Regionales

 

Los partidos políticos deberán presentar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a sus autorizados para postular a los candidatos que participarán en las elecciones municipales y regionales en el Zulia, que se llevarán a cabo en diciembre.

En un comunicado, el Poder Electoral señaló que la autorización debe contener la identificación de las autoridades del partido político y de los autorizados, y cuyos requisitos son, principalmente, los nombres, cédula y carácter con el que actúa.

La autorización debe presentarse ante la dirección de correspondencia del CNE, en Caracas, o ante las oficinas regionales electorales correspondientes a su ámbito de actuación, en el horario comprendido entre las 8:00 am y 12:00 pm; y de 1:30 a 4:00 pm.

El lapso inició el sábado y culminará el lunes.

Ante la negativa del gobernador electo Juan Pablo Guanipa de reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), requisito para juramentarse ante el Consejo Legislativo del Zulia, este consejo declaró la falta absoluta.

Por lo tanto, la ANC convocó a nuevas elecciones en la entidad, que se celebrarán en diciembre junto a las municipales.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció la tarde de este viernes el cronograma para las elecciones municipales.

Detalló que el corte del Registro Electoral será el 15 de julio, mismo registro para Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las regionales, la activación de las Juntas regionales se hará el próximo lunes 30 de octubre, con los mismos miembros de mesa.

Lucena destacó que se iniciará la capacitación el mismo día y la apertura del sistema para que las organizaciones políticas comiencen a cargar las postulaciones de los candidatos que consideran se efectuará el 31 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 1 de noviembre. Las postulaciones cargadas en el sistema automatizado deben ser presentadas ante la Junta respectiva y las admisiones se realizarán entre el 1, 2 y 3 de noviembre.

Señaló que la elección del gobernador del estado Zulia se regirá bajo los mismos parámetros de los comicios municipales.

Lucena anunció que la posición en boleta se hará a nivel nacional el 7 de noviembre en la sede del CNE de Caracas y en las regiones el 8 de noviembre.

Recordó que quienes deseen postularse para las elecciones «por iniciativa propia» deben presentar en la Junta Regional el 5% de las firmas que respalden su candidatura en la circunscripción que deseen representar.

Aunque no especificó la fecha en la que se efectuarán los comicios, destacó que la próxima semana el CNE volverá a dirigirse al país para dar más información.

ANC ordenó que municipales sean en diciembre

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ordenó el pasado jueves que los comicios para elegir alcaldes y consejos legislativos se realicen el próximo mes de diciembre.

“Con el objeto de ayudar a algunos sectores de la oposición venezolana a retomar el cauce de la convivencia política y democrática, propongo que se apruebe un decreto constituyente sobre la programación y convocatoria de las elecciones de alcaldes para el mes de diciembre”, señaló Francisco Ameliach, miembro del ente ilegal, quien propuso aprobar esta medida en la sesión de este jueves.

Señalan que fallas con huellas incidieron en resultado de regionales

Julio Borges, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y presidente de la Asamblea Nacional, denunció la posibilidad de que se haya ejecutado un fraude en las elecciones regionales mediante las fallas en la captación de huellas dactilares.

Borges explicó que 1.624.000 electores presentan problemas para la captación de sus huellas. Aclaró que estas son personas que presentan deterioro en sus dedos o que tienen problemas para que el registro coincida con su identidad.

“El grupo de personas que posiblemente ha podido votar más de una vez es varias veces más que la diferencia por la que supuestamente se perdieron las elecciones. Es decir, no estamos hablando de un número pequeño, sino que es uno que afecta el resultado final”, detalló el líder opositor.

Para corroborar si una de las militancias políticas se aprovechó de esta deficiencia en el sistema electoral, Borges señaló que es necesario realizar una autoría. (El Nacional)

Tania D’ Amelio: CNE no ha recibido a la fecha impugnación contra comicios regionales

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’ Amelio indicó este lunes que hasta la fecha el Poder Electoral «no ha recibido impugnación formal alguna de parte de organizaciones políticas de la oposición contra los comicios regionales del 15 de octubre».

