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Tribunal revocó beneficio de Régimen de Confianza a

WILMER JOSÉ BRIZUELA VERA, pran de la cárcel de Vista Hermosa, sí estuvo en la isla de Margarita en febrero de este año, y sí recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada otorgado por la  ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Runrun.es tuvo acceso a la boleta de notificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución del estado Carabobo, en la cual se revoca el beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que había otorgado la ministra de Servicio Penitenciario al pran conocido como “Wilmito”, el pasado 18 de diciembre de 2016. Luego de esta medida el delincuente tuvo que volver al Centro Penitenciario de Aragua.

Un documento del Circuito Judicial Penal de Carabobo dice, entre otras cosas, lo siguiente: “…Acuerda revocatoria de Régimen de Confianza Tutelado. Ordena librar orden de captura, en la causa que se le sigue a Wilmer José Brizuela Vera… por la comisión del delito de secuestro en grado de coautoría, porte ilícito de arma de fuego, quebrantamiento de condena, lesiones personales intencionales graves, cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir”.

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La decisión del juzgado fue emitida con fecha del 21 de febrero de 2017, cuatro días después de que Brizuela Vera -quien cumplía condena por secuestro y homicidio en Tocorón- fuera herido de bala cuando estaba una playa de la Isla de Margarita, donde pasaba vacaciones con su familia, el 17 de febrero de 2017. Además de anular el beneficio, el tribunal también ordenó la captura de “Wilmito”, pues a efectos legales el pran se había fugado debido a que se encontraba en el estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros del centro de régimen especial Simón Bolívar de El Paraíso, en Caracas, donde debía permanecer según lo establecido en el beneficio de Régimen de Confianza.

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Aunque, en su momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial que confirmara o negara el incidente que involucró a un preso que estaba en una playa en lugar de estar tras las rejas, fuentes del Ministerio de Servicio Penitenciario “filtraron” unas fotografías para desmentir lo publicado por los medios sobre el atentado a “Wilmito” en playa Parguito en Margarita. En las gráfica se veía a Brizuela compartiendo con la orquesta penitenciaria supuestamente, mientras un compañero mostraba un ejemplar del diario Últimas Noticias con la fecha el sábado de 18 de febrero, día en que se conoció la noticia de que “Wilmito” había sido herido.

Luego de aquel suceso playero, se supo que Brizuela debía estar preso y cumpliendo con una sentencia de más de 14 años de prisión, por complicidad en el asesinato de María Gabriela Casado, hermana de la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial Penal de Bolívar, a quien el pran habría mandado a matar. Además se conoció que “Wilmito” también espera un juicio por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos efectivos de la GNB: Lewis Antonio Ruda y Miguel Ibarra Sánchez. Por estás razones, y otras condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, era ilegal considerar el Régimen de Confianza Tutelada en su caso.

De acuerdo con una fuente extraoficial vinculada al poder judicial, la orden de los tribunales de Carabobo fue acordada el 21 de febrero de 2017 y publicada un día después. Se libró luego de que los medios de comunicación publicaran que “Wilmito” había sido herido en un atentado en playa Parguito, en Margarita.

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Jueza Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”
Jueces, ministros, un  gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en 2010, habla desde el exilio
“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran que planificó el sicariato en el cual fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad, con un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada

 

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“ÉL NO ES UN DELINCUENTE CUALQUIERA, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo. Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.

En 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad. Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.

“Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad. El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.

Para ese momento, junio de 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.

Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar

Mariela Casado conoció a “Wilmito” en 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar. “Estaba preso desde 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el plagio se dio en 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en 2015 por ese caso”, explicó.

“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: ‘no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder’”, relató la ex jueza.

Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.

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A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que: “Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.

–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?

–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.

Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermos y nadie respondía.  

Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.

–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?

–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.

¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?

–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.  

A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.

Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común. Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.

“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.

Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”

María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio de 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.

Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.

El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril de 2012, en un supuesto intento de robo.

Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.

El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.

En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.

–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?

–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.

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–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?

–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.

El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición. El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.

–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?

