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Paraguay pide en la ONU unir fuerzas para restaurar la democracia en Venezuela

EL CANCILLER DE PARAGUAY, Antonio Rivas, pidió este viernes ante la Asamblea General de la ONU unir fuerzas en pro de la restauración democrática en Venezuela. Consideró que se debe atender la situación porque no solo afecta al país, sino que se ha convertido también en una crisis regional.

Rivas recordó en su discurso, las posiciones adoptadas por Paraguay ante la tragedia que vive Venezuela. El pasado enero, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro.

Paraguay acusó a Maduro de ser un régimen que se burla abiertamente de los derechos humanos y de la democracia.

«Todo aquel que expulsa a sus connacionales a través del hambre, la miseria o la opresión, propaga el sufrimiento y el malestar, se transforma en verdugo de los pobres, enfermos y hambrientos. Niega derechos y arranca toda oportunidad de un mañana mejor», expresó el canciller durante su intervención ante la Asamblea General.

Rivas aludió a la crisis migratoria venezolana, que supera la barrera de los 4 millones de venezolanos, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, y pidió al resto de los países a dar una respuesta global.

Paraguay también reiteró su compromiso con la no proliferación de armas y el desarme, así como su oposición a la guerra. Defendió el diálogo y la diplomacia como vías para solucionar conflictos de manera pacífica.

Rivas aprovechó la ocasión para manifestar el interés del país suramericano en participar en Operaciones de Mantenimiento de Paz. Acciones en las que Paraguay confía en volver a asistir con bandera propia.

Abogó por la reforma del Consejo de Seguridad para transformarlo en un órgano más inclusivo, transparente y apto.

Trabajo conjunto

Rivas insistió en su discurso en la importancia de una acción conjunta. Desde la condena al régimen de Maduro, pasando por el combate a la crisis climática o las cuestiones económicas.

En este punto, el canciller defendió el multilateralismo y la integración regional como formas de contribuir al desarrollo y el progreso, sobre todo para países como Paraguay, que no cuentan con salida al mar.

En concreto, se detuvo en el acuerdo entre el Mercosur con la Unión Europea, alcanzado a finales de junio, después de 20 años, y en el que el bloque suramericano cerró con Asociación Europea de Libre Comercio, a finales de agosto.

«Desde estas plataformas, busca contribuir a la paz y la prosperidad interna e internacional, con un enfoque proactivo, participativo y dinámico», detalló.

*Con información de: El Nacional. 

Celebrarán conferencia internacional sobre Venezuela el 28 y 29 de octubre en Bruselas

LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS y la Unión Europea realizarán una conferencia de solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos en Bruselas el próximo 28 y 29 de octubre, anunció este martes 24 de septiembre la Comisión Europea.

Durante una rueda de prensa, la portavoz Natasha Bertaud explicó: “El objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre la crisis, reafirmar el apoyo político y solicitar una mayor ayuda de la comunidad internacional”.

Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), aproximadamente cuatro millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis humanitaria.

En tal sentido, Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, solicitó una reunión del Grupo Internacional de Contacto (GIC), en Nueva York, para solicitar un mayor apoyo financiero para paliar la crisis migratoria de Venezuela.

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Hasta el momento se desconoce el número de países participantes, así como el programa previsto de la conferencia de Bruselas, pero existen dos fechas establecidas para tal evento.

*Con información del Centro de Comunicación Nacional

Donald Trump en la ONU:

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, Donald Trump, calificó este martes 24 de septiembre al gobernante Nicolás Maduro como una “marioneta cubana”, durante su ponencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El dictador Maduro es una marioneta cubana, protegido por guardaespaldas cubanos mientras el régimen de la isla se aprovecha de la riqueza petrolera para mantenerse en el poder”, dijo Trump.

Por otra parte, el mandatario estadounidense se mostró firme ante los demás líderes que participaron de la Asamblea e insistió en que los venezolanos “están atrapados en esta pesadilla”. 

“América está unida detrás ustedes. Tenemos ayuda humanitaria lista para entregar, seguimos muy pendientes y esperamos el día en que se recupere la democracia, en que Venezuela sea libre y que la libertad reine en todo este hemisferio”, agregó.

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Por último, Trump ratificó el compromiso de EEUU para “apoyar a aquellos pueblos del hemisferio occidental que viven bajo la opresión brutal como el pueblo de Nicaragua, Cuba y Venezuela”.

