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Activados ante la crisis, por Roberto Patiño

@RobertoPatino 

Los venezolanos nos enfrentamos ante la emergencia en el marco de un Estado secuestrado por un modelo autoritario. En esta situación, el Estado no promueve la convivencia, sino que profundiza la fragmentación. No trabaja por el bienestar de la sociedad en su conjunto sino solo para la reducida élite en el poder, en detrimento directo de los demás grupos sociales.

Con el advenimiento de la pandemia de la COVID-19, esta situación se agudiza. Se refuerzan el desconocimiento, la persecución y el aprovechamiento desde el Estado para instrumentalizar la emergencia y reforzar sistemas de control y subyugación. Durante la pandemia, han aumentado las detenciones ilegales de periodistas y trabajadores de la salud, se han recrudecido las violaciones de derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad. De igual forma se ha extendido el colapso de servicios básicos.

Otro de los efectos nefastos de esta política de imposición violenta, conflictividad y empobrecimiento, ha sido la criminalización oficial de migrantes retornados y personas contagiadas.

Campañas gubernamentales de censura, persecución y delación estigmatizan a amplios sectores de la población, promoviendo el desconocimiento de las carencias del sistema de salud y el fallo de las políticas estatales para enfrentar la pandemia.

Los venezolanos vivimos entonces la situación de cuarentena y contagio en una condición de orfandad institucional sanitaria. No solo carentes de la ayuda y asistencia que el Estado debe naturalmente promover y generar, sino además hostigados y amenazados por las instituciones públicas. Estas, lejos de cumplir sus deberes y obligaciones, se convierten en agentes de amenaza y desconfianza para las personas.

Una respuesta a esta falta de institucionalidad ha sido la activación y reforzamiento de redes de apoyo y solidaridad.

Así como la articulación de diversos grupos e iniciativas que abordan las grandes emergencias que, en materia de derechos humanos, alimentación, salud y violencia, entre otras, estamos padeciendo. Es decir, la aplicación de valores convivenciales de encuentro, organización, reconocimiento y solidaridad, en acciones coordinadas de comunidades, gremios y ONG.

En el caso del Movimiento Caracas Mi Convive, estas acciones se expresan en nuestras iniciativas de Alimenta la Solidaridad, Monitor de Víctimas y Red Solidaria, entre otras, que vinculan a comunidades, madres, líderes locales, aliados y voluntariado en soluciones organizadas desde y para las personas.

Estas acciones tienen como principales protagonistas a las comunidades y grupos directamente afectados por los problemas. Y están acopladas con otros actores sociales en esfuerzos sostenibles, en modelos inclusivos, productivos y democráticos, que pueden ser reproducidos en otros ámbitos.

Es precisamente esta aplicación práctica de los valores convivenciales, la que nos ha ayudado a mantenernos activos en una situación de crisis sistémica, agravada por la pandemia.

Denunciar las acciones dictatoriales del régimen, apoyar desde nuestros espacios las iniciativas que enfrentan la emergencia, y vincularnos activamente en estas iniciativas, a través del encuentro organizado entre las personas, son las vías que cada vez más venezolanos estamos transitando para lograr las transformaciones que el país demanda en lo social, político y económico.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Los que no se rinden | Defiende Venezuela: Represion empeora cuando se exige una vida digna
La presidenta de la ONG, Génesis Dávila, dijo que el Estado venezolano sigue violando los derechos fundamentales del ciudadano 

@franzambranor

En 2015, la recién graduada de abogado en la Universidad de los Andes, Génesis Dávila, decidió llevar a cabo una pasantía en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se percató que pese a venir de un año de protestas y atropellos, como lo fue 2014, el gobierno venezolano tenía apenas 26 denuncias individuales, detrás de otros países como México (849) y Colombia (419).

Fue así como la venezolana optó por asistir a un programa de liderazgo en la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos con el fin de desarrollar un proyecto de impacto para los derechos humanos en América Latina. 

De esa manera nació la idea de Defiende Venezuela, una ONG que se encarga de denunciar ante organismos internacionales casos particulares de violaciones a derechos fundamentales.

