12 de marzo (Casos: alcaldes Blyde y Smolansky), con efectos extensivos a Ceballos como alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, y además lo condenó a un año de prisión. Ceballos fue despojado de su cargo como alcalde de San Cristóbal y el CNE ordenó efectuar unos nuevos comicios. La Organización de Naciones Unidas, solicitó al Gobierno de Venezuela la liberación inmediata de Ceballos y del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López.
David Smolansky y Gerardo Blyde
El 5 de marzo de 2014, Juan Ernesto Garantón introdujo una demanda de amparo constitucional contra los alcaldes Gerardo Blyde (Baruta) y David Smolansky (El Hatillo), por supuesta violación de los artículos 178, 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 de la CRBV. La demanda tiene como trasfondo las protestas antigobierno en Caracas y en otros estados de Venezuela que iniciaron en febrero de 2014. La Sala Constitucional dictó el 12 de marzo la sentencia No. 135, mediante la cual admitió la demanda, y de manera cautelar, ordenó a los alcaldes Blyde y Smolansky lo siguiente, entre otros mandatos: “Realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos; se proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana”.
Gustavo Marcano
El 8 de febrero de 2014, el diputado Pedro Carreño (Psuv) pidió al TSJ acciones contra el alcalde de Lechería (Anzoátegui), Gustavo Marcano. En marzo, el Ministerio Público informó que evaluaría solicitar al TSJ el enjuiciamiento de Marcano. Ese mismo mes, Marcano fue interpelado por el Concejo Legislativo de Lecherías por supuestamente financiar manifestaciones en esa ciudad del estado Anzoátegui. Marcano recibió el 5 de marzo de 2014 notificación sobre el inicio de un juicio en su contra por cargos de presunta violación al derecho a la educación, libre tránsito y recreación en Lecherías. El 12 de marzo de 2014, el TSJ ordenó a los mandatarios locales de Chacao (Miranda), Ramón Muchacho; de Lecherías (Anzoátegui), Gustavo Marcano; y de Maracaibo (Zulia), Eveling Trejo, remover los obstáculos colocados en la vía pública y garantizar el libre tránsito de las personas y vehículos. El TSJ ha equiparado la orden con un mandato de amparo sin permitirle a los afectados ejercer el derecho a la legítima defensa. La Sala Constitucional dictó sentencias condenatorias contra los alcaldes —como ocurrió en el caso Scarano— las cuales incluyen la pena accesoria de destitución del cargo, pese a que se trata de funcionarios electos por voto directo, universal y secreto.
Ramón Muchacho
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia extendió el 14 de marzo de 2014 los efectos de la sentencia número 135 contra los alcaldes David Smolansky y Gerardo Blyde, que resultó en sentencia favorable para la parte acusadora. El alcalde de Chacao consideró que la sentencia es “inaplicable” porque criminaliza la protesta. Otro caso corresponde con un incendio en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular de Hábitat y Vivienda ubicado en el municipio Chacao. El TSJ declaró con lugar el 24 de abril un amparo constitucional por el incendio en la sede del Ministerio de Vivienda. Al alcalde Ramón Muchacho también se le atribuyen los actos vandálicos ocurridos en la sede del INAC y la Torre Británica. Otra de las causas judiciales en contra del alcalde Muchacho es el acción de Amparo Constitucional en Protección de Intereses Colectivos y Difusos interpuesto por la Defensoría del Pueblo contra Henrique Capriles Radonski, Ramón Muchacho, Carlos Ocariz, Gerardo Blyde, David Smolansky, José Luis Rodríguez y José Antonio Fernández López en fecha 5 de marzo de 2014 ante la Sala Constitucional del TSJ. En estos momentos se encuentra en proceso de admisión.
