Penitenciario

 

Terminando este año 2016 es bueno hacer un balance del horror que se vive en nuestras cárceles y que afecta a 95 mil hombres y mujeres privadas de libertad en los recintos penitenciarios venezolanos.

Tenemos que comenzar diciendo que tenemos actualmente 95 mil personas privadas de libertad, 55 mil en las cárceles nacionales y 40 mil en centros de detención preventiva pero igual presos, privados de libertad, reclusos o el nombre que ustedes prefieran darle.

Nunca en la historia penitenciaria venezolana habíamos tenido una población de tal magnitud, cifras en verdad alarmantes, más si tomamos en cuenta que solo hay capacidad para 19 mil reclusos, es decir tenemos 76 mil reclusos de mas que no tienen espacio en nuestras cárceles. Necesitamos al menos 50 cárceles con capacidad para 1520 personas cada una, para solucionar este desastre.

Esta situación ha generado la creación de un sistema penitenciario paralelo en los centros de detención preventiva que el Ministerio para el Servicio Penitenciario desconoce como suyo a pesar de que el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de ese ministerio les da la responsabilidad de los privados de libertad, sin distinción del lugar donde estén y de su situación procesal.

Recientemente desde Una Ventana a la Libertad elaboramos un informe preliminar a una investigación que estamos realizando en este sistema penitenciario paralelo y que contiene información sobre el estado de los derechos humanos a la vida, a la integridad física, a la alimentación, a la salud y al debido proceso, en 87 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país.

En solo 3 meses de investigación, del año que va a durar la misma, tenemos cifras alarmantes, el informe reveló que estos centros de detención preventiva tienen una capacidad para albergar a 1995 privados de libertad, pero en la actualidad acogen a 7546 “Lo que implica que hay una sobrepoblación de 378%. Es decir, en promedio, hay cuatro personas en el espacio que debería ocupar una sola”.   De igual forma señala que cerca de 2458 detenidos (el 32,57% del total de los presos, que se mantienen recluidos en centros de detención preventiva), ya fueron procesados y, sin embargo, no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.

Continúa la investigación con que el 57% de los centros no posee comedor, el 60% no cuenta con espacios para el aseo de la ropa, el 56% no posee áreas recreativas, el 50% carece de zonas para recibir visitas, el 34% no tiene servicio de recolección de basura y el 12 % no ofrece servicios higiénicos a los presos. Sólo 21 de los 87 centros abarcados en el estudio, que representan el 24%, cuentan con acceso al agua potable. La acumulación de basura, la ausencia de servicios higiénicos y de agua potable y la inexistencia de espacios para el lavado de la ropa, generan una situación de caos propicio para el desarrollo y transmisión de enfermedades infecto contagiosas, que puede poner en peligro la vida de los detenidos, como de hecho ocurrió.

Según se desprende del informe “Aunque en la mayoría de los incidentes documentados fueron identificados como responsables personas privadas de libertad (en el 55,56% de los hechos), Una Ventana a la Libertad advierte que el Estado tiene responsabilidad, por la falta de acciones para atender los problemas estructurales, como el hacinamiento, el uso de los centros de detención preventiva como lugares de reclusión de largo plazo, sin contar con la falta de insumos y de infraestructuras adecuadas. También se observa la responsabilidad por omisión del Estado en asuntos más estructurales, como el agudo hacinamiento que se registra en los retenes policiales, los retardos para procesar o trasladar a los privados de libertad  a sus centros definitivos de reclusión; lo que deriva en desbordamiento de la capacidad física de los centros de detención preventiva y la falta de insumos fundamentales como alimentos y medicinas, que crean caldos de cultivos perfectos para motines, fugas, riñas, o daños en la salud de los detenidos”.

Si a esto le sumamos que a pesar de que el Ministerio Penitenciario está ofreciendo desde su creación construir una cárcel para procesados en cada estado del país, 23 en total, no ha cumplido con ninguna, lo que evidentemente agravara la situación en los centros de detención preventiva en el 2017 y lo más grave, tendremos a más policías cuidando presos y no en las calles cuidando ciudadanos aunado a que no detendrán a los delincuentes porque no tienen dónde meterlos.

