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El Mañanero del #13Feb: las 8 noticias que debes conocer

Este domingo 12 de febrero, Día de la Juventud, se cumplieron nueve años de los asesinatos de Bassil Da Costa y Roberto Redman en el marco de las protestas antigubernamentales contra el gobierno de Maduro en 2014. Hasta la fecha solo hay un funcionario condenado por la muerte de Da Costa y la cadena de mando continúa intocable.

 

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“En las últimas horas hemos recibido informacion por distintas fuentes de que el CNE estaría proponiéndole a la Comisión de Primaria, acceder al uso de los centros electorales, solo si se acepta el apoyo técnico (máquinas) y la custodia del proceso manejada por el Plan República”,  Andrés Velásquez

Protestas laborales amenazan con reventar la burbuja  
86% de las 480 protestas que se llevaron a cabo apenas en los primeros 16 días de este año corresponden a reclamos laborales 
Bolívar fue el estado donde se produjeron más manifestaciones con 65
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 28 protestas este 17 de enero, más de una por hora 
Docentes y personal de la salud son los principales protagonistas de las movilizaciones de calle 

 

@franzambranor

 

Enero comenzó caliente en las calles de Venezuela. El frío de diciembre y la algarabía que se respiraba en el último mes de 2022 parece haberse esfumado con las protestas de miles de trabajadores de la administración pública en este recién iniciado 2023.

Con el fantasma de la hiperinflación amenazando con una nueva cabalgata, los venezolanos despertaron de la siesta decembrina con los bolsillos rotos y clamando por un sueldo digno que les acerque a los 371 dólares que costó la canasta alimentaria a finales de 2022, de acuerdo a estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas.

De Coro a Maturín, de San Cristóbal a Ciudad Bolívar, la mayoría de las ciudades venezolanas se unieron al clamor de los trabajadores que no toleran más un sueldo mínimo de apenas 130 bolívares, el equivalente a siete dólares mensuales.

De acuerdo a un mapa de conflictividad social elaborado por la empresa ORC Consultores, hasta el 16 de enero de este año, se contabilizaron 480 protestas, de las cuales 413 fueron por reclamos laborales, es decir el 86%

Le siguieron protestas por agua (16), gasolina (12), justicia (6), política (5), infraestructura (5), aseo (4), salud (3), electricidad (3), aguas negras (3), gas (3), estudiantes (2), otros servicios (2) y telecomunicaciones (1). 

Bolívar fue el estado donde se produjeron más protestas, con 65, secundado por Aragua (42), Miranda (33), Falcón (28), Barinas (27), Guárico (27), Mérida (23).

En la lista también están Portuguesa (23), Táchira (23), Sucre (22), Lara (22), Cojedes (17), Carabobo (16), Zulia (16), Trujillo (13), Monagas (12), Distrito Capital (12), Delta Amacuro (12), Apure (12), Anzoátegui (9), Yaracuy (9), Nueva Esparta (6), Vargas (6) y Amazonas (5). 

Las 480 manifestaciones que se produjeron en la primera quincena de enero de este año duplicaron a las 211 que se llevaron a cabo en 2022 durante el mismo periodo.

De 69 protestas exigiendo mejoras salariales del 1 al 16 de enero de 2022, Venezuela saltó a 413 este año, una escalada de más del 2 mil por ciento.

 

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Olla de presión a punto de estallar

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social solo este 17 de enero se produjeron 28 movilizaciones de calle, es decir, más de una por hora, y en 2022 se contabilizaron 2.649 protestas laborales, la mayoría protagonizadas por trabajadores de los sectores educativos, salud y administración pública. 

En el inicio de 2023, maestros, personal sanitario, profesionales, técnicos, obreros, trabajadores de las empresas básicas del Estado como Sidor (Siderúrgica del Orinoco) y la CVG (Corporación Venezolana de Guayana), universitarios, empleados públicos, jubilados y pensionados no han escatimado esfuerzos para salir a la calle a clamar por sus reivindicaciones.   

“El año 2022 fue un año de luchas, quizás no con la misma intensidad con la que hemos iniciado el 2023, un año parecido al 2018, donde tuvimos que apelar a un paro indefinido porque los salarios no alcanzaban”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta de la junta directiva del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital.

