Orden Público

 

Nicolás Maduro es más militarista que Chávez. Provea denuncia que en dos años ha creado cinco figuras de enfrentamiento. Critican que el Presidente ha endurecido el patrón castrense para controlar el orden público. La ONG que informará a la ONU sobre el decreto del uso de armas de fuego en las protestas.

Con la llegada al poder Nicolás Maduro, en Provea se crearon muchas esperanzas en que revirtiera el proceso de militarización que venía experimentado el país, porque se trataba de una persona de origen civil y con una historia personal de luchas sindicales.

Pero esas expectativas rápidamente se desinflaron, según cuenta el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, quien sostiene que Maduro no solo ha continuado con un patrón militar sino que lo ha profundizado en menos tiempo que su antecesor.

«Chávez representaba un muro de contención para un sector de las FAN pero ahora nos parece que esa autoridad civil no existe y que se ha revertido la ecuación para estar en presencia de un gobierno militar-civil y no como era antes cívico-militar», sostiene Uzcátegui.

Provea ha denunciado que en tan solo dos años de gestión, Maduro ha creado cinco figuras para criminalizar la protesta y profundizar el patrón militar en el país.

De acuerdo con el coordinador de Medios de esta organización, Inti Rodríguez, el primer paso fue el nombramiento de las milicias obreras. Explica que fueron creadas en 2013 para formar parte de la FAN y garantizar la producción de las empresas del Estado valiéndose de la confrontación de las paralizaciones que pudieran hacer obreros por la exigencia de reconocimientos laborales.

Su primera actuación se produjo a partir de la huelga que se realizó en noviembre de ese año con los trabajadores de Sidor, oportunidad en la que según denuncia Rodríguez, el propio Maduro amenazó con su uso para aplacar la protesta.

CIVILES ARMADOS
Luego, en febrero de 2014 se crean los comandos populares antigolpes, instituidos a juicio de Rodríguez para dar respuesta a la conflictividad que se desencadenó en el país a raíz de la marcha por el Día de la Juventud. Se delegó en el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la dirección del organismo.

Para Inti Rodríguez, lo más peligroso es que incorpora no sólo efectivos de la FAN y otros cuerpos de seguridad, sino también a grupos de civiles armados y organizaciones sociales afectas al oficialismo que buscaron enfrentar lo que el Presidente llamó «el golpe continuado».

Durante la gestión del ex ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, se creó la tercera figura que son las brigadas especiales contra los grupos generadores de violencia, y que actualmente están bajo la dirección de su sucesora, Carmen Meléndez.

«Esto es para coordinar los cuerpos de inteligencia, sobre todo, para actuar contra quien proteste», apunta Rodríguez, al tiempo que señala como cuarta figura la «fuerza de choque».

El activista manifiesta que es una brigada especial conformada por todos los componentes de la FAN con el propósito de enfrentar los golpes y las conspiraciones.

 

INSISTEN CON LEY SAPO

Por último, Inti Rodríguez señala al sistema popular para la protección de la paz SP3, que surge de una reforma de la Ley de Seguridad de la Nación, con los nombres de sus integrantes, propósitos y objetivos.

«Esto en definitiva lo que hace es legitimar la presencia y actuación de los patriotas cooperantes, y se rescatan elementos de la derogada ley sapo porque se obliga a organizaciones de la sociedad civil a convertirse en delatores», afirma el representante de Provea.

A juicio de Inti Rodríguez, el tratamiento de los conflictos con carácter militar, el desplazamiento cada día más acelerado de la figura del componente civil en cargos y puestos claves del Gobierno, y la designación de militares para dirigir empresas básicas del Estado son algunos de los elementos que demuestran el marcado proceso de militarización de la seguridad y del control del orden público en el país.

«Lo que se está buscando es promover el enfrentamiento entre pueblo y pueblo, porque están incorporando a civiles en labores de seguridad y de inteligencia que no le corresponden», acota.

 

DENUNCIA ANTE LA ONU

Respecto a la reciente resolución dictada por el Ministerio de Defensa en la que se especifican las normas de actuación de los castrenses en las manifestaciones de calle y se incluye la posibilidad de emplear armas de fuego como último recurso en uso proporcionado de la fuerza, Inti Rodríguez manifiesta que desde Provea se va a enviar información a las distintas relatorías de la ONU, como lo son la de derecho a la asociación y reunión pacifica y la de libertad de expresión, para que se pronuncien a favor del respeto de las garantías democráticas.

