Así es la investigación exhaustiva, rompiendo barreras y cercos gubernamentales, realizada por un equipo de www.runrun.es y www.connectas.org, la Plataforma Periodística para las Américas, en torno a las llamadas OLP, iniciales de “Operación de Liberación del Pueblo” implementada por el gobierno nacional “para combatir la delincuencia y el paramilitarismo colombiano”. El excelente y minucioso trabajo descubre como esa operación se tradujo en al menos 44 masacres y el asesinato de 560 personas. El título del trabajo es “La máscara del terror oficial en Venezuela”. La iniciativa del International Center for Journalists denominada “Periodismo de Investigación en las Américas” sirvió de soporte al desarrollo de la pesquisa. El ICFJ tiene como su premisa “darle forma al futuro del periodismo global” y aquí muestra un ejemplo. Enhorabuena a todos los colegas que participaron. Se puede leer en este link: https://runrun.es/especiales/olp/
¿GRAVI$IMO?:
La detención desde el pasado 22 de junio del asesor electoral de la MUD, el ingeniero Roberto Picón, tiene visos de convertirse en un caso para la CIDH y la CPI. Presentado ante un tribunal militar por “traición a la patria e instigación a la rebelión”, entre otras acusaciones, lo cierto es que buscando pruebas para “montarle un expediente” han detenido a otros socios y familiares. Como Picón es socio en una empresa de computación (Concein) de Isaac Eduardo Saias Esayag y éste es directivo de 100% Banco y primo de Fortunato Benacerraf Saias, el presidente del banco, decidieron apresarlos. Igualmente, a otro funcionario del banco, Freddy Farache. El caso es que luego de la detención de Picón determinaron que “en una camioneta de Fortunato presumen se habrían movilizado cantidades de dinero para financiar el referendo opositor del 16J”. Ahora, supuestamente, estarían obligando al banquero a que delate a otros $ocios del banco y de Concein para involucrarlos en todo este proceso y a cambio le darían $u libertad no sin antes pagar caro peaje. Recientemente, la colega Sebastiana Barráez en el semanario “Quinto Día” narraba, supuestamente, una historia parecida con varios detenidos en la policía política. Ella atribuía algunas situaciones por la división de poder entre Maduro y Cabello. La MUD pareciera haberlos abandonado en su defensa. Picón es un serio demócrata, un estratega de las acciones que en paz buscaban desde el referendo revocatorio hasta el referendo que demostró que los demócratas eran mayoría el pasado 16 de julio. Eso no se lo perdona el régimen. Ninguno de los detenidos en ese caso, cuatro personas, son golpistas, conspiradores, o terroristas -mucho menos traidores a la patria- como los señalaron desde el Tribunal Militar Tercero de Control. En torno a esa justicia uniformada recordemos la denuncia que ante la Secretaría General de la OEA hizo recientemente el capitán Igor Nieto: “…el uso de la justicia militar para enjuiciar a civiles y que la jurisdicción militar esté controlada por el presidente de la Corte Marcial, quien, junto con fiscales y defensores militares, recibe órdenes del ministro de la Defensa”. Cansados de las presiones crematísticas estos presos decidieron pelear por su defensa y libertad. Sus abogados informarán muy pronto …
Aunque los victimarios y las motivaciones de las dos tragedias son distintas, hay más puntos de encuentro en estos hechos de sangre de lo que se imagina. Runrun.es dice cuáles son
@loremelendez
VÍCTIMAS INDEFENSAS, CIFRAS INEXACTAS DE DESAPARECIDOS, fosas comunes, funcionarios de seguridad implicados. Las matanzas ocurridas en Tumeremo, en marzo pasado, y en Barlovento, hace mes y medio, comparten más que una simple coincidencia. Se trata de casos que han saltado a la opinión pública no sólo por la cantidad de muertos que han registrado, sino porque la mano de los uniformados, ya sea como cómplices o ejecutores, fue parte del escándalo.