El nacimiento de Defiende Venezuela coincidió con la segunda ola de protestas en 2017 y pese a que en 2019 no hubo manifestaciones masivas, la ONG siguió atendiendo casos. 

“2019 fue un año que demostró que la represión del Estado no acaba, sino que empeora cuando las personas exigen una vida digna”, dijo la presidenta de Defiende Venezuela, Génesis Dávila. 

De acuerdo a Dávila, las violaciones a los derechos humanos no ocurren solo en protestas, es un tema recurrente contra los disidentes por parte de los organismos de seguridad del Estado. 

“La falta de servicios básicos y alimentos contribuyen a que la población no vea satisfechos sus derechos fundamentales como se ha puesto de manifiesto en medio de la pandemia de COVID-19. Es por esta razón que hoy más que nunca Defiende Venezuela se encuentra comprometido con las víctimas”, sentenció Dávila.

67 personas fueron asesinadas en protestas durante 2019

¿A cuántas víctimas representa la ONG?

Génesis Dávila: A la fecha representamos a más de 200 personas. Defiende Venezuela está dedicada a representar a las víctimas de violaciones de derechos humanos ante los organismos internacionales de protección, especialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. 

¿Qué servicios en específico ofrecen?

GD: Asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violaciones de derechos humanos para presentar sus casos como denuncias formales ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos. También tenemos talleres de formación sobre el funcionamiento de los organismos internacionales de derechos humanos. Hemos formado a más de 500 defensores a nivel nacional e internacional.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

GD: El equipo principal con sede en Caracas consiste en un equipo de quince defensores de derechos humanos.


¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

GD: Defiende Venezuela cuenta con una alianza con organizaciones locales en internacionales de derechos humanos, con universidades nacionales e internacionales, con organismos internacionales de protección de derechos humanos y con cortes internacionales de justicia. 

Derecho a privacidad se ve afectado durante pandemia de acuerdo a Defiende Venezuela

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

GD: Las víctimas a las que representamos van desde pacientes con enfermedades crónicas que no pueden acceder al tratamiento médico que debe ser proporcionado por el Estado, pasando por estudiantes detenidos arbitrariamente y torturados en el contexto de las manifestaciones de 2014 y 2017, hasta perseguidos políticos. La mayor vulnerabilidad de estas víctimas es la precaria situación de sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la participación política, la libertad personal, el juicio justo y las garantías judiciales.

¿Cómo pueden ayudar personas que estén interesadas en hacerlo?

GD: Si conocen a alguna víctima por violaciones de sus derechos humanos, siempre pueden remitirlo a nuestras redes y contactos y nosotros le ofreceremos acompañamiento, asesoría y representación ante las instancias internacionales en las que se denuncie su caso.

¿Un caso emblemático que hayan tenido?

GD: El de Ángel Vivas, un general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en 2008 ejerció una acción judicial en contra de la parcialización política a la que esa institución estaba siendo sometida. Fue perseguido y terminó condenado por un tribunal militar a la pena de cuatro meses y quince días de arresto. Durante las protestas en contra del gobierno en febrero de 2014, Vivas publicó dos mensajes de twitter en los cuales recomendaba a la ciudadanía atravesar cuerdas de nylon en las calles para neutralizar a las hordas identificadas con el gobierno. A pesar de que en Venezuela el presidente de la República no tiene competencia legal para dictar órdenes de aprehensión, Nicolás Maduro ordenó públicamente su detención. La negativa de Vivas de ser detenido arbitrariamente hizo que su captura se postergara a abril de 2017. Vivas fue golpeado y estuvo desaparecido por 33 días. La situación instó a Defiende Venezuela a presentar una petición ante la CIDH con el fin de proteger los derechos a la salud, la libertad personal y la integridad física del general Vivas y su familia. En abril de 2019, la medida entró en estado de admisibilidad y por ende Vivas tiene cautelares de protección. 

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

GD: La falta de independencia del poder judicial y la impunidad por la comisión de violaciones de derechos humanos en el país.