*Con información de Centro de Comunicación Nacional

Associated Press Sep 22, 2019 | Actualizado hace 2 meses
Duque compara a Maduro con Milosevic

EL PRESIDENTE COLOMBIANO IVÁN DUQUE comparó al mandatario venezolano Nicolás Maduro con el criminal de guerra serbio Slobodan Milosevic al tiempo que emprende una ofensiva diplomática para acorralar al líder socialista, y le advirtió que sería un error “estúpido” realizar cualquier agresión contra su vecino respaldado por Estados Unidos.

Duque habló el sábado con The Associated Press antes de viajar a Nueva York, donde se espera que denuncie a Maduro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como un autócrata abusivo que no sólo es responsable de la crisis humanitaria de su país, sino también una amenaza a la estabilidad regional por albergar a rebeldes colombianos.

“La brutalidad de Nicolás Maduro es comparable a la de Slobodan Milosevic”, aseveró Duque, que exhortó a la Corte Penal Internacional a que investigue al presidente venezolano por abusos contra los derechos humanos. “Debe terminar”.

El mandatario colombiano evitó descartar un ataque militar contra los rebeldes marxistas que, asegura, se ocultan en territorio venezolano. Sin embargo, dijo que cualquier agresión de las fuerzas armadas venezolanas provocaría una reacción regional inmediata que podría incluir más sanciones y medidas diplomáticas.

“Si ellos consideran hacer algo tan estúpido, saben cuáles serán las consecuencias”, subrayó Duque.

Duque ha intensificado la presión contra Maduro en las últimas semanas luego que un reducido grupo de rebeldes izquierdistas disidentes decidiera romper con el histórico proceso de paz de Colombia y alzarse en armas de nuevo contra el Estado, argumentando que el gobierno traicionó el acuerdo que pretendía poner fin poco más de cinco décadas de derramamiento de sangre.

El gobernante colombiano tiene previsto acusar a Maduro de violar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 al ofrecer refugio a los rebeldes.

El mandatario venezolano, que enfrenta una seria crisis, ha rechazado esas acusaciones reiteradamente. Aunque Maduro no asistirá personalmente a la Asamblea General de Naciones Unidas de este año, sus delegados afirman que plantearán cargos similares contra Duque, al que acusarán de no tomar medidas contra grupos armados ilegales que planean ataques contra el gobierno venezolano desde Colombia.

“La oligarquía colombiana quiere preparar el terreno para emprender una agresión armada contra Venezuela”, aseveró en fecha reciente el ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

Las crecientes tensiones a lo largo de la frontera pueden tener consecuencias geopolíticas peligrosas y de amplio alcance.

A petición de Estados Unidos, los aliados del hemisferio desempolvaron hace poco un tratado de asistencia recíproca que data de la Guerra Fría y el cual prevé que los 19 países signatarios ayuden a otro en caso de una amenaza extranjera.

Los ministros del exterior de la mayoría de naciones suscriptoras del Tratado de Río de 1947 tienen previsto reunirse el lunes para examinar la adopción de sanciones multilaterales. Aunque el acuerdo permite una respuesta militar conjunta, Duque insistió que no es el proceder favorito y que bajo ninguna circunstancia las fuerzas colombianas deberían ser provocadas.

“Es importante que en Naciones Unidas, Duque tenga ese foro para que presente las pruebas sobre la actividad de grupos armados colombianos en Venezuela, y también es una oportunidad para medir el parecer de los líderes mundiales para intensificar aún más la presión contra Venezuela”, comentó Adam Isacson, analista de Defensa en la Oficina sobre América Latina en Washington.

“Sin embargo, debido a la oposición de Rusia, China y otros, será imposible alcanzar el consenso necesario para tratar a Venezuela, de acuerdo a la Carta de la ONU, como una amenaza para la paz y la seguridad”, afirmó Isacson.

La crisis en Venezuela también afecta los presupuestos de diversos países sudamericanos luego que cuatro millones de personas han huido de una crisis económica peor que la Gran Depresión de Estados Unidos. Esa migración a gran escala de venezolanos tiene lugar en momentos en que Colombia, que ha recibido a la mayoría de esos migrantes, enfrenta problemas debido a un incremento en la producción de coca y la ejecución de un polémico y frágil acuerdo de paz concertado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A pesar de las presiones fiscales sobre los presupuestos a educación y salud, Duque defendió su política de puertas abiertas argumentando que permite a Colombia combatir más efectivamente enfermedades como el sarampión, al que ha había erradicado pero que reapareció con la llegada de más de 1,4 millones de migrantes venezolanos en los últimos años.