«Yo exhorto a las organizaciones con fines políticos sobre todo de oposición que son las que están diciendo que hay fraude que impugnen el proceso ante el CNE, como lo establece la Ley de Procesos Electorales. Si usted tiene dudas del proceso y no está de acuerdo, usted debe impugnar. Hasta hoy lunes nadie en lo absoluto ha impugnado, por lo tanto esto no puede ser prédica política», destacó en entrevista en el programa Encendidos, de Venezolana de Televisión.

La rectora afirmó que el CNE siempre ha «respetado la voluntad del pueblo. El proceso electoral venezolano es el más auditado del mundo por todas las organización con fines políticos que participan en los eventos comiciales». (Panorama)

Unión Interparlamentaria podría visitar Venezuela

La Unión Interpalamentaria (UIP)  podría visitar Venezuela a fin de evaluar la crisis que atraviesa nuestro país. Al menos así lo informó este lunes la diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Delsa Solórzano, quien fue designada por unanimidad como vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria.

“La IUP va a venir pero no vamos a dar fecha de la visita de la Comisión..la delegación de Unión Interparlamentaria viene a verificar la crisis del país, porque el Gobierno sigue diciendo que no hay necesidad aquí. También van a verificar situación del Parlamento”, dijo en rueda de prensa.

Explicó que la UIP abrió investigaciones a varios casos de agresión en contra de parlamentarios opositores como Juan Requesens, Miguel Pizarro, Freddy Guevara y ella misma. Además de otros casos como la toma del parlamento el 5 de julio, la anulación de pasaportes. (El Impulso)

Canasta Básica Familiar aumentó a Bs 3.901.076,04 en septiembre

La Canasta Básica Familiar (CBF) se ubicó en Bs 3.901.076,04 en septiembre de 2017.

De acuerdo con el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), aumentó Bs 962.798,85 (7.1 salarios mínimos) con respecto a agosto de 2017.

La variación anualizada para el período septiembre 2016 – septiembre 2017 es de 619,2%.

La variación mensual de la canasta básica se debió principalmente al aumento de los artículos de higiene personal de Bs 232.566,67 a 389.466,67 (67,5%); vestido y calzado, de Bs 202.211,11 a Bs 270.750,00 bolívares (33,9%) y los alimentos, que pasaron de Bs 668.907,67 a Bs 2.012.556,55 (33,2%). (El Nacional)

Canciller brasileño dice que suspensión de Venezuela dio mayor libertad al Mercosur

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes, afirmó hoy en Sao Paulo que la suspensión de Venezuela dio “mayor libertad” al Mercosur a la hora de negociar acuerdos de libre comercio con otros países.

“Venezuela era un factor de obstáculo en las negociaciones entre Mercosur con otros bloques. Fue suspendida y eso dio mayor libertad de actuación a los cuatro socios fundadores”, dijo Nunes durante una conferencia en la Federación de Comercio de Sao Paulo.

Las países fundadores del Mercosur, Brasil, que ejerce la presidencia temporal del bloque, Argentina, Uruguay y Paraguay, decidieron en agosto pasado aplicar a Venezuela la llamada “cláusula democrática” y “cesar de sus derechos” a la nación petrolera. (La Patilla)

 

Los resultados del pasado 15 de octubre han generado una amplia gama de interpretaciones y creencias que intentan satisfacer la necesidad de las personas de darles alguna explicación. Y esto es así porque mientras en la mayoría de los países las elecciones culminan arrojando certezas y aclarando dudas, en Venezuela el 15-O terminó generando más incertidumbre y oscuridad. Lo cierto es que un adecuado diagnóstico de lo ocurrido arroja tanto verdades como mitos.

La primera verdad es que ese día se materializó un proceso fraudulento sin precedentes en los últimos 60 años en el país. Además de las violaciones previas de la ley, la jornada del 15-O estuvo plagada de una larga lista de fechorías, que incluyen casi la totalidad de las modalidades delictivas electorales que se pueden llevar a cabo. Así, por ejemplo, más de 1 millón de electores vieron impedido u obstaculizado su derecho al voto por máquinas dañadas o por mesas que no abrieron; más de 700.000 fueron reubicados de manera ilegal, y casi 400.000 fueron víctimas de amedrentamiento o violencia por parte de miembros del oficialismo.