–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.

Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.

“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.

Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos

En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.

Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.

En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.

–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?

–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.

Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.

Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.

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No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)

Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.

Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.

–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?

–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.

La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.

A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.

–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?

–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar. En abril de 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar, y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.

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La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.

“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.

–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?

–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.

“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta 2015.

Feb 21, 2017 | Actualizado hace 3 años
Pranes en la playa, por Luis Izquiel

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Un tiroteo en la playa “Parguito”, de Margarita, reseñado por diversos medios de comunicación, evidenció que el famoso pran de la cárcel de Vista Hermosa, alias “El Wilmito”, que debería estar pagando condena por varios delitos graves, se encontraba en libertad. Este episodio, insólito a todas luces, ratifica la impunidad y el desastre penitenciario que existe en Venezuela.  

“El Wilmito”, cuyo nombre verdadero es Wilmer Brizuela Vera, está condenado por delitos como homicidio, secuestro, robo, asociación para delinquir y sicariato. Este último cargo se le realizó cuando en 2010, desde la cárcel, ordenó el asesinato de la doctora Mariela Casado, quien para ese entonces era la juez rectora del estado Bolívar (los sicarios se confundieron de persona y terminaron matando a la hermana de la juez). La condena por este caso, impuesta en agosto de 2012, fue de 16 años y 20 días de prisión. Nada más por este juicio (como dijimos, ya estaba preso por otros graves delitos) debía estar detenido hasta 2028. ¿Cómo terminó entonces “El Wilmito” de vacaciones la semana pasada en playa Parguito? Esta es la pregunta que muchos venezolanos hoy se están haciendo.  

 

 

La reforma del Código Penal de 2005 incluyó un parágrafo único en los artículos relativos al homicidio, secuestro, robo y otros graves delitos, que establece que los implicados en estos crímenes “no tendrán de derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena”. La propia Iris Varela, como diputada en ese entonces, votó e impulsó esta reforma. Por otra parte, no se necesita ser abogado penalista para saber que un requisito indispensable para el otorgamiento de un beneficio procesal es un buen comportamiento del preso dentro de la cárcel, algo que es completamente contradictorio con la condición de “pran” (a lo que se llega asesinando, lesionando, extorsionando y traficando armas y drogas, entre otras fechorías).

El desastre carcelario desatado en el país a partir de 1999 es un elemento esencial para comprender cómo Venezuela lamentablemente se convertió en el país con mayor tasa criminal en el planeta. ¿Cuál es el mensaje que recibe la sociedad cuando observa que un peligroso “pran”, en vez de estar preso por los graves delitos que ha cometido, se encuentra de vacaciones en una playa de Margarita? ¿Cuántos otros “pranes” o delincuentes peligrosos estarán en las calles del país gozando de algún beneficio irregular? ¿Hasta cuándo desde el gobierno se sigue legitimando y premiando la figura del “pran” en Venezuela? ¿Qué clase de sistema de justicia es este que mantiene en condiciones inhumanas a más de 100 presos políticos, mientras los pranes se van de vacaciones para la playa?

Distintas reseñas periodísticas indican que la libertad de “El Wilmito” la otorgó la propia Iris Varela, basándose en una prerrogativa que le dio el Código Orgánico Penitenciario (algo inconstitucional, ya que la ministro no es juez de la República). Hasta el momento de escribir estas líneas no ha habido un pronunciamiento oficial sobre este asunto. El país decente merece una explicación.

 

@luisizquiel

@ronnarisquez

WIMER JOSÉ BRIZUELA VERA, alias “Wilmito”, está sentenciado a más de 20 años de prisión por robo de blindado, secuestro y complicidad en sicariato (homicidio), y le habían asignado como sitios de reclusión -por una sentencia- la cárcel de Vista Hermosa y -por otra- la mínima de Tocuyito. Sin embargo, este viernes 17 de febrero, el delincuente conocido por su condición de “pran” se encontraba en libertad disfrutando de unas vacaciones en familia en una playa de la isla de Margarita. Allí fue atacado por desconocidos que dispararon contra él y sus acompañantes.

