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ESTE JUEVES, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS celebrada en Bolivia inició la audiencia exponiendo la situación de derechos humanos en Venezuela en la que participaron al menos 9 organizaciones.

La conferencia inició con la intervención de Espacio Público, quienes informaron que 2018 fue el segundo año con mayores violaciones a la libertad de expresión en 17 años.

La representante de Espacio Público, Marysabel Rodríguez explicó que la principal proveedora de Internet en el país, la estatal Cantv, bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Periscope, e incluso las búsquedas de Google, los días de protestas contra Maduro. De igual manera, denunciaron que esta semana la página voluntariosxvenezuela propuesta por la Asamblea Nacional para registrar a las personas que apoyarán la distribución de la ayuda humanitaria en el país fue vulnerado por CANTV.

Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión señaló que en los últimos años han habido bloqueos a la Internet y a las redes sociales lo que dificulta la cobertura de los medios de comunicación tanto públicos como privados. “Nos gustaría saber cómo se va a salir de esta situación en Venezuela sin libertad de expresión”, señaló.

El abogado y activista por los derechos humanos, Carlos Patiño señaló que de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Provea, 35 personas fueron asesinadas en una semana en el contexto de manifestaciones. “Durante 2018 La FAES habría asesinado a más de 200 personas”. indicó.

Por otra parte, Francisco Eguiguren, relator para Venezuela, preguntó si se conoce cuánta población tiene un trabajo estable y gana salario mínimo ya que las personas “huyen de su país es por el hambre y la necesidad”. Además, destacó que no toda la ayuda internacional tiene una buena intención pero el pueblo ha sido el más perjudicado en la situación venezolana.

Defiende Venezuela explicó que 25 mil personas mueren anualmente de cáncer en Venezuela y que desde la organización se han presentado 20 medidas cautelares para estas personas. Por otra parte, el representante señaló que “desde 2016 no se ha entregado medicamentos para tratamiento de esclerosis múltiple, sentenciando a estas personas a sillas de ruedas e incluso la muerte”, explicó

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia denunció que ante la inseguridad alimentaria, en un contexto hiperinflacionario que agrava la accesibilidad y disponibilidad de alimentos, el Estado venezolano no ha diseñado ni implementado medidas idóneas. “De los 800 hogares encuestados reciben la caja CLAP de forma irregular. Apenas 0.4% reciben de forma regular la caja CLAP (una vez al mes). 37% una o tres veces al año. La frecuencia es inconsistente para satisfacer las necesidades de la población”, señaló.

Por su parte, Margarete May Macaulay de la CIDH explicó que junto al representante de la OEA, han solicitado una visita a Venezuela para hablar sobre la situación de la mujer. “Realmente queremos saber cómo podemos dar asistencia sobre esta situación y nunca hemos podido ir, no hemos recibido una respuesta afirmativa. El Gobierno no ha aceptado nuestra solicitud”, explicó.

En la conferencia, Eguiguren, expresó que “si hay miles de millones de dólares que no han podido ingresar al Gobierno, yo quisiera saber el porqué han rechazado lo de la ayuda humanitaria si eso tiene que ver con salud y alimentos para el pueblo”. Por lo que, Larry Devoe, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado señaló que desea que cesen los mecanismos de persecución debido a que  se están teniendo cooperación de todas las agencias de las Naciones Unidas. “Solo ayer, 13 de febrero se recibieron 933 toneladas de medicinas en Venezuela”, indicó.

Soledad García, relatora Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales señaló que lo fundamental en este momento son los derechos de la gente por lo que indicó que desea tener más información sobre cómo el estado de Venezuela ha usado los presupuestos. “También queremos saber información sobre el acceso a la información pública, rendición de cuentas, las milicias y los Clap”.

Asimismo, expresó su preocupación por el impacto que las sanciones tienen sobre la población y se preguntó cómo se gestionan los recursos ya que “de las 4 mil escuelas que hacen falta, el año pasado se construyeron solo 30. No hay dinero para el agua potable ni la sanidad en las escuelas”, señaló.

En relación con la situación del sector educativo, Excubitus explicó que el “70% de los alumnos no asiste diario a clase. En 60% se ha estimado la deserción escolar, 15% por embarazo temprano. Según encuestas hay más de 1.800.000 niños desescolarizados”, indicó.