Defiende Venezuela abordará tema de trata de personas en Comisión Interamericana de Derechos Humanos

DDHH olvidados | El homicidio de Paola Ramírez y la dudosa versión oficial
Darcy Gómez, no cree en la versión que exculpa a los grupos paramilitares que le quitaron la vida a su hija Paola Ramírez  durante las protestas opositoras de 2017 ocurridas en San Cristóbal

El 19 de abril de 2017, Paola Ramírez Gómez, de 23 años, murió luego de asistir a una concentración opositora en la Plaza San Carlos de San Cristobal.  Pese a que la versión oficial presentó  Iván Alexis Pernía como el presunto asesino, sus familiares lo desestiman. Aseguran que hasta el sol de hoy no se ha hecho justicia y su homicidio forma parte de la larga estadística de crímenes en el contexto de manifestaciones políticas.

“No tenemos credibilidad en el sistema de justicia ni en las autoridades que dicen cualquier cosa. Que se haga justicia pero con los verdaderos culpables. Antes de morir ella nos dijo por teléfono: `están disparando los colectivos´. Me cuesta creer  que desde un edifico le hayan disparado”, sostiene su madre Darcy Gómez, en un esfuerzo por reconstruir los hechos fatales que la apartaron de su hija.

Horas después de la marcha, Ramírez y su novio llegaron en moto a la plaza San Carlos, donde el novio la dejó para ir a esconder el vehículo por miedo a los colectivos que se encontraban en la zona, declaró una testigo que observaba la situación y luego pudo conocer lo sucedido, contado por el muchacho en la escena.

Según el relato, un grupo paramilitar se apostó en la esquina de la calle 13 de San Cristóbal. Al observarlos, Paola se ocultó en las escaleras del lugar. Pero sus esfuerzos fueron en vano, pues tres de los colectivos la vieron y se dirigieron hacia ella. La encontraron, la tomaron por el cabello y la halaron, le quitaron su gorra y la cartera negra que llevaba. Un testigo observó el robo y vio como uno de los hombres la empujaba, indicándole que corriera. Paola Ramírez corrió por su vida, atravesó el tramo de la plaza hasta llegar a la calle.

Los paramilitares tomaron sus motos y transitaron hasta la esquina de la escuela Carlos Rangel Lamus. En el momento en que la joven estaba en la calle 12, los colectivos pasaron en paralelo a ella desde la carrera 11. Luego se escuchan aproximadamente 24 detonaciones hechas por los colectivos, según coincidieron los testigos. Es cuando Ramírez cae al piso, muerta.

Nacida el 26 de julio de 1993. Era la segunda de ocho hijos del matrimonio de Joaquín Ramírez y Darcy Gómez, era soltera y no tenía hijos. Vivía con su familia en una zona rural de Capacho Nuevo, municipio fronterizo del Táchira.

Paola había concluido los estudios en el área de administración. Ese día se congregó junto a su novio en las inmediaciones de la plaza San Carlos de la capital tachirense en una manifestación que conmemoraba los 207 años de la Declaración de Independencia. También reclamaban a la Defensoría del Pueblo su ineptitud en la “defensa y vigilancia de los derechos humanos.

Contra el olvido y la impunidad

Según la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, las manifestaciones pacíficas se convirtieron en una forma de denuncia ampliamente extendida por el territorio nacional que lamentablemente, lejos de encontrarse con un Estado dispuesto a escuchar y atender estas denuncias, halló violencia y represión a cada paso. Homicidios, detenciones arbitrarias, golpes y torturas quedaron documentadas en el marco de estos eventos.

Desde 2017 realizan monitoreo y atención a los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones políticas. A través de un proceso de documentación, análisis y sistematización de las circunstancias que los rodean, se empeñan en la visibilización de estas violaciones a los derechos humanos para evidenciar los patrones de actuaciones de los cuerpos de seguridad.

Una imputación que no es creíble

El imputado por los organismos de investigación vivía a una cuadra de la plaza San Carlos, en una casa que da hacia la calle. Desde allí aseguran que disparó hacia los colectivos para defender a la joven y por error uno de los proyectiles habría herido a la joven.

