Penitenciaría General de Venezuela archivos - Runrun

Penitenciaría General de Venezuela

Desigualdad, abusos y violaciones a DD HH: la realidad de las reclusas venezolanas

Una Ventana a la Libertad (UVL) presentó este lunes el estudio Situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela. (Una narrativa desde las vivencias), el cual expone la situación que viven las mujeres reclusas en su vida cotidiana dentro de los diferentes centros de detención preventiva (CDP) a nivel nacional, los anexos femeninos de las prisiones para hombres delincuentes y las instituciones de mujeres para que las reclusas cumplan sus condenas en el país.

De acuerdo con el informe, estas mujeres han logrado acercarse a la igualdad pero por debajo: lo malo para los malos y lo peor para las peores. Detenidas en centros de reclusión inapropiados y sin el más mínimo respeto al estado de derecho y al debido proceso para acceder a la justicia, es lo que caracteriza la situación carcelaria o penitenciaria de las mujeres que han llegado al sistema.

No necesariamente son culpables según las historias que nos han compartido, pero muchas de ellas pagan una pena anticipada a lo largo del proceso que puede durar años, y que sea cual sea el delito cometido, cumplirán detenidas ya sea en una cárcel, prisión o en un centro de detención preventiva.

Lo menos que tenemos en Venezuela hoy son prisiones. Los centros de detención de mujeres son básicamente anexos a las principales prisiones masculinas como es el caso del Centro Penitenciario de Oriente La Pica, la Penitenciaria General de Venezuela en Guárico, el Centro Penitenciario de Occidente en el estado Táchira, el Centro Penitenciario de la Región OccidentalUribana en Lara, el Centro Penitenciario de Aragua Tocorón, entre otros.

Centros de reclusión exclusivos de mujeres son muy pocos, entre ellos están en el estado Nueva Esparta el Centro Penitenciario Femenino de la Región Insular (antes anexo femenino del Penal de San Antonio) y en el estado Miranda el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la más antigua en el país. Sin embargo, al igual que con la población masculina el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario suspendió el traslado de personas detenidas preventivamente en los centros especiales, dependientes de policías municipales o de la Policía nacional, de las alcaldías y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a los centros de reclusión, lo cual ha desplazado los graves problemas de las prisiones a estos centros de detención

Entre mentiras y olvido

En 2018, en las entrevistas a detenidas en estos centros la falta de visitas es una queja constante y dolorosa. “Un hombre cae preso y las mujeres los visitamos. La mujer cae presa y la familia se olvida de ella”.

“No estamos en capacidad de afirmar que las olvidan, pero sí que muchas veces cuando ellas están detenidas sus madres y/o hermanas son las que cuidan a sus hijos y no pueden visitarlas frecuentemente. Aquí vemos el sesgo de género que la cultura nos ha impuesto, ellas los visitan y cuidan si ellos están presos pero, a ellas nadie las cuida y menos las visitan”, explica la ONG.

No hay ningún cumplimiento del llamado debido proceso. Este es absolutamente obviado en la práctica diaria en la vida dentro de las prisiones, cárceles y centros transitorios de detención. De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática de las prisiones y las y los reclusos, las mujeres constituyen un 6% del total de las personas presas en el país.

Así, en una evasión de responsabilidad permanente, mujeres y hombres sufren la violación de sus derechos ante la impasividad de los diferentes entes institucionales tanto policiales a nivel nacional, regional o local. Todo esto sucede a pesar de que la ministra de Servicios Penitenciarios declaró en junio del año de su nombramiento -2011- que “ya tenemos los terrenos y los recursos. En agosto comienza la primera etapa con los ocho primeros centros para procesados”, aseguró Varela en ese momento, agregando “esos centros para procesados, además de canchas deportivas y áreas verdes, contarán con salón de usos múltiples donde se puede instalar un tribunal si se requiere”.

Discriminación y abusos

El ejercicio del derecho a la sexualidad es sólo privilegio masculino. Siempre en Venezuela ha sido así, lo cual se ha convertido en un problema más serio de lo que muchos imaginan. Una afirmación de una joven de 24 años recluida en el centro de detención preventiva de la Policía del municipio Zamora del estado Miranda, y que es madre de dos hijas, afirma que “no tienen visita conyugal. Las presas dicen que ellas mismas tienen que resolver. Se masturban y algunas tienen sexo entre ellas mismas”.