Es cierto que lo ocurrido en Miranda con Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena fue distinto a lo que sucedió en Bolívar con los mineros. A ellos los detuvieron militares en medio de una Operación de Liberación del Pueblo (OLP), mientras que a los de Tumeremo los asesinó una banda de delincuentes que, supuestamente, perseguía el control de una mina pequeña. Sin embargo, los modos en los que actuaron los victimarios encuentran puntos de similitud entre sí.
Runrun.es repasa ambos hechos a través de los parecidos hallados entre sus víctimas, la forma en la que fue ejecutado el crimen y la manera en la que actuaron los familiares para intentar acercarse a la verdad:
Las víctimas
Dependían de la tierra
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En los dos casos, los asesinados se dedicaban a actividades relacionadas con el sector primario de la economía en cada una de sus entidades.
Los de Tumeremo eran mineros, es decir, estaban dedicados a la principal actividad de la zona del sur del estado Bolívar: la explotación del oro.
La mayoría de los de Barlovento eran campesinos. Estaban dedicados a trabajar la tierra como sustento.
Estatus: desaparecidos
El Ministerio Público declaró como desaparecidos a las víctimas de las dos masacres. Para ello, luego de que se reportara formalmente la denuncia, personal de esta instancia entrevistó a los familiares y testigos, quienes le dieron detalles de lo último que supieron de los suyos.
En el caso de Tumeremo, los cuerpos de los desaparecidos fueron hallados el 14 de marzo de 2016, 10 días después de haber salido de sus casas.
En Barlovento, las autoridades consiguieron los cadáveres 40 días después de haber sido detenidos.
De la Venezuela profunda
Las dos masacres tuvieron como escenario zonas alejadas de las capitales de los estados en donde ocurrieron. Tumeremo, por ejemplo, está al sur del estado Bolívar, a más de tres horas de las ciudades mayormente pobladas de esa región: Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz.
La zona de Barlovento donde sucedieron los hechos está también lejos de las urbes, en un área rural. De Los Teques, capital de Miranda, está a dos horas y media de carretera. Del noreste de Caracas, a más de 80 kilómetros.
Sobre el crimen
Fueron masacres
La Real Academia Española define el término “masacre” como una “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. Eso fue lo que sucedió en ambos casos.
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Las víctimas de Tumeremo iban camino a la mina de Atenas, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, cuando fueron detenidas en una alcabala de civiles armados que los amarraron y amordazaron. Dieciséis de ellos fueron ejecutados sin que pudieran defenderse.
En Barlovento, 20 hombres de distintos caseríos del este de Miranda fueron sacados de sus casas y detenidos por militares del Ejército venezolano que los llevaron a rumbo desconocido en medio de una OLP. Ninguno iba armado. Doce personas fueron asesinadas. Los sobrevivientes afirmaron que habían sido torturados.
Fosas comunes para los cuerpos
Los ejecutores de las masacres enterraron los cuerpos en fosas comunes. En Tumeremo usaron incluso una retroexcavadora para introducir los 16 cadáveres.
En Barlovento, los restos fueron depositados en dos puntos: en el sector La Maturetera del municipio Brión consiguieron dos cuerpos, mientras que en el sector Aragüita, en la vía hacia el Parque Nacional Guatopo, en Acevedo, encontraron 10 en una misma fosa.
Zonas boscosas como destino
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Las áreas agrestes y deshabitadas fueron las elegidas para enterrar los cuerpos. Se trata de lugares en donde las labores de escarbar en la tierra para hacer fosas se pueden hacer sin testigos, con todo el ruido que se requiera. A estos sitios es difícil llegar a pie.
En el caso de Tumeremo, los cadáveres fueron enterrados en la vía que conduce a la mina de Nuevo Callao, en Bolívar, en una carretera angosta y de tierra. El punto estaba a hora y media del pueblo donde vivía la mayoría de los desaparecidos.
En Barlovento, los cuerpos fueron llevados hasta zonas boscosas ubicadas en los municipio Gual y Acevedo del estado Miranda.
Participan funcionarios de seguridad
La masacre de Tumeremo fue cometida por la banda de «El Topo». Sin embargo, durante las investigaciones, se informó que funcionarios del Cicpc y del Sebin estuvieron presuntamente involucrados en los hechos. De hecho, se comentó que sin la anuencia de estos hubiese sido imposible llevar a las víctimas a Nuevo Callao. Hasta el momento no se ha informado si los funcionarios continúan tras las rejas.
