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El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua en Nueva York

EL NARCOTRAFICANTE MÁS BUSCADO DE MÉXICO, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, junto a treinta años adicionales. El juicio se llevó a cabo en Nueva York, el cual pone fin a este proceso judicial extensivo que comenzó con su arresto en México en el año 2016 y su posterior extradición a los Estados Unidos.

El criminal, de sesenta y dos años, ya había sido declarado culpable en el mes de febrero por un jurado. Allí enfrentó diez cargos, incluidos la participación en una red criminal continuada y el tráfico de drogas.

Por otro lado, el juez Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn, aceptó así lo requerido por la Fiscalía de Estados Unidos y condenó de una a ocho cadenas perpetuas al narcotraficante, como dicta la ley, por mantener de forma continuada y sistematizada una organización criminal, además de treinta años por el uso de armas para cometer sus cotidianos asesinatos,  y doscientos cuarenta meses por blanqueo de dinero.

El asesino, que ha permanecido en una cárcel federal en Manhattan, considerada una de las más seguras de los Estados Unidos, afrontó un proceso judicial de tres meses en el que se escuchó a cincuenta y seis testigos, entre ellos antiguos socios y empleados. Así, tras seis días de deliberaciones, el jurado le halló culpable el pasado 12 de febrero del presente año.

Ahora, tras llegar extraditado hace unos treinta meses, pasará el resto de su vida en una cárcel de los Estados Unidos a causa de los innumerables crímenes que ha cometido y el peligro que ha sido su libertad para la sociedad.

*Con información de EFE
Detienen en Venezuela a uno de los narcotraficantes más buscados de España

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El empresario español Rafael Rubén Núñez Cencerrado, uno de los prófugos más buscados y quien lideraba una de las bandas de narcotraficantes más importantes de su país, fue detenido en las proximidades en el estado de Carabobo.

Fuentes de la Policía española informaron que el arresto se produjo el pasado jueves en las proximidades de Valencia.

Caso

Núñez Cencerrado, de 41 años de edad, había sido arrestado en septiembre de 2011 en España por hechos delictivos que se remontaban a 2008. Aquel año fue condenado a 18 años de cárcel, pero se fugó tras no comparecer ante la Justicia cuando le quedaban por cumplir 16 años.

La policía española difundió en noviembre pasado su fotografía y datos, junto con los otros 9 fugitivos buscados, y así fue localizado en Venezuela.

Según las mismas fuentes, desde el inicio la policía consideró a Núñez Cencerrado como el líder de la organización criminal, a la que la se descubrió en 2011 un laboratorio donde adulteraban la droga y la incautación de cerca de 1.500 kilos de cocaína.

De esa cantidad, 836 kilos estaban ocultos en un contenedor procedente de Ecuador, 587 en otro que provenía de una empresa petroquímica de Venezuela y el resto se encontraron tras varios registros.

Perfil

Núñez Encerrado es un empresario vinculado a sociedades mercantiles de la región mediterránea de Valencia y, en opinión de la Policía, controlaba desde España una de las mayores organizaciones de introducción de cocaína a través de contenedores.

Asimismo, el empresario se «relacionaba directamente con capos colombianos de los principales carteles de la droga de ese país».

Detenidos

 

La policía colombiana informó el lunes la captura de un ciudadano venezolano acusado en su país de formar parte de una organización criminal a la que recientemente le fueron incautadas 3,7 toneladas de cocaína.

Se trata de Nicolás Agudelo Bejarano, quien fue arrestado en Bogotá, explicó la policía judicial en un comunicado de prensa.

Contra el mencionado venezolano pesaba una circular roja de la Interpol por los delitos de tráfico de droga y asociación de grupo delictivo.

A Agudelo se lo acusa en su país «por la incautación de 3,7 toneladas de cocaína en el estado de Táchira la cual tenía como destino el cartel de los zetas en México y provenía del interior de Colombia», indicó el reporte oficial.

Agregó que «la organización internacional de tráfico de cocaína (de la cual Agudelo era su cabecilla) se valió de una técnica muy avanzada para la movilización de estupefacientes impregnándolo o mezclándolo en cargamentos de caucho molido que se movilizan por el continente americano, esto con el fin de evitar ser detectados por las autoridades y controles de los diferentes países». Añadió que los cargamentos provenientes de Colombia utilizaban a Venezuela como corredor hacia Guatemala y México.