Pero ¿cómo aparece “Wilmito” en Margarita?, ¿por qué no estaba preso?

Sencillo: “Wilmito” había abandonado hace dos meses el centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón -a donde tampoco está claro cómo llegó-, gracias a un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que habría sido otorgado por la ministra de Servicio Penitenciario, María Iris Varela, el pasado 18 de diciembre de 2016.

Un documento denominado Acta Especial de Traslado, al que tuvo acceso Runrun.es, explica que Brizuela fue traído al despacho carcelario, en Caracas, desde Tocorón unos días antes de la Navidad de 2016 y se le otorga la medida “al constatar que el mencionado ciudadano lleva un tiempo de reclusión que supera los 15 años purgando una condena por acumulación de 23 años, 4 meses, 15 días, 13 horas y 20 minutos, sin haber computado a su favor las redenciones por trabajo y estudio que realiza en su centro de reclusión…”, dice el documento, que tiene algunas inconsistencias en el número de cédula del detenido y tiene lo que parece ser la firma de la titular del despacho penitenciario.

Al parecer, estos argumentos fueron suficiente para que la ministra Varela autorizara un “Régimen de Confianza Tutelado para el ciudadano Wilmer José Brizuela Vera … quien será trasladado al Centro de Régimen Especial Simón Bolívar, ubicado en la parroquia El Paraíso… bajo la custodia permanente de los funcionarios de seguridad…”, dice el documento de traslado.

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La figura de Régimen de Confianza Tutelada está establecida en el Título VIII del Código Orgánico Penitenciario aprobado en Gaceta Oficial N° 6207 del 28 de diciembre de 2015. “Consiste en la ubicación de un penado o penada en una unidad de producción o un área especial del recinto penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena mientras sea otorgado por el juez o la jueza de ejecución algún beneficio para el cual reúne requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”, dice el artículo 161. Aquí comienzan las inconsistencias del procedimiento.

¿Por qué “Wilmito” no tenía derecho a un beneficio de Régimen de Confianza?

1. Debe permanecer en un área especial del penal donde cumple la condena

Según artículo 161 del Código Penitenciario, el recluso debe permanecer en un área especial del penal donde se encuentra cumpliendo condena. En el caso de “Wilmito” sería la cárcel de Tocorón, en Aragua. Sin embargo, el documento en que se le otorga el régimen de confianza le asigna un centro especial ubicado en El Paraíso, municipio Libertador de Caracas, lo cual no está contemplado en la ley.

Pero además, el viernes 17 de febrero de 2017, el penado Wilmer Brizuela se encontraba en playa Parguito, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros de Caracas y 567 kilómetros de Aragua. El preso disfrutaba de unas vacaciones familiares y esta irregularidad se conoció porque el pran “Wilmito” fue protagonista de un ataque a tiros, en el que resultaron heridos él y sus parientes.    

Carlos Nieto Palma, abogado y director de la ONG Una Ventana a la Libertad asegura: “Todo lo que se hizo es ilegal. La ministra Iris Varela no le paró a lo que dice la ley”.  

2. No puede haber sido acusado de cometer nuevos delitos estando preso

El artículo 162 del Código Penitenciario precisa que el ministerio de Servicio Penitenciario tiene competencia para otorgar el régimen de confianza, “siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para optar a una de las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena”.

Sobre eso, el capítulo II del Copp se refiere a la suspensión condicional de la ejecución de la pena -que es una de las fórmulas alternativas de cumpliemiento de pena- y dice lo siguiente: “Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se requerirá… Que no haya sido admitida en su contra, acusación por la comisión de un nuevo delito…”, artículo 482.

“Wilmito” ordenó el asesinato de Mariela Casado, presidenta del circuito judicial penal del estado Bolívar, en 2010, mientras estaba preso en la cárcel de Vista Hermosa. Pero hubo un error y terminó muerta la hermana de la jueza. “El Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, a cargo de la jueza Magaly Guadalupe Nieto, sentenció a los acusados (“Wilmito” y su hermana, entre otros) en el proceso judicial seguido por los asesinatos de María Gabriela Casado Acero y Manuel Enrique Gutiérrez, ocurridos en Ciudad Bolívar, el 14 de junio de 2010”, dice una nota publicada en la página del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de enero de 2014.