Con estas noticias nada alentadoras me despido por este año 2016, retornando la segunda quincena de 2017, les deseo una feliz navidad y un grandioso 2017, que la esperanza de tener un mejor futuro no se pierda, un gran abrazo.

@cnietopalma

El Nacional 

 

El pasado lunes 18 se celebró el Día Internacional Nelson Mandela, en conmemoración a la fecha de su nacimiento y declarado en noviembre de 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas su día, en reconocimiento de la contribución aportada por el ex Presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. La Asamblea General de la ONU decidió en diciembre del 2015 ampliar el alcance del Día Internacional de Nelson Mandela, que se conmemora cada año el 18 de julio, para que también se utilice a fin de promover condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.

Hoy quiero homenajear a este gran hombre del mundo comentando un poco sobre las ahora conocidas “Reglas Nelson Mandela”, que son producto de una revisión exhaustiva a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos que realizo una comisión de expertos designada por la ONU en el año 2010 y que durante 5 años trabajaron para adaptar a estos nuevos tiempos, estas reglas que fueron aprobadas en el año 1955 durante el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y finalmente adoptadas por el Consejo Económico y Social de la ONU el 31 de julio de 1957, hace ya 59 años.

El 17 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó la propuesta presentada por los expertos que trabajaron en la reforma a las viejas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y acordaron darle a este nuevo instrumento el nombre de “Reglas Nelson Mandela”.

En la observación preliminar 1 de las Reglas Mandela se establece “El objeto de las siguientes reglas no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente enunciar, partiendo de los conceptos generalmente aceptados en nuestro tiempo y de los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y prácticas que hoy en día se reconocen como idóneos en lo que respecta al tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria”.

A diferencia la versión anterior, las nuevas Reglas Mínimas cuentan con un conjunto de principios básicos que sirven de pauta interpretativa del instrumento y reflejan el compromiso de los Estados con la defensa irrestricta de los derechos humanos de la población privada de libertad. Se incorporaron como principios básicos  que: 1) Las Reglas se aplicarán de forma imparcial y sin discriminación; 2) El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las personas detenidas; 3) Todas las personas detenidas serán tratadas con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto seres humanos; 4) Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; 5) Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de las personas detenidas, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario; 6) Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad; 7) Las medidas privativas de libertad tienen por objetivo proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos sólo pueden lograrse si se ofrece a las personas presas educación, salud, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas que brinden herramientas para lograr su reinserción en la sociedad tras su puesta en libertad.

Estas nuevas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, ahora conocidas como Reglas Nelson Mandela contienen 122 normas a diferencia de la versión anterior que solo contemplaba 95. Se establecen reglas para la gestión de los expedientes de los reclusos, la separación de los reclusos por categorías, los principios normativos para el alojamiento, la alimentación, los servicios médicos, las sanciones disciplinarias, los principios de reinserción social, los instrumentos de coerción, los registros de reclusos y celdas, los mecanismos para ejercer los derechos de información y queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, derechos religiosos, notificaciones, investigaciones, traslado de reclusos, y disposiciones relevantes para el personal penitenciario así como las reglas aplicables a categorías especiales como los reclusos sentenciados, reclusos con discapacidades o enfermedades mentales o bien personas detenidas o en espera de juicio, personas encarceladas por causas civiles o personas detenidas o encarceladas sin imputación de cargos.

Por ahora estamos a la espera que las autoridades penitenciarias venezolanas apliquen correctamente esta nueva normativa internacional para buscar soluciones a la grave crisis penitenciaria que vivimos y las organizaciones de derechos humanos tenemos la tarea de vigilar su correcta aplicación y divulgar su contenido entre todos los actores involucrados con el tema.

Cierro mi artículo de hoy con una inspiradora frase de Nelson Mandela: “Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos”.

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

 

 

Gobernadores militares desmienten rebelión.

 

Gobernadores militares del país desmintieron los rumores generados por Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, en torno a una supuesta rebelión militar contra el presidente Nicolás Maduro.