La Regla 27 de Bangkok señala: en caso de que se permitan las visitas conyugales, las reclusas tendrán el mismo derecho a ellas que los reclusos de sexo masculino. En Venezuela no se permiten estas visitas porque no se reconoce el derecho al ejercicio de la sexualidad femenina, lo cual genera conductas sexuales que pueden ser realizadas para satisfacer una necesidad.

Las exreclusas y las presas actuales que fueron entrevistadas en el anexo femenino de la cárcel de La Pica coinciden en que este no es un problema en dicho anexo. A ellas sólo las separa una reja que ha sido violentada muchas veces, de la cárcel de los hombres. Esto ha sido causa de embarazos cuando las mujeres van a reunirse con sus compañeros en la prisión masculina.

La ONG registró también intercambio de comida y seguridad a cambio de favores sexuales.

Una exreclusa del anexo femenino de Tocorón entrevistada nos hace visible otro elemento que tiene que ver con la Regla 4 de Bangkok y que habla de la más absurda discriminación de género dentro de la prisión. “Asegura que las áreas de disfrute como la piscina y los parques que tienen los del anexo masculino son solo para ellos. Las mujeres no tienen acceso a ellas”.

El no tener acceso a centros de reclusión que permitan la visita constante de las integrantes de la familia, y especialmente de los hijos e hijas de las reclusas, puede llevar a decisiones muy problemáticas y de consecuencias negativas para ellas. Pero a la larga estas experiencias quedan registradas en ellas como una lucha por sus derechos. Otro aspecto muy importante que aparece señalado varias veces en las entrevistas es la historia de violencia intrafamiliar de parte de los esposos o compañeros de vida de estas mujeres y su vinculación con los delitos que ellas han cometido, ya sea por decisión, ignorancia o por miedo.

Una joven entrevistada contó que se vio involucrada en el delito en compañía de su pareja al que conoció cuando él estaba en la prisión. Esta situación se repite, las mujeres establecen parejas con presos en diferentes situaciones, y luego se ven voluntaria o involuntariamente inmersas en la vida delictiva de su compañero de vida.

En este caso, el delito era parte de las experiencias de su familia de origen. Cuando la mujer iba a visitar a su familiar, conoció a su novio, con quien estableció vínculos en ese centro de detención preventiva y, cuando salió en libertad, formalizaron su noviazgo. Ambos participaron en un caso de extorsión y posteriormente fueron privados de libertad. El hermano de la presa fue asesinado hace año y medio en Guarenas en un ajuste de cuentas por drogas.

Las presas denunciaron falta de agua constantemente, tanto para tomar como para su higiene personal, lo cual es considerado un problema crónico tanto en Uribana como en Fénix, pues carecen de suministro de agua por tuberías y sólo se surten con camiones cisternas. Es decir, las condiciones en este anexo femenino parecerían no tener nada que envidiarle a los centros de detención preventiva.

En relación con el anexo femenino del Centro Penitenciario Fénix se encuentran 195 mujeres reclusas todas cumpliendo sentencia, contrario a lo que podríamos esperar por los retrasos procesales que son constante queja de las demás reclusas. En este anexo la información del número de reclusas proviene de la Pastoral Penitenciaria de Barquisimeto que pertenece a la Arquidiócesis de Barquisimeto, quienes todos los domingos ofician misa en el lugar y están en constante trabajo dentro de la comunidad penitenciara.

Al igual que en Uribana los traslados masivos son debido a protestas de las mujeres en el anexo. En un motín conjunto de reclusos y reclusas en 2017 secuestraron a la directora y 5 funcionarios. Por ello fueron trasladadas 100 reclusas fuera de la zona lo cual las alejó de sus parientes.

En mayo del 2018 después de un motín en la prisión de varones se produjo otro conflicto en el área del anexo femenino. Luego de esa reyerta, familiares de las privadas de libertad denunciaron que las presidiarias pasaron 20 días siendo maltratadas dentro del área de reclusión. Aseguran que mujeres miembros del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC), en especial la jefa de dicho grupo descargó la ira contra ellas por haber perdido a un compañero.