“El fallo ordena al acusado Wilmer José Brizuela Vera, alias “Wilmito, a cumplir la pena de 14 años y 10 meses por la comisión de los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir”, dice la información y asigna como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Vista Hermosa. Además agrega que la decisión se fundamenta en la Ley contra la Delincuencia Organizada por tratarse de un sicariato.

El apartado 1 del artículo 488 del Copp, referido al beneficio de régimen abierto, también establece: “Que no haya cometido algún delito o falta, dentro o fuera del establecimiento, durante el cumplimiento de la pena”.

“Ellos están presuntamente implicados en este asesinato, que fue ordenado por el entonces reo del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, Wilmer Brizuela “El Wilmito”, quien fungía como jefe de varios grupos de delincuentes que actúan en Ciudad Bolívar”, dice una nota de AVN (que puede considerarse como oficial, por tratarse de la agencia de noticias del Gobierno) referida a la detención de otros implicados en el crimen.

3. No podrá salir del lugar de la ciudad o lugar residencia

El artículo 483 del Copp establece que para disfrutar de una medida de suspensión de la pena, el penado deberá cumplir varias obligaciones, y una de ellas es: “No salir de la ciudad o lugar de residencia”, dice el apartado número 1.

“Adicionalmente a las condiciones impuestas por el Juez o jueza, el Ministerio con competencia penitenciaria podrá imponer otras condiciones, siempre y cuando éstas no contradigan lo dispuesto por el Juez o Jueza”, dice el artículo 484.

4. No haber participado en hechos de violencia que alteren la paz de la prisión

El artículo 488 del Copp, sobre régimen abierto condiciona este beneficio y exige al penado “que no haya participado en hechos de violencia que alteren la paz del recinto o el régimen penitenciario”.

El pran lideró algunos conflictos dentro de la prisión. Se le relacionó con un motín en el que murió un funcionario de la GNB, dice una nota publicada por El Universal el 28 de marzo de 2014: “Ayer fue trasladado hasta la cárcel de Mínima Seguridad de Tocuyito, en Carabobo, Wilmer Brizuela, mejor conocido como “Wilmito”, señalado de ser el pran de la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar”.

Se especifica que: “supuestamente las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios tomaron la decisión de trasladarlo, como consecuencia del tiroteo ocurrido en Vista Hermosa el martes, donde fue asesinado el teniente Lewis Rudas Bastidas, de 28 años, quien recibió dos tiros en un enfrentamiento entre reos y los efectivos de la GNB”.

Ese incidente motivó que Brizuela difundiera un comunicado en el que decía que su traslado no obedecía a un acto de cobardía. “Los guiaré en la vida diaria de estas cuatro paredes sin temor a que se ponga en peligro mi vida”, decía parte de la declaración enviada por el pran de Vista Hermosa.

El abogado y ex fiscal, Luis Izquiel, recuerda que “Wilmito” es identificado públicamente como un pran, y su condición de pran (jefe o líder de la prisión) la obtiene gracias a que desde la cárcel coordina, planifica y ejecuta diversos delitos: como robo de blindados, extorsiones, venta de droga y homicidios, entre otros.

Además “Wilmito” no es cualquier pran. Según expertos él es el primer pran conocido en Venezuela. Llegó a tener control sobre casi todas las cárceles del país y en los últimos meses fungía como asesor de Héctor “Niño” Guerrero, actual pran de Tocorón. “Esto le impedía recibir algún beneficio”, aseguró Izquiel.

5. Delito de homicidio por el que fue sentenciado está entre las excepciones para obtener beneficios del Copp

El parágrafo segundo del Copp establece excepciones para obtener beneficios cuando el penado cometió algunos delitos. “Cuando el delito que haya dado lugar a la pena impuesta, se trate de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, las fórmulas alternativas previstas en el presente artículo solo procederán cuando se hubiere cumplido efectivamente las tres cuartas partes de la pena impuesta”.