Gricelda Sánchez, presidenta de la ONG Formación de Dirigentes Sindicales, manifestó que este enero fue particularmente intenso para los docentes porque querían hacer ruido en la conmemoración del Día del Maestro, el pasado 15 de enero.

“El lunes 16 de enero salimos a las calles y le exigimos a la coalición sindical nacional del sector educativo que entregue el pliego conflictivo al Ministerio del Trabajo, hay que darle carácter administrativo a este reclamo”, expuso Sánchez.

La dirigente sindical aseguró que las protestas de docentes este año han tenido lugar en los 23 estados del país.

“No solo maestros y profesores activos, también jubilados, personal administrativo y obrero, y hasta padres y representantes”, aseguró.

Sánchez manifestó que los educadores están exigiendo un salario base de 600 dólares.

“Maduro prometió que el sueldo iba a estar anclado al petro, entonces que cumpla su palabra, no queremos bolívares devaluados que se los come la inflación”, indicó.

Por debajo de la franja de la pobreza

Durante un acto proselitista en los Valles del Tuy, estado Miranda, Nicolás Maduro volvió a esgrimir la carta de las sanciones para escurrir la responsabilidad de los sueldos ínfimos en Venezuela.

“Basta de torturas y persecución criminal contra la clase obrera venezolana”, dijo.

Sánchez desestimó las declaraciones de Maduro: “Cuando llegaron las sanciones ya nuestros sueldos venían en picada y se habían violado una serie de contrataciones colectivas. Estamos así por las políticas de hambre del gobierno, no por las sanciones”.

El líder chavista prometió un sueldo acorde con las necesidades del venezolano. “Más temprano que tarde pasaremos de esta fase de parto y de resistencia, a una fase de mejoría sostenida de los ingresos de la clase obrera y trabajadora”. 

Maduro no dijo de dónde sacaría los recursos para honrar a los empleados. “De mil maneras lo haremos, ¿Pariendo recursos?, pariremos. ¿Produciendo?, produciremos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó a quienes, según él, consideran que un aumento salarial resolverá los problemas estructurales en escuelas y hospitales.

“¿Ustedes creen que nosotros podemos resolver a punta de realazos (sic) todos los problemas? ¿Cuántos millones de dólares debemos tener para resolver los problemas de infraestructura? ¿Mil, dos mil millones?”, esbozó. 

Contreras considera que el Estado es el principal responsable de fomentar un salario digno para los trabajadores.

Cuando Maduro dice que no hay dinero para aumentar a los empleados es una falta de respeto, porque los trabajadores no podemos seguir asumiendo las consecuencias de una crisis que no generamos”, dijo.

Según Contreras, los profesionales de la salud escasamente devengan 15 o 16 dólares mensuales.

“Y, por supuesto, eso es insuficiente para hacerle frente a una canasta básica alimentaria que supera los 300 dólares. Los trabajadores de la salud que viven en la periferia de Caracas tienen que pagar 50 bolívares diarios en transporte, no tenemos siquiera para pagar un pasaje y menos para comer”, indicó la enfermera.

Contreras hizo un llamado a dolarizar la economía venezolana. “Que terminen de hacerlo de una buena vez, ya no podemos seguir cobrando en bolívares cuando todo está en divisas. Nos encontramos en el umbral de la extrema pobreza porque no tenemos un salario básico que esté por encima de los dos dólares diarios como dice el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Contreras aseguró que los grupos afectos al gobierno denominados colectivos y que amenazaron a los manifestantes con amedrentarlos si continúan en las calles, no representan mayor obstáculo.  

A pesar de la estrategias para desmovilizar la protesta, no nos han podido intimidar, ni los facinerosos ni los bonos devaluados nos van a desviar del objetivo”, aseveró Contreras.

Sánchez también criticó la bonificación de 580 bolívares (alrededor de 30 dólares) que recientemente hizo el gobierno a los empleados del sector educativo a través del sistema Patria.

“Nosotros lo que queremos es la recuperación real del salario, que los 500.000 docentes que hay en el país y el millón de empleados que tiene el Ministerio de Educación salgan beneficiados”.