Mujeres funcionarias, custodias o guardias nacionales. Estos grupos especiales militares o policiales, en Venezuela producen rechazo y miedo por su libre ejercicio de la violencia. En el caso de las prisiones se encargan de realizar las requisas para la búsqueda de drogas, armas, municiones, etc., y también para sofocar motines.

Consideraciones finales

La principal causa de ingresos de mujeres a las prisiones se debe al tráfico o venta de drogas ilícitas. En segundo lugar, la extorsión. La alta frecuencia de la violencia de pareja en los casos de las mujeres reclusas y la vinculación de su pareja con los delitos de los cuales se le acusa parece un patrón.

Estas mujeres afirman que no solamente ellas, sino muchas de las que se encuentran recluidas en cualquiera de los diferentes centros, son mujeres inocentes inculpadas por su compañero de vida o su esposo, quienes delinquen y las acusan o simplemente las utilizan en especial en el tráfico de drogas, sin su conocimiento o participación voluntaria. \

Con información de Una Ventana a la Libertad

ElPais.ES Mar 20, 2017 | Actualizado hace 3 años
Un subsuelo lleno de osamentas en Venezuela

HuesosPGV

FOTO: Juan Barreto / AFP

Aquí confluyen dos historias: el reciente hallazgo de 15 osamentas en una fosa común de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), según reconoció el Ministerio Público de este país a principios de esta semana, y la desaparición, el 7 de septiembre de 2009, de uno de los internos, Francisco Guerrero Larez, recibida con indiferencia por el régimen de Caracas.

Alfredo Meza

El País ES

El Estado no proporcionó información veraz ni a los familiares de Guerrero Larez, ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando preguntaron por su suerte. Las autoridades sostuvieron que Guerrero Larez se había fugado del penal y después guardaron un silencio definitivo cuando en 2015 el Comité Contra la Tortura de la ONU responsabilizó al Estado de su desaparición.

Cuando el 10 de marzo la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, reconoció el hallazgo de la fosa común, Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG dedicada especializada en la supervisión del sistema carcelario, recordó el caso del malogrado Guerrero Larez. Sentenciado a 13 años de prisión por robo agravado en diciembre de 1997, conoció “las actividades ilegales que cometían los jefes de la cárcel en complicidad con el militar jefe de la custodia externa”, según el relato del Comité de la Tortura. Tal vez sea esa la causa de su desaparición, piensa su esposa, Hilda Hernández, quien agrega que los demás presos le dijeron que su marido había sido asesinado y desmembrado en represalia por la información que manejaba.

Era una versión que concordaba con la que había recogido por su lado el padre de Guerrero Larez, Francisco. Al denunciar la desaparición de su hijo ante la Guardia Nacional Bolivariana, la policía militarizada que custodia el perímetro de las cárceles venezolanas, el director de la prisión le dijo que no podía darle una respuesta “porque él no controlaba a la población en el penal”. Era la confesión de una situación que desde hace varios años es un escándalo recurrente en Venezuela: el Estado ha abandonado por negligencia a los penales para dejarlos en manos de las bandas más fuertes.

De los catorce cuerpos que hasta ahora ha encontrado el Ministerio Público en los terrenos de la PGV, cinco no tienen cabeza. El hallazgo de la fosa común y el misterio del paradero de Guerrero Larez parecen otorgarles cierto crédito a las denuncias de tratos crueles, desapariciones y castigos medievales que aplican los presidiarios líderes, conocidos como “pranes” en la jerga local, a los internos que cuestionan su autoridad o desean tomar el control. Algunos vídeos apócrifos que pueden encontrarse en las redes sociales demuestran la tragedia que significa estar preso en Venezuela y la lucha diaria por sobrevivir en un espacio sin ley.

El Ministerio para los Servicios Penitenciarios, creado por Hugo Chávez en 2011 para intentar solucionar el problema de las mafias carcelarias, ha tenido relativo éxito al tratar de recuperar el control de los penales. Se ha impuesto un orden militar cerrado en 98% de ellos, según declaró la ministra de la cartera cuando compareció esta semana en Ginebra ante el foro de Naciones Unidas con ocasión del Examen Periódico Universal. Solo siete, según cifras oficiales, todavía permanecen en “régimen abierto”, una expresión que utiliza el régimen para explicar que aún están en manos de los internos. En estos casos, la cárcel se convierte en un gran barrio donde el preso puede traer a su familia a dormir en el penal, puede circular en motos o bailar en una improvisada discoteca.