De igual manera, Aula Abierta Venezuela denuncia que “desde hace varios años ha habido un ataque contra la libertad académica y autonomía universitaria”. Esta organización explicó que “El Vic Min dejó claro que la educación superior se rige por el plan de la patria, es decir que cumple con objetivos socialistas. Las milicias universitarias tienen por fin criminalizar la protesta en las universidades”, señaló.

Carlos Patiño, abogado y activista por los derechos humanos expresó que “Nicolás Maduro ha demostrado no querer o poder solucionar la crisis venezolana, cuya solución son elecciones libres y creíbles” mientras que Devoe, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado señaló que el Estado tiene acuerdos de cooperación con diversas agencias y se están haciendo uso de todos los recursos para acceder a los medicamentos que hacen falta.

La audiencia culminó con la intervención de Antonia Urrejola explicando que Venezuela está en un contexto de crisis tanto en la nación como en la región  por lo que ahora es más necesario que nunca que Venezuela siga presente en este organismo. Por otra parte, señaló que “si no podemos ir a Venezuela, de conversar con las distintas organizaciones, es difícil que nos pronunciamos sobre determinadas materias. Así no podemos estar”, expresó.

Si quieres saber qué se estará hablando en los próximos días en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ingresa aquí: CIDH

Maduro encarcela, persigue y hostiga a 45 representantes del chavismo disidente

EL PROGRAMA VENEZOLANO DE Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha publicado los primeros resultados de su investigación “Persiguiendo al chavismo: Discriminación por razones políticas contra funcionarios de Hugo Chávez por parte de Nicolás Maduro”, el cual tiene como objetivo visibilizar la persecución sistemática del gobierno venezolano contra los voceros del llamado “chavismo disidente”.

De acuerdo a las dimensiones de antielitismo y antipluralismo que caracterizan a los populismos del siglo XXI, del cual forma parte Nicolás Maduro, su gestión ha impedido mediante diferentes mecanismos las expresiones de disentimiento emanadas desde personalidades que apoyaron a Hugo Chávez, acusándoles de ser parte, o cómplices, de la élite corrupta a la cual hipotéticamente estaría enfrentada su gobierno. Este primer avance del informe sobre violaciones de derechos humanos contra el denominado “chavismo disidente” encontró 45 víctimas de violaciones, agrupadas en vulneraciones a la libertad personal (57% de los casos), Derechos laborales (28.5%), Libertad de expresión (16.6 %), Integridad personal (11.9%) y el derecho a la justicia (7.1%). La persecución contra sus propias filas ratifica la naturaleza no democrática del régimen de Nicolás Maduro y la naturaleza estructural de la discriminación por razones políticas para su modelo de gobernabilidad.

Según el informe 23 personas fueron víctimas de violaciones a la libertad personal, donde se utilizó al sistema de administración de justicia para privar de libertad a las personas, vulnerando las garantías del debido proceso. Varios de los casos ocurrieron alrededor del proceso electoral municipal del 8 de diciembre de 2013, donde las personas que se postularon fuera de la fórmula oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sufrieron represalias y detenciones. En este patrón se incluye el caso del diputado Germán Ferrer, que por apoyar las denuncias de su esposa, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz sobre la ruptura del hilo constitucional y las violaciones de DDHH contra manifestantes, fue acusado de promover una red de corrupción y extorsión por parte del Fiscal General Constituyente. También se registraron 11 casos de personas que denunciaron corrupción en las instituciones públicas, y como retaliación fueron privados de libertad.

El segundo patrón con más situaciones detectadas es el relativo a los derechos laborales, con 13 víctimas, quienes tras expresar públicamente cuestionamientos a la acción de gobierno fueron despedidas de las instituciones públicas.

Las víctimas incluidas en el reporte fueron agrupadas en la categoría “chavismo disidente” por tener alguna o varias de estas características:

  1. A) Al menos hasta la muerte de Chávez –y aún después- mantuvieron una postura pública de respaldo al gobierno, iniciando progresivamente una serie de cuestionamientos con los que marcaron distancia de la gestión de Nicolás Maduro.
  2. B) Ejercieron algún tipo de cargo público durante la gestión de Hugo Chávez
  3. C) Su identidad política es de signo izquierdista
  4. D) A pesar de su ruptura con la gestión de Nicolás Maduro no han pasado a formar parte de alguna organización político-partidista tradicionalmente opositora al bolivarianismo, ni en la coalición “Mesa de la Unidad Democrática”. Su espacio actual para el ejercicio del derecho a la libre asociación y reunión es una orgánica flexible para la divulgación de sus opiniones.