Contreras manifestó que no es justo que mientras los gobernantes exhiben camionetas blindadas con escoltas y joyas el pueblo tenga que conformarse con una limosna.

“Hoy parece que estamos haciendo labor social ad honoren, nuestra petición es que se homologuen los salarios al costo de la canasta básica y por eso es que vamos a seguir en la calle, somos esenciales para los pacientes, pero invisibles para el Estado”, concluyó.

 

215 detenciones arbitrarias dejaron protestas del #30Abril y #1Mayo

LAS PROTESTAS DEL PASADO 30 de abril y 01 de mayo de 2019, dejó un estimado de 215 casos de detenciones arbitrarias, entre los cuales al menos hay 15 adolescentes entre 14 y 17 años.

Desde Una Ventana a la Libertad (UVL) siempre se ha alertado sobre las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos de estas personas. También se ha hecho saber que las personas detenidas en protestas son trasladadas a comisarías y calabozos policiales (llamados oficialmente “centros de detención preventiva” – CDP) que no tienen condiciones para albergar a ciudadanos por más de 48 horas.

Sin embargo, debido al colapso en el sistema penitenciario en Venezuela, los presos comunes y, hasta los presos políticos como es el caso de los manifestantes, pueden durar hasta tres años en estos espacios en los que por lo general no hay agua potable, infraestructura carcelariao iluminación adecuada, espacios para transitar y donde los reclusos deben hacer turnos de pie para poder gozar de unas horas de sueño en el suelo.

Hacinamiento, enfermedades y altos índices de violencia 

Una Ventana a la Libertad monitoreo 175 CDP durante el 2018, en 15 estados del país. Se pudo constatar un índice de hacinamiento global de 314% (16.719 personas detenidas en una capacidad instalada para 5.332).

Se registraron 305 muertes durante 2018. Entre esos casos, 57% fueron causados por motivos violentos (motines, riñas entre reclusos, enfrentamientos tras fugas…) y 38% por la tuberculosis. A título de comparación, en Francia mueren alrededor de 250 personas anualmente, por una población carcelaria cuatro veces mayor (70.000 reclusos en enero del 2019).

Condiciones materiales de detención deplorables

El suministro de elementos básicos para la supervivencia como alimentos, agua, medicinas y ropa están enteramente a cargo de los allegados de los reclusos. Todo esto agravado en el contexto de emergencia humanitaria actual, en el que la inseguridad alimentaria es altísima para todos los habitantes del país.

Solo la mitad de los CPD cuentan con acceso al agua potable. Los familiares de los reclusos frente a las fallas y deficiencias les proporcionan el agua, la cual llevan en botellas de plástico hasta los calabozos.

Un tercio de los calabozos no tiene servicio de recolección de basura, por lo que los desechos permanecen en el área externa del recinto hasta que un camión los recoge.

Ninguno de los CDP monitoreados cuenta ni con área y/o servicio médico ni con un comedor, de manera que, los derechos a la asistencia médica y a la alimentación se encuentran permanente amenazados

Abusos por parte de los funcionarios

Este sistema “paralelo”, que funciona en los CDP, ha colocado a funcionarios policiales y militares (en menor medida) en situación de custodios penitenciarios de facto, sin contar con la preparación y la formación necesaria para garantizar la adecuada atención de las personas bajo custodia, lo que no solo representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de libertad, sino además para los funcionarios públicos quienes podrían incurrir fácilmente en infracciones por falta de formación y adiestramiento

En el 32% de los CDP monitoreados por UVL, los familiares de los reclusos, reportaron el uso de medidas disciplinarias que incluyen suspensión de las visitas, suspensión de la entrada de alimentos, golpes, palizas, sometimiento por “pranes” (jefes reclusos) con autorización de los custodios y torturas. Además, existen funcionarios que cobran para permitir el ingreso de alimentos, ropa y teléfonos.

La situación en el estado Zulia 

En el estado Zulia (fronterizo con Colombia) fue donde se registró el mayor número de detenciones arbitrarias. Al menos 50 personas fueron arrestadas entre el 30 de abril y el 1ero de mayo, entre ellas cuatro menores de edad.