Fue justo la Penitenciaría General de Venezuela la última de las cárceles recuperada por el régimen. En agosto el líder del penal, alias Franklin Masacre, había secuestrado a 51 trabajadores del Ministerio de Servicios Penitenciarios y se negaba a liberarlos si el gobierno no enviaba 1.500 presos al penal. Con el plan de desalojar las instalaciones iniciado por el ministerio, “Franklin Masacre” se había quedado sin el dinero que recolecta todas las semanas entre sus compañeros –las bandas que controlan las cárceles obligan a cada interno a pagar una cuota, también llamada “causa”, como parte del derecho a vivir en las instalaciones y a mantener el penal–. A finales de octubre, después de cuatro días de tiroteos, de explosiones de granadas, de una férrea resistencia, el Gobierno logró desalojar el penal para reacondicionarlo. En esas estaba cuando encontraron las osamentas.

El tamaño de los escándalos a menudo opaca esa labor que el Gobierno intenta reivindicar en todos los foros. Valera, que ha estado a cargo del ministerio desde su fundación, a menudo actúa por cuenta propia tomando decisiones que en otros países serían inconcebibles sin el concurso de la fiscalía y los tribunales. A Wilmer Brizuela, el pran más famosos de todos tras la muerte de Conejo en Margarita, le otorgó un Régimen de Confianza Tutelada. En el Código Orgánico Penitenciario, aprobado por el Parlamento controlado por el chavismo a finales de diciembre de 2015, justo después de perder la mayoría con la oposición, se establece que el penado, por decisión del ministro, podría ser reubicado en un área especial del penal donde continuará con el cumplimiento de la pena.

Brizuela, conocido como Wilmito, aprovechó ese beneficio para escaparse de vacaciones a isla Margarita, el destino turístico por antonomasia de los venezolanos. A mediados de febrero, en compañía de sus familiares, fueron baleados. Nadie falleció. El gobierno nunca confirmó la noticia, pero a las pocas semanas Wilmito regresó a la cárcel donde purgaba su condena antes de recibir el beneficio del Ejecutivo.

EFE Mar 18, 2017 | Actualizado hace 3 años
Suben a 15 los cadáveres hallados en la PGV

PGV_1

 

El Ministerio Público informó este sábado que subió a 15 la cantidad de cadáveres encontrados dentro de una antigua cárcel ubicada en el céntrico estado Guárico, y que se presume la existencia de más restos humanos en esta fosa que fue descubierta la semana pasada.

Mediante un comunicado, el MP indicó que está trabajando en la identificación de los restos de 15 personas “que hasta ahora han sido localizados en las instalaciones de una caballeriza dentro de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV)”, una cárcel cerrada por el Gobierno de Nicolás Maduro hace más de cuatro meses.

“En estos procedimientos se ubicaron un total de 12 cuerpos con sus respectivos cráneos y las partes de otras tres personas, cuyos cráneos no han sido localizados (…) se presume la existencia de más cadáveres en el sitio”, dice la nota oficial.

La Fiscalía aseguró que en la actualidad realiza acciones de rastreo, detección y ubicación en la PGV con el apoyo del Ministerio para el Servicio Penitenciario, una cartera creada a mediados de 2011 por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien reconoció los graves problemas de los centros carcelarios del país.

Además, el MP indicó que está recabando un “inventario óseo” en el sitio para determinar a quién pertenece cada hueso, y que designó fiscales “a fin de que coadyuven en el procesamiento de denuncias relacionadas con desapariciones de presos registrados en la PGV”.

La antigua cárcel venezolana fue por años una de las más violentas y peligrosas del país, liderada por prisioneros fuertemente armados que ejercían el control bajo torturas y el cobro de impuestos a los internos.

Las autoridades venezolanas afirman que más del 90 por ciento de las penitenciarias del país han sido pacificadas y que prevén alcanzar el 100 por ciento antes del 2020.

Aún siete prisiones, las más peligrosas y con mayor población en el país, siguen bajo el antiguo régimen, controladas por los reclusos armados que operan intramuros centros del tráfico de armas, drogas, extorsión y secuestro.

Catorce cadáveres han sido encontrados en Penitenciaria General de Venezuela

pgv3

Catorce cadáveres han sido encontrados por el Ministerio Público, organismo que desde el pasado viernes se encuentra analizando los restos humanos hallados en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV).

“Como resultado de estas actuaciones, hasta los momentos, se han recuperado 14 cadáveres, de los cuales nueve tienen sus cráneos”, se desprende una nota de prensa de Ministerio Público.

El viernes, Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios en Venezuela,  informó que habían sido encontrados restos humanos “que parecieran pertenecer a tres personas” enterrados en la PGV.

La Fiscalía señaló  que los restos fueron hallados el pasado jueves, 9 de marzo, “en los espacios de una caballeriza dentro de la penitenciaría”.

“Expertos de la Unidad Técnico Científica y Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales se encuentran en el lugar para trabajar en las labores de excavación, recuperación e identificación de los cuerpos junto a antropólogos y anatomopatólogos”, agrega la nota.

Asimismo, añade que las investigaciones “relacionadas con la excavación, hallazgo, clasificación y determinación de causas de muertes” continuarán en las próximas horas.

EFE Mar 10, 2017 | Actualizado hace 3 años
Hallan tres cadáveres durante pesquisa en la PGV

PGV_1

 

La ministra de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, informó hoy que fueron encontrados restos humanos “que parecieran pertenecer a tres personas” enterrados en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), una cárcel ubicada en el centro del país que recientemente fue desalojada.

“Hemos encontrado dos cráneos y restos que parecieran pertenecer a tres personas, es decir, presumimos que hay restos de tres personas”, dijo Varela en rueda de prensa al señalar que el ministerio inició unas labores de excavación en la cárcel pues tenía “pistas” de dónde pudiera hacerse este tipo de hallazgo.

La PGV, ubicada en el céntrico estado Guárico, fue desalojada el pasado 28 de octubre atendiendo a un plan de pacificación que impulsa el Estado venezolano y con ese proceso se empezaron a hallar restos humanos en esa cárcel y, según indicaron entonces otros presos de la institución, en el sitio habría varias fosas comunes.

“Nosotros ya teníamos algunas pistas de dónde se podía ubicar alguna información, dónde podía haber restos humanos, pero no habíamos dado con el lugar”, explicó la ministra.

Indicó que hay personas angustiadas por la desaparición de sus familiares presos en la PGV, en especial dos madres de internos que se vieron involucrados en un motín que se produjo en la penitenciaría.

“Ya está hoy allá una de las madres angustiadas de una de las personas que no se consiguen, yo misma la llamé anoche a la señora”, dijo Varela y agregó: “Una de las cosas que ella personalmente me pidió es que ella quisiera encontrar a su hijo así sean los restos”.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ayer el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto cárceles como calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.

Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738.

La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario que aseguró que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.

Imputan a tres presos de la PGV tras fin del conflicto carcelario

pgv3

El Ministerio Público imputó a tres prisioneros de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), ubicada en el estado Guárico, por su presunta responsabilidad en la serie de conflictos que se presentaron en esa cárcel durante los últimos 32 días.

Nelson Alejandro Barreto Reyes (30), Jean Manuel Montilla (31) y José Isaías Herrera Pinzón (33), quienes cumplían condena por homicidio en el internado, fueron señalados por los hechos. Por este mismo caso también fue presentado Franklin Paúl Hernández Quezada (44), quien a pesar de que no estaba preso en ese lugar, tenía pendiente una orden de aprehensión.

En la audiencia de presentación, los cuatro hombres fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y municiones, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, homicidio intencional calificado por motivos fútiles, asociación para delinquir agravada, intimidación pública y lesiones intencionales graves.

Adicionalmente, Hernández Quezada fue imputado por homicidio intencional calificado en perjuicio del custodio de ese centro de reclusión, Pedro José García, quien murió tras recibir varios disparos el pasado 20 de septiembre.

El Tribunal 2º de Control de Guárico acogió la precalificación fiscal y ordenó que Barreto y Montilla fueran trasladados al Internado Judicial de Tocuyito, ubicado en el estado Carabobo; Herrera y Hernández serán enviados al Internado Judicial de Puente Ayala, situado en el estado Anzoátegui.

Tras culminar el motín en la PGV, en horas de la tarde de este viernes 28 de octubre, los cuatro hombres se entregaron voluntariamente. Posteriormente, fueron llevados hasta el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en la citada entidad federal.

Tiroteo entre pranes de la PGV paralizó San Juan de Los Morros

PGV

 

Un intenso tiroteo en el interior de la Penitenciaría General de Venezuela paralizó la rutina en San Juan de Los Morros el viernes 21 de octubre. La señal de teléfonos celulares fue intermitente. Las clases fueron suspendidas y los establecimientos comerciales fueron cerrados. El “toque de queda” para los habitantes de las zonas aledañas, fue la medida de seguridad. Aunque se manejaron dos versiones del hecho, al final del día se conocía el motivo: un intento de “cambio de gobierno en el penal”, fue el motivo del intercambio de disparos entre el pran “Franklin Masacre” y su adversario “El Ratón”, así lo confirmaron fuentes penitenciarias que están destacadas en esa cárcel.

Una de las fuentes consultadas refirió que “El Ratón” ha tenido contactos con pranes de otros penales para planificar estrategias que le permitan desplazar a “Franklin Masacre”. Efectivos castrenses que están desplegados en las adyacencias de la PGV informaron que no han salido heridos ni muertos del penal después del intenso tiroteo que inició a las 7:00 de la mañana.

La fuente de información explicó que en ningún momento los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana hicieron disparos hacia el penal: “Hubo confusión porque hemos sabido que los funcionarios de la GNB y los del Ministerio de Servicio Penitenciario están descontentos porque las autoridades les han pasado comida a los presos”.

Un trabajador del Ministerio del Servicio también confirmó a Runrun.es que los efectivos castrenses y trabajadores de ese ente están descontentos, por lo que consideran, ha sido el mal manejo del conflicto por parte del ministerio que dirige Iris Varela.

“Al igual que en otras tres oportunidades, el ministerio le pasó comida a los presos de la  PGV. Fue un descaro. Les pasaron 200 kilos de pollo, 200 kilos de carne, pasta, harina pan, agua potable y habilitaron tres camiones para llevarles gas. Esto generó mucho descontento entre funcionarios de la guardia y del ministerio, porque no es justo que hay venezolanos que están pasando hambre, mientras que a los presos les dan esa cantidad de alimentos. Además, toda esta comida sólo la están distribuyendo entre los aliados del pran y el resto de la población también está pasando hambre”, relató uno de los trabajadores penitenciarios.

La fuente extraoficial advirtió que el proceso de negociación entre los pranes y el exgrandeliga Ugueth Urbina para lograr que sea liberada el resto de la visita que está secuestrada en el interior del penal desde el 27 de septiembre se paralizó luego del tiroteo registrado en la cárcel: “Bajo cuerda se manejaba que este viernes era decisivo, porque nos han informado que se está negociando la entrega de al menos la mitad de la PGV”.

El trabajador penitenciario refirió que la última vez que Urbina visitó el penal fue el miércoles, luego de estacionar su vehículo en la entrada de la PGV: “Él estaciona su camioneta Silverado en la entrada de la cárcel y los presos le dan acceso”.

De acuerdo con el trabajador del Ministerio de Servicio Penitenciario, para este viernes se había negociado el traslado de 600 presos a otros penales y que 68 mujeres y 35 niños fuesen liberados.

El tiroteo de este viernes en la PGV se registró al cumplirse los 25 días de conflicto en ese centro penitenciario.

