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El derrumbe de un viaducto cerca de la ciudad portuaria de Génova, en el norte de Italia, el martes dejó al menos 25 muertos, informaron autoridades.

Todas las víctimas se encontraban aparentemente en los vehículos que cayeron del puente, dijo el funcionario. Añadió que si bien hay dos depósitos debajo del tramo derrumbado, se cree que estaban cerrados debido al feriado y no había nadie en el interior. No hay viviendas en el lugar.

El jefe de la defensa civil italiana Angelo Borrelli dijo en conferencia de prensa en Roma que los ingenieros estaban verificando el estado del viaducto en otros puntos y evacuando algunas zonas por precaución.

La oficial de bomberos Amalia Tedeschi dijo a la televisora estatal RAI que una veintena de vehículos, entre autos y camiones, fueron afectados por el derrumbe. Añadió que dos personas fueron rescatadas con vida de los vehículos.

Tedeschi dijo que perros entrenados buscan víctimas entre los escombros y que el tramo derrumbado fue de 80 metros. Informes de prensa anteriores habían dicho que era de 200 metros.

El desastre se produjo en una autopista que conecta Italia con Francia pasando por varios resorts. El miércoles es Ferragosto, un feriado total en Italia, y el tráfico era más intenso que lo normal dado que mucha gente va a las playas o a las montañas.

El ministro de Transportes, Danilo Toninelli, dijo que fue “una tragedia enorme”. Los bomberos dijeron a The Associated Press que hay temor por los conductos de gas.

Un video captó la voz de un hombre gritando “dios mío, dios mío”. Otras imágenes mostraron un camión verde detenido en el puente a escasos metros del derrumbe. El ministro del Interior, Matteo Salvini, dijo que unos 200 bomberos habían acudido al lugar.

El puente Morandi, inaugurado en 1967, tiene 90 metros de altura, unos 1.000 metros de largo y la sección más larga entre soportes es de 200 metros.

Es una arteria muy transitada que conecta la autopista A10 que va a Francia y la A7 que sigue hacia Milán.

Las autoridades sospechan que la causa del derrumbe fue una debilidad estructural, según ANSA.

 

La situación de hambruna en los recintos carcelarios y en centros de detención preventiva cada día tiende a agravarse más ante la total indolencia e indiferencia de nuestras autoridades penitenciarias y la Defensoría del Pueblo, quienes al menos en teoría, son los garantes del respeto a los derechos humanos en los recintos carcelarios.

Solamente en esta semana que transcurre, en los calabozos de la Policía de Chacao en Caracas, el recluso Pablo Mendible falleció por desnutrición y en los calabozos, igualmente en el Centro de Coordinación Policial de Fundalara, al este de Barquisimeto, falleció el recluso José Luis González Rodríguez por esta misma causa. Hace 2 semanas en la sede de Polichacao otro recluso de nombre Carlos Enrique Hernández, falleció por desnutrición y tuberculosis.

Hace unos meses tuvimos acceso a unos videos filmados en el Centro Penitenciario Metropolitano “Yare III” donde los reclusos aparecían cocinando unos gatos para mitigar su hambre al no haber alimentos que comer en ese recinto penitenciario.

El hambre la vivimos los venezolanos no solo en las calles donde pocas cosas encontramos para alimentarnos sino que la viven nuestros presos en sus centro de detención, con el agravante que ellos no pueden salir a la calle a buscarlos porque están privados de libertad.

Dice el Código Orgánico Penitenciario en su artículo 15, numeral 11, cuando establece los derechos que poseen las personas privadas de libertad que el estado está obligado a proporcionar a los reclusos. “Una alimentación suficiente, balanceada, variada, consistente en tres comidas diarias, preparada de acuerdo a lo establecido por el órgano rector en materia de nutrición y respetando los regímenes dietéticos”. De esto evidentemente no se han enterado los organismos encargados de velar por el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad entre las que se encuentra la Defensoría del Pueblo, supuestamente garante del respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, entre los que se encuentran los privados de libertad.

Muy distante la hambruna que se vive en los recintos donde se encuentran privados de libertad, bien sean cárceles normales o centros de detención preventiva esta lo que establece el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional que obliga al Estado a proteger la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad.

La violación a los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad es exclusiva responsabilidad de los organismos del Estado, pues son ellos los que tienen la tutela única, por lo tanto garantizar su vida y el ejercicio de sus derechos fundamentales es una obligación que no puede ser eludida, ni endosada a otras personas.

Es claro, y lo hemos sostenido durante mucho tiempo, que el gran responsable de todo este caos es el Ministerio para el Servicio Penitenciario que tiene como fin supremo el control de la población reclusa del país, independientemente del lugar en que se encuentren detenidos.