Provea advirtió que debido a la polarización política existente en el país el abuso de poder cometido contra el “chavismo disidente” no tiene suficiente exposición pública. Provea invita a todas las personas que se identifiquen políticamente como “chavistas” y que hayan sido víctimas de violación de derechos humanos, que nos remitan la información sobre su caso para ser incluida en la versión definitiva de la investigación, al siguiente correo electrónico: [email protected]

 

7 claves para entender la intervención del Liceo Urbaneja Achelpohl

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1.- ¿Qué pasó en el Liceo Urbaneja Achelpohl?

El pasado martes se registró una trifulca entre la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los estudiantes de 5to año de bachillerato del Liceo Urbaneja Achelpohl, ubicado en Las Acacias, Parroquia San Pedro. Más de 15 estudiantes, 3 profesores y 5 policías resultaron heridos. Un alumno se encuentra detenido por el hecho.

2.- ¿Qué generó el enfrentamiento?

 

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De acuerdo con el diario El Nacional, el conflicto se originó cuando el subdirector de la institución, Alejandro Tovar, denunció que varios de los estudiantes estaban usando franelas de la promoción, acto prohibido por órdenes del Distrito Escolar por ser “un gasto innecesario”. Los alumnos argumentaban que la directora anterior (Marvin Silva) los autorizó a usarlas, mientras que Tovar insistía en que estaba prohibido el empleo de esa indumentaria por la Zona Educativa. Los ánimos de ambas partes se caldearon y, en medio del conflicto, Tovar decidió llamar a los efectivos policiales, estos cuando llegaron al liceo dispararon perdigones y golpearon con rolos a los muchachos, quienes respondieron lanzando piedras y otros objetos contundentes. La riña duró casi dos horas.

 

3.- Intervención del Liceo

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Según reseñó El Universal, Jeison Guzmán, viceministro de Educación, y Yohana Paredes, viceministra de Educación Media, anunciaron la intervención del liceo por parte del Ministerio de Educación y la aplicación de sanciones administrativas y disciplinarias contra el director y la subdirectora (e), Milagros Preppo.

 

4.- Sanciones a policías

Elías Jaua, quien también asistió a la reunión informó que los polinacionales que participaron en los hechos fueron puestos a la orden de la Fiscalía.

 

5.- Exigencias de los padres y representantes

 

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En una reunión realizada, los representantes y estudiantes exigieron “acciones contundentes” contra la directiva, “debido a que generaron una situación que se les escapó de las manos y que pudo cobrar la vida de un estudiante”, indicó Marielsa Moreno, madre de uno de los liceístas heridos. Moreno también exigió sanciones contra los funcionarios policiales que actuaron en el procedimiento por las lesiones sufridas por los menores. Otros familiares de los estudiantes heridos denunciaron “uso excesivo de fuerza” y “violación de derechos humanos”.

Entre las conclusiones de la asamblea se acordó permitir que los alumnos de 5° año vistan la camisa de promoción los viernes y se hagan las verbenas para recaudar fondos para la fiesta de promoción.

 

 

6.- ¿Y el hijo de Nicolás Maduro, qué?

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El hijo del Presidente Maduro, egresado del Liceo Urbaneja Achelpohl, es el comisionado para resolver los problemas estructurales que presenta el plantel actualmente.

 

7.- ¿Quién investiga el caso?

El Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente; la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los derechos de los menores que fueron vulnerados durante la reyerta.

 

*Con información de El Nacional, El Universal y El Diario de Guayana

Representantes del Congreso Español se solidarizan con Venezuela ante violación de derechos humanos

congreso

 

Luego de una gira internacional realizada por la diputada Manuela Bolívar, en compañía de la esposa del preso político Yon Goicoechea, Rosaura de Goicoechea, para denunciar la sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela, el Partido Socialista Obrero Español se pronunció sobre la situación del país y expresaron su preocupación sobre la crisis institucional que se registra en Venezuela.

“Hoy nos reunimos con dirigentes del PSOE y luego de exponer la situación que vivimos en Venezuela manifestaron su apoyo a la lucha democrática que desde la Unidad estamos realizando y mostraron su preocupación por la pérdida de separación de los poderes públicos, el desconocimiento a la Asamblea Nacional y la posibilidad de eliminarle a los venezolanos el derecho al voto”, explicó Bolívar.