Cerrar la frontera no frenará el éxodo, sólo obligará a los migrantes a desplazarse por rutas terrestres peligrosas que cruzan hacia ambos lados por la porosa demarcación limítrofe de 2.200 kilómetros (1.370 kilómetros) entre los dos países.

“La política correcta es la que hemos adoptado”, dijo Duque, que contrastó la respuesta de Colombia con las barreras erigidas en fecha reciente en Ecuador y Perú. “Si ellos deciden cerrar las fronteras la gente pasará de todos modos, pero lo hará de manera ilegal y el control de enfermedades, por ejemplo, será más complejo”.

Duque, de 43 años, irrumpió en pocos años en la política colombiana _en la que no era tan conocido_ gracias a la asistencia del expresidente colombiano Álvaro Uribe, el principal detractor del acuerdo de paz. Duque fue senador antes de que ganara la presidencia el año pasado con una plataforma basada en la ley y el orden y su compromiso de modificar aspectos cruciales del acuerdo.

A la fecha, Duque no ha logrado ningún cambio. Sin embargo, se refirió a una reciente iniciativa que prohíbe a los gobiernos conceder amnistía a los rebeldes implicados en narcotráfico como un avance que impedirá que se repita la impunidad a la que, según él, se dio paso en el acuerdo de paz de 2016.

Duque añadió que su gobierno ha aumentado en ocho veces el número de planes regionales de desarrollo dejados por su predecesor Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, mientras implementa un programa que permite a las empresas privadas canalizar su pago de impuestos al financiamiento de proyectos productivos en otrora zonas de conflicto.

“No estamos haciendo política con la paz, sino que contamos con una política de paz”, declaró el presidente.

Al mismo tiempo, el asesinato de centenares de activistas de izquierda en las zonas rurales ha cernido una sombra oscura sobre el proceso de paz. Aunque Duque ha incrementado los recursos para investigar los asesinatos, que según él han disminuido desde que asumió la presidencia, enfrentó los gritos de “¡asesino!” que le profirieron manifestantes cuando visitó Londres en junio. Este año, siete candidatos para los comicios regionales del mes entrante han sido asesinados, cifra que rebasa la registrada durante las elecciones de 2015.

“Sabemos que debemos tener mayor control, que tenemos que proteger las vidas de los candidatos”, señaló. “Pero a veces cuando tenemos elecciones locales, los grupos armados ilegales son los que intentan amenazar a candidatos en las zonas productoras de coca o donde se efectúa minería ilegal, porque pretenden preservar su control sobre las actividades económicas ilegales. Conocemos ese patrón y por eso estamos trabajando de manera articulada con todas las fuerzas militares y policiales”.

Desde que asumió la presidencia el año pasado, Duque ha visto caer su popularidad de manera constante en medio de las dificultades para encontrar su voz como jefe de estado. Según una encuesta reciente, Duque tiene un índice de aprobación de apenas 29%.

Aunque la producción de coca se ha estabilizado durante su gobierno, tras un aumento durante varios años consecutivos, continúa próxima a máximos históricos. Vastas franjas rurales de Colombia siguen dominadas por jefes narcotraficantes y grupos armados ilegales. Muchos colombianos consideran que el conflicto armado interno nunca terminó y temen una nueva era de derramamiento de sangre.

Duque asegura que actúa con prontitud para reanudar la erradicación de cultivos de coca desde el aire, un elemento crucial en la guerra contra las drogas que duró dos décadas con apoyo de Estados Unidos y que Santos suspendió en 2015 citando las secuelas de salud acarreadas a numerosas personas. Sin embargo, Duque rehusó fijar una fecha para la reanudación de esos vuelos. El presidente minimizó la efectividad de lo que describió como la “aspersión con precisión” cuando señaló que esa modalidad es una herramienta valiosa en zonas donde la existencia de minas terrestres y de grupos armados representa un peligro para las fuerzas militares y los erradicadores manuales de coca que lleguen a esos lugares.

“No hay una solución mágica”, afirmó el mandatario en referencia al combate a los cultivos ilegales. “No hay sólo una solución. Es una combinación de medios”.