Arias afirmó que el pueblo y la Fanb están unidos y comentó que esos rumores merecen el rechazo del pueblo. (Ultimas Noticias)

 

Istúriz: Economía venezolana se vio afectada por desequilibrios artificiales.

 

El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz tomó la palabra desde la tribuna de oradores para rendir su  Memoria y Cuenta 2015 en la Asamblea Nacional.Istúriz aseguró que la caída de los precios del petróleo se debe a «las agresiones norteamericanas»; sin embargo, sostuvo que eso no ha afectado el avance de los logros sociales del gobierno. (El Nacional)

 

Otorgan medida sustitutiva de libertad a concejal Lourdes Carreño.

El Tribunal Segundo de Control del estado Bolívar otorgó la medida sustitutiva de libertad a la concejal de Ciudad Piar y dirigente de Primero Justicia Lourdes Carreño.

La activista de derechos humanos Elenis Rodríguez informó que, de acuerdo a la decisión, Carreño deberá presentarse cada 15 días en los tribunales y tiene prohibido salir del país. (Globovisión)

 

 Arabia Saudita descarta recortar la producción de petróleo.

 

El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali Al-Naimi, descartó este martes un recorte a la producción del crudo de petróleo y pidió a ejecutivos de empresas de energía que «se mantengan unidos» ante el peor desplome de la industria en décadas, al expresar que el apoyo a los esfuerzos por congelar el bombeo reducirá la excesiva oferta global.

Indicó que está haciendo «lo que cualquier otro representante de la industria en está habitación está haciendo: responder a las condiciones de mercado desafiantes en busca de la mejor solución posible en un entorno altamente competitivo». (El Universal)

 

Pdvsa conversa con banca internacional para refinanciar deuda.

 

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está en conversaciones con la banca internacional para un posible refinanciamiento de su deuda, dijo el martes a Reuters el titular de la compañía estatal, Eulogio Del Pino.  «Estamos en eso», indicó Del Pino, también ministro de Petróleo y Minería. «(Estamos hablando) con la banca internacional y es algo que forma parte de los procesos de negociaciones», agregó sin dar mayores detalles.

Pdvsa enfrenta pagos por unos 5.200 millones de dólares en vencimientos de bonos e intereses en 2016, según datos de la banca de inversión, y buena parte de los compromisos más pesados debe hacerlos en las últimas diez semanas del año. (El Mundo)

 

Comuna distribuirá 240 toneladas de harina de maíz.

 

Doscientos cuarenta mil kilos de harina de maíz precocida llegaron a la empacadora La Comuna Socialista El Panal 2021 para ser distribuidos en 12 consejos comunales de la zona sur de Valencia.

La información fue suministrada por Ofman Bolívar, vocero de la comuna, quien manifestó que esta cantidad de harina empezará a llegar mensualmente a la empacadora. Agregó que más de 40 mil habitantes de las comunidades Ruiz Pineda, La Romana, El Boquete, entre otras resultaron beneficiados con esta iniciativa. (Ultima Noticias)

 

Nuevo modelo penitenciario será aplicado en Internado Judicial en Nueva Esparta.

 

El nuevo modelo penitenciario, basado en el orden y en la dignificación de los privados de libertad, será implementado en el Internado Judicial de San Antonio, ubicado en el municipio García del estado Nueva Esparta, zona insular de Venezuela, informó la ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela.

“Con Autoridad y Respeto a los Privados de Libertad realizamos el desalojo del Internado Judicial de Nueva Esparta“, dijo en la red social. Asimismo, precisó que los familiares de los privados de libertad en el referido internado pueden comunicarse a través del 800-Interno para obtener información sobre el proceso. (Noticias24)

 

Denuncian maltrato de la GNB a colombianos deportados de Venezuela.

 

El grupo de 50 colombianos que fue deportado por la Guardia Venezolana denuncio malos tratos durante el proceso de deportación. María Ruiz, colombiana deportada, dijo que fue “muy traumático porque les decía ‘estoy en embarazo, prioridad en los carros’ y para nada.

 

La crítica situación que se vive en la región por el cierre de la frontera obliga a muchos colombianos a pasar a territorio venezolano sin importar a qué tipo de riesgos se exponen.