 

La resolución número 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial del pasado 27 de enero, mediante la cual se autoriza a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a utilizar armas de fuego en las manifestaciones y reuniones públicas, es abiertamente inconstitucional y representa una seria amenaza para los derechos humanos de los venezolanos.

Varias de las disposiciones de esta resolución resultan alarmantes. El artículo 5, señala que los funcionarios de la FANB, en los procedimientos dirigidos a garantizar el orden público, utilizando un criterio completamente subjetivo, pueden llegar «hasta el uso del arma de fuego». Asimismo, el artículo 15.3 autoriza la utilización de «agentes químicos» durante el desarrollo de las reuniones públicas y manifestaciones. Igualmente, el artículo 23.7 permite la aplicación del «método del uso de la fuerza potencialmente mortal».

Mediante esta resolución se intenta usurpar las funciones del constituyente, ya que se pretende derogar, entre otros, el artículo 68 de la Constitución, el cual prevé el derecho a la manifestación y además prohibe taxativamente «el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas». Asimismo, esta resolución vulnera el derecho a la vida, previsto en el artículo 43 de la Carta Magna, el cual no puede ser suspendido, ni siquiera mediante el decreto de un estado de excepción (Art.337 de la Constitución y 27 del Pacto de San José).

En los últimos 16 años la impunidad ha sido la regla en relación a la violación de los derechos fundamentales de los venezolanos. COFAVIC ha afirmado que el 98% de estos casos quedan sin ningún tipo de sanción por parte del sistema de justicia. Esta es la realidad actual, pero los funcionarios que vulneran los DDHH deben recordar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución, las acciones para perseguir las violaciones graves a los derechos fundamentales «son imprescriptibles y dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía». Tarde o temprano el poder se termina y llega la hora de pagar por los crímenes y atropellos cometidos.

Igualmente, si la jurisdicción interna no actúa, queda la posibilidad de la justicia penal internacional. El artículo 7 del Estatuto de Roma establece como crimen de Lesa Humanidad el asesinato, cuando el mismo se cometa como «parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil». Estos crímenes son juzgados por la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, y tampoco prescriben (Art. 29). Nadie está exento de ser procesado, ya que el cargo de Jefe de Estado o de Gobierno «en ningún caso eximirá de responsabilidad penal» (Art 27).

Para quienes crean que pueden violar DDHH y luego escudarse en «ordenes superiores», les recuerdo que el artículo 33 del Estatuto de Roma establece que «quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte, en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal».

El gobierno de Nicolás Maduro, a través de esta resolución, pareciera prepararse para reprimir con fuerza a un pueblo que ya está cansado de tantos problemas como la inflación, la escasez, la corrupción y la inseguridad. Mi recomendación a los llamados a aplicar esta normativa inconstitucional, es una: no disparen.

 

@luisizquiel

Tropas del Ejército reciben entrenamiento para “control de disturbios” el 26ENE15 en la Brigada Blindada en Valencia, Venezuela. Foto: EjercitoFanb

 

El régimen venezolano confirmó su decisión de utilizar fuerzas militares en acciones de represión de protestas políticas, tal como masivamente lo realizara en el año 2014. Con fecha 23ENE15, el Ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, emitió una resolución ministerial para “normar” la intervención de efectivos militares en “funciones de control de orden público” en “reuniones públicas y manifestaciones”. “Mantener y asegurar la estabilidad, “evitar los desórdenes” y “rechazar toda agresión” son parte de los objetivos asignados a los militares en Venezuela. El documento incluso faculta al personal militar para el uso de armas de fuego para enfrentar protestas callejeras. “Aquel que pretenda incendiar nuevamente el país va a conseguir una respuesta contundente por parte del estado venezolano”, afirmó Padrino el20NOV14.

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El 25AGO14, Nicolás Maduro anunció la creación de un “Instituto de Solidaridad con los Pueblos del Mundo” como un mecanismo para canalizar el apoyo a causas internacionales políticamente vinculadas con el chavismo. Sólo cinco meses después, la situación financiera del Gobierno venezolano ha llevado al virtual cierre incluso del principal esquema implantado por Hugo Chávez para utilizar el petróleo como arma política que le ganara influencia internacional. En concreto, ya comenzó el desmantelamiento del esquema Petrocaribe, el cual ha permitido que un grupo de países caribeños obtuvieran petróleo venezolano a precio por debajo de mercado y con financiamiento hasta de varias décadas. Maduro está rematando activos del país para financiar sus gastos de corto plazo. Como parte del paquete de medidas para incrementar sus ingresos, el gobierno venezolano  optó por cobrar la deuda que mantenía la República Dominicana, ofreciéndole un descuento de 52%. Con la intervención deBank of America Marrytl Linch, banco que se muestra cercano al Gobierno de Maduro, la República Dominicana realizó una emisión de bonos a 30 años con lo cual procedió a pagar a Venezuela un total de US$1.933 millones con un ahorro (para los dominicanos) de US$ 2000 millones.