Por el caso de Barlovento fueron detenidos 12 miembros del Ejército venezolano que patrullaban la zona durante una OLP.
Trato con los familiares
Autoridades que no responden
En ambos casos, los familiares acudieron en repetidas oportunidades a las autoridades locales en busca de respuestas, pero no las obtuvieron.
Cuando la noche del 4 de marzo de 2016, los sobrevivientes de la masacre de Tumeremo volvieron al pueblo y contaron lo que había pasado, los familiares de los muertos fueron a denunciar las desapariciones en el las oficinas del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero allí desestimaron lo sucedido y ni siquiera dieron curso a su búsqueda. Luego se sabría que algunos de los funcionarios de esa oficina estaban implicados.
En el caso de Barlovento, fueron los militares ocultaron lo sucedido. En el Destacamento Camacaro 323 de la parroquia El Café, en el municipio Acevedo de Miranda, le dijeron a los familiares que no tenían información sobre las detenciones ni sobre el destino de los suyos. Tres días después, les comunicaron que los capturados habían sido llevados hasta el Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, municipio Pedro Gual de la misma entidad. Al acudir al sitio, les indicaron que ninguno estaba ahí.
Familiares motivaron la búsqueda
Cuando ocurrió la masacre de Tumeremo, los familiares de los caídos trancaron la Troncal 9 que atraviesa el sur de Bolívar hasta llegar a Brasil. El paso de vehículos se cerró por completo. Ahí comenzó el escándalo por la tragedia y pronto se difundió en lo medios de comunicación.
Durante las primeras horas, la matanza de los mineros fue negada por el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien días después tuvo que retractarse y admitirla. La protesta continuada de los parientes, que duró una semana, activó al Ministerio Público y a una comisión especial del Cicpc que viajó desde Caracas para ocuparse del caso. Cuatro días después de lo sucedido, se tuvieron los primeros indicios de un hecho de sangre: en el camino a la mina Atenas, a donde iban los trabajadores, se encontraron prendas de vestir, manchas hemáticas y pertenencias de los desaparecidos.
En Barlovento, el reclamo de los familiares también tuvo un papel primordial. Aunque no iterrumpieron el tránsito por vías públicas, sí se movilizaron para hallar a los suyos en los calabozos a donde supuestamente habían sido trasladados. Al no conseguir respuesta, hicieron la denuncia ante el Ministerio Público y este activó la búsqueda. También acudieron a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una ONG que ayuda a las víctimas de los excesos de los uniformados, que se encargó de mantener vivo el tema y darlo a conocer con mayores detalles.
En las dos ocasiones, las familias vencieron el miedo y defendieron sus derechos.
Números que no coinciden
En los dos casos, los familiares denunciaron que la cifra de desaparecidos era mayor a la difundida por las autoridades.
En Tumeremo nunca se difundió la lista oficial de nombres de los asesinados, sólo se dijo que eran 16. Los familiares no pudieron identificarlos y debieron conformarse sólo con las pruebas de ADN. Testigos afirmaron que los caídos superaban la veintena y el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, respaldó la sentencia. Pero el MP luego de descubrir la fosa insistió en que ya no había nadie a quien buscar.
Hay dos familias de Barlovento que denunciaron que los cuerpos de los suyos no habían sido hallados. Mientras, la diputada Delsa Solórzano afirmó que, en lugar de 12 eran 14 los desaparecidos. El defensor del Pueblo, por su parte, señaló que además de la docena, hay 5 personas que no se pudieron encontrar: Yulmar José Rengifo (31 años), Andris Bandres (37 años), Wilmer Enrique Serrano (22 años), Yefferson Suárez (27 años) y Rey Victores Campos (26 años).