La policía judicial también informó que en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, fue aprehendido Luis Alberto Ramírez Camacho, conocido como «Amas», contra quien también pesaba una notificación roja de Interpol. «Amas» está vinculado con la investigación del asesinato en marzo de un dirigente en presunta venganza por su lucha contra grupos de contrabando que delinquen en la frontera entre Colombia y Venezuela.

 

Subdirector de la Fiscalía está involucrado en confuso allanamiento a vivienda de narcotraficante

PNB

El pasado 13 de agosto, 10 funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron un allanamiento a las propiedades del presunto narcotraficante, Carlos Reinaldo Lucambio Moreno, alías “Lucas el Flaco”, quien está detenido por tráfico de drogas. Durante la acción ordenada por el Tribunal 3° de Control del Estado Vargos, se registró un confuso incidente: José Gregorio Hernández Enea, subdirector del Ministerio Público, se encontraba en una vivienda adyacente a las propiedades allanadas en Carayaca y habría intervenido en el procedimiento policial.

 

Hernández Enea denunció que había sido abordado y agredido por los funcionarios de la PNB que realizaban el allanamiento. Y el pasado miércoles 17 de agosto el Ministerio Público envió una nota de prensa oficializando la supuesta actuación irregular de los policías: “El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Vargas a 10 funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes agredieron a un subdirector de la institución tras ingresar arbitrariamente a su vivienda que no era la autorizada para realizar un allanamiento”.

 

En el boletín de prensa se explicaba que los 10 funcionarios habrían ingresado por error a la vivienda del subdirector del Ministerios Público, que está contigua a una de las propiedades del narcotraficante. “Extrañado ante la presencia policial, la víctima solicitó la orden de allanamiento, pero los policías se negaron a exhibirla y ante la insistencia del mismo, por ser un derecho constitucional, lo agredieron, esposaron y trasladaron contra su voluntad al inmueble que debía ser allanado y que colinda con su residencia”, dice la nota de prensa de la Fiscalía.

 

También se nombra a los funcionarios que participaron en el hecho: Hernán Martínez, Elio García, Miguel Palma, Ronald Iriarte, Guido Rojas, Wladimir Suárez, Kleiber Henríquez, Jorge Ruiz, Leonardo Villalobos y Nelson Infante, quienes serán imputados “por delitos previstos en la legislación venezolana… Como parte de las diligencias de investigación coordinadas por los fiscales del caso, se determinó la participación de los 10 policías con el citado hecho punible, por lo que fueron detenidos la tarde de este miércoles 17 de agosto, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el Tribunal 5° de Control de Vargas”, detalla el boletín, que en ningún momento identifica con su nombre al funcionario afectado, solo se refiere a su cargo.

 

En la audiencia de presentación para oír a los imputados del caso, el tribunal 5to en función de Control del estado Vargas dejó en libertad a los 10 funcionarios, pero uno de ellos deberá presentar fiadores y tiene que presentarse cada 8 días en el juzgado. Todos los PNB quedaron a la orden del comando esperando la decisión de la sala.

 

Por su parte, la Defensa solicitó la nulidad de las actas, con el argumento de que las mismas están viciadas. Denunciaron que el supuesto examen médico legal practicado a Hernández Enea (el funcionario agraviado) lo realizó uno de sus subalternos del Ministerio Público. Además agregaron que el subdirector de la Fiscalía habría interferido en el trabajo de los policías, que cumplían una orden de un tribunal.

 

En la propiedad allanada en el sector El Pozo, parroquia Carayaca del estado Vargas, los funcionarios encontraron dos casas dentro de un mismo terreno, que sería propiedad del presunto narcotraficante conocido como “Lucas el Flaco” -razón por la cual el tribunal 3° ordenó el procedimiento policial-.

 

En una de las viviendas se encontraba José Gregorio Hernández Enea, subdirector del Ministerio Público, quien habría argumentado que se trataba de su casa, lo cual fue confirmado por la nota de prensa de la Fiscalía que dice: “Conviene destacar que tal como lo establece los artículos 46 y 47 de la Constitución, las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, así como estipula que el hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables y no podrán ser allanados sino mediante orden judicial”.

 

Lo que no queda claro en la nota de prensa del Ministerio Público es si existe o no vinculación entre el Hernández Enea y el presunto narcotraficante Carlos Reinaldo Lucambio Moreno, alias “Lucas el Flaco”, quien está señalado de dirigir una organización dedicada al envió de droga desde Venezuela a Europa. Además se le relaciona con el caso de Air France, y fue detenido el 6 de agosto de 2016.