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De forma paralela a las gestiones para reestablecer relaciones diplomáticas con Cuba, EEUU comienza a moverse política y financieramente en Centroamérica y el Caribe. La concepción de llenar el vacío dejado por el chavismo comienza a ejercitarse al más alto nivel de Washington. Una de las primeras medidas pareciera ser la inclusión en el presupuesto federal de 2016, que será presentado el 02FEB15, de partidas por US$ 1.000 millones para ayuda a los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador.  Pero la iniciativa más ambiciosa mostrada por EEUU busca desarmar la influencia petrolera catrochavista en el Caribe. Apadrinado personalmente por el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, el 26ENE15 se realizó en Washington un encuentro con participación de los Gobiernos caribeños, además de España, Colombia y México, así como altos voceros de organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) y organizaciones como Council of the Americas y Atlantic Council. La propuesta incluye cambios en las matrices energéticas, nuevas fuentes de energía y programas de financiamiento.

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La Cumbre de las Américas de Panamá, en la cual coincidirían por primera vez EEUU y Cuba el 10ABR15, amenaza con ser un inmanejable escenario de acciones propagandísticas antiestadounidenses por parte de los países del bloque castrochavista exaltados por la presencia de Raúl Castro en el evento. La advertencia surge de hechos acontecidos en la reunión anual de la CELAC, celebrada en Costa Rica los días 28 y 29ENE15. Gobiernos como el de Nicaragua han solicitado que políticos proindependentistas puertorriqueños sean invitados a la Cumbre de Panamá. Por su parte, el Gobierno de EEUU está impulsando la participación de la oposición cubana en una sesión de la sociedad civil de las Américas que sería parte del programa previo a la Cumbre.

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La reunión de CELAC, el organismo que reúne a 33 gobiernos del continente, denominado por algunos como la OEA sin EEUU y Canadá, celebró su tercera Cumbre con la presencia de la mayoría de los jefes de Estado. Un incidente provocado por el Gobierno de Nicaragua y secundado omisamente por los mandatarios presentes, marcó la reunión de Costa Rica. La cancillería nicaragüense había solicitado a Costa Rica, país organizador del evento, la inclusión del puertorriqueño Rubén Berrios Martínez como parte de la delegación de Nicaragua, lo cual le fue concedido. Berrios Martínez es un dirigente político procubano, líder del Partido Independentista Puertorriqueño. La diplomacia regional ya está acostumbrada a las excentricidades de Daniel Ortega en eventos de este tipo, en los cuales incluso prescinde del ministro de Relaciones Exteriores y lo reemplaza por su omnipresente esposa y cogobernante Rosario Murillo. En las sesiones del día 28ENE15, Ortega y Murillo ocuparon los dos puestos asignados a su país en la mesa de la reunión plenaria de CELAC, mientras en los asientos traseros se situaron Berrios Martínez y el representante de Nicaragua en la OEA Denis Moncada. En medio de su intervención ante la plenaria, Ortega se levantó del asiento y ofreció la palabra a Berrios quien se dirigió a los presentes por más de siete minutos en una arenga antiestadounidense e independentista, sin que ningún jefe de Estado reaccionara. El malestar contra la acción de Ortega, sin embargo, fue generalizado entre los mandatarios asistentes.

No siendo Puerto Rico parte de CELAC ni Berrios un representante oficial de Puerto Rico, la acción de Ortega rompía con reglas preestablecidas entre los gobiernos que forman CELAC. El tema de la “independencia” de Puerto Rico ha sido recientemente retomado con intensidad por Cuba y sus socios políticos  en la región, pero existe un consenso en la CELAC sobre que ese punto en el cual se limitan a reiterar “el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico” sin pronunciarse sobre su estatus político. De hecho, la declaración aprobada por CELAC en Costa Rica ya negociada previamente, incluye este pronunciamiento. Tras un enfrentamiento verbal entre Ortega y el presidente anfitrión Luis Guillermo Solís, la noche del 28ENE15, el nicaragüense y su esposa abandonaron Costa Rica retornando a Managua donde recibieron al venezolano Nicolás Maduro, quien extrañamente prefirió pernoctar en esa ciudad y no en San José de Costa Rica.