En el encuentro además participaron representantes de Voluntad Popular, el diputado del PSOE, Ricardo Cortés, y el dirigente Antonio Hernando, quien manifestó la disposición del grupo socialista a participar en misiones parlamentarias que puedan ayudar a lograr soluciones pacíficas y democráticas a la crisis que atraviesa Venezuela.

La delegación venezolana se reunió también con el Partido Popular y Ciudadanos, quienes al igual que el PSOE, y sin importar sus diferencias políticas, se solidarizaron con Venezuela ante la violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

“Estamos muy agradecidos con los diputados del Partido Popular, José Ramón García Hernández, Rafael Hernando, Carlos Rojas y Belén Hoyo por su continua lucha por la democracia y la defensa de la libertad y la constitucionalidad, al igual que con Albert Rivera, presidente del partido Ciudadanos, por mostrar interés y preocupación por lo que ocurre en Venezuela. Desde la Unidad creemos que la defensa de los derechos humanos no tienen fronteras y que en esta etapa tan oscura del país es necesario que el mundo gire su mirada a lo que ocurre en materia de persecusión y criminalización de la disidencia en el país”.

Senadores mexicanos rechazaron pretensiones de Maduro de disolver la Asamblea Nacional

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Representantes del Senado de México sostuvieron un encuentro este jueves con el presidente de  la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, Luis Florido y el diputado Williams Dávila, donde manifestaron su enérgico rechazo  ante las pretensiones de Nicolás Maduro de sacar una enmienda que reduciría el periodo del parlamento venezolano.

El en el marco de la visita de la delegación venezolana a la Ciudad de México, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, agradeció al pueblo mexicano por estar en sintonía y expresar su solidaridad con el parlamento venezolano, además el legislador alertó a la comunidad internacional sobre “ el nuevo golpe de Estado que quiere dar Maduro a la institucionalidad de la democracia en Venezuela y a la voluntad del pueblo que decidió cambiar el pasado 6 de diciembre y que no está dispuesto a aceptar”, manifestó.

También el diputado Williams Dávila argumentó que la polémica de la minoría del gobierno con la Ley de Amnistía es porque “Nicolás Maduro es el dueño de la violencia y no quiere la reconciliación del país y  es por eso que agrede de golpe en contra de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela”, dijo.

Por su parte, la senadora mexicana Mariana Gómez del Campo junto a la Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, María del Rocío Pineda Gochi, emitieron un comunicado exhortando a todos los parlamentos de la región para que se pronuncien en defensa a la Asamblea Nacional de Venezuela. 

El Senado de México ha dado puntual seguimiento desde hace meses a la situación política de un pueblo hermano como lo es Venezuela más aun tratándose de ser un país clave en el entorno de la región de América Latina

Al enterarnos de la noticia sorpresiva dada por Hermann Escarrá, personaje cercano al presidente Nicolás Maduro, que pretende preparar una enmienda a la Constitución de Venezuela para promover la disolución de la directiva de la nueva Asamblea Nacional en un plazo de 60 días, consideramos que representaría un grave atentado contra la normalidad constitucional y democrática en Venezuela, además implicaría que el gobierno de Nicolás Maduro pase por encima del mandato ciudadano expresado el 6 de diciembre de 2015 en las urnas y que determinó la composición de la actual Asamblea Nacional. Ante esta situación, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República de México condena cualquier intento en la región por vulnerar la democracia, la soberanía popular y con ello los derechos humanos.

Solicitamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de puntal seguimiento a esta grave situación, siempre con total apego a los principios de política exterior y buscando a través de los canales diplomáticos con los que el país cuenta manifestar el deseo de México para que en Venezuela impere la reconciliación, la paz y la tolerancia, además exhortamos a los demás congresos de los países de América Latina a estar alertas ante este anuncio autoritario, ya que de no hacerlo se estaría encubriendo lo que a todas luces representa un acto autoritario de despojo institucional.

Finalmente la senadora Mariana Gómez del Campo, aseguró que en  los próximos días solicitarán al Presidente de México, Enrique Peña Nieto que fije posición con relación a la situación que está viviendo la democracia venezolana,  especialmente en lo referente al desconocimiento de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, la libertad de los presos políticos,  la crisis humanitaria y el respeto a los derechos humanos.