Enzo Scarano
El proceso judicial en su contra fue producto de los hechos violentos acontecidos en su jurisdicción durante las protestas estudiantiles del mes de febrero del año 2014. En este proceso judicial se acusa a Enzo Scarano de desacato, al no cumplir con una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, a través de la cual ordena a varios alcaldes, entre ellos Enzo Scarano, a remover cualquier escombro o residuo que obstaculice la vía pública. El expediente donde se menciona que el alcalde de San Diego, Enzo Scarano, incurrió en desacato al no evitar barricadas en su municipio, está compuesto por notas de prensa y mensajes de Twitter, en lugar de una inspección ocular donde se comprobaran esas denuncias. La Sala Constitucional del TSJ dictó orden de prisión por 10 meses y 15 días al alcalde de San Diego. Situacion actual: Fue detenido el 19 de marzo de 2014 por el SEBIN, un tribunal ordenó su reclusión en el Centro Nacional para Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde. Scarano se encuentra aislado. Sus abogados han denunciado que ha sido víctima de agresiones y maltrato. Su esposa, quien resultó electa alcaldesa luego de unos comicios convocados por el CNE después de la destitución de Scarano, fue detenida el 17 de octubre en Ramo Verde tras exigir informes médicos de su esposo. Rosa de Scarano denunció que tanto a ella, como a empleados de la Alcaldía de San Diego, se les negado la entrada en tres ocasiones (14, 15, y 20 de noviembre) al estadio José Bernardo Pérez de Valencia, cuando se disponían a disfrutar de un juego de Béisbol del equipo local Navegantes del Magallanes.
Darío Ramírez
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acusó a un grupo de dirigentes opositores, entre los que nombró al concejal de Sucre, Darío Ramírez, quien es concejal del municipio Sucre y dirigente del Movimiento Juventudes de Voluntad Popular, por supuestamente recibir financiamiento para impulsar las “guarimbas”. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) trataron de llevarse detenido al concejal Darío Ramírez después de un allanamiento a la sede del partido Voluntad Popular en Caracas. Mientras esto ocurría, los ciudadanos que se encontraban en el lugar impidieron su detención. Funcionarios del SEBIN y del CICPC se han presentado tres veces en su domicilio para amenazarlo tanto a él como a su familia. Además, ha recibido tres citaciones por parte del SEBIN. Sus abogados han alertado sobre y un encarcelamiento sin ningún tipo de orden judicial, pues las citaciones han requerido su presencia en la sede del SEBIN y no en el Ministerio Público. No le permiten presentarse en el MP ni acudir en compañía de sus abogados, sólo dicen que debe rendir testimonio sobre unas supuestas denuncias del gobierno nacional. Sus representantes legales creen que podría ocurrir con él lo mismo que sucedió con Antonio Rivero, quien fue encarcelado durante un mes en 2013 cuando se presentó en la sede del Sebin tras ser citado a un café en El Helicoide por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. El presidente de la AN, Diosdado Cabello, acusó a Ramírez, sin presentar pruebas, de estar vinculado a un sujeto que él mismo llama “El Aviador”, y con el caso de la quinta Michoacán, lugar en donde supuestamente se hallaron materiales usados en protestas violentas.
Giuseppe DiFabio
Guiseppe Di Fabio, concejal del municipio Maneiro, Nueva Esparta, fue detenido junto a seis personas por estar presuntamente implicado en hechos de violencia y supuestas agresiones contra la delegación cubana de béisbol que participó en la Serie del Caribe Margarita 2014. Se le imputaron los delitos de instigación pública, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir, a pesar de que se demostró que no se encontraba en el lugar donde ocurrieron los hechos. Fue apresado el 3 de febrero, un día después de la manifestación frente al Hotel Venetur, donde se alojaba la delegación cubana. Su juicio fue radicado en Puente Ayala, estado Anzoátegui, “por razones de seguridad”. Fue detenido sin orden judicial y sin cumplimiento del debido proceso. El 21 de febrero de 2014 le fue otorgada libertad condicional con régimen de presentación.
Leopoldo López
El 12 de febrero de 2014, ocurren en Caracas manifestaciones y hechos de violencia que dejan varios heridos y muertos. Cinco días más tarde fue librada una orden de captura en contra de López por su presunta responsabilidad en los incidentes violentos ocurridos en Caracas el día 12 de febrero. En la orden, la jueza 16 de Control de Caracas, ordenó la captura de López por los delitos de asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y terrorismo. López se presentó ante el Tribunal 16 de Control del Área Metropolitana quien ordenó la reclusión de López en la cárcel militar conocida como Centro de Procesados Militares (CENAPROMIL), mejor conocida como la Cárcel de Ramo Verde. La Organización de Naciones Unidas, mediante un documento del Grupo de Trabajo Contra las Detenciones Arbitrarias, solicitó al gobierno de Venezuela su liberación inmediata al considerarla una detención arbitraria y al considerar que no han sido probados por el Estado los delitos que se le imputan. También recomendó al Gobierno de Venezuela disponer de las medidas necesarias para su indemnización.