(El Periodico El Vnenezolano)

 

ONU enviará delegación para tratar caso Esequibo.

 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró el viernes que el diferendo territorial sobre el Esequibo “se dirimirá a través el Acuerdo de Ginebra” e informó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) enviará una delegación oficial sobre el tema del Esequibo.

Afirmó haber conversado vía telefónica con Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, sobre el diferendo territorial, para cuya resolución se estableció la “figura del buen oficiante”. “El Esequibo es nuestro y sabremos defenderlo, esa tierra no nos la regaló nadie, en esa tierra se fundó la patria de la mano del gigante de esta América, Simón Bolívar”, aseveró. (El Mundo)

@loremelendez

MICROESTADOS QUE FUNCIONAN AL MARGEN DE LA LEY y las autoridades, o con el aval de estas últimas: eso son las cárceles venezolanas.  Las megabandas criminales que azotan al país son protegidas y coordinadas por los «pranes» de los grandes penales; la prisión de Tocorón, en Aragua, se parece más a un resort que a un centro de reclusión; de acuerdo con cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 90% de las extorsiones telefónicas se realizan desde los internados. Detrás de los barrotes, la violencia se ha desatado hacia afuera y todo ocurre bajo la égida de un ministerio creado, hace cuatro años y tres meses, bajo la administración de Iris Varela.

El nacimiento de esta instancia no fue casual. Entre junio y julio de 2011, más de treinta personas fueron asesinadas dentro del Internado Judicial Rodeo, en el estado Miranda. El poder de los «pranes» se evidenció cuando las autoridades debieron trasladar a más de 800 reclusos a otros centros, con la intención de protegerlos, y cuando se descubrió que tras las rejas había un arsenal de armas de guerra en manos de los presos.

La respuesta del gobierno, luego de casi 30 días de conflicto, fue anunciar que un nuevo organismo se encargaría de frenar las cifras rojas de los penales: el 26 de julio de ese año se publicó en Gaceta Oficial la creación del Ministerio del Servicio Penitenciario, con Iris Varela como titular de la cartera.

Pero los secuestros, motines, asesinatos y enfrentamientos con armas blancas y de fuego no han dejado de ocurrir en las cárceles. Bajo el mandato de Varela se ha registrado, hasta diciembre de 2014, la muerte de 1.622 personas. Otras 2.238 han quedado heridas en hechos violentos sucedidos en los internados, de acuerdo con los números recabados por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Desde el Estado no se ha ofrecido un balance al respecto. Las cifras rojas son esquivas a los medios de comunicación.

Dentro de los penales, la represión también se ha hecho patente. En 2013, la desocupación del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, conocido como cárcel de Uribana, se convirtió en la mayor masacre cometida en un internado judicial por funcionarios venezolanos: 66 reos cayeron. En los últimos años, los desalojos y clausuras de prisiones son sinónimo de muerte.

El Régimen Penitenciario —un control que se implementó en más de la mitad de las cárceles en manos del Ministerio— tampoco han parado los reclamos de los reclusos, quienes en 2014 protagonizaron una huelga de hambre y 10 de sangre para obligar al gobierno a escuchar sus quejas sobre el hacinamiento, la mala alimentación y los malos tratos que reciben.

En 2015, la situación no ha sido diferente. Muestra de ello es la reciente crisis ocurrida en el Rodeo el pasado 16 de octubre, cuando los presidiarios secuestraron a cinco custodios para exigir sus derechos. La tensión se mantuvo por una semana y dejó dos reclusos muertos. Al cierre del conflicto, Varela repitió una de sus frases más polémicas: «Nosotros somos campeones en Derechos Humanos». 

Cronología de los motines

2011: Ministerio de estreno

Durante los primeros 100 días del Ministerio del Servicio Penitenciario hubo cuatro secuestros de custodios y familiares y, por lo menos, siete enfrentamientos con saldos mortales. Uno de los hechos violentos incluyó la explosión de una granada, lo que da fe a la existencia de las armas de guerra en los penales. En total, hubo 560 muertos en las cárceles, cifra que supera en 15% a la de 2010, cuando se registraron 476 decesos.