Migración forzada e inseguridad alimentaria hacen más vulnerables a los venezolanos ante la trata de personas
Venezuela es el país del continente americano con mayor cantidad de casos de esclavitud moderna (al menos 174 mil), de acuerdo con el Global Slavery Index de la Fundación Walk Free. Esta semana, el 30 de julio, se celebró el Día Mundial contra la Trata de personas

Lorena Meléndez G. @loremelendez

 

EN MAYO DE 2018, TIANY PIÑEROS cruzaba el Puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, con su hija de 9 meses en brazos y rodeada de maletas. Su viaje había comenzado desde Punto Fijo, en Falcón, donde estudió Educación Física hasta que la crisis se lo impidió. Ese mes emigraba a Lima, Perú, donde la esperaba su esposo. Ella y él, quien se había ido seis meses antes, se fueron sin tener pasaportes venezolanos porque aunque ambos los solicitaron y cumplieron todos los trámites para obtenerlos, varios meses después no los tenían en sus manos. 

Mientras esperaban sus documentos, Tiany y su marido vieron cómo todo se encarecía. Eran los primeros meses de la hiperinflación y solo entre enero y mayo de 2018, los costos se multiplicaron alrededor de 400%, de acuerdo con datos de Econométrica. Los pocos ahorros que tenían para viajar comenzaban a esfumarse de sus manos. En medio de la desesperación, decidieron que era momento de partir. En distintas épocas, la pareja cruzó la línea entre Táchira el Norte de Santander con un carnet fronterizo que expide Migración Colombia pero que ambos habían comprado falsificado a un tercero.

La decisión que tomó Tiany la han tomado millones de venezolanos que hoy están fuera de su país sin papeles, sin identidad. Esa condición es, de acuerdo con especialistas consultados, una de las causas de que la población del país sea cada vez más vulnerable ante la trata de personas.

El pasado 30 de julio se celebró el Día Mundial contra este flagelo y la huida de los venezolanos continúa. Este es el país del continente americano con mayor cantidad de casos de esclavitud moderna (al menos 174 mil, es decir, 5,58 de cada 1.000 habitantes), de acuerdo con el Global Slavery Index de la Fundación Walk Free. En el mundo, Venezuela ocupa el puesto 61 de 167 países registrados. Ya el año pasado, la Asociación Civil Paz Activa advertía que entre 2014 y 2018, la incidencia de este delito había aumentado en 300%.

Una de las expertas que advierte el fenómeno es Cécile Blouin, investigadora principal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desarrolló un estudio sobre la situación de los venezolanos en Lima, el cual reveló que al menos 52% de los migrantes que están en la capital peruana habían llegado solo con su cédula de identidad nacional, tal como lo hicieron Tiany y su pareja. 

De igual manera, a esos indocumentados se les ha hecho cuesta arriba legalizar su situación en su nuevo país. El permiso temporal de permanencia que les permitía trabajar por un año dejó de emitirse en octubre pasado. Y desde el 15 de junio de este año, el gobierno peruano exige la expedición de una visa a los venezolanos que quieran ingresar a la nación, sea en calidad de turistas o con miras a una residencia permanente.

“El acceso a un trabajo formal se ve dificultado por la documentación”, señaló Blouin en un seminario digital presentado por la plataforma online Freedom Collaborative, que une a organizaciones que trabajan contra el tráfico humano alrededor del mundo. A eso, comentó la experta, había que agregar que las condiciones de informalidad del mercado laboral peruano exponían todavía más a la trata de personas a quienes no tenían papeles.

De acuerdo con el Protocolo de Palermo (documento de las Naciones Unidas para prevenir, sancionar y reprimir este flagelo) la trata de personas se define como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. 

En Venezuela, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) –como se define a las situaciones que combinan factores que van desde conflictos armados de naturaleza civil, desplazamiento de la población, escasez de alimentos, proliferación de enfermedades, desmoronamiento de la economía informal y hasta el debilitamiento y la pérdida de las instituciones – ha empujado a cientos de miles a tomar sus maletas y huir. Según estimaciones de la ONU, a finales de 2019 más de cinco millones de venezolanos habrán migrado en medio de este escenario. 