Los presuntos implicados son efectivos del Ejército que formaron parte de un grupo de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje que se desplegó en la zona desde el 7 de octubre pasado
Los familiares empezaron a buscar a los jóvenes, muchos de ellos trabajadores del campo, desde las primeras horas. Pero las autoridades castrenses nunca les informaron con certeza sobre su paradero
Días después de las desapariciones, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, mostró en rueda de prensa el éxito que su OLP había tenido en la región mirandina
@loremelendez
HACE CASI MES Y MEDIO DEJARON DE VERLOS. Aunque sus familiares intentaron averiguar su paradero, las autoridades les negaron reiteradas veces la posibilidad de llegar hasta ellos. Eran jóvenes, campesinos, algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Hoy, los 12 muchachos que desaparecieron de Barlovento son las víctimas más recientes de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó el año pasado.
Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena fueron detenidos por militares el pasado 15 de octubre de 2016 bajo el velo de la ilegalidad: no fueron sorprendidos cometiendo un delito y no tenían sobre ellos una orden de aprehensión. Desde entonces, sus familias atravesaron por un proceso que los llevó a denunciar ante distintas instituciones lo ocurrido. El desenlace sucedió el pasado viernes 25 de noviembre, cuando hallaron los cadáveres en dos fosas comunes en los municipios Acevedo y Brión del estado Miranda.
Esta es la reconstrucción de su historia:
7 de octubre de 2016
Comienza el despliegue de una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en la región Barlovento, conformada por seis municipios del estado Miranda. Ahí trabajan 1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y miembros de distintos cuerpos policiales del país.
15 de octubre de 2016
La OLP llega al sector La Peica de Aragüita, en el municipio Acevedo del estado Miranda. A las 6:40 pm arrestan en su casa a Carlos Gabriel Marchena Silva, de 20 años de edad. Junto a él otros 19 jóvenes de esa comunidad y otras aledañas, de acuerdo con las fuerzas de seguridad, son trasladados al Destacamento Camacaro 323 de la parroquia El Café.
Los capturados son campesinos y, en algunos casos, analfabetas. Los señalan de estar vinculados con bandas de extorsión y robo de vehículos de la zona.
18 de octubre de 2016
Chaguaramal
Los familiares de los muchachos no tienen ninguna noticia de ellos desde que fueron detenidos. En “El Café” les han dicho varias veces que los jóvenes no están allí. La insistencia hizo que, por fin, ese día los funcionarios les informaran que el grupo había sido llevado hasta el Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, municipio Pedro Gual del estado Miranda. Al acudir al sitio, les indicaron que ninguno estaba ahí.
Distancia entre los sitios donde supuestamente se mantuvieron detenidos a los jóvenes
La denuncia
Ante la irregularidad, los familiares denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público, en la sede del sector Valle Verde ubicada en la avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, y la Defensoría del Público, en su sede de Guatire, estado Miranda. En ambos entes les informaron que realizarían diligencias para esclarecer los hechos.
La exitosa OLP de Reverol
Ese mismo día, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, hace gala de los logros de la OLP en la región Barlovento. Informó que en el sector Casupo Arriba del municipio Acevedo, el mismo donde detuvieron a los 20 hombres, fue localizada una vivienda que servía para mantener en cautiverio a personas secuestradas. Recordó que la banda criminal “El Anohis”, que operaba allí, ya fue desmantelada tras varias operaciones . Su cabecilla murió en un supuesto enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana el día 16 de octubre de 2016, mientras que los cinco integrantes restantes cayeron el lunes 17 de octubre de 2016 durante otro procedimiento.
20 de octubre de 2016
De acuerdo con Laura Roldán, directora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz –organización que contactó a los familiares luego de lo ocurrido– constató que el Ministerio Público comenzó sus actuaciones en el caso. Días más tarde establecerieron que ninguno de los muchachos tenía antecedentes penales, ni relaciones con las bandas delictivas de Barlovento. También confirmaron que habían sido detenidos por efectivos militares, sin que mediara en su contra «ni el supuesto de flagrancia ni una orden judicial de aprehensión».
21 de octubre de 2016
Hasta la fecha han sido liberados 8 de los 20 jóvenes detenidos. De acuerdo con los familiares, estaban en graves condiciones, ya que “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Como ya se dijo, algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir.