Raúl Emilio Baduel
Raúl Emilio Baduel, hijo del Raúl Isaías Baduel, fue detenido por primera vez cuando participaba junto a otros ciudadanos en una protesta frente a las instalaciones del Complejo Ferial San Jacinto contra del inicio de las festividades por el Día de San José, patrono de Maracay. Fue liberado varias horas después. Baduel fue detenido por segunda vez por participar en una cadena humana frente al Parque de Ferias de San Jacinto en la ciudad de Maracay, Estado Aragua. La detención tiene como circunstancia las protestas sociales ocurridas desde febrero de 2014 en varios Estados de Venezuela. Fue presentado en un tribunal que le impuso una medida privativa de libertad por reincidir en su comportamiento de protestar de manera pacífica y mediante la obstaculización de vías. Los delitos que se le imputan a Baduel son: intimidación pública, instigación a delinquir y agavillamiento.
El 13 de agosto de 2014, familiares y abogados denunciaron maltratos infingidos dentro de su prisión. El 24 de noviembre de 2014 la abogada del joven, Theresly Malavé, introdujo ante el Ministerio Público un documento en el que se detallaban las presuntas torturas a la que fueron sometidos tanto él, como el resto de la población del centro penitenciario. Malavé detalló que Baduel recibió una golpiza, cuyo saldo fue dos costillas fracturadas, por parte de custodios de la cárcel. Omar Tosta Mora, otro de los abogados del caso, explicó que el joven es forzado a comer en el suelo y a pronunciar lemas como “Chávez vive, la lucha sigue”. Andreína Baduel, su hermana, confirmó el 29 de noviembre de 2014 que el joven presentaba quemaduras en sus órganos genitales producto de presuntas torturas.[/accordion]
Oscar López Colina
Oscar López fue director de Despacho de la Gobernación de Miranda, y Director de Recursos Humanos en la Alcaldía Baruta durante la gestión de Henrique Capriles. El 7 de agosto de 2013, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ejecutaron el allanamiento de la vivienda López, quien además era miembro del partido Primero Justicia. El allanamiento tendría su argumento en un presunto fraude al fisco nacional y su posible vinculación con el caso de Richard Mardo.
Esposos Garzón
Fueron detenidos por encontrárseles, supuestamente, artefactos explosivos en su viviendas. En la audiencia de presentación el Ministerio Público acusó a los esposos Garzón por cinco delitos: terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, tráfico ilícito de explosivos y ocultamiento de explosivos. La jueza desestimó los cargos vinculados al terrorismo y solo dejó el ocultamiento de explosivos. Luego de 99 días detenidos en el Circuito Judicial Penal de Barinas, los esposos Garzón recibieron una medida cautelar sustitutiva de libertad condicional con régimen de presentación ante el tribunal cada 15 días. Ambos denunciaron que fueron procesados y encarcelados por “hacer política en la zona más chavista de Barinas”.