Interpol Venezuela detuvo a narcotraficante francés en la Colonia Tovar

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El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó vía Twitter que Interpol Venezuela detuvo al narcotraficante francés Laurent Mocudet (50) en La Colonia Tovar, estado Aragua, integrante de una red de tráfico de drogas que opera entre Suramérica, Portugal, España y Francia.

Mocudet era requerido por las autoridades francesas por el delito de tráfico de grandes cantidades de cocaína por vía marítima entre los años 2003 y 2011.

El detenido se había escondido en la isla de Margarita y era buscando por los funcionarios de Interpol desde hace varios días. El seguimiento hecho para identificar a otros integrantes de la red condujo a los policías al pueblo aragüeño, donde el francés fue capturado en horas de la tarde de este lunes.

Mocudet tiene notificación roja internacional A222/1-2016 y será puesto a la orden del Tribunal Supremo de Justicia para su extradición.

Capriles tildó de narcotraficante al gobernador del estado Aragua

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El gobernador de Miranda Henrique Capriles aseguró que los pobladores del estado Aragua «tienen a un narcotraficante al frente de ese estado».

«Ese es un mafioso, ese señor es un gangster y el lo sabe, es un mafioso narcotraficante y era socio de Makled. Nosostros los venezolanos hemos escuchado de Walid Makled, que era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, y este señor era su socio», recalcó Capriles desde el centro de validación ubicado en El Hatillo.

Capriles señaló que el gobernador de Aragua ha impedido por diversos medios que los ciudadanos se trasladen a los dintistos centros de validación a lo largo de la entidad. «Este señor ha mandado a atravesar árboles, ha mandado a la Policía a obstaculizar la vía, esta haciendo cosas para evitar que el pueblo de Aragua valide su firma».

El pueblo de Aragua ya les dio una lección el 6 de diciembre y se las va a volver a dar, resaltó el gobernador, y afirmó que «ese señor, ese narco que está allá en la gobernación, es el que está obstaculizando en muchos sitios para que no validen las firmas».

Capriles destacó durante una transmisión en la red social Periscope que la «operación morrocoy» ha retrasado el proceso de validación del 1% de las firmas en sitios como Nueva Esparta, Carabobo o Miranda. «Lo que no saben es que durante el día pueden validar mil, pero se quedan por fuera dos o tres mil personas más que no pudieron completar el proceso».

Que le cuesta al CNE poner unas máquinas en los sitios y llevarlas a donde están los electores. «La tarea del Consejo nacional Electoral es darle viabilidad al proceso y ayudar al elector, esas son sus funciones, después se quehjan cuando la gente dice lo que dice de las rectoras del CNE (…) después salen de que esto es una campaña en su contra, opero esto pasa porque ustedes no hacen su trabajo, a ustedes el país les paga para que estén en esa posición, esto no es de gratis».

Capriles también instó a los funcionarios de la Guardia Nacional que respeten la Constitución y los derechos de todos los venezolanos, en referencia a las denuncias recibidas desde el estado Carabobo, donde integrantes de la GN paran los autobuses que trasladan a los electores a distintiso centros y les quitan las cédulas a las personas. «Los funcionarios tienen que ponerse al margen y no interferir en este proceso».

 

Cintillo Pequeño

La cárcel donde está El Chapo es la menos segura de México

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La decisión de reubicar a Joaquín «El Chapo» Guzmán en una prisión situada en un territorio controlado por su cartel generó dudas en México y Estados Unidos, en tanto que un funcionario mexicano de seguridad reconoció el domingo que el jefe narcotraficante fue transferido repentinamente a una cárcel de menor seguridad.

En términos generales, el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 9 — situado en las afueras de Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas — no es tan inexpugnable como la prisión de máxima seguridad del Altiplano, cercana a la Ciudad de México, en la que Guzmán se encontraba recluido, señaló el funcionario.

El funcionario no estaba autorizado a realizar declaraciones sobre el tema y aceptó hacerlo a condición de que no ser identificado por su nombre.

Guzmán está en un sector de máxima seguridad en el que se aplican los mismos protocolos que en el Altiplano, incluida vigilancia las 24 horas del día con una cámara instalada en el interior de su celda, agregó.

Sin embargo, Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), puso en duda la lógica de enviar al jefe narcotraficante a una prisión menos segura ubicada en un territorio controlado por sus subordinados del cártel de Sinaloa.