La última sentencia que recibió Wilmer Brizuela fue en enero de 2014, de 14 años y 10 meses, por complicidad en sicariato y asociación para delinquir, ambos delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esto implica que debía haber cumplico ¾ partes de la condena para optar a una fórmula alternativa del cumplimiento de la pena.

En números significa que “Wilmito” no tiene derecho a recibir un beneficio de Régimen de Confianza hasta después de enero de 2025, cuando hay cumplido 11 años de condena, que son las ¾ partes que establece el Copp.  

“Teóricamente él debía estar preso. Por los delitos que está condenado no le correspondía ningún beneficio”, completó el experto en materia penitenciaria, Carlos Nieto Palma.

En abril de 2015, se supo que uno de los asesinos del pelotero Gustavo Polidor recibió el mismo beneficio de Régimen de Confianza por parte de la ministra Iris Varela. En esa ocasión quedó en libertad Marco Tulio Quintero, quien incumplió la medida. Varela otorgó el beneficio con base al Código Penitenciario, que para ese momento no había sido promulgado. Fue en diciembre de ese año cuando finalmente entro en vigencia el instrumento legal, que faculta a la ministra con atribuciones que hasta entonces estaban reservadas para los jueces de ejecución.

Herido el pran Wilmito cuando vacacionaba en playa de Margarita

Wilmito

Wilmer Brizuela, mejor conocido como “Wilmito” se encontraba este viernes en la playa Parguito de Margarita paseando con su familia en una camioneta cuando sujetos desconocidos les dispararon. Tres adultos y un menor de edad resultaron heridos.

El pran de la carcel de Vista Hermosa, en el estado Bolívar, debía estar recluido cumpliendo una condena de 14 años. Pero al parecer se encontraba de vacaciones con su familia en la isla de Margarita.

De acuerdo a fuentes oficiales, “Wilmito” fue herido en el brazo izquierdo y la región axilar, y se trasladó a un centro médico en el vehículo que recibió los disparos, acompañado de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Un menor de 11 años de edad, quien se presume es hijo del Brizuela, resultó lesionado. También fueron heridas Janet Marcano y Yusmely Lisandri. Los tres heridos fueron transportados en ambulancia hasta la Clínica El Valle por Protección Civil.

Título de caja

Wilmer Brizuela es el primer pran que hubo en Venezuela. Se encuentra cumpliendo condena por el delito de secuestro. También ha sido acusado como autor intelectual del homicidio de María Elena Casado, hermana de la Juez Superior del estado Bolívar, Mariela Casado. Controla la cárcel de Vista Hermosa y también tiene autoridad sobre otros penales en los que ha estado detenido en los últimos 14 años, como Tocuyito y Tocorón.

Lo que hay que saber del nuevo vicepresidente de Venezuela: Tareck El Aissami

EN EL ÚLTIMO CAMBIO DE GABINETE MINISTERIAL, el presidente Nicolás Maduro designó como nuevo vicepresidente de la República a Tareck El Aissami, quien era gobernador del estado Aragua desde 2012.

Lea también: EE UU sanciona al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y congela sus bienes

En la misma cadena del 4 de enero, el Jefe de Estado se refirió además a algunas de las metas de su gobierno para 2017 y destacó la búsqueda de la paz y la seguridad ciudadana como uno de los principales objetivos de su gestión en el año que comienza.

Sin embargo, hay algunas contradicciones llamativas entre el “currículum” del vicepresidente y los “deseos” del Primer Mandatario de acabar con la inseguridad en 2017. Aunque El Aissami es criminólogo, egresado de la Universidad de Los Andes, el combate a la delincuencia y la reducción de la violencia no han sido su fuerte. Aquí algunos datos y cifras que lo demuestran:

Pranes

1. En 2010 durante su gestión como ministro de Relaciones Interiores y Justicia nace la figura del “PRAN”, delincuentes presos en cárceles venezolanas que asumen el liderazgo y control de los recintos penitenciarios y que lograr mantener su actividad criminal aún estando en prisión. “Wilmito”, “El Oriente” y “El Yoifre” se convirtieron en noticia durante la administración de El Aissami.