 

Periodistas exigen derogar reglamento  que les impide acceder al hemiciclo de la AN

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Representantes del gremio periodístico y estudiantes de Comunicación Social exigen la derogación del artículo 66 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN), que prohíbe a los medios de comunicación y reporteros acceder a la información dentro del hemiciclo parlamentario.

El documento está suscrito por Lisbeth De Cambra, Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital; Silvia Alegrett, ONG Expresión Libre; Eduardo Orozco, Periodistas y Punto; Reinaldo Carrillo, Centro Estudiantes de Comunicación Social UCV; José Guzmán, Centro Estudiantes Comunicación Social UCAB; Anthony Ramírez, Centro Estudiantes de la UCSAR; José Maragall, Centro Estudiantes de la UMA y María Parra, Grupo de Estudiantes de Comunicación Social USM.

“Exigimos a la Asamblea Nacional que derogue el artículo 66 del Reglamento del Interior y de Debate, que impide el acceso a los periodistas a las plenarias. Los reporteros que cubren la fuente quedaron reducidos a un pequeño cuartico en el que ven solo la transcripción de la ANTV, cobertura con restricciones y discriminaciones que impide al ciudadano tener una visión directa e integral de la plenaria.”, reclamó Carlos Julio Rojas de Periodistas y Punto.

Por su parte, Reinaldo Carrillo, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la UCV, destacó que los jóvenes que acuden a las universidades “están conscientes de lo que se vive en el país, respecto a la libertad de expresión y nos sentimos comprometidos con la necesidad de cambiar las condiciones y esa realidad para el futuro”.

“Consideramos una humillación que los periodistas no tengan acceso al centro de debate de los principales problemas del país. Son ellos la voz y los ojos de los ciudadanos. Nos parece lamentable y decepcionante que profesores de la ECS de la UCV, no defiendan los derechos de su gremio”, juzgó el líder estudiantil.

 

A continuación el documento:

 

Los Periodistas volveremos a informar desde el hemiciclo de la AN

 

Hace cinco años los periodistas parlamentarios fueron expulsados del hemiciclo de la Asamblea Nacional, área de cobertura informativa en la cual pudieron trabajar durante varias décadas con la amplitud, el respeto y las facilidades que su importante labor demanda.

Esa decisión, que hoy por hoy constituye uno de los impedimentos más insistentemente cuestionado y denunciado al acceso a la información en Venezuela, se hizo con un acto político de dudosa legitimidad, pues una asamblea monocolor y a punto de expirar su mandato se permitió modificar de antemano el Reglamento Interior y de Debates que regiría para la nueva representación parlamentaria de carácter plural que en menos de dos semanas la sustituyó.

Fue así como el artículo 66 de dicho Reglamento estableció que “Ninguna persona distinta a los miembros de la Asamblea Nacional o invitada especial, o personal que se requiera para el funcionamiento y transmisión de la Sesión, puede, bajo ningún pretexto, introducirse o permanecer en el salón de sesiones durante el desarrollo de éstas”.

Desde ese entonces los reporteros parlamentarios han sido confinados a un local donde deben seguir las sesiones frente a un monitor de televisión y, lo que es más condenable, exclusivamente por la señal del canal ANTV, que por la ausencia de carácter institucional en sus transmisiones censura, minimiza y desvirtúa la actuación en cámara de los parlamentarios que no pertenecen a la bancada oficialista.

A esas restricciones y discriminaciones para poder tener una visión directa e integral de la plenaria del parlamento, tomar sonidos e imágenes propias se suman limitantes para el desplazamiento de los comunicadores y, mucho peor, represalias y prohibiciones de acceso a la sede del Palacio Federal a aquellos periodistas que han publicado trabajos críticos sobre irregularidades de las que han tenido conocimiento  o denuncias sobre las limitaciones a su trabajo, al punto que han obligado a su cambio de la fuente.

Próximo como está a fenecer el actual período de esta legislatura, los periodistas levantamos una vez nuestra voz para condenar de la manera más  categórica las limitaciones y el maltrato profesional al cual han sido sometidos nuestros colegas de la fuente parlamentaria.

Al mismo tiempo, expresamos nuestra profunda convicción de que a corto plazo la nueva Asamblea Nacional, en cuya composición ya se vislumbra una mayoría democrática, impulsada por la creciente voluntad de cambio de los venezolanos, modificará el Reglamento Interior y de Debates para restablecer todas las garantías necesarias para el cabal ejercicio de la misión informativa  de los periodistas desde una institución fundamental para la vigencia de la democracia como lo es el Poder Legislativo. Así lo exigimos y así lo esperamos.