7 de noviembre de 2016
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La OMTC instó a las autoridades venezolanas a activar medidas que permitieran dar con el paradero de los jóvenes y que garantizaran su seguridad e integridad física. Tales peticiones se hicieron ante el presidente Nicolás Maduro, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
«La organización manifiesta preocupación ya que hasta el momento no se sabe nada de su paradero ni sobre su integridad personal y podrían estar sufriendo malos tratos. La Red de Apoyo se ha pronunciado anteriormente por estos hechos resaltando que algunos funcionarios del ejército han generado violación de derechos humanos por la forma en la que han llevado a cabo los últimos operativos ya que los testimonios de familiares de víctimas aseguran constantemente que las y los funcionarios realizan detenciones arbitrarias, allanamientos, desalojos forzosos, robos de pertenencias, desapariciones y ejecuciones a través del uso desmedido de la fuerza, siendo estos hechos violatorios a los derechos humanos”, indica la nota.
25 de noviembre de 2016
Funcionarios de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar hallan fosas comunes en dos áreas de Barlovento. En el sector La Maturetera del municipio Brión consiguen dos cadáveres, mientras que en el sector Aragüita, en la vía del Parque Nacional Guatopo, en Acevedo, encuentran 10.
Las identidades de los cuerpos hallados coinciden con la de los desaparecidos. Las pruebas forenses señalan que la data de la muerte es de hace mes y medio, aproximadamente. Es decir, las víctimas fueron asesinadas poco después de haber sido detenidas.
26 de noviembre de 2016
Las detenciones
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol Torres, informó en horas de la mañana sobre el hallazgo de los cadáveres y la detención de los presuntos implicados: ocho militares que formaron parte de un grupo de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje que fue activado desde octubre pasado en la región de Barlovento. No descartó que próximamente se hicieran otras detenciones.
Reverol, que no se refirió a la OLP, detalló que tal operación fue desplegada luego de que los habitantes denunciaran desalojos arbitrarios «por parte de elementos generadores de violencia vinculados al paramilitarismo colombiano y a la delincuencia organizada”. Durante las acciones de los efectivos en el sitio se hicieron detenciones preventivas en las poblaciones de Capaya, Yaguapa, El Café, Cambural y Aramina, aclaró.
Anunció que los cuerpos serían llevados hasta la Medicatura Forense de Bello Monte, en Caracas.
Rechazo de la FAN
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En horas de la tarde, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó en un comunicado los sucesos ocurridos en Barlovento y apuntó que fueron 11, y no 8, los funcionarios implicados. Revela, de paso, que se trató de miembros del Ejército que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje.
«Este tipo de hechos contraviene el ordenamiento jurídico nacional y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a los soldados de la patria», dijo en el documento el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien firmó la misiva y anunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó la expulsión de los implicados.
27 de noviembre de 2016
El Ministerio Público informó que en las próximas horas imputaría a 11 funcionarios del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en la masacre de Barlovento. Anunció que les atribuiría varios cargos a los señalados, y que estarían todos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales.
Así, se dieron a conocer los nombres de los supuestos implicados: el teniente coronel José Ángel Rojas; los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón; el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez; el mayor Luis Eduardo Romero; los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel. Todos los militares pertenecen al Batallón 323 Caribe con sede en Maturín, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café.
El Ministerio Público también pidió medidas de protección para los testigos del hecho.
A RAÍZ DEL HALLAZGO DE LOS CUERPOS de 12 jóvenes en fosas comunes de los municipios Brión y Acevedo del estado Miranda, en la región de Barlovento, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que hizo seguimiento al caso y que acompañó a los familiares durante los procedimientos de denuncia ante las autoridades, emitió un pronunciamiento sobre el suceso en el que están presuntamente implicados al menos 8 efectivos militares.
Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena habían sido detenidos el pasado 15 de octubre a raíz de una Operación de Liberación del Pueblo que se había desplegado en la zona. Desde entonces, sus familiares se quedaron sin noticias sobre su paradero.