«Simplemente carece de sentido», declaró Vigil el domingo. «Él tiene esa parte de su imperio, tiene infraestructura ahí y personal que lo ayudaría en lo que respecta a diseñarle otra fuga».

Las autoridades no han precisado por qué escogieron el Cefereso No. 9 entre otras 19 opciones del sistema penitenciario federal para efectuar el sorpresivo traslado de Guzmán el sábado antes del amanecer en una operación que contó con fuertes medidas de seguridad.

Algunos medios mexicanos han conjeturado que la transferencia de El Chapo es el preludio a una extradición inminente hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico en siete jurisdicciones. Sin embargo, las autoridades mexicanas negaron que sea así.

El funcionario de seguridad de México dijo que Guzmán se encuentra en medio de un proceso de extradición. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la última palabra en cuanto a si la concede o no, y los abogados de Guzmán podrían apelar.

Un abogado del capo confirmó el sábado que su defensa sigue peleando judicialmente para evitar la extradición, y que las autoridades han dicho que podrían pasar meses o hasta un año para tener un fallo.

Diversos analistas han coincidido en sus declaraciones a The Associated Press de que no hay vínculo alguno entre el cambio de cárcel y una posible extradición.

«Antes, cuando iban a extraditar a alguien, simplemente ponían a la persona en un avión y la enviaban a Estados Unidos», señaló Vigil. «No reubican de antemano a alguien… Él no fue reubicado en Juárez para echarlo al otro lado de la frontera».

La cárcel del Altiplano es considerada la de más alta seguridad del país y muchos creían que era imposible escapar de ese lugar.

Esa creencia se vino abajo cuando Guzmán se escapó en julio de 2015 a través de un sofisticado túnel de 1,5 kilómetros de largo (una milla) excavado por sus cómplices hasta la ducha en su celda. El pasaje estaba equipado con una motocicleta modificada para correr sobre rieles.

El Cefereso No. 9 está cerca de la autopista Panamericana, a unos 23 kilómetros (14 millas) al sur del centro de Ciudad Juárez. Está en medio del desierto del estado de Chihuahua, una zona árida bajo un sol ardiente.

Prácticamente no hay nada en varios kilómetros a la redonda, salvo una universidad a unos tres kilómetros (dos millas) al este.

César Duarte, gobernador de Chihuahua, dijo en conferencia de prensa que la transferencia de Guzmán no representa un riesgo para el estado y que hay señales de mejoras en materia de seguridad.

La decisión de haberlo traído es porque «no habrá ninguna fuga», declaró Duarte a la prensa.

«Precisamente si se trajo del Altiplano aquí es porque las condiciones de seguridad están muy por encima de las del mismo Altiplano. Así convino al gobierno de la República», agregó.

Las autoridades dijeron que el cambio de prisión se debió a mejoras de seguridad en el Altiplano y también corresponde a la rotación ordinaria de reclusos que se efectúa por consideraciones de seguridad.

Analistas han dicho que tal vez también querían sacudir el entorno de «El Chapo» para frustrar cualquier plan de fuga que pudiera estar en progreso.

Vigil advirtió que podría ser un error mantener a Guzmán en la prisión de Juárez durante un largo periodo de tiempo.

«Si lo mantienen ahí por un periodo largo, el gobierno mexicano se arriesga a que se les fugue», declaró Vigil. «Si se les escapa, el gobierno mexicano perdería sin duda toda credibilidad».

De acuerdo con un informe de 2015 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD, gubernamental), el Cefereso No. 9 tuvo la calificación más baja entre las 21 prisiones federales del país con una calificación de 6,63 en una escala del cero al 10.

El Cefereso No. 9 tuvo bajas calificaciones en garantizar una estadía «dignificada» y en el manejo de reos con necesidades especiales. Registró calificaciones medias en garantizar la seguridad de los prisioneros, así como en bienestar y rehabilitación.

Menciona también que está un poco sobrepoblado, con 1.012 internos dentro de esa prisión del estado de Chihuahua que tiene capacidad para 848 reos. Las autoridades reconocen que la sobrepoblación es un problema extendido en el sistema penitenciario mexicano.

En general, el Cefereso 9 obtuvo una evaluación «amarilla» en 2015 en el sistema de calificación de la CNDH. Eso es una mejoría desde la calificación «roja» que registró en 2014, aunque su nota numérica fue la más baja del país.

En «gobernabilidad» fue la única categoría donde la prisión recibió color «verde», o buena. La cárcel del Altiplano también obtuvo color verde en condiciones de gobernabilidad.