El Comisario Luis Godoy, ex Jefe de la División de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), afirmó a Runrunes en esa oportunidad, que la posibilidad de que el acusado haya podido disparar y encontrar su blanco en la joven que corría, a una distancia de más de 100 metros, con árboles y demás obstáculos en medio, es de una en 100 millones.

El asesinato de esta joven tachirense fue documentado por un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos. Podía constituir un crimen de lesa humanidad, al igual que otros tantos asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas pacíficas.

El caso  es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

DDHH olvidados | Nadie se salva de un disparo de las Faes
Keyber Landaeta recibió el impacto de un proyectil en el tórax que le causó una disminución intensa del volumen de sangre circulante en el cuerpo. Cuando llegó al hospital ya estaba sin vida
Esta repetida versión forense sobre las causas de muerte en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales sugiere que los cuerpos de seguridad del Estado disparan a matar

Siete personas fueron asesinadas en un operativo conjunto de las Faes y la Policía Municipal de Sucre en los barrios José Félix Ribas y Julián Blanco, en Petare.

A través de un parte policial, se informó que el hecho ocurrió luego de que presuntos miembros de la banda de Wilexys se enfrentaran a funcionarios de Polisucre. A raíz de eso, efectivos de las Faes se sumaron al operativo y en una primera incursión mataron a cuatro supuestos delincuentes.

No fue hasta dos días después que familiares de Luis Gerardo Cabello, de 21 años de edad; Keyber David Landaeta, de 18 años; y Gerard Wladimir Torrealba Pinto, de 26 años de edad, pudieron dar su versión de los hechos.

Ya se han hecho frecuentes los operativos de las FAES en zonas populares, donde ocurren supuestos enfrentamientos con bandas armadas que terminan en ejecuciones extrajudiciales. Pero Néstor Landaeta, padre de Keyber, asegura que su hijo no era ningún delincuente. “Era mi único varón, siempre lo crie para que fuera un muchacho de bien; aun así me lo mataron”, dijo.

Ni aun siendo cierto el presunto enfrentamiento se exime de responsabilidad a los cuerpos de seguridad del Estado cuando se dejan de lado principios que rigen la actuación de policías y militares, entre ellos el uso progresivo y proporcional de la fuerza pública.

El miedo silencia

Lo curioso es que Landaeta es de los pocos casos que se atreve a dar su versión.  Según el informe de Proiuris denominado, Las Faes matan con patrocinio del Estado, el temor de los familiares a represalias por denunciar excesos en el uso de la fuerza pública contribuye a la falta de una versión alternativa a la oficial. “De las 139 notas registradas, solo en 12 se refiere la denuncia de algún familiar o testigo, lo que corresponde apenas a 8% de total monitoreado”, señala el informe.

Proiuris ha desarrollado una línea de investigación sobre las amenazas a los derechos a la integridad personal y a la vida en Venezuela. Como en otros casos recogidos por la ONG, la causa de la muerte del joven Landaeta fue shock hipovolémico por el impacto de un proyectil en el tórax. Se trata de una conclusión forense genérica, que no ofrece mayores detalles de interés criminalístico; una disminución intensa del volumen de sangre circulante en el cuerpo; es decir, una hemorragia aguda.

Esta repetida versión forense sobre las causas de muerte en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales sugiere que los cuerpos de seguridad del Estado disparan a matar, lo cual pone en entredicho el uso diferenciado, proporcional y progresivo de la fuerza letal.

Néstor Landaeta aseguró que su hijo no poseía antecedentes penales, ni tenía armas de fuego. “Dijeron que tenía una pistola. Él estaba en casa de un amigo cuando de repente entraron y lo mataron. Lo dejaron en el hospital de El Llanito completamente desnudo”, detalló.

Si tienes antecedentes te matan

Otra de las personas que perdió la vida durante ese operativo fue Gerard Torrealba. Según el testimonio de sus familiares, el joven iba camino a su casa a las 4:00 pm, cuando se desarrollaba el operativo de las FAES en la Zona 5 de José Félix Ribas, en el sector La Cañada. Los oficiales lo detuvieron y lo obligaron a ingresar a su casa, donde le dispararon en el pecho.