Ante la ausencia de Ortega, su Gobierno solicitó a CELAC que aceptara al puertoriqueño Berrios como jefe de la delegación nicaragüense y, en consecuencia, tuviera acceso a la reunión privada de mandatarios (“el retiro”) prevista para la mañana del 29ENE15. Solís, con el pleno respaldo incluso del ecuatoriano Rafael Correa, optó por suspender la reunión privada.

Si bien el Gobierno de Maduro se muestra ansioso de un encuentro con Obama en Panamá, lo ocurrido en CELAC pudiera repetirse en la Cumbre de las Américas  de mantenerse la diplomacia gamberra de Nicaragua y Venezuela ante EEUU.

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Una extraña y críptica intervención realizó el representante permanente de Venezuela en la OEA el miércoles 28ENE15. Al final de la sesión destinada a recibir un informe del ministro del Interior de Ecuador y conmemorar los 25 años del ingreso de Canadá a la OEA, el embajador Roy Chaderton pidió la palabra. “Sin tener capacidad para predecir el futuro, me permito anunciar que los ruidos que se están escuchando en estos días se van a amplificar en las próximas semanas y probablemente hayan iniciativas para, entre comillas, expresar preocupación, por las cosas que suceden en mi país”. El pronunciamiento de Chaderton se produjo en medio de fuertes rumores sobre la deserción a EEUU de un militar venezolano conocedor, según el diario madrileño ABC, de explosivas revelaciones sobre el régimen chavista.

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Cumplido el objetivo cubano de erosionar a la OEA, el papel de la CELAC queda cada vez más en duda. La costosa organización y ejecución de una cumbre presidencial anual que reúne a tres decenas de mandatarios, está resultando en largos enunciados de documentos con muy improbables resultados prácticos. La III Cumbre de la CELAC emitió una declaración política con 94 párrafos y 25 declaraciones adicionales. Prácticamente todos los puntos acordados por los presidentes están referidos a iniciativas, actividades y temas que ya están siendo tratados por esos mismos gobiernos en otras instancias internacionales.

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El gobierno venezolano habría transferido US$17 millones a una empresa brasileña situada en Santa Fé, estado de Paraná. Según el diario Valor Econômico, McGriff do Brasil recibió una inyección de capital por parte de MERCAL, uno de los tantos entes del Gobierno venezolano encargado de compra y venta de mercaderías. La empresa brasileña, dedicada a la producción de bebidas no alcohólicas, se habría comprometido a vender al gobierno venezolano siete millones mensuales de cajas de leche de larga duración.

En un comunicado emitido por el presidente de McGriff, Álvaro Iaccino, citado por Valor Econômico, el dinero suministrado por Venezuela fue utilizado para pagar deudas de la empresa. En 2014, McGriff adquirió Copervale Alimentos S.A. empresa orientada a la producción de leche en una planta situada en Uberada, estado de Minas Gerais. Al momento de su adquisición por McGriff, Copervale atravesaba  problemas de insolvencia con proveedores y empleados y su caso estaba en manos de tribunales para una “recuperación judicial” solicitada en el año 2013. Según el diario Jornal da Manhã de Uberada, en 2008 Copervale, actualmente parte de McGriff, fue procesada por el Ministerio Público Federal de Brasil por haber agregado sustancias nocivas a la salud a la leche que comercializaba “con el objeto de aumentar el volumen del producto”, en lo que se conoció como el “escándalo de la leche”.

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Amércias

 

 

 

En Gaceta Oficial N° 40.589-27E-2015-R-008610, el MD emitió una resolución sobre la actuación de la FANB en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. Sólo con leer el enunciado, entramos en «disonancia cognitiva» ¿Tienen las FFAA potestad para intervenir en reuniones públicas y manifestaciones?¿Está permitido por la CBV y por los estándares de  las NNUU sobre uso de armas y agentes químicos para reprimir concentraciones públicas? ¿El monopolio de la violencia por parte del Estado faculta su reglamentación difusa? ¿A qué le teme el gobierno? Veamos.