Las condiciones de detención en esa región son particularmente duras, debido a que las fallas del sistema eléctrico son aún más pronunciadas que en el resto del país. “Durante los apagones generales, el recinto queda sin el servicio durante las horas que tarde para restablecer el servicio. No los someten a racionamientos programados (se les garantiza el servicio como si se tratara de un centro de salud). En mayo, los constates bajones ocasionaron que el sistema eléctrico del penal colapsara y se quemara parte del cableado y el transformador. Los internos estuvieron, se desconoce con exactitud la cantidad de días, sin energía eléctrica hasta que Corpoelec (empresa nacional de electricidad) sustituyó el cableado y el transformador quemado”, vale la pena acotar en este caso hablamos del CPD de Cabimas, en el que se encuentran más de mil seiscientos reclusos.

La situación en el estado Bolívar

Félix Luporsi, Israel Augusto Villasana e Israel Antonio Villasana -dos estudiantes y un comerciante-, fueron detenidos cuando salían de cargar sus teléfonos celulares del local de un amigo en Castillito, Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Al parecer los uniformados al verlos con los brazaletes repartidos en la manifestación se los llevaron detenidos.

Según información recabada por Una Ventana a la Libertad, los calabozos de la Subdelegación albergan más de 60 detenidos, los cuales ocupan lo que antes era el baño de caballeros de los funcionarios, este cuenta con luz artificial, sin ducha, un solo retrete, reflejando un alto grado de hacinamiento.

Ensañamiento particular hacia el personal de salud

El personal médico se encuentra particularmente amenazado actualmente en Venezuela. El régimen busca amedrentar a los profesionales de la salud para que no denuncien la grave crisis que atraviesa el sistema de salud nacional. También busca justificar los decesos, causados por falta de insumos básicos y medicinas, acusando a los profesionales de la salud de mala praxis.

Once médicos fueron detenidos arbitrariamente cuando participaban en las protestas. Los detenidos en el estado Zulia son: Nelson Reites, cardiólogo; César Perozo Wong, también cardiólogo; Sheyla Montero, Neiro Ferrer. Todos de la Unidad de Hemodiálisis.

En Carabobo detuvieron a Jean Pierre Lizárraga; ginecobstetra; Gabriel Ramírez, cirujano plástico; mientras que, en Aragua, los médicos aprehendidos fueron identificados como: Carmelo Gallardo, hematólogo jefe del servicio del hospital de Maracay y Gabriel Flores.

En Caracas fue detenido Jorge Carlos Favrin, traumatólogo y en Falcón a Ismael Rosillo, ginecobstetra.

Medios regionales destacaron que ya habían informado en febrero pasado que tenían registrado, desde el 13 de enero, cerca 45 casos de persecución, amenazas y amedrentamientos en contra de profesionales del área de la salud.

En esa oportunidad se detalló que el registro de persecución y amenazas lo tenían en los estados Táchira, donde cinco médicos fueron víctimas y un estudiante de Medicina detenido y posteriormente expulsado del proceso formativo; asimismo, destituyeron del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) a 12 enfermeras por protestar en Trujillo, Carabobo, Aragua y Caracas.

Por último, desde Una Ventana a la Libertad, exigimos a las autoridades competentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos detenidos en las protestas de los días 30 de abril y 1 de mayo, de acuerdo a lo establecido en la legislación internacional e internacional que rige la materia aunado a que estos ciudadanos detenidos no han cometido ningún tipo de delito sino han ejercido su legítimo derecho a protestar, debidamente establecido en el artículo  68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

Prensa Una Ventana a la Libertad

#MonitorDeVíctimas | Funcionarios de las FAES asesinaron a dos jóvenes en Petare tras las protestas

LA TARDE DEL JUEVES 24 DE ENERO Isabel Pino, la mamá de Yoendry Enrique Fernández Pino, se regresó temprano a casa. Había visto videos de tanquetas en el barrio y su jefa le permitió irse, pues la noche anterior había sido lo suficientemente aterradora luego de los enfrentamientos entre funcionarios y hombres armados, tras una protesta de vecinos en contra del Gobierno.