Todo esto sin contar la todavía incalculable cantidad de votos múltiples (facilitado, además, por la eliminación intencional de la tinta indeleble), el chantaje a empleados públicos y beneficiarios de programas sociales obligándolos a votar con el “acompañamiento” de dirigentes del PSUV, o la violencia contra testigos de la Mesa de la Unidad Democrática, muchos de los cuales fueron forzados a abandonar sus centros, centros donde “misteriosamente” el oficialismo terminaba la jornada con las votaciones más altas de su historia. Un cálculo preliminar ubica en casi tres millones y medio el universo de electores potencialmente afectados por este rosario de delitos.

Frente a esto, la Mesa de la Unidad Democrática ha exigido la realización de una auditoría total del proceso, pero hecha por organismos internacionales reconocidos, para poder responsablemente reconocer lo que haya que reconocer y exigir las repeticiones donde haya que realizarlas. Es una auditoría que no puede limitarse, como plantea cínicamente el gobierno, a comparar el contenido de las cajas con las actas. Porque en algunos casos, como el del estado Bolívar, el problema sí es de adulteración de actas. Pero en otros, la modalidad delictiva fue diferente. El voto supervisado, el amedrentamiento y la violencia, o los votos chantaje con el carnet de la patria, no aparecen en las actas.

El problema es el proceso fraudulento. En ningún juzgado del mundo se acepta como válida una confesión realizada bajo coacción o tortura, y no se discute si la firma de la confesión pertenece en verdad o no a la persona. El problema no es la firma de la confesión, sino cómo se obtuvo. Aquí nuestro problema no es de actas, sino de la violación de las garantías y del respeto a la ley.

Así como es verdad la naturaleza fraudulenta del proceso, no lo es la explicación simplista de que el supuesto triunfo del gobierno se deba a la abstención de la población opositora. La abstención del 15-O, más que causa, es la consecuencia de un proceso diseñado para que la gente no votara. Así, por ejemplo, de los 230.000 movilizados de manera ilegal en el estado Miranda, solo pudo votar 20%. Asumir que el resto simplemente “se abstuvo”, es hacer una abstracción indebida de la cantidad de obstáculos que antes y durante el proceso se diseñaron, precisamente, para torpedear la participación de los electores.

Otra de las mentiras tiene que ver con la presumible “ingenuidad” al participar en el proceso. Desde el principio, la Mesa de la Unidad denunció cada una de las violaciones de la ley que caracterizaban la elección. Pero, sabiendo que el objetivo del gobierno era “lavarse la cara” a fin de intentar disminuir la presión internacional en su contra, asistimos al proceso convencidos de que no podíamos permitir que el régimen se legitimara de esa manera. Decidimos entonces enfrentarlo en un terreno electoral, que sabíamos por supuesto difícil, buscando lograr dos cosas: o bien erosionarlo y quitarle poder al poder a través de la obtención de nuevos espacios para la lucha democrática o, en caso contrario, obligarlo a deslegitimarse aún más ante el mundo al desnudar su acción electoral delictiva.

Como consecuencia de lo segundo, el régimen no pudo salirse con la suya, y hoy la comunidad internacional a la cual quería impactar con su supuesta cara democrática, desconoce los resultados de su amañado proceso y se apresta, subsiguientemente, a reforzar las presiones sobre él. Hay que recordar que develar el verdadero rostro del opresor para deslegitimarlo es uno de los objetivos de la lucha no violenta.