El artículo 7 de la normativa in comento otorga a la FANB la rectoría de los procedimientos militares para garantizar el orden público, la paz y la convivencia ciudadana, aplicando la normativa y técnica necesaria para esos fines-sic-(Art.7.2). Esta disposición entra en franca contradicción con el Artículo 328-CBV: «La FAN constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley». De tal modo que no-corresponde a las FFAA, LA RECTORIA de procedimientos militares en funciones de orden interno. En todo caso la seguridad ciudadana está reservada a cuerpos policiales-civiles-según el 332-C. La inteligencia del constituyente del 99, no fue conceder a las FFAA facultades plenas en materia de orden publico interno, lo cual acarrea riesgos de desproporcionalidad, vista la dinámica armamentista del profesional de guerra. El Art. 10 de la R-008610, delega en las FFAA el control de las reuniones públicas, dotándola de «equipos, implementos, armas y accesorios debidamente autorizados» para contenerlas. El numeral 3 del Art.15 prevé el uso de agentes tóxicos- en caso extremo-lo cual viola-en cualquier caso-el Art. 68-C, sobre los derechos de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley… prohibiendo el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas. También transgrede la reserva de control del orden público a policías civiles. El Art.55 ° de la CBV establece que el uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, por lo que las FFAA no poseen potestad alguna de control ciudadano…Lo grave es que resolución R-008610, no distingue entre protestas pacificas o violentas, por lo que toda manifestación o reunión pública, se presume criminal.

Las disposiciones más peligrosas son los artículos 20, sobre el «Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza«; 21 sobre el Uso escalado de la fuerza (con diagrama y demás) y el 22 –definiciones– del escalafón de fuerza. Aparte de incurrir en un error palmario de técnica legislativa, cómo lo es la prohibición al legislador de conceptualizar (y menos usando «power point), por inducir discrecionalidad y opacidad del texto, es elevadamente riesgoso en términos de DDHH hablar de un «Manual operativo en defensa del Orden Público» cuando está de por medio la vida. ¿Quién define el nivel de resistencia aplicable a la actitud o conducta de una persona? ¿Un bachiller adoctrinado trajeado de oliva? El Art. 22 dispone que frente a la «intimidación psicológica» se responde con presencia. Frente a la «indecisión ciudadana» se aplican «recursos disuasivos«. Ante la «violencia verbal» se ordena «mantener el nivel hasta el último peldaño en orden ascendente» (¿?). Contra la Violencia Pasiva (peso muerto), el soldado inducirá fuerza física sin dolor…¿Quién mide el peso muerto? ¿Quién  decide el dolor?… Frente a la «Violencia Defensiva» o de uso muscular, el soldado responderá con «control duro e inducción física con producción de molestias físicas» y frente a la Violencia Activa, el soldado utilizará armas no letales. El «degradé normativo» termina definiendo la Violencia Mortal. En esta circunstancia el soldado patrio que así la valore, responderá con arma de fuego de potencia mortal (!). Todo un constructo de militarización de la violencia que deja a discreción «un menú» de opciones de fuerza, que no alcanzo imaginar en momentos de tensión, cómo el encascado, podrá diferenciar entre presencia, inducción física sin dolor con molestia; en fin, con la constitución, la biblia o su fusil…Una sensible inducción al genocidio de un gobierno que hace apología del magnicidio de cualquier caricatura.

No tengo dudas que en lo jurídico estamos en presencia de una de las aberraciones legales más graves ingeniadas de este gobierno. Peor que la Ley Sapo (anulada por Chávez). Y en lo político es un síntoma de temor y debilidad a lo que luce incontenible: un estallido social. Queda claro. Dios proveerá…!plomo!

 

@ovierablanco

vierablanco@gmail.com

 

El martes 27 de enero fue publicada en Gaceta Oficial una resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, donde se autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” como mecanismo para garantizar el «orden público, la paz social, convivencia ciudadana», etc., etc.

No hace falta hablar de la contravención flagrante al art. 68 de la Constitución que prohíbe textualmente lo que la mencionada resolución pretende permitir. Pero, ¿Cómo no se percata el Ministro de la Defensa que está dictando un acto administrativo evidentemente inconstitucional? ¿Porqué autorizar o legitimar actuaciones que los cuerpos de seguridad del Estado vienen desarrollando de hecho?, y peor aún, ¿Cuál es la razón para hacer manifiestamente pública esta inconstitucionalidad?