«El Chapo» se fugó por primera vez de una prisión en 2001 y pasó más de una década como uno de los prófugos más buscados del mundo. Fue recapturado en 2014 y escapó al año siguiente. Elementos de la Infantería de Marina mexicana lo arrestaron en el estado de Sinaloa en enero de 2016, después de que escapó a través del drenaje desde una casa donde se ocultaba.

Guzmán fue regresado al Altiplano y las autoridades aumentaron las medidas de seguridad para él. Estaba bajo constante conservación con una cámara sin puntos ciegos instalada en el techo, mientras que las paredes y piso de la celda fueron reforzados con barras de metal y una capa de concreto de 40 centímetros (16 pulgadas). Las autoridades también le restringieron las visitas.

Muere Megateo, uno de los narcos más buscados de Colombia

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BOGOTA (AP) — El presidente Juan Manuel Santos anunció el viernes la muerte en un enfrentamiento con las fuerzas militares de Víctor Ramón Navarro, alias «Megateo», uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia.

«Megateo abatido. Gran golpe. Felicitaciones! Criminales o sometidos a justicia o terminan bajo tierra», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El operativo militar se desarrolló en la región del Catatumbo, en el noreste colombiano y en la frontera con Venezuela. Santos no dio a conocer más detalles de la operación armada.

El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por «Megateo» por cultivar coca que procesaba en sus propios laboratorios y enviaba a Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y Europa.

«Megateo», de 39 años, era el segundo narco del país más buscado después de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», jefe del llamado «Clan Úsuga».

«Megateo» se presentaba como un rebelde alzado en armas contra el Estado, controlaba un territorio de unos 3.460 kilómetros cuadrados, miles de hectáreas de cultivos de coca y siete poblados ubicados en el Catatumbo. Pero las autoridades colombianas siempre lo consideraron un peligroso narcotraficante que tenía azotada esa región que padece la influencia de guerrillas, narcos y bandas criminales.

Una corte de Florida lo requería en extradición desde hace dos años y tribunales colombianos, en tanto, lo solicitaban por homicidio, rebelión, narcotráfico, secuestro y terrorismo.

«Megateo» era experto en infiltrar a las autoridades. Esa capacidad quedó manifiesta cuando las autoridades colombianas enviaron desde Bogotá a un grupo de detectives para arrestarlo. Era abril de 2006 y los 17 enviados fueron masacrados por hombres de «Megateo» luego de que uno de sus compañeros los delató, según quedó registrado en un vídeo en poder del ejército.

El traidor, Carlos Alberto Suárez Reyes, un ex detective de la desaparecida policía secreta actualmente preso y condenado a 40 años por homicidio, saltó de la caravana de vehículos que transitaba por el poblado de Hacarí, unos 430 kilómetros al noreste de Bogotá, en busca del narco.

La red de corrupción incluía militares, policías, detectives y autoridades locales de la región del Catatumbo como alcaldes y concejales, según investigadores de la Fiscalía.

Dos años atrás una funcionaria de la Fiscalía dijo a The Associated Pres que había informado a las autoridades sobre las identidades de al menos ocho coroneles del ejército que trabajaban en el Catatumbo y que estaban o habían estado en la nómina de «Megateo».

La propia Fiscalía dijo en su momento tener información de que en al menos en dos oportunidades el narcotraficante pudo haber sido detenido pero que funcionarios corruptos de la policía, el ejército y la desaparecida policía secreta lo dejaron en libertad.

Pese a que su prontuario criminal era extenso, nunca estuvo en prisión.

Los inicios de «Megateo» en la delincuencia se remontan a una guerrilla desmovilizada, según la Fiscalía. Cuando era joven se enroló en el Ejército Popular de Liberación, el tercer grupo guerrillero del país después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.

Después de más de 20 años en armas, el Ejército Popular de Liberación inició en 1991 una desmovilización que no se concretó definitivamente pues una quinta parte de sus integrantes continuaron en armas. Uno de ellos fue Navarro.

A finales de los noventa su vida dio un giro radical cuando grupos paramilitares ingresaron al Catatumbo y dieron muerte a su madre y a una de sus hermanas. Tras los asesinatos, decidió meterse de lleno en el negocio del narcotráfico. A punta de dinero y regalos se ganó la confianza de los habitantes del Catatumbo pero también sembró el terror porque, según la Fiscalía, quien no accedía a sus peticiones sólo tenía dos opciones: irse de la región o estar dispuesto a perder la vida.