“Él nunca se enfrentó contra los funcionarios de las Faes, estaba llegado de su trabajo. Lo mataron y luego se lo llevaron al hospital Domingo Luciani sin vida”.

Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado están obligados por la ley a prestar primeros auxilios a los heridos y a procurar una atención lo más integral posible y sin demora. Sin embargo, en casi todos los casos las víctimas son ingresadas a los hospitales sin signos vitales.

Torrealba era técnico en computadora. Dejó tres hijos de 5 años, 3 años y 6 meses de edad. Cuando tenía 19 años de edad, fue detenido por el delito de robo, estuvo en prisión un año y luego se le dictó medida sustitutiva de privación de libertad. Durante dos años se presentó periódicamente ante el tribunal de la causa. “Gerard terminó su presentación. Cambió su vida y se dedicó a trabajar. De igual forma lo mataron por eso. En el barrio lo sabemos, si tienes antecedentes te matan”, sostuvo uno de los deudos.

N del R.: El caso relatado en esta nota es extraído del informe titulado Las Faes matan con patrocinio del Estado: Ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, elaborado por la ONG Proiuris. Y disponible en este enlace

 

DDHH olvidados

DDHH olvidados | El enero en que todo cambió

 

DDHH olvidados |  El enero en que todo cambió
Gregory Hinds fue víctima de una detención arbitraria. Pese a tener orden de excarcelación, no fue acatada. El Sebin se negó a recibir la correspondencia del tribunal y debió permanecer privado del libertad

Un día de enero de 2018, Gregory Hinds recibe un mensaje. Una de las fundadoras De la Fundación Embajadores Comunitarios ha sido nombrada en un programa de televisión estatal Con el mazo dando.

Su vinculación con Embajadores Comunitarios hace que esto sea una fuente de preocupación. Esta organización se dedica al empoderamiento juvenil usando para ello el Modelo de Naciones Unidas (MUN) con el objeto de mejorar las habilidades de oratoria, negociación, liderazgo y confianza de sus beneficiarios: chamos con edades que oscilan entre los 11 y los 18 años en comunidades populares de Caracas —como La Vega, Antímano, San Agustín del Sur, Filas de Mariche y Petare. Gregory ha sido su director general los últimos cinco años.

El 31 de enero, Gregory está dando clases de inglés en el Colegio Integral El Ávila ubicado en la Universidad Metropolitana de Caracas y es llamado insistentemente. Tan pronto como puede devuelve la llamada. Se trata de una persona del condominio del edificio donde Embajadores Comunitarios tiene su sede quien le comunica con unos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) quienes le dicen que quieren hablar con él personalmente. Al colgar la llamada, se comunica con sus compañeros para pedirles que se pongan a resguardo. Ese día se produjo su detención.

Lo interrogan varias veces, distintas personas, todas con las mismas preguntas relacionadas con lo que hace la organización. La presión aumenta, intenta consultar y un comisario le responde: “Aquí el que hace las preguntas soy yo”. Trata de mantener la calma. Finalmente le pasan su declaración por escrito para que la firme. Hay cosas que no dijo, se omitieron otras, pero como no las considera importantes decide firmar.

Pasan las horas y aunque la luz es artificial Gregory infiere, por la ausencia de los sonidos propios del trajinar caraqueño, que ya es de madrugada. Pregunta si se puede ir a casa, un funcionario se ríe, otro le dice en tono burlesco que es peligroso andar a esa hora por ahí, hasta que le terminan diciendo que está privado de libertad.

Sin muchas explicaciones, un día Gregory es trasladado a tribunales para su presentación. Aunque él no lo sabe con precisión, han pasado cuatro días. El Ministerio Público le precalifica el delito de instigación a delinquir y agavillamiento. Se encuentra con la Directora de Programas de Embajadores Comunitarios quien también está detenida. El Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas decide que continúen su proceso judicial privados de libertad.