Para entender como funciona un régimen totalitario (bien sea comunista, socialista, fascista, da lo mismo) hay que sentar unos principios para interpretar sus acciones, cual es su motivación y finalidad. Los regímenes comunistas intentan de implantar una especie de mundo al revés,  donde nada es lo que parece, y cuando creemos que una intención no puede ser más transparente, hay que dudarla, pues seguramente esa certeza es el disfraz perfecto para sus fines ocultos.

Entonces, ¿Qué debemos pensar cuando un Estado que viola sistemáticamente derechos humanos viene un día con una resolución que autoriza el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones pacificas? La respuesta más obvia es que el Gobierno quiere valerse de armas potencialmente mortales para dispersar protestas, y pretende hacer pública su intención como mecanismo de represión anticipado para poder así evitar que se configure un clima de protestas generalizado que lo ponga en la palestra pública internacional, tal como ocurrió a principios del 2014; pero, que este año, por la intensificación del descontento, ese ambiente si puede ser capaz de privarlos finalmente del poder. Esta hipótesis es absolutamente lógica y consistente con la agenda revolucionaria, y seguramente es el propósito que tuvieron en mente quienes dictaron la controversial resolución.

Sin embargo, como dije, las intenciones comunistas nunca son transparentes, y con un Gobierno como el venezolano (cuya supervivencia guinda de un hilo) hay que ser extremadamente escéptico y desconfiar de cualquier señal que nos mande. Mi suspicaz opinión es que, ante la delicada situación política, económica, social (y ahora hasta alimentaria) el Gobierno no tiene mecanismo para ocultar su ineficiencia, no tiene excusa para justificar a donde fueron a parar cientos de billones de dólares, cómo la implantación de un sistema de planificación central nos llevó, en el medio de la bonanza petrolera más grande de la historia, a una potencial hambruna.

No hay nada más peligroso que un pueblo hambriento, y cuando llegue la desesperación, ellos saben a quien se van a ir a comer vivos. El Gobierno necesita de un hombre de paja, y hará uso de su hegemonía comunicacional e inmensa maquinaria propagandística para crear un enemigo común, un pretexto para atribuirle la causa de la escasez, en fin, doblar la verdad para encontrar el “culpable” del hambre.

La creación de este enemigo común se facilita si surge un ambiente de caos análogo al de febrero-abril de 2014. De esta manera, la causa de la escasez será la anarquía y no la ineficiencia gubernamental; el enemigo común no será el Estado sino los mercenarios guarimberos financiados por las mafias capitalistas; la solución será la eliminación de los complots internacionales obsesionados con asesinar a Maduro, y no la erradicación de un modelo político-económica que ha demostrado ser, reiteradamente, obsoleto.

Cual sería su salida: incitar a la gente a manifestar, a los temerarios que quieran poner en prueba esta resolución, aun cuando sabemos que el Gobierno no necesita de habilitación normativa para violar derechos humanos, ya que lo viene haciendo desde hace años. Aun cuando se trate de una protesta espontanea o insignificante, cualquier muerte, aunque sea de un manifestante será más que suficiente para encender la mecha que nos conduzca a su añorada anarquía. Así, el Estado logrará su propósito, desviará la opinión pública de la escasez y el hambre, hacia al desorden, la represión y la muerte; pues para ellos es menos vergonzoso el segundo escenario que el primero. Entonces, el fin de la resolución no sería prevenir las manifestaciones, sino más bien de excitarlas.

Sé que esta hipótesis puede parecer un poco disparatada, incluso rebuscada. Pero quiero recalcar el sinsentido jurídico de la resolución emitida por el Ministerio el Poder Popular para la Defensa el pasado 27 de enero. Lo demostraron durante los hechos de febrero-abril de 2014, ¿Acaso necesitaron de alguna normativa para el uso indiscriminado de la fuerza en ese entonces? La resolución no sólo carece de fundamento jurídico (por ser manifiestamente inconstitucional), sino que además de ser arbitraria es innecesaria, si algo hemos aprendido en estos 15 años es que no hay ley que limite o que guíe la actuación del Estado venezolano. La razón de esa resolución, repito, es provocar, incitar la manifestación para instigar la anarquía, para que sirva como pretexto de la crisis (económica).