Gobierno prepara reunión con representantes de Mercado Libre

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*Con información de EMEN y El Universal

 

“No puede ser que ellos se conviertan en canales para el desvío irregular y especulativos de los productos que los venezolanos necesitan y que tienen que adquirir al precio que corresponde, al precio máximo de precios justos”.

Con estas palabras el vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, aseguró que es necesario revisar el funcionamiento del comercio electrónico en Venezuela.

El también presidente de la Comisión Nacional de Precios Justos, desde el Puesto de Comando Presidencial, ubicado en Miraflores, dijo recordó en la Providencia Administrativa 070/2015, vigente desde el 27 de octubre pasado, se estableció el régimen ordinario para la regulación sobre determinación, fijación y marcaje de precios para los bienes y servicios comercializados en el territorio nacional.

“Vamos con mucha fuerza a estabilizar. Quienes quieren que no actuemos lamentablemente les diremos que vamos a seguir adelante”, dijo en contacto con Venezolana de Televisión, citado por la Agencia Venezolana de Noticias.

Señaló “el pueblo acompaña al Gobierno” en esta batalla por la “estabilidad económica del país, que se ha convertido en el blanco de la embestida de la derecha, que pretenden por esa vía dar al traste con los logros sociales obtenidos en Revolución”.

Explicó que “aquí hay un pueblo que nos acompaña. Aquí hay un pueblo que sabe que está guerra la vamos a ganar y que son necesarias las decisiones que el presidente Nicolás Maduro está tomado”.

 

Síragon acuerda prohibir venta de sus productos en Mercadolibre

La empresa tecnológica Síragon acordó con el portal web Mercado Libre prohibir la venta de sus productos nuevos para evitar la reventa a precios superiores.

El contacto entre ambas empresas se realizó en los pasados días, según informó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. 
Asimismo, señaló que en los próximos días el Gobierno realizará una reunión con representantes del portal y de otras firmas dedicadas al comercio electrónico, para evaluar el cumplimiento de la Ley de Precios Justos, así como de la Providencia Administrativa 070/2015.
“No puede ser que ellos se conviertan en canales para el desvío irregular y especulativos de los productos que los venezolanos necesitan y que tienen que adquirir al precio que corresponde, al precio máximo de precios justos”, recalcó.

 

Colegios privados convocan a padres y representantes a decidir nuevo ajuste

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7.451.375 estudiantes de escuelas oficiales y privadas se incorporan hoy a las aulas, luego del llamado del Ministerio de Educación efectuado la semana pasada.

Se espera que retomen a las actividades académicas 1.605.391 niños de educación inicial; 3.473.886 de primaria y 2.372.098 de media, pese a que tradicionalmente bachillerato comienza clases la primera semana de octubre.

Del total de alumnos que iniciarán hoy, 1.722.462 están inscritos en colegios privados cuyos padres y representantes aún no han decidido cuál será el monto de la mensualidad para este año, y ya fueron convocados a participar en asambleas escolares entre esta semana y la próxima para discutir el nuevo ajuste de la matrícula.

Alexis Ramírez, vocero de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres y Representantes, dijo que en el caso de los planteles privados que cuentan con secundaria, esperarán a que todos los niveles se incorporen a las aulas para que se haga el llamado a las asambleas. Algunos planteles decidirán el nuevo monto en octubre.

De acuerdo con la Resolución 114 del Ministerio de Educación, la primera convocatoria a asamblea debe cumplir con un quórum mínimo de 75% de asistentes para poder decidir un nuevo aumento.

En beneficio de los 22.543 planteles oficiales que hay en el país, el Ministerio de Educación informó que con el comienzo del período académico se iniciará el programa El Morral Escolar, que incluye la entrega de artículos como borradores, lápices, sacapuntas, cuadernos y reglas.

Anunció además que el Plan de Mantenimiento Escolar, que tiene la meta de remozar 14.028 planteles públicos para final de año, hasta la fecha ha recuperado 10.053 escuelas, pese a que la Federación Venezolana de Maestros denuncia que 40% de los planteles de todo el país siguen deteriorados. También se prometió la construcción de 200 escuelas, de las cuales 108 serán inauguradas este mes.