Durante el tiempo que permanece en este lugar empieza a comer la comida que le ofrecen. Toma agua del tanque de la poceta. Duerme sentado pues no puede estirarse, no hay espacio. No se ha cambiado de ropa. No puede hacer sus necesidades fisiológicas y su salud se empieza a resentir. Le pide a un comisario que lo traslade de lugar y ante la posibilidad que su estado se deteriore lo consigue.

Dos meses luego de su detención tanto a Gregory como a su compañera de Embajadores Comunitarios, gracias a la incesante presión de organizaciones y las diligencias de sus abogados, el tribunal les otorga una medida cautelar sustitutiva de privación de libertad ordenando su liberación inmediata. Al ser defensores de derechos humanos, sin filiación política alguna, sus casos han generado la indignación de organizaciones de esta naturaleza en el mundo entero. Amnistía Internacional los declara presos de conciencia, Cofavic asume su defensa internacional.

No obstante, aun cuando tienen boleta de excarcelación, la libertad no llega. El Sebin se niega a recibir la correspondencia del tribunal alegando que no tienen sistema. Así, Gregory y su compañera pasan a formar parte de la lista de reclusos de El Helicoide que se mantienen en estas instalaciones en un acto que demuestra un profundo desprecio al sistema judicial.

Con 60 kg de peso, 20 menos de los que tenía cuando ingresó, Gregory recibe, el 1 de junio de 2018, una especie de indulto de parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Trata de negarse a firmar una declaración en la que agradecía el perdón. Le amenazan: “Si no te gusta puedes regresar a El Helicoide”. No le queda de otra que formar parte del show mediático en la Casa Amarilla, edificio sede de la Cancillería venezolana.

Ya en libertad condicionada a presentaciones frente al tribunal, retomar su vida es un proceso lento y tortuoso. Acostumbrarse a la luz es difícil: “Ver el sol me quemaba los ojos”. El miedo, la ansiedad lo atormentan con fuerza los primeros cuatro meses: ver una patrulla, un policía es un hecho que lo lleva al límite. Su entorno lo trata como algo frágil que puede partirse en cualquier momento y esto le dificulta su necesidad imperiosa de cerrar este capítulo.

Aunque hay cambios importantes en él, Gregory trata de mantener su base lo más intacta posible. Unos cuatro meses después va recuperando su normalidad y puede identificar ganancias. “Esta experiencia me hizo crecer de muchas maneras, la resiliencia la desarrollé infinitamente, no me quedó de otra. Siento que después de haber pasado por todo esto no visualizo que pueda haber algo peor, entonces no hay motivo para que pueda ver las cosas de manera negativa”, dice Gregory.

Parte de su recuperación ha sido tratar de levantar la organización. No es ni la sombra de lo que fue: de 100 voluntarios han pasado a tener 10, han cerrado muchos proyectos pero aún queda ese aliento por seguir adelante y reconstruir lo perdido.

N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace

 

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DDHH olvidados | “Me sacaron en paño y descalza de mi casa para matar a mi hijo”

 

Denuncian que Maduro utiliza a ejecutivos de DIRECTV Venezuela como fichas para negociar

La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció que con la detención de tres ex directivos de la cableoperadora DIRECTV Venezuela, filial de la corporación estadounidense de telecomunicaciones AT&T,  Nicolás Maduro trata de impedir los esfuerzos para el restablecimiento de la señal satelital de información y entretenimiento para el pueblo venezolano, utilizando a los prisioneros como fichas para negociar.

Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, explicó que el 5 de junio Héctor Rivero, gerente general; Rodolfo Carrano, vicepresidente comercial, y Carlos Villamizar, vicepresidente de Estrategias y Negocios de DIRECTV Venezuela fueron detenidos por el SEBIN, como retaliación por el cese de transmisiones de la señal en el país suramericano el 19 de mayo, por decisión de AT&T.

“A estos directivos les fueron imputados los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir y se les ordenó privativa de libertad. Deben ser liberados”, detalló Diamanti. 

El activista por la libertad de expresión rechazó que la administración de Nicolás Maduro pretenda utilizar a tres directivos venezolanos que nada tuvieron que ver con la decisión de AT&T como ficha para obligar a la empresa estadounidense a retomar sus operaciones en Venezuela bajo sus condiciones.