“La incidencia de trata aumenta en contextos de movilidad humana”, afirmó la oficial del Programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Suramérica, Agueda Marín, en un foro organizado por la Asociación Civil Éxodo Venezuela en mayo pasado en Caracas. Fue allí donde explicó que la pérdida de la protección que ofrece el seno familiar, la precariedad de las condiciones en las que se hace el viaje y el hacinamiento en los hospedajes que están en la ruta o en la ciudad destino, así como las ofertas de trabajo ilegal, exponen todavía más a los migrantes. 

La crisis de movilidad humana en América Latina también es mencionada por el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) al hablar sobre las principales alertas relacionadas la trata de personas en el contexto de la EHC que atraviesa el país.  “La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobreexposición de la población venezolana a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela como en los países de tránsito y destino”, indicó la organización en un documento presentado en rueda de prensa el pasado 29 de julio.

 

Los más vulnerables

Beatriz Luna, abogada colombiana y consultora independiente en temas de migración, explicó que a su país han llegado tres oleadas de migrantes venezolanos: la primera, conformada por inversionistas y empresarios que se fueron a instalar allá sus compañías y operaciones; la segunda, con profesionales que llegaron en la búsqueda de trabajo; y una tercera, en los últimos dos años, que llega en “extrema vulnerabilidad”. 

“Es una migración más amplia que las demás, con personas que llegan en condiciones socioeconómicas difíciles, que buscan medicinas o alimentos. Hay algunos que están un par de días y regresan”, comentó. Tales condiciones exponen todavía más a los venezolanos que se van.

“La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación”, subraya el Grupo de Trabajo, que sostiene que cuando la población padece necesidades extremas se hacen más frecuentes las prácticas de sobrevivencia. “El intercambio de sexo por comida es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y aumentan los riesgos de trata de personas”, concluye el documento.

Delisbeth Villalobos, abogada en Venezuela de HIAS –organización sin fines de lucro que brinda asistencia a refugiados– alertó en el seminario web de Freedom Collaborative que en ese desplazamiento también hay niños y adolescentes sin padres ni representantes que buscan alimentos en Colombia y van a los comedores fronterizos. Esa vida en la frontera hace que sean más susceptibles a ser reclutados para traficar combustible y comida entre ambos países, o captados por grupos al margen de la ley que controlan la zona, así como para la explotación laboral y sexual. 

“El ejercicio obligado de la mendicidad es otra situación preocupante que se ha naturalizado por la gran cantidad de personas de todas las edades que mendigan para subsistir”, sentencia el Grupo de Trabajo. “Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, añade. 

Las mujeres son las más vulnerables ante las redes de trata de personas. De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que datan de 2018, 68% de las víctimas de este delito en el país son del sexo femenino. En el mundo, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este porcentaje llega a 72%.

“Solo por el hecho de ser mujer hay que migrar con documentación, maletas y desigualdades”, enfatizó Dorennys Angulo, directora de Éxodo, en el encuentro de Freedom Collaborative, y detalló que la etapa del tránsito hacia otros países suele asociarse con riesgos a abusos y violencia sexual y extorsión (así ocurre el sexo transaccional o de supervivencia), sobre todo si viajan solas y carecen de redes de contactos o familiares que puedan auxiliarlas.

“Para las mujeres hay distintos problemas para el acceso al trabajo y el desarrollo del mismo, porque sufren acoso desde la búsqueda hasta el desarrollo del trabajo. Eso las expone a explotación laboral y abuso sexual”, recalcó Cecile Blouin. El trabajo sexual, acotó, se convirtió para algunas venezolanas en opción de sobrevivencia en Lima. 

Los miembros de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) y la población indígena también están en situación de vulnerabilidad, según las alertas enunciadas por el Grupo de Trabajo. Las redes de trata suelen captar a mujeres trans a través de ofertas de pago de tratamientos médicos que les permitan hacer su proceso de transición sexual o ponerse implantes. Otras se ven obligadas a migrar y ejercer la prostitución. 

Mientras, los riesgos que corren los indígenas, y en particular las mujeres de estas etnias, están asociados a la obtención de documentos de identidad, así como al “aumento de actores armados no estatales y caos originado por la minería ilegal” en sus territorios originarios, apunta el comunicado.

 

Migrar desinformado

Los especialistas coinciden en que la desinformación es uno de los obstáculos que enfrentan los migrantes al momento de salir del país y esto, a su vez, es un riesgo ante la trata. 