A continuación, el comunicado enviado por la institución:
PRONUNCIAMIENTO
Detención-desaparición forzada y ejecución sumaria de 12 jóvenes en Barlovento no debe quedar impune
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social que promueve y defiende los derechos humanos: brindando atención integral a personas víctimas de abusos policiales y militares en Venezuela se pronuncia ante los terribles y condenables hechos suscitados en Barlovento donde se encontraron 12 cadáveres que, según las experticias realizadas, corresponden a las personas detenidas y desaparecidas hace un mes en el estado Miranda y en la que se asegura ahora con certeza la participación de varios efectivos militares en dichos crímenes.
En primer lugar la Red de Apoyo expresa su pesar y solidaridad con todas las familias, amigas, amigos y las comunidades, también víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos. Sabemos que nada puede compensar la angustia y el dolor que viven, pero también tienen el derecho de saber qué ocurrió, obtener justicia, que se sancione a todos los responsables, se les brinde ayuda para la rehabilitación de los sobrevivientes y se les otorgue algún tipo de reparación o compensación de los terribles daños causados, así como garantías de que nunca más se repetirán estos hechos.
La organización que tiene más de 30 años denunciando delitos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad ha acompañado a los familiares que denunciaron la desaparición de Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denny Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendri González y Carlos Marchena Silva, el pasado 15 de octubre en el municipio Acevedo, región de Barlovento, estado Miranda.
La madre de uno de los fallecidos, Mary Isabel Silva, denunció que a su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva (20) y a un grupo de más de 20 jóvenes de la comunidad, se lo llevaron detenido en un supuesto Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) realizado en el sector La Peica en el municipio Acevedo (Caucagua), señalando que fueron trasladados al comando militar ubicado en El Café y aunque se dirigieron en varias oportunidades para saber de sus hijos se les informaba reiteradamente que no estaban allí. El 18 de octubre ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, los funcionarios de ese comando les indicaron que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda, pero al pedir información también se les dijo que no se encontraban en el lugar. Tres días después fueron liberados 8 de los jóvenes en graves condiciones según relatan los familiares, “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Todos estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento de la Red de Apoyo.
El sábado 26 de noviembre el Ministerio Público dio a conocer a través de una nota de prensa que imputará penalmente, por varios delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, ante los tribunales ordinarios del Estado Miranda, a 11 ex efectivos militares por su presunta responsabilidad en la muerte de 12 jóvenes; dichos efectivos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el mismo día 26, según comunicado del Ministro de Defensa del mismo día, se trata del ex Teniente coronel José Ángel Rojas, los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar, Romi Antón Antón, el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel adscritos todos, al Batallón del ejército 323 Caribe “Coronel José Camacaro Rojas” con sede en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café, estado Miranda.
La Red de Apoyo se solidariza con las madres y los familiares de las víctimas y exhorta nuevamente a las autoridades políticas e institucionales a escuchar y atender efectivamente las denuncias de abusos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles, ejecuciones o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos que ocurren en estos operativos de seguridad donde se corre el riesgo de que funcionarios de seguridad ejerzan acciones masivas indiscriminadas sobre comunidades. Los funcionarios militares no deben ejercer acciones de seguridad ciudadana para las cuales no están preparados, ni entrenados. No es posible garantizar la seguridad violando los derechos humanos, ni con operativos esporádicos e indiscriminados que en vez de traer seguridad, generan más violencia, angustia y zozobra. La seguridad es también un derecho humano que el Estado debe garantizar sin menoscabar los demás derechos.
La Red de apoyo continuará acompañando a los familiares y estará atenta para que todas las investigaciones y demás acciones judiciales y extrajudiciales se realicen con la mayor transparencia y celeridad para la búsqueda de justicia, especialmente que:
1. Se lleve a juicio a los responsables de tales hechos, para obtener sanciones penales efectivas.
2. Se garantice que los funcionarios responsables sean sancionados administrativamente por el Ministerio de la Defensa.
3. El Estado brinde la atención psicológica y psicosocial a los familiares afectados, tal como se contempla en el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.
4. Se otorgue la indemnización y reparación por los daños psicológicos y morales causados a los familiares de las víctimas, después de tan doloroso y traumático hecho.
5. La máxima autoridad castrense, pida públicamente perdón a las víctimas por las actuaciones represivas y las violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios adscritos al componente del Ejército Venezolano.