 

 

DIRECTV (AT&T) dejó de operar en Venezuela, sin informar previamente de la decisión a ninguno de sus empleados locales, alegando no poder cumplir simultáneamente las exigencias legales de Estados Unidos y de Venezuela. Medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impiden a cualquier empresa americana, en este caso a AT&T, tener relaciones comerciales con empresas propiedad del prófugo de la justicia norteamericana, Raúl Gorrín, así como con la estatal PDVSA controlada por Maduro. 

Diamanti precisó que la decisión de AT&T de cesar el servicio afecta a cerca de 10 millones de venezolanos que quedaron sin opciones de información, educación y entretenimiento en plena pandemia. De acuerdo a las estadísticas, 38% de ese porcentaje, son personas de sectores pobres de Venezuela que, además, son los más afectados por las fallas de servicios públicos como agua, electricidad y gas doméstico. A esto se suma que los venezolanos son oprimidos mediante el control político de los programas gubernamentales de alimentación y salud en una Venezuela con una hiperinflación de 3.684% interanual y 409,2% en lo que va de 2020, de acuerdo con datos de la legítima Asamblea Nacional.

Ante las graves consecuencias de esta situación para los venezolanos, Un Mundo sin Mordaza impulsa la campaña “DIRECTV libre para Venezuela”, la cual cuenta con las firmas de más de 125.000 personas que piden a AT&T que, al menos en el contexto del COVID-19, restablezca desde el exterior la señal de DIRECTV en Venezuela, opción técnicamente factible, pues ayudaría evitar más contagios y a salvar vidas.

*Con información de Un Mundo Sin Mordaza

Jorge Rodríguez revela nuevos detalles sobre la
Jorge Rodríguez vinculó a varias ONG con la Operación Gedeón, pero no ofreció detalles al respecto

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Información, reveló este jueves nuevos detalles sobre la llamada “Operación Gedeón”.

Durante una rueda de prensa, Jorge Rodríguez vinculó a varias ONG con la Operación Gedeón, pero no ofreció detalles al respecto.

“Es pasmoso ver como fue una tenebrosa operación que incluye a la extrema derecha venezolanas, supuestas ONG, además de la participación directa de Juan Guaidó, en una operación de gigante estafa”, dijo.

Por otra parte, mostró un nuevo testimonio del estadounidense Luke Denman, quien habló sobre el presidente interino Juan Guaidó, Jordan Goudreau y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Luke Denman confesó que Guaidó eligió a Jordan Goudreau por sus presuntas relaciones con Donald Trump”, señaló Rodríguez.

 

En cuanto al propio testimonio de Denman, este expresó en un video: “Guaidó fue quien escogió al Silvercorp”.

Asimismo, Denman señaló que supuestamente Guaidó creía que Goudreau “tenía lazos cercanos con Donald Trump”.

Según Rodríguez, fue a través de la relación de Guaidó con voceros y líderes del narcotráfico en Colombia que se hizo todo el proceso de instalación de los campamentos de entrenamiento.

Además, Rodríguez afirmó que gracias a Guaidó se logró el desplazamiento y la dotación de armamentos a los quienes participaron en la incursión militar.

“En Rioacha fueron entrenados varios mercenarios y desde la Guajira partieron hacia Venezuela para ingresar al país. La banda criminal colombiana Los Pachenca está involucrada en el proceso de incursión contra Venezuela”, declaró Rodríguez.

Con información de El Pitazo

Foro Penal contabiliza 402 presos políticos en Venezuela

402 presos políticos contabilizó el Foro Penal Venezolano en su acostumbrado balance semanal. A través de su cuenta en Twitter, la organización reveló que hasta el día de hoy 376 hombres y 26 mujeres están detenidos por razones políticas. 

De los 402 detenidos, 275 son militares y 127 son civiles. La ONG también informó que actualmente cuatro adolescentes están bajo arresto por esta causa. 

La lista de la ONG es actualizada semanalmente y es enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación.