presos comunes

En abril del 2021, el Foro Penal Venezolano recordó la detención de Valladares, acotando que estuvo siete días en desaparición forzosa.

Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, denunció este jueves, 9 de diciembre, que el preso político José Gregorio Valladares se encuentra hacinado con presos comunes.

A través de su cuenta de Twitter, Sujú expresó: «Fue trasladado a Yare 2 donde lo tienen como un preso común en una celda hacinado con 50 funcionarios detenidos por delitos comunes». Agregó que está presentando problemas de salud debido a esta causa. 

Por otra parte, Sujú recordó la importancia de «destacar la mala intención de la tiranía de catalogarlo como preso común, cuando este caso es uno de los más escandalosos en Venezuela y en instancias internacionales».

La abogada señaló que José Gregorio Valladares está relacionado con el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

#Venezuela. El Preso Politico José Gregorio Valladares del Caso Vuelvan Caras (Mismo de Rafael Acosta Arevalo) fue trasladado a Yare 2 donde lo tienen como un preso COMUN en una celda hacinado con 50 funcionarios detenidos x delitos comunes. Duerme en el piso, tiene Fiebre y Tos pic.twitter.com/mSotJVGqSV

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) December 9, 2021

Es muy importante destacar la mala intención de la Tirania de catalogarlo como preso común, cuando este caso es uno de los más escandalosos en Venezuela y en Instancias Internacionales. Con copia a la @IntlCrimCourt @KarimKhanQC …

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) December 9, 2021

Detención arbitraria, irregularidades y torturas

En el año 2019, Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicación del oficialismo, responsabilizó a los excomisarios del Cicpc Miguel Ibarreto y José Gregorio Valladares de ser reclutados para “matar a líderes sociales en la avenida Sucre”, en Caracas.

Valladares fue detenido en junio de 2019 e involucrado en el mismo caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió bajo custodia del Estado por torturas.

En abril del 2021, el Foro Penal Venezolano recordó la detención de Valladares, acotando que estuvo siete días en desaparición forzosa.

José Gregorio Valladares: Ex CICPC, privado de libertad con fines políticos desde el 21/06/2019.
Pasó 7 días en #DesaparicionForzosa.#LiberenAValladares#FAN #DDHH#Venezuela pic.twitter.com/hrLpfUm00Q

— Foro Penal (@ForoPenal) April 15, 2021

LA @IntlCrimCourt INVESTIGARA A LA CADENA DE MANDO RESPONSABLE D ESAS TORTURAS#8Dic Son 892 Dias q el Comis CICPC JOSE GREGORIO VALLADARES Fue Torturado y Secuestrado y ahora Trasladado a la Carcel d Yare II Su Caso esta denunciado en la #CPI La Cadena de mando será Investigada pic.twitter.com/4mzlWpQ5bs

— Sol Rojas (@sol651) December 8, 2021

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@cnietopalma

Nuevamente el tema de los presos políticos y comunes vuelve a la discusión de la opinión pública, a raíz del decreto 4610 publicado en la Gaceta Oficial número 42.125, con fecha del 12 de mayo. Este ordena a la DGCIM y al SEBIN transferir el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad al Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Esta decisión ha sido cuestionada por familiares de los presos políticos que se encuentran en estos recintos y que han manifestado su negativa a que estos permanezcan junto a presos comunes en sus sitios de reclusión.

Quiero aclarar que la legislación venezolana, tanto en el Código Orgánico Penitenciario, como el decreto de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, establece que los privados de libertad, sean procesados o penados, deben estar bajo el control de este ministerio.

De hecho, existe un buen número de presos políticos que han cumplido su detención en cárceles comunes, aun sin la existencia de este decreto; al igual que hay presos comunes detenidos en la sede del SEBIN.

Tengo claro que la gran diferencia que existe entre los presos políticos y los comunes es que los primeros no cometieron delito alguno, más allá de pensar diferente y luchar por la salida de la dictadura que vivimos los venezolanos. En cambio, los presos comunes están privados de su libertad por haber delinquido. O por presuntamente haberlo hecho, si tomamos en cuenta que el 70 % de los privados de libertad en Venezuela sufren de retardo procesal. De modo que, según el artículo 49 de la Constitución nacional, son presuntamente inocentes por no tener una sentencia definitivamente firme.