6. El Estado coordine con las comunidades de los diversos sectores del eje Barlovento del estado miranda, acciones concretas, efectivas y sostenibles en el tiempo para garantizar la tranquilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos, debido al auge de las acciones delictivas en la zona.
7. Se refuerce, con carácter de urgencia, la formación y entrenamiento en derechos humanos de todos los funcionarios castrenses, policiales y de seguridad ciudadana.
8. Se brinde seguridad y garantía de no repetición de estos abusos y violaciones de derechos humanos.
Como nunca antes la oposición tiene una gran oportunidad de ganar en forma contundente las elecciones parlamentarias de este año.
A falta de 4 meses para los comicios, las encuestas dan un amplio margen en la intención de voto favorable a la oposición, que según Datanalisis, a esta fecha de julio, llega al 17% de ventaja.
Esto ocurre en un contexto inflacionario, de escasez o desabastecimiento, que solo el Gobierno puede enfrentar con medidas aún más impopulares que confronten “el legado del comandante”, como lo constituyen la devaluación, unificación cambiaria y una alianza con los sectores productivos, los mismos que son señalados de artífices de la “guerra económica”.
Pero la victoria no está cantada, el oficialismo se juega mucho en estos comicios y venderá cara su derrota. Esta es una lista de las jugadas previsibles de este sector en los días venideros:
1.- Más inhabilitaciones políticas a dirigentes de oposición.
2.- Más ataques a sectores productivos, cárcel a empresarios y expropiaciones de empresas claves.
3.- Operación de abastecimiento masivo temporal, declarando “el triunfo del pueblo y de la Revolución en la guerra económica”.
4.- Denuncias de nuevas conspiraciones, engrosando la lista de presos políticos.
5.- Presentación de grabaciones montadas, mostrando supuestos “planes contra el pueblo” por parte de la oposición y que “se instrumentarían de ser mayoría en la AN”. La denuncia la harían dirigentes que en algún momento fueron de oposición.
6.- Declaraciones y medidas de parte del CNE y la Fuerza Armada que contribuyan a empeorar su imagen y que estimule la abstención en sectores opositores.
7.- Cierre de medios de comunicación o medidas contra sus dueños, para terminar de clausurar la limitada oferta informativa.
8.- Congelamiento de los recursos a gobernaciones opositoras.
9.- Revelaciones de los “secretos” de los candidatos opositores a la AN.
10.- Impulsar la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) atacando a bandas criminales (no politizadas) y asociándolas con el paramilitarismo, con Álvaro Uribe y con dirigentes opositores.
11.- Ataques a la oposición por parte de las bandas criminales politizadas (colectivos) a miembros de la oposición durante actividades de campaña en zonas populares.
12.- Impedimento legal de participación de los sectores disidentes del chavismo.
13.- Exacerbación del nacionalismo a través de roces con Guyana, Colombia o EEUU.
14.- Cárcel para todo líder opositor que tenga un proceso judicial abierto.
15.- Nueva versión del “Dakazo”, pero ahora de carnicerías, supermercados y abastos, vendiendo a “precios justos” la existencia de estos locales.
16.- Venta masiva de productos de línea blanca china.
17.- Saltos de talanqueras de dirigentes opositores producto de sobornos.
18.- Arremetida contra las universidades, cuyas autoridades podrían ser procesadas por desacato de la orden del TSJ sobre los nuevos ingresos. Uso partidista del tema de los nuevos ingresos. “La burguesía no quiere a los hijos del pueblo en sus universidades”, podría ser parte del discurso empleado.
19.- Expropiación de una o varias cadenas de supermercados.
20.- Cualquier otra acción tendiente a causar miedo y desesperanza en la oposición e inflar los ánimos de los seguidores tradicionales del oficialismo.
Una de las ventajas que el Gobierno siempre ha tenido sobre la oposición es el factor sorpresa. Con lentitud la oposición ha ido aprendiendo a adelantarse a las jugadas, como lo demostró la existencia de un plan “B” para la medida de equidad de género en las postulaciones de las candidaturas a diputados.
La oposición debe ahora preparar estrategias contra la lista de medidas que presentamos, algunas de las cuales ya se están implementando.