Al llegar a la zona 6 de José Félix Ribas, en Petare, se enteró de que su hijo, de 27 años, estaba detenido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que habían tomado la comunidad desde temprano. Desde entonces no lo vio más, hasta el momento de su velorio.

Ese día, alrededor de las 4:30 p.m., Yoendry salió de casa de su padrino y a una cuadra, entre la zona 6 y 7, fue abordado por los uniformados encapuchados, mientras se trasladaba en su motocicleta. Los vecinos avisaron a la familia.

Trataron de pedirles información a los funcionarios pero recibieron insultos. “Nos sacaron de ahí, luego una femenina nos comenzó a amenazar, nos pedía que nos quitáramos de ahí y yo le respondía que no me hablara de esa forma porque yo no le estaba hablando altanera”, contó Isabel.

Al retirarse por las amenazas, su madre vio desde la distancia al grupo de las FAES y el sitio donde presuntamente estaba Yoendry. Momentos después escuchó unas detonaciones.

Los funcionarios nunca les confirmaron a los familiares si lo tenían detenido o si se encontraba herido, ellos con un mal presentimiento lo buscaron en hospitales, hasta que supieron que estaba muerto en el Domingo Luciani de El Llanito.

Tenía dos impactos de bala en el pecho. Alegaron que se enfrentó a la comisión, pero su mamá lo desmintió y aseguró que ni siquiera tenía armas.

“Cuando fui a hacer la denuncia en el Cicpc me dijeron que lo mataron en un enfrentamiento y que era de una banda. Pero eso no es así, yo les dije que era falso y ellos escribieron en la planilla “falso”. Ahí no hubo enfrentamiento, hemos visto en otras ocasiones como fingen esas cosas, una vez muertos los muchachos le ponen un arma en la mano y disparan”, dijo.

Yoendry arreglaba motos en su casa y era padre de dos niños, de seis y cuatro años. Hace dos años estuvo preso en la Mínima del Internado Judicial de Carabobo, implicado en homicidio, pero salió en libertad por beneficio; el 3 de enero de este año terminó su régimen de presentación.

Protestas dieron pie a asesinatos

La noche del 23 de enero se registraron manifestaciones en distintos sectores de Caracas, en contra de la gestión del presidente Nicolás Maduro. Palo Verde y Petare no quedaron atrás.

Luego de un cacerolazo que comenzó a las 8:00 p.m. los vecinos quemaron escombros y trancaron las calles, pero esta acción fue repelida por las FAES y Polisucre con lacrimógenas y perdigones.  

Según vecinos los delincuentes se mezclaron entre los manifestantes y se enfrentaron a los funcionarios, incluso detonaron una granada cerca del elevado de Palo Verde. La zona estuvo intransitable, los habitantes escucharon ráfagas de tiros hasta pasada la 1:00 a.m, y vieron tanquetas.

La mañana del 24 de enero, después de esta situación las FAES tomaron distintos barrios de Petare. En José Félix Ribas, donde mataron a Yoendry, también asesinaron a Jhonny Marcano, de 28 años, a las 11:30 a.m.

Aunque sus parientes no quisieron dar detalles, contaron que se enteraron cuando estaba sin signos vitales en el hospital Domingo Luciani y que dejó huérfano a un niño de nueve años.

A ambas víctimas las vincularon con la banda del “Wileisy”. Sus miembros presuntamente les dispararon a los funcionarios durante los disturbios de la noche del 23 de enero.

Se conoció extraoficialmente que Wileisy es uno de los pranes de José Félix Ribas. Un joven que no pasa los 30 años.

La presencia de las FAES se mantuvo el viernes y el sábado, regresaron a las viviendas de los fallecidos y revisaron cada cuarto. A la casa de Yoendry ingresaron cuando había otros parientes y denunciaron que fueron agresivos.

Vecinos de Petare comentaron que los uniformados impusieron un toque de queda, quienes llegaban después de las 5:00 p.m. no podían ingresar al barrio porque ellos simplemente no querían.

“Los negocios han cerrado porque ellos (las FAES) toman el barrio y a la gente les da miedo. Se meten a las casas, tumban puertas, todos están asustados por esta situación”, detallaron bajo anonimato.