Iris Varela le pichó a Ugueth Urbina el conflicto en la PGV

familiares-de-presos-en-la-pgv

La situación de rehenes en la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de Los Morros, estado Guárico, cumple 25 días este viernes. Fuentes extraoficiales del Ministerio de Servicio Penitenciario informaron que desde el lunes 18 de octubre el exgrandeliga Ugueth Urbina dialoga con los líderes de la cárcel para lograr que sean liberados los presos y familiares de internos que desde el el 27 de septiembre no han podido salir del penal. Durante la crisis se ha confirmado de manera extraoficial la muerte de 9 presos por tuberculosis y el fallecimiento de una de las 23 personas que resultó herida por la explosión de una granada durante el cumpleaños del pran de la cárcel “Franklin Masacre” 

Angélica Lugo

@Angelicalugob

El 14 de septiembre explotó una granada en la fiesta de cumpleaños del pran de la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de Los Morros, estado Guárico, murieron 6 personas, 23 resultaron heridas y un joven de 18 años desapareció. Posteriormente, 6 de las personas lesionadas también fallecieron. Seis días después dos custodios penitenciarios de ese penal fueron asesinados en sus hogares, presuntamente por sicarios contratados por los presos. En los cuatro días posteriores las autoridades detectaron un faltante de 84 granadas en el Fuerte Conopoima y vincularon el hurto con los reclusos de la PGV. Tres días después, el 27 de septiembre, funcionarios de distintos cuerpos de seguridad se desplegaron en las afueras del penal. Desde ese día están suspendidas las visitas en la cárcel y más de mil familiares fueron secuestrados por el líder del centro penitenciario. Durante el conflicto fuentes extraoficiales han confirmado la muerte de 9 presos por tuberculosis y han advertido que 16 reos padecen la enfermedad. Es el epílogo de cinco sucesos registrados en un mes que visibilizan la crisis que hay en esa cárcel.

Aunque el conflicto más reciente en la PGV está en desarrollo desde el 27 de septiembre, la explosión de la granada durante el cumpleaños de Franklin Paul Hernández Quezada, conocido como “Franklin Masacre”, “Franklin viru viru” y “Franklin La Guaira”, es el antecedente de la situación irregular. Funcionarios del Ministerio de Servicio explicaron a Runrun.es que ese día uno de los 23 heridos fue el “lucero” o mano derecha del pran, quien después de ser atendido en el Hospital Dr. Israel Ranuárez Balza, fue trasladado a la cárcel de Uribana, en el estado Lara. Cuando se concretó ese traslado, refiere una fuente del ente, Franklin Hernández amenazó a los funcionarios del ministerio con matar a los trabajadores penitenciarios si no regresaban a su compañero a la PGV y, posteriormente, el 20 de septiembre, dos custodios fueron asesinados en sus hogares: “Él amenazó. No le hicieron caso, y cumplió”.

El Ministerio de Servicio Penitenciario sólo mencionó en el comunicado que difundió el 15 de octubre que “personas desconocidas ingresaron a la residencia de varios funcionarios y asesinaron a dos trabajadores de custodia del servicio penitenciario, luego que los privados de libertad amenazaran a funcionarios para obligarlos a ingresar a las áreas administrativas entre los días 18 y 19 de septiembre”, pero no revelaron la identidad de las víctimas.

El Diario La Antena, ubicado en San Juan de Los Morros, informó que el 20 de septiembre el custodio penitenciario Pedro José García Essa, de 44 años de edad, fue asesinado de múltiples disparos a las 5 de la mañana por hombres que ingresaron a su residencia ubicada en el sector 14 de Marzo y, posteriormente, en la tarde su compañero Wilson Jesús González Infante, de 22 años de edad, también fue asesinado de múltiples disparos en el rostro cuando caminaba hacia su casa ubicada en el sector La Morena.

Durante el conflicto que este viernes cumple 25 días, los presos han difundido videos a través de su canal de Youtube “Penitenciaría General” para asegurar que los casi 2.000 familiares de los reos estaban de manera voluntaria en el interior del penal. Además han compartido material audiovisual que muestra las protestas de parientes de privados de libertad que han viajado a Caracas para protestar ante una posible intervención en la cárcel. Y, por otra parte, adversarios de “Franklin Masacre” han publicado videos para mostrar cómo son torturados por el pran. Pese a que el Ministerio de Servicio Penitenciario no ha asumido ante la opinión pública que en la PGV hay una situación de rehenes, fuentes extraoficiales de ese organismo sí lo han confirmado y han referido que desde el 18 de octubre el exgrandeliga Ugueth Urbina negocia con los pranes de la cárcel, junto con un alto funcionario de ese ministerio, para poner fin al conflicto.