2012: Comienzan las clausuras

El año comenzó con protestas. En Yare, más de 1.300 familiares decidieron permanecer tras las rejas junto a los presos como medida de presión ante las condiciones de hacinamiento que sufrían. La situación se extendió a otras cuatro cárceles. En febrero se registró uno de los “coliseos” de Uribana más sangrientos, con 128 heridos y tres muertos. La clausura de La Planta, en Caracas, y del Internado Judicial de Coro, pusieron en tela de juicio la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la población penitenciaria: en ambas hubo excesos contra los reclusos. En ambas hubo muertos. 2012 cerró con 591 fallecidos, 31 más que en 2011.

2013: Uribana y los caídos

Lo que iba a ser una requisa, culminó como la masacre más violenta de la historia carcelaria de Venezuela. La Guardia Nacional desocupó la cárcel de Uribana, en Lara, con un operativo que dejó 63 muertos en apenas tres días. La mayoría de ellos eran reos. En septiembre, la clausura de la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo, acabó con un saldo mortal: cayeron 16 presos. Secuestros, motines y enfrentamientos continuaron en la lista de sucesos dentro de los penales. Por primera vez, descendió la cifra total de muertos en el año. De 591, en 2012, bajó a 506, en 2013.

2014: El año del coctel de la muerte

La antigua cárcel de Uribana, designada ahora Centro Penitenciario David Viloria, fue nuevamente el centro de la noticia. Los presos llamaron la atención de autoridades y medios cuando comenzaron una protesta para denunciar los maltratos del nuevo director del penal. Según la versión oficial, un grupo de reos asaltó de madrugada la enfermería y ligó medicamentos para drogarse. Cincuenta de ellos murieron víctimas de un coctel de alcohol absoluto y yodado con otras sustancias. Los enfrentamientos entre reclusos fueron menos numerosos, pero los motines y secuestros de custodios terminaron con cifras rojas. No se conocen los responsables de este hecho, ni se hizo justicia por este caso. Tampoco hay detenidos por la masacre de 2013.

2015: De incendios y secuestros

Este año, los traslados a otros centros de reclusión y la mala alimentación han sido la causa de motines en cárceles que funcionan bajo el Régimen Penitenciario implantado desde el Ministerio. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Rodeo II, donde hubo una crisis en octubre que incluyó el secuestro de los custodios. El incendio en uno de los pabellones de Tocuyito, que cobró 16 vidas, fue otro de los sucesos del año.

HUMBERTO PRADO, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO Venezolano de Prisiones, ratificó que otros 3 reclusos fallecieron en Lara por intoxicación, cifra con la cual asciende a 41 el número de reclusos muertos por esa causa.

“Confirmamos que dos de los presos que estaban recluidos en el Hospital Central de Barquisimeto murieron. En ese centro de salud quedan hospitalizados dos privados de libertad. El otro, que falleció, lo tenían en el Hospital Militar del estado Lara”, precisó Prado.

En Aragua fue identificado el tercer preso de los cinco que murieron el martes en el Hospital Central de Maracay, que habían llegado el lunes a Tocorón desde Uribana.

Edith Briceño consiguió el cuerpo de su hijo Yender Briceño en la medicatura forense de Maracay. En el informe que le entregaron señala que el muchacho murió por insuficiencia respiratoria aguda y edema cerebral acentuado, originados por la intoxicación.

La autopsia de Briceño coincide con la de José Suárez Martínez, entregada a sus familiares el viernes pasado. La madre de Briceño entró al hospital y vio que había otros ocho reclusos hospitalizados. “Los tienen desnudos”, aseguró.

Añadió que en la cárcel de Uribana aún no está permitido el acceso a los familiares: “Todo está restringido; no hemos podido hablar con algunos de los muchachos”.

La ONG Funpaz fijó posición para exigir una medida humanitaria para Elena Uzcátegui, de 65 años de edad. La mujer está detenida en Uribana desde septiembre luego de que la apresaron en una manifestación de la oposición. La asociación civil advirtió que Uzcátegui tiene un estado crítico de salud, pues entre otros aspectos pesa 38 kilos.