Rosmit Mantilla
Fue detenido durante un allanamiento realizado por funcionarios del SEBIN en la residencia de sus abuelos, ubicada en el sector UD-2 de Caricuao, en el Municipio Libertador, Distrito Capital. Tras su detención, fue llevado a la sede del SEBIN. Su abogado denunció que Mantilla fue detenido tras un testimonio de un ciudadano (llamado por el oficialismo “patriota cooperante”) por presuntamente recibir dinero para financiar manifestaciones en distintos puntos de Caracas. El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, denunció que de acuerdo al testimonio de la abuela de Mantilla, funcionarios del SEBIN habrían “sembrado” sobres con dinero rotulados con las palabras “Altamira” y “Santa Fe”.[/accordion]
Enrique y Javier Sierra
Javier Sierra fue detenido y recluido en la sede del SEBIN en El Helicoide por participar en protestas pacíficas. Enrique Sierra, dirigente de Voluntad Popular en la parroquia El Junquito, fue detenido arbitrariamente en el Palacio de Justicia de Caracas, cuando acudió al SEBIN para consultar sobre el estado de su hermano Javier. Enrique además compareció como testigo en una audiencia del juicio que se le sigue al dirigente de VP, Leopoldo López. Su abogado el 15 de junio que Enrique Sierra está detenido por pensar distinto y por ser dirigente de Voluntad Popular. Su detención ha sido catalogada como de “flagrancia” aunque para ello Enrique Sierra debiera haber cometido un hecho punible.
Renzo Prieto
El coordinador del movimiento estudiantil “Javu Resistencia” fue secuestrado frente al Centro Comercial El Tolón, municipio Baruta del estado Miranda, por un grupo irregular identificado como Tupamaros y fue encontrado detenido en El Helicoide. El 8 de octubre de 2014 se celebró Audiencia Preliminar en el caso Renzo Prieto.
Rodolfo González
Rodolfo González, de 64 años, fue detenido por funcionarios del SEBIN, quienes practicaban un allanamiento en su domicilio, ubicado en la urbanización Macaracuay, municipio Sucre del estado Miranda. Fue trasladado a la sede del SEBIN en El Helicoide. Su esposa, Josefa de González, de 67 años, de edad, fue detenida en El Helicoide cuando se dirigió personalmente a la sede del órgano de seguridad para firmar las actas del allanamiento y solicitar información sobre el estado físico de su esposo. El 29 de abril fueron presentados en la audiencia preliminar. El Ministerio Público les imputó cargos por “asociación para delinquir”. Durante el receso que tomó la jueza para dictar sentencia, apareció en cadena nacional el presidente de la República, Nicolás Maduro, hablando de un sujeto al que llamó “El Aviador”, a quien atribuyó la planificación de las manifestaciones. Horas más tarde la jueza ordenó la privativa para González, mientras que otorgó a su esposa una medida cautelar de presentación cada 30 días.
Gerardo Carrero
Gerardo Carrero, fundador del movimiento estudiantil 7-11, es Coordinador Nacional de la organización Jóvenes Venezolanos, tiene dos hijos y se encuentra detenido desde el 08 de mayo de 2014 luego del desmantelamiento del campamento “conciencia nacional” apostado frente a la sede de la ONU en Caracas. El 24 de junio de 2014 fue imputado por los delitos de instigación a delinquir, agavillamiento y uso de menores en la ejecución de delitos. Se encuentra privado de libertad en el SEBIN, Caracas, y su audiencia se celebrará el 12 de agosto de 2014. Denunció que fue torturado por un funcionario del SEBIN, Carlos Calderón.
Sairam Rivas
Sairam fue detenida el 8 de mayo de 2014 mientras se encontraba durmiendo en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en el campamento instalado por el Movimiento Estudiantil. A Sairam se le imputan los delitos de agavillamiento e instigación pública al delito y uso de menores en la comisión de delitos. Es calificada por las autoridades como reincidente. El 16 de septiembre de 2014, la Fiscalía solicitó al Juzgado medida sustitutiva de libertad para Sairam Rivas, la cual fue otorgada. Fue liberada el 17 de septiembre aunque su juicio continua.
Julio César Rivas
Julio Cesar Rivas, diputado en el Consejo Legislativo del Estado Carabobo, Presidente del Movimiento Juventud Activa Venezuela Unida, JAVU, y Coordinador Nacional de Nuevas Generaciones del partido político Proyecto Venezuela. El 2 de mayo de 2014 Fue acusado por el Ministro de Relaciones Interiores por su presunta participación en la organización de un Golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro.
Villca Fernández
Villca Fernández, es estudiante de la ULA, Estado Mérida. Secretario general de la Federación de Centros Universitarios y Consejero Universitario de la ULA. El 2 de mayo de 2014 fue acusado por el Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres de participar en la organización de un Golpe de Estado en contra del Presidente Nicolás Maduro.