En las redes sociales también han sido difundidos videos de presos y familiares de reos que han saltado las rejas, o cerca, para huir de “Franklin Masacre”.

De acuerdo con cifras extraoficiales, hasta el 19 de octubre fueron liberadas 1.500 personas, entre familiares y presos y, por otra parte, 394 reclusos saltaron hacia la cárcel 26 de julio. Un funcionario del Ministerio de Servicio Penitenciario explicó que una vez que llegan a ese penal los reos son identificados para gestionar su traslado: “Allí les damos atención inmediata para luego llevarlos a penales que estén en los estados donde cometieron el delito”.

conflicto_en_cifras-01

Ugueth Urbina releva a Iris Varela en la PGV

La nueva estrategia del Gobierno para poner el fin del conflicto más reciente en la PGV no ha sido la negociación con el viceministro de Asuntos Para la Paz, José Vicente Rángel Ávalos, quien a principios del mes de agosto fue el intermediario para lograr que los reclusos liberaran a 50 empleados del Ministerio de Servicio Penitenciario. En esta nueva crisis, el personaje “utilizado” como negociador es el exgrandeliga Ugueth Urbina, quien dialoga con los líderes de ese centro de reclusión para que liberen a las personas que mantiene retenidas desde hace casi un mes.

La invitación al pitcher venezolano, a participar como mediador con los privados de libertad, se debería a las relaciones que dejó en ese penal, donde estuvo preso entre 2005 y 2012, luego de cumplir siete años de una condena de 14 años por homicidio calificado en grado de frustración. El deportista fue condenado en 2006 por quemar y encerrar a dos trabajadores de una hacienda de su propiedad, en los Valles del Tuy. Aunque Urbina fue liberado por buena conducta, durante su estadía en la PGV, fuentes penitenciarias lo identificaban como uno de los líderes del centro penitenciario.

El atleta jugó 10 años con distintos equipos de las grandes ligas y cuando salió en libertad jugó con los Leones del Caracas. Al exgrandeliga también se le ha vinculado con el exministro de Deporte y expelotero, Antonio Álvarez, conocido como “Potro Álvarez”.

Durante el conflicto en la Penitenciaría General de Venezuela ha habido silencio oficial. Hasta la fecha solo se conoce la identidad de 5 de las 12 personas fallecidas tras resultar heridas por la explosión de la granada. La última víctima que murió, luego de estar hospitalizada 20 días, fue identificada como Hernán José González Muñoz, de 18 años de edad, así lo informó en una nota el diario local de San Juan de Los Morros La Antena.

muerto-por-granada-en-la-pgv

Imagen cortesía diario La Antena 

Otro joven de la misma edad, Adonis Elezar Salcedo Moreno, está desparecido desde ese 14 de septiembre. Sus familiares han denunciado que no lo han encontrado y que el día que estalló el explosivo Salcedo ingresó al penal para jugar fútbol.

desaparecido-en-la-pgv

Imagen cortesía diario La Antena 

Con respecto a los 9 reclusos fallecidos por tuberculosis, una fuente del Ministerio de Servicio Penitenciario aseguró que ocho reos fueron enterrados en una fosa común porque no estaban identificados y la cava de la morgue del Hospital Dr. Israel Ranuárez Balza no funciona. El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, advirtió que en varias cárceles del país existen fosas comunes. El defensor de derechos humanos precisó que la situación en la PGV no es nueva y recordó que en 2009 el OVP denunció la desaparición del preso Francisco Guerrero ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

El coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, considera que la actual crisis en la Penitenciaría General de Venezuela es consecuencia de la falta del control del Estado en los recintos carcelarios: “El Estado ha cedido el control de las cárceles a los reclusos comandados por pranes y es lo que ha motivado la grave situación que se está viviendo en la PGV, qué ojalá se logré solucionar en paz y con respeto a los derechos humanos de las personas que allí se encuentran. Hay algo que se debe tomar en cuenta, esa cárcel no la pueden clausurar como han hecho con otras porque no hay espacio suficiente en ningún sitio para llevar a los 9.000 presos que hay allí, lamentablemente el Ministerio Penitenciario no ha cumplido con la construcción de las cárceles que ha ofrecido”.