Puede que mi teoría resulte desacertada, pero mi propósito no es predecir el nublado futuro venezolano, sino reiterar la desconfianza que genera todo mensaje emitido por el Gobierno. No se puede creer que el verdadero propósito que se desprenda de la mencionada resolución sea el más obvio, y esto aplica, mutatis mutandi, para cualquier otro mensaje del Estado venezolano. Es sumamente ingenuo pretender que los fines de este Gobierno sean tan transparentes y evidentes.

En fin, no quiero proporcionar respuestas, lo que quiero, por ahora, es sembrar una duda.

@ahobaica

 

A esta hora, todavía desconozco el alcance real de la disposición de un ministerio y su carácter vinculante sobre los sorprendidos ciudadanos de un país cuyo gobierno se jacta de disfrutar de una democracia formal y que despierta las alarmas de la Opinión Pública mundial perfilándose como un Totalitarismo más en el libro de los atropellos de la historia latinoamericana. Esta disposición puede violar la Constitución Nacional y ¿no necesita de la aprobación del Presidente de la República?

Según su propia definición, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa es un organismo del Estado venezolano encargado de coordinar, controlar, administrar y supervisar las operaciones y actividades de los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En su misión, reflejada en el siguiente hipervínculo disponible en http://www.mindefensa.gob.ve/index.php/organizacion/mision aparece que:

«El Ministerio del Poder Popular para la Defensa es el máximo órgano administrativo en materia de Defensa integral de la Nación, encargado de la formulación, adopción,   seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del Sector Defensa, sobre los cuales ejerce su rectoría de acuerdo con lo establecido en el Decreto con  Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y su estructura interna será establecida en este Reglamento».

 

En el sector Defensa no existe el Orden Público como atribución específica. Eso es claro y determinante y corresponde al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz tales atribuciones tal y como se refleja en su Misión. (Ver http://www.mpprij.gob.ve/index.php/joomlaspanishorg/mision)

Esta desafortunada disposición, emitida por el MPPD y publicada en la Gaceta Oficial N° 40.589 autoriza el uso de armas mortales contra protestas, desconociendo el artículo 68 de la Constitución Nacional vigente. Es que acaso, ¿el ciudadano ministro tiene el poder de revertir el efecto de la misma?

Les recuerdo que el mencionado artículo constitucional refiere que:

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley.

Se prohibe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.”

 

Las manifestaciones pertenecen a los Derechos Políticos de los Ciudadanos, consagrados en los Derechos Humanos, universales, históricos, progresivos e irreversibles por definición. Entonces, qué significa esta amenaza al ejercicio de los mismos.

Ya el 24 de abril de 2014, la Sala Constitucional del TSJ había interpretado el artículo 68 de la Constitución Nacional indicando que:

 

“Cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo por parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales, (…) actúen dispersándola con el uso de los mecanismos más adecuados para ello”

 

 

Con este ejercicio tan peculiar de la interpretación, el TSJ acababa de criminalizar un derecho político de todos los venezolanos. Ahora, en menos de un año, no solo se corre el riesgo de perder la libertad, ahora se corre el riesgo de perder la vida …

Pero realmente, ¿qué significa esta medida? Significa que el gobierno necesita disuadir generando la matriz terrorista (produce terror en la colectividad) de que si cualquier ciudadano sale a la calle a protestar puede perder la vida.

¿Qué opina la ministra del MPPRIJ sobre este particular que evidentemente usurpa sus funciones inherentes a la administración del orden público?

¿Dónde está la guerra planteada para que sean los militares quienes se pronuncien?

Este anuncio tan importante es hecho como una disposición ministerial sin que el Presidente de la República emita opinión o sencillamente asuma sus funciones validando o descartando este lamentable desafuero.

No creo que los resultados sean los esperados porque para muchos es un acto de provocación, para otros es el reflejo desesperado de una situación de caos inminente, y para mí es un acto de “gorilismo”, tal y como lo refleja el afamado politólogo Norberto Bobbio en su Diccionario sobre Política.

Se suman ingredientes a una tensa calma que no le agregan valor a una situación que bien merece un espacio al diálogo y a las rectificaciones antes que a las amenazas.

Amanecerá y veremos…

@greyesg

 

 

El tema de la Gaceta Oficial N° 40.589, donde se Autorizan uso de armas mortales contra protestas, ha causo respuesta. Puede revisar más artículos relacionados a continuación:

– Así reaccionaron a autorización de armas mortales en protestas

– Briceño León: “Es una amenaza de muerte del ministro a los manifestantes”

– Punto por punto: la Gaceta que autoriza usar armas contra manifestantes