El motín más largo

2. En 2011, durante su gestión como MRIJ se registró el motín más largo en la historia penitenciaría de Venezuela. 27 días permaneció la cárcel del Rodeo II bajo el control de dos pranes, quienes forzaron al gobierno a negociar la entrega del recinto. La incapacidad mostrada por El Aissami para lograr la resolución del conflicto obligó al presidente Hugo Chávez a crear el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Homicidios y secuestros crecieron

3. El Aissami fue ministro de Relaciones Interiores entre 2008 y 2012. Durante su gestión el número de homicidios en el país aumentó en 60%, pasó de 13.156 en 2008 a 21.692 en 2012, según estadísticas del OVV.

Ejecuciones extrajudiciales

4. Siendo gobernador de Aragua se difunde la grabación de una ejecución extrajudicial cometida por funcionarios de Poliaragua. El Aissami reconoce que se trata del cuerpo de seguridad bajo su mando y orden la destitución de los funcionarios. Sin embargo, luego de este evento inédito en el país ese cuerpo de seguridad no fue intervenido, ni investigado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Los toque de queda

5. Como gobernador de Aragua se registra el primer toque de queda impuesto por delincuentes en una ciudad del país: Maracay. Estos “toques de queda” continúan repitiéndose en esa entidad. Los delincuentes prohíben -a través de cadenas de whatsapp o por panfletos- el libre tránsito de los ciudadanos en horas y zonas establecidas por ellos.

Tocorón es un Spa
En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar

6. Como gobernador de Aragua, la cárcel de Tocorón se convirtió en Spa con piscina, zoológico, campos deportivos, restaurantes, supermecados y bancos. Todo bajo la mirada de las autoridades y “el reinado” del pran Héctor “el Niño” Guerrero. El poder de Guerrero traspasa incluso los barrotes de la prisión y alcanza casi todo el estado Aragua.

Aragua con el título de estado más violento

7. Al cerrar 2016, Aragua pasó a ser el estado más violento del país con una tasa de 142 homicidios por cada 100.000 habitantes. Superó así a Miranda y Distrito Capital, según proyecciones del Observatorio Venezolano de Violencia.

Terrorismo y narcotráfico

8. Al momento de la publicación de esta nota solo se tenían versiones difundidas por medios de EE.UU. que relacionaban a El Aissami con presunto tráfico de drogas y supuestos vínculos con grupos terroristas. Pero este lunes 13 de febrero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló formalmente a Tareck El Aissami de presuntos nexos con el narcotráfico y anunció sanciones para el funcionario venezolano y para uno de sus más cercanos colaboradores, Samark López. Ambos fueron incluidos en la lista OFAC y sus bienes fueron congelados. 

 

 

 

A juicio 22 personas por amenazar a comerciantes y transportistas en Aragua en febrero

Ministerio-Publico

 

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para 22 personas, quienes habrían amenazado y amedrentado a comerciantes y transportistas, el 4 de febrero de 2016 en Maracay, municipio Girardot del estado Aragua.

Durante la audiencia preliminar, los fiscales 4° y auxiliar de ese estado, Luis Martín e Ingrid Hernández, respectivamente, ratificaron la acusación contra Jorman Freitez (24), Yurman Lobo (37), Javier Sánchez (20), Johana Martínez (19), Luis Bolívar (30), Elizabert López (33), Neudis Requena (33), Yesluice Requena (31), Ana Colmenares (28), Disleicy Gómez (22), Robert Castillo (21), Pedro Medina (29) y Jerry Corrales (23) por los delitos de obstrucción a la libertad de comercio, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir.

Asimismo, se ratificaron los mismos tipos penales respecto a Jesús Álvarez (21), Edwin González (27), Luis González (27), Sovy Rojas (44), Jhoandri Fernández (22), Jesús Álvarez Rojas (49), Edward Álvarez Rojas (37), Evert Quintero (28) y Michael Maldonado (24).