“Los que se van toman decisiones desesperadas, no evalúan los riesgos de viajar solos y sin documentos y se dejan llevar por información ‘de boca a boca’ de quienes han logrado llegar a un segundo o tercer destino (…) La población está de espaldas a la información por falta de acceso, pero también por la necesidad que tienen de acceder a servicios y bienes de consumo. Eso hace que la seguridad sea el factor que menos observen al migrar”, señaló Villalobos.

Blouin destacó que también hay dificultades para visibilizar el delito por la falta de acceso a información pública en Venezuela. Aunque una cifra extraoficial citada por la especialista destaca que entre enero y febrero de 2019 se identificó a 59 víctimas de trata, número que representa a 57% los casos registrados en 2018 (102 en total), se desconoce cuál es la respuesta del Estado venezolano ante los afectados y cuáles son las políticas de prevención aplicadas.

Sobre esa necesidad de información también se refiere el Grupo de Trabajo, que insiste en que se debe optimizar el registro oficial de las víctimas del delito, así como su acceso a la justicia, además de exigir la publicación de las estadísticas para que se conozcan las dimensiones del problema. Piden igualmente que se incluyan las perspectivas de género en el diseño y aplicación de políticas públicas, así como el fortalecimiento del sistema que protege a niños y adolescentes. 

Para el conglomerado, es clave la “creación de fiscalías especializadas que optimicen los procedimientos de justicia penal para desarrollar, investigar, enjuiciar y sancionar con efectividad a los responsables de la comisión de este tipo de delitos”.

Lo que pidieron las ONG venezolanas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

DURANTE EL DIÁLOGO INTERACTIVO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS de Naciones Unidas, acto ocurrido este viernes 5 de julio en Ginebra, Suiza, Feliciano Reyna habló en representación de más de 200 organizaciones no gubernamentales venezolanas para denunciar las graves violaciones y abusos de derechos humanos que sufren los habitante del país debido a la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa la nación, y solicitar ante la instancia internacional una serie de acciones dirigidas a articular esfuerzos que eviten mayor sufrimiento a los más vulnerables. 

“Millones de venezolanos claman ¡Auxilio! Es preciso detener ya las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y corregirlas a fondo porque la emergencia va a empeorar. El gobierno del señor Maduro ha demostrado que no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano a la vista de la comunidad internacional. No permitamos que Venezuela sea otra crisis prolongada, que sume millones de víctimas más a las que ya nos interpelan como comunidad de derechos humanos desde distintas regiones del mundo”, dijo Reyna en un discurso en el que expuso la situación venezolana.

En la sesión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el organismo el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. 

El defensor de derechos humanos subrayó que durante una década, el gobierno chavista se resistió a rendir cuentas a los organismos de Naciones Unidas, no cumplió con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, ni autorizó las visitas de organizaciones internacionales que pidieron ir a terreno para corroborar la emergencia que sufre el país.

Reyna recalcó que el gobierno ignoró más de 1.000 recomendaciones emitidas por organizaciones de derechos humanos para corregir las persistentes violaciones a los derechos humanos, entre ellas una feroz represión feroz contra la disidencia.

“A partir de 2015, este incumplimiento desembocó en una Emergencia Humanitaria Compleja, cuya existencia aún niega el gobierno del Sr. Nicolás Maduro y sobre la que también guardó silencio la mayoría de las agencias de Naciones Unidas en el terreno”, explicó.

Reyna también denunció el desmantelamiento del Estado de Derecho, “los exacerbados índices de violencia social y el control de extensas zonas urbanas y rurales por parte de grupos irregulares, así como en políticas estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales para castigar, desplazar o callar a quienes ejercen sus derechos”.

Reclamó que en Venezuela no existan instituciones independientes que frenen los abusos del poder ejecutivo, a excepción de la Asamblea Nacional, que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. “Ello ha configurado un sistema de justicia que permite la impunidad tanto de delitos comunes como de violaciones a los derechos humanos y que persigue y encarcela a la disidencia”, apuntó.

En medio de este panorama, el representante venezolano pidió al Consejo la designación de “una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en su sentido más amplio, que establezca las responsabilidades e impida la impunidad”.

Igualmente, exigió que se exhortara a los Estados que reciben migrantes venezolanos a unificar esfuerzos que les ofrezcan protección internacional evitar medidas que los sometan a mayores privaciones de sus derechos y riesgos a su integridad personal.