Este decreto, lleno de una cantidad de considerandos innecesarios, solo viene a reafirmar lo que ya dice nuestra legislación respecto a quién se encarga de garantizar las condiciones de vida y respeto a los derechos humanos de los presos venezolanos.

Entiendo la preocupación de los familiares de los presos políticos por las condiciones infrahumanas en que están las cárceles comunes a las cuales serían enviados estos, según el decreto, en un lapso de 30 días. Aunque igualmente pienso que no es muy diferente a la que se vive en los lugares donde están actualmente detenidos y donde sus derechos humanos son violados de manera constante.

Reiterando que hay presos políticos que han estado en cárceles comunes desde hace tiempo, me viene a la memoria el caso de los 13 indígenas de la etnia pemón, apresados en diciembre de 2019, tras ser acusados de participar en el asalto a un cuartel militar en el estado de Bolívar, ocurrido el día 22 de ese año y que permanecieron en la cárcel Rodeo 2 desde su detención hasta el pasado 13 de febrero, cuando fueron liberados. En este caso es importante recordar que a comienzos de este año, uno de estos detenidos, Salvador Franco, falleció en el centro de detención que se encontraba, supuestamente víctima de tuberculosis que no fue atendida por las autoridades encargadas de su custodia.

Me atrevo a pensar que el objetivo de cerrar como centro de detención las instalaciones del SEBIN y DGCIM, es eliminar las evidencias de los centros de tortura que funcionan en ambos recintos, a raíz de la investigación que se sigue en la Corte Penal Internacional, pero los testimonios de las víctimas y sus familiares no podrán callarlos.

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Por último, como lo he dicho muchas veces, los presos venezolanos tienen derechos humanos, al igual que el resto de la población; esto está bastante claro en el artículo 272 de nuestra Constitución nacional. Y estos le deben ser garantizados por las autoridades encargadas de su custodia.

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La dirigente tuiteó: «Gaceta Oficial 42.125, contiene decreto 4.610 de Nicolás Maduro, donde ordenó a Dgcim  y a Sebin transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Ello implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes» 

La opositora Delsa Solórzano alertó este 18 de mayo del traslado de presos políticos a cárceles comunes, luego de que el Gobierno ordenara al Servicio de Inteligencia y la Dirección de Contrainteligencia Militar transferir la custodia de detenidos en sus sedes al Ministerio Penitenciario.

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«Gaceta Oficial 42.125, contiene decreto 4.610 de Nicolás Maduro, donde ordenó a Dgcim (Dirección de Contrainteligencia Militar) y a Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Ello implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes», dijo Solórzano en Twitter.

El decreto al que hace referencia Solórzano tiene fecha del pasado día 12 y en él se establece que la Dgcim y el Sebin «deberán transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días».

En el mismo decreto se «exhorta al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias para contribuir con el cumplimiento» de la orden, «incluyendo la emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos de las personas que actualmente permanecen» presas en la Dgcim y el Sebin.

Asimismo, se señala que ambos órganos «deberán adecuar su estructura, normas de funcionamiento, manuales y procedimientos», aunque sin especificar.

Según la ONG venezolana Foro Penal, líder en la defensa de «presos políticos», en el país hay 306 detenidos por causas políticas.

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, informó que la excarcelación del grupo se produjo a la medianoche

La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) anunció este martes 5 de mayo, en horas de la noche, la excarcelación de un grupo de presos políticos.

A través de Twitter, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, informó que la excarcelación del grupo de presos se produjo a la medianoche.

Asimismo, Himiob informó que además de presos políticos, en el grupo, de 23 personas, también se incluyeron presos comunes.

Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG, detalló que entre las excarcelaciones se encuentran:

Roque González (exPM)

Ramón Zapata (exPM)

Jorge Luis Pérez Izarsa

De acuerdo con El Pitazo, González y Zapata son funcionarios jubilados de la extinta Policía Metropolitana detenidos y torturados el 22 de diciembre de 2018.

Vale acotar que los anteriores fueron presentados en tribunales cinco días después bajo cargos de conspiración, asociación para delinquir, detentación de artefactos explosivos, traición a la patria y uso indebido de uniformes. 

En cuanto a Pérez Izarsa, fue detenido el 20 de enero del 2019.

El medio señala también que en la lista figura Luis Navas, activista de Voluntad Popular detenido el 21 de febrero 2018.