Adicionalmente, se ratificó la acusación contra Freitez por alteración de seriales y aprovechamiento de vehículos provenientes de hurto o robo; a Lobo también se le acusó por ese último delito. A ambos le incautaron dos motocicletas que estaban solicitadas por las autoridades.

En este sentido, los 15 hombres permanecen recluidos en el Centro de Procesados 26 de Julio, en San Juan de Los Morros (Guárico); mientras que seis de las siete mujeres se encuentran en el Internado Judicial de Tocuyito (Carabobo).

El pasado 2 de febrero “El Chino Pedrera” envió un comunicado de alerta a los comerciantes y transportistas de la ciudad: prohibido ejercer algún tipo de actividad este 4 de febrero por el entierro de Emilio José Rojas Madriz, quien presuntamente era el “lucero” del mencionado pran.

En virtud de la situación, el 4 de febrero se llevó a cabo un operativo por parte de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes corroboraron el cierre de negocios con motivo al acto fúnebre; además, los transportistas evitaron circular ese día por temor a represalias.

Los funcionarios de la policía científica detectaron que los 22 involucrados portaban los referidos volantes, además adoptaron una postura hostil contra las autoridades, por lo que de inmediato resultaron aprehendidos en las adyacencias y en las instalaciones del Cementerio Metropolitano de Maracay.

 

Ago 23, 2016 | Actualizado hace 3 años
Financiando malandros, por Alejandro Moreno

Cárcel1

 

Lo veníamos sospechando desde que se pusieron en marcha las llamadas “zonas de paz” en Barlovento y en los Valles del Tuy. El primer ensayo lo realizó el presidente colombiano Pastrana cuando liberó durante un largo tiempo amplias extensiones territoriales de su país de la intervención del ejército y de la policía entregándoselas a la guerrilla para que iniciaran un supuesto proceso de pacificación. El experimento fracasó rotundamente pues la subversión aprovechó la oportunidad para todo lo contrario, esto es, para reorganizar y perfeccionar la guerra, o el conflicto como eufemísticamente ha preferido decir el gobierno colombiano.

Con tales precedentes la prudencia aconsejaba no repetir la experiencia en otros lugares. La sorpresa llegó cuando con bombos y platillos, en cadenas de televisión y con la bendición y apoyo de los poderes del Estado se nos anunció la creación de dichas “zonas de paz”, espacios liberados de toda intervención policial y militar para que en ellos grupos de delincuentes supuestamente deseosos de cambiar su criminal conducta desarrollaran bajo el control de sus comunidades programas de producción agrícola y actividades culturales del más variado tipo para lo cual recibirían financiación oficial adecuada.

¿Ingenuidad? ¿Idealismo? ¿Ignorancia de lo que quienes conocemos al malandro por dentro y por fuera sabemos?

Como en Colombia, en Venezuela el experimento sirvió para todo lo contrario. Esas zonas, además de ser utilizadas como refugio para criminales de unos y otros lugares, dado el espacio de impunidad, y para acopiar sofisticados armamentos adquiridos con el financiamiento de los supuestos programas de recuperación, han dado origen a muchas de las macrobandas que hoy pululan por campos y ciudades.

Nuevas sorpresas. Los pranes, que sí existen, existieron y existirán, contra lo dicho por la ministra, viendo disminuidos sus ingresos porque fueron liberados algunos detenidos con lo que la extorsión de hasta 5.000 bolívares por semana, llamada causa, que le cobran a cada preso para semigarantizarle la vida, se reduce, secuestran funcionarios para presionar pidiendo les envíen a sus dominios carcelarios nuevos extorsionables. Y el gobierno cede. A la PGV 1.443 nuevos, a Tocorón otros 2.000, un número similar a Tocuyito; y no hemos acabado. Ahora no se financian programas sino que se negocian esclavos.

En uno y otro caso, siempre ha actuado el mismo viceministro. ¿Por qué será?

¿Podemos dudar de que este régimen no solo protege la violencia sino que la fomenta y hasta la financia?

 

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