La gran tragedia del 15-O es que el gobierno dinamitó la salida electoral. Y nuestra lucha principal ahora es restablecerla. Pero para que haya una salida electoral, tiene que haber un cambio en las condiciones que garanticen que se cumpla la ley. Y esto es urgente y crucial, porque la crisis económica no hará otra cosa que agudizarse, haciendo cada vez más grave e insoportable la presión social. El nuestro es un país que sufre, que pasa hambre y que grita cambio desde todos sus rincones. Nuestro reto es que esa demanda de cambio se realice por la vía electoral, que es la única que garantiza una transición pacífica y viable. Si esa vía se tranca como lo logró el régimen el 15-O, si se obstaculiza definitivamente la salida electoral, la presión de cambio –que no va a cesar– puede verse tentada a tomar otros rumbos, no siempre deseables ni efectivos.

Nos esperan tiempos duros. A falta de pueblo, el régimen seguirá apostando por la represión y la violencia, en todas sus formas. Maduro y sus demás violadores de la Constitución van a tratar de hacer lo que sea para vengarse de un pueblo que los aborrece. Con lo cual no harán otra cosa que darnos más razones y fuerza para alimentar nuestra lucha. Porque por más trampas y violencia que ejerza, el régimen sabe que es inútil. Intentar detener a un pueblo cuando se decide a cambiar es como detener un tsunami con la mano. Simplemente no se puede.

 

@AngelOropeza182

El Nacional

 

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio, aclaró este lunes que hasta la fecha el Poder Electoral no ha recibido impugnación formal por parte de organizaciones políticas de la oposición contra los comicios regionales del pasado 15 de octubre, en los que en 18 de 23 gobernaciones del país el Gobierno obtuvo la victoria.

La rectora remarcó que el Poder Electoral siempre ha “respetado” la voluntad del pueblo y resaltó que el proceso electoral venezolano es el “más auditado del mundo” por todas las organizaciones con fines políticos que participan en los eventos comiciales, reseñó AVN.

Durante la entrevista mostró el acta de totalización de votos que emitió el consejo antes de dar a conocer los resultados, la cual está avalada con rúbricas de representantes de todas las organizaciones políticas, tanto del Gobierno como de la oposición que aprobaron que estos datos llegaron con total normalidad al organismo antes de dar a conocerlos a la opinión pública.

D’ Amelio exhortó a los partidos políticos a respetar los resultados y a ser “coherentes” en su discurso, con respecto a lo que avalaron mediante las auditorías antes, durante y después del evento comicial.

«Es importante que tengan sensatez, responsabilidad, tienen que organizarse», sugirió a la oposición y señaló que en todo caso «si la institución fuera fraudulenta, el pueblo no participaría. Sin embargo, en los últimos procesos electorales -el 30 de julio para elegir a la Constituyente y el 15 de octubre en las regionales- la participación ha sido bien importante», dijo.

En los comicios regionales más de 10 millones de venezolanos -61,14 % del padrón de votantes- ejercieron su derecho al voto, según cifras del CNE.

 

La Red de Observación Electoral de la Asamblea Nacional, acreditada para desempeñar este rol para los comicios regionales del pasado 15 de octubre, refleja en un informe preliminar “un conjunto de irregularidades que han tenido indudable incidencia en el proceso eleccionario, el cual en su conjunto, estuvo signado por tal cantidad y variedad de vicios, que superan con creces los conocidos en elecciones anteriores, lo que hace imposible considerarlas una expresión fiel de la voluntad ciudadana”.

El documento registra que desde antes de la elección el CNE tomó medidas como la ejecución en brevísimo tiempo, sin previa aprobación de un cronograma, de las actividades preparatorias de la elección, con el consiguiente menoscabo de la ejecución de varias de ellas, y la puesta en marcha de importantes procesos, como el de la inscripción de candidatos.

Se cuestiona también la negativa a permitir a los partidos políticos cambiar las postulaciones de candidatos que habían hecho inicialmente, por lo que permanecieron en la boleta de votación candidatos que no estaban participando en la contienda, hecho que generó confusión en los electores y llevó a parte de ellos a perder su voto.