#6Mayo 12:15AM A esta hora excarcelan de Helicoide a #PresosPoliticos Roque González, Ramón Zapata y Jorge Luis Pérez Izarsa. Seguimos esperando otras excarcelaciones pic.twitter.com/gNhOdIcTT9

— Alfredo Romero (@alfredoromero) May 6, 2020

#6May 12:20AM Se trata de un grupo de 23 excarcelados desde El Helicoide, compuesto por presos políticos y presos comunes. En breve identificaremos.

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) May 6, 2020

#6May 12:25AM Momento en el que un grupo de presos (#PresosPolíticos y presos comunes) es excarcelado desde El Helicoide. pic.twitter.com/gy6fGX9bf4

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) May 6, 2020

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Según información publicada en la web, tres de los que aparecían en la lista pertenecían a la banda delictiva «Alirio Cara Cortá»

El lunes 6 de enero el excandidato presidencial Javier Bertucci anunció vía Twitter la excarcelación de 14 «presos políticos», como resultado de las negociaciones con el régimen.

Sin embargo, el Foro Penal Venezolano (FPV) denunció que en ese listado hay presos comunes, además de personas que ya tenían boletas de excarcelación.

De acuerdo con lo reseñado por el portal Noticia Al Minuto, tres de los 14 incluidos en la lista efectivamente son presos comunes.

Se trata de Renzo Fuenmayor Miquilena, Jesús María Ocando Duarte y Nataly Aurora Gallego Pereira,  encarcelados en Rosario de Perijá, Estado Zulia, en junio del 2019.

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El portal destaca que los mencionados violaron la Ley Orgánica de Extorsión y Secuestro. Los tres eran miembros de la banda «Alirio Cara Cortá».

Por su parte, el portal EsPaja.com realizó una búsqueda en internet para verificar los motivos de detención de los demás excarcelados.

Jesús Medina Ezaine, Manuel Bernardo Chacín, Jormanth Joseph Linares Ramírez, Michel Alfredo Vargas Camacho, Jesús Lira, María del Carmen Herrera, Luis Carlos Barrios Orozco.

Emilio Boulanger Cova, Carlos Eduardo Marrón Colmenares, Renzo Fuenmayor Miquilena, Nataly Gallego Pereira, Jesús María Ocando, Rafael González Meregote, Nelson Guzmán Castellano también aparecen en el listado.

Lea más en EsPaja.com

Este martes 12 de junio fueron puestos en libertad los hermanos Eudín y José León Ramírez, ambos jóvenes presentan un severo cuadro de desnutrición. Estaban detenidos en la comandancia de la policía de Carabobo ubicada en la parroquia Urbana San Blas de esa entidad, por haber cometido delitos comunes.

Al salir del módulo policial los jóvenes tuvieron que ser auxiliados por sus familiares, quienes al percatarse que los hermanos no se podían mantener de pie por su estado de salud corrieron de inmediato para brindarles ayuda.

Digno de los campos de exterminio nazis! Liberados los jóvenes Eudin León Ramírez y José León Ramírez, tenían varios meses detenidos en la comandancia de la Policía de Carabobo en la Parroquia San Blas, presentando un cuadro de desnutrición severo. Torturados! Hasta cuándo?????? pic.twitter.com/HWWwqxbETI

— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 12 de junio de 2018

Eudín León denunció que en el centro de detención preventiva hay un preso al que apodan el “Oso” que es quien lleva el control del lugar.

Detalló que los policías del lugar están a merced de este sujeto, a quien acusó de mandar a golpear y torturar a los reclusos, “nos ponen cucharillas calientes, nos ponen corriente y nos golpean en las costillas”.

Dijo que desde febrero todos los reclusos del lugar comían una sola vez al día, porque era lo que alías el “Oso” había ordenado. Decisión que fue revocada el 8 de junio cuando de nuevo les permitieron ingerir más alimentos.

León subrayó que mientras todos los demás reclusos pasan trabajo y viven en condiciones inhumanas, este sujeto vive y come bien.

#CaraotaEnCarabobo Eudín León, exprivado de libertad, aseguró que existe un preso llamado "El Oso" que tortura a otros por medio de la policía / Reportó: @dayriblanco07 pic.twitter.com/xQoX2inpXh

— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 12 de junio de 2018

La noche del miércoles 28 de marzo en una de las Comandancia de PoliCarabobo se registró un incendio en el que murieron 68 reclusos, cinco funcionarios fueron detenidos por este caso.