Insistió en que se acelere una solución política a la crisis venezolana por medio de esfuerzos articulados, tanto nacionales como internacionales, en los que se incluyan acciones “del Secretario General de Naciones Unidas junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a fin de restituir los derechos a la participación política y electoral de los venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país”.

También pidió que se instara a Maduro a que implemente los acuerdos establecidos con la Oficina de la Alta Comisionada, entre ellos, que se abra una oficina permanente de la institución en Venezuela y se garantice el trabajo sin amenazas e injerencias de los defensores de de derechos humanos, periodistas, actores humanitarios, sindicalistas, personal de salud y otros activistas de derechos humanos.

Además, urgió a que se llame a Maduro para que reconozca la emergencia, se abra el espacio humanitario y se implemente una respuesta acorde con la severidad y la escala de la situación, con acceso libre a todas las poblaciones afectadas.

Alertó que se debe exigir al gobernante a dejar sin efecto la asamblea nacional constituyente, respetar el legítimo funcionamiento de la Asamblea Nacional, restablecer el Estado de Derecho y un sistema de justicia independiente e imparcial, y poner fin a las prácticas de tortura, represión y desapariciones forzadas. Igualmente, que dé cumplimiento a todas las recomendaciones emanadas de órganos de protección y dar celeridad a las visitas ya solicitadas por organismos que permitan.

Comunicado: Onusida se pronuncia tras detención de tres representantes de la ONG Gente Positiva

CIUDAD DE PANAMÁ, 15 DE FEBRERO 2019 — El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) expresa su profunda preocupación por la detención -sin orden judicial previa- de los ciudadanos Venezolanos Willmer Álvarez, Manuel Armas y Jhonatan Mendoza, miembros de las organizaciones no gubernamentales Manos Amigas por la Vida- MAVID y Red Venezolana de Gente Positiva-RVG.

Si bien ellos han sido ya liberados, lamentamos y rechazamos que se hayan decomisado los medicamentos antirretrovirales (ARV) y las fórmulas lácteas para los bebés de madres que viven con VIH, que eran distribuidos por la ONG producto de donaciones recibidas durante los últimos meses.

ONUSIDA considera que la participación protagónica y directa de las comunidades y de las personas que viven con VIH en la respuesta nacional es clave. Éstas tienen un rol relevante en la articulación intersectorial para tener una respuesta nacional al VIH coherente, robusta, oportuna y que comprenda las necesidades de los principales afectados por la epidemia.

Dentro del Plan Maestro de Respuesta al VIH suscrito entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la OPS y ONUSIDA se incluye el importante rol que tienen las ONG y las personas que viven con VIH en los procesos de adquisición, distribución, monitoreo y entrega de medicamentos ARV. Las tres personas detenidas en Valencia, al igual que el director de MAVID -el Sr. Eduardo Franco, son puntos focales de la RVG en Carabobo de reconocida trayectoria por su trabajo en favor de las personas que viven con VIH en Venezuela.

ONUSIDA, considera fundamental promover la articulación entre los diversos actores de la respuesta nacional al VIH e invita a las autoridades correspondientes de la República Bolivariana de Venezuela a garantizar la salud y la seguridad de las personas que viven con VIH, permitiéndoles que realicen las actividades de distribución, monitoreo y entrega de medicamentos antirretrovirales y fórmulas lácteas en un clima de respeto de sus derechos fundamentales.

ONU urge a aumentar financiación para programas en Venezuela

 

 

LAS AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS EN VENEZUELA han aumentado desde noviembre pasado la ayuda humanitaria a los ciudadanos más necesitados, pero no se ha recibido toda la financiación precisa, dijo hoy un portavoz de la ONU en Ginebra.

El plan actual de emergencia “requiere 109,5 millones de dólares, pero hasta el momento sólo hemos recibido 49,1 millones”, indicó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Jens Laerke.

Pese a la situación política, económica y social, en Venezuela operan varias instancias de la ONU, como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS), o la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otras.

Laerke señaló que, dentro de las actividades de la ONU en el país, se están entregando 100.000 tratamientos para niños y madres con malnutrición aguda y se han acondicionado seis refugios temporales en los estados del oeste fronterizos con Colombia para acoger a migrantes y refugiados.

El portavoz recalcó que esta ayuda se lleva a cabo con independencia de la situación política del país, intentando ser neutral e imparcial y “basándose sólo en las necesidades”.