“Esta medida tiene un potencial poder de llevar al desconocimiento de la voluntad de los

votantes. Adicionalmente, a solo tres días de la jornada electoral, el CNE llevó a cabo reubicaciones de un apreciable número de centros de votación, ocasionando dificultades de diversa índole a muchos electores, que van desde la ubicación del sitio donde le correspondía votar, hasta problemas de transporte, seguridad y de excesiva aglomeración de personas en espacios reducidos e incómodos, que generaron grandes colas. Más aún, los electores afectados no contaron con información apropiada y oportuna sobre los cambios realizados por parte del CNE”.

Según la Red de Observación Electoral las reubicaciones afectaron a unos 700.000 electores, con significativa concentración en los estados Miranda, Mérida, Aragua, Carabobo y Lara.

Destaca que durante el período de campaña electoral fue pública y notoria la utilización de recursos públicos en actos proselitistas a favor de los candidatos del oficialismo, lo que generó un ambiente para la celebración de la jornada electoral del 15 de octubre con un marcado sesgo.  

 

Incidencias más resaltantes de la jornada

Durante el ejercicio de la observación, los miembros de la Red reportaron irregularidades de diversa índole, como la compra de votos en la puerta de los centros para que estos permitieran ser asistidos en el acto de sufragio, la desmedida aglomeración de votantes en algunos centros lo que originó largas colas y el ejercicio del voto con documentos de identificación distintos a la cédula de identidad, como ocurrió con el carnet de la patria.

En el informe se indica que en el 16% de los centros se irrespetó la normativa del voto asistido, y que se observó violencia e intimidación por parte de grupos que se identificaban como colectivos amedrentando a votantes y medios de transporte que movilizaban votantes de centros eliminados a los centros reubicados.

Agrega la Red varios datos resaltantes:

• Hechos de violencia se presentaron en el 60% de los centros observados.
• En un 44% de los centros se reportó que el escrutinio no fue público y en algunos casos no se realizó el sorteo de las mesas para la verificación ciudadana.

• En el 35% de los centros las mesas se constituyeron con miembros accidentales que tuvieron dificultades en el desempeño de sus funciones.

• En al menos el 53% se había iniciado el proceso de votación antes de las 7 de la mañana.

• En un 39% se detectó que no había testigos debidamente acreditados de los distintos partidos. Parte de este porcentaje es producto de que los testigos fueron expulsados o no les permitieron la entrada a la mesa de votación.

• En el 58% de los centros observados, la hora de cierre fue posterior a las 8:00 pm, a pesar de que en varios de ellos no había votantes en cola.

• En un 44% de los centros el escrutinio y la validación ciudadana no fue un acto público.

 

Por otra parte, se reportaron problemas de energía en Amazonas, Aragua y Miranda, afectando al menos al 1% de los votantes a nivel nacional. En varios centros fallaron también las baterías de las máquinas de votación previstas para el suministro de energía en casos de emergencia.

La Red recibió reportes de varios centros con máquinas dañadas y gran retardo en su sustitución. Esto provocó considerables lapsos de interrupción de la votación (de hasta más de tres horas en algunos casos) en esos centros.

La Red señala como otra irregularidad que a las 6:13 pm, antes de que el CNE informara al país los resultados de las elecciones, el presidente Nicolás Maduro, acompañado del alto gobierno, incluyendo el estamento militar, declaró en Venezolana de Televisión dando cifras de participación de 61,4%, más de 10 millones de votantes, y dio como ganador al oficialismo en 17 gobernaciones (75% de los votos de todo el país).

Se cuestiona en el documento que para la observación nacional fueron autorizadas solo dos organizaciones (Proyecto Social y la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación), a diferencia de elecciones pasadas donde fueron acreditadas cinco organizaciones, restando fuerza a la importante observación nacional.

También resalta el informe que los procesos de observación tuvieron trabas y dificultades, como la entrega tardía de credenciales, lo que imposibilitó la presencia de observadores a varios centros, así como el desconocimiento y el retiro de representantes de las entidades que había logrado acreditarse en este rol.

El Gobierno de Costa Rica afirmó hoy que desconoce los resultados de las elecciones de gobernadores de Venezuela al considerar el proceso “fraudulento” y “viciado de nulidad”.