La crisis de alimentación que se vive en los Centros de Detención Preventiva viene dada por la prohibición del Ministerio Penitenciario de recibir a nuevos reclusos en los recintos carcelarios bajo su control, que es donde deberían de estar, es claro que estos centros no tienen condiciones de ningún tipo para tener detenidos por periodos más allá del legal de 48 horas, por lo tanto no disponen de comedores para alimentar a la población reclusa y menos aún presupuesto con el cual cubrir estos gastos.

El director presidente de la Policía del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, en días recientes calificó como “crónico y alarmante” el problema de inanición que afrontan los privados de libertad recluidos en los diferentes cuerpos de seguridad en Venezuela, debido a la crisis alimentaria que atraviesa el país, la cual en los últimos meses ha generado el fallecimiento de quienes, tras las rejas, esperan su traslado a un centro penitenciario”. Según Guzmán “La mala administración de justicia por parte del Gobierno Nacional le está costando la vida a los procesados y también a sus familiares. Ya no solamente trasladaron el problema a las policías, donde el irrespeto de la orden de un juez, por parte del Ministerio de Prisiones, genera un inhumano hacinamiento, sino que también el improvisar que nuestros calabozos sean cárceles propicia que las familias tengan que sufrir para alimentar a sus seres queridos. Muchos no tienen la suerte de tener quien les lleve el alimento y entonces fallecen, debido a lo que les ocasiona la desnutrición a sus cuerpos”.

La hambruna en los recintos de reclusión venezolanos va en aumento, el índice de fallecidos por desnutrición aumenta cada día en cárceles y centros de detención preventiva, mientras ninguna autoridad hace nada para solucionar este grave problema, que sin duda agrava la crisis de los recintos carcelarios de Venezuela y que parecen no importarles a nadie.

@cnietopalma

 

El 26 de febrero de este año una imagen le dio la vuelta al mundo: la del niño Oliver Sánchez, quien con su coquito pelado y un tapabocas sostenía una pancarta que decía “quiero curarme”. Una cantidad de policías lo rodeaban. Esos policías, en vez de estar persiguiendo y apresando malandros, que tanta falta hace, rodeaban a un niño enfermo. Muchos se preguntarían para qué tantos –un niño pequeño y frágil no representaba amenaza- pero ésa es una de las miles de interrogantes sin respuestas de la Venezuela de hoy. Tal vez la Historia las responderá. El por qué lo sabemos: estaban allí porque el alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, había prohibido la marcha de quienes exigían medicamentos. La pancarta de Oliver con el “quiero curarme” acompañado de “paz” y “salud” era más contundente y más demoledora que nada, por el contraste con el despliegue de la fuerza pública. Si lo que quería Rodríguez era evitar que se supiera que en Venezuela los enfermos marchaban porque no hay medicinas, logró exactamente lo contrario.

 

Para mí resulta incomprensible que si nuestra Constitución consagra el derecho a la salud y a la protesta, un alcalde prohíba que se marche exigiendo medicamentos. Pero aún más incomprensible me resulta cuando ese alcalde es médico, porque los médicos saben de primera mano lo que sucede cuando un remedio no llega a tiempo.  ¡Qué diferencia con los médicos merideños que hoy hacen huelga de hambre en solidaridad con sus pacientes, apoyados por el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana!

 

En nuestro país mueren de mengua infinidad de enfermos, cuyos nombres e historias no conocemos, pero cuyas muertes tienen nombre y apellido: los de todos aquellos que reiteradamente se han negado a declarar la emergencia humanitaria para que lleguen los medicamentos que se necesitan.

 

¿Qué será lo que quieren, tapar el sol con un dedo? ¿Pretender ante la comunidad internacional que aquí no está pasando nada, cuando en todo el mundo saben que pasa de todo? ¡Qué dolor que nuestra patria se haya convertido en el paradigma de todo lo malo! Ya muchos hablan del “caso Venezuela” como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Muchos de los antiguos aliados, los que rondaban buscando su tajada de la torta del petróleo a más de cien dólares el barril, han hecho mutis por el foro. Y es que ante las muertes de inocentes no hay nada que pueda decirse en descargo de los responsables.

 

El caso es que hoy escribo porque a Oliver no le tocaba morirse. Oliver tenía diez años. ¡Diez años! Quería ser artista e inventor. Pero sus sueños fueron cercenados por la realidad. No hay nada peor que la realidad para acabar con los sueños, especialmente los de un niño.  ¡Y hay tantos niños como Oliver, que están enfermos y que quieren curarse para vivir! Pero el régimen que manda en Venezuela gasta dinero en despliegues militares para demostrarle a los opositores quién tiene la fuerza y las armas. No le importa cuántos enfermos mueran de mengua porque su único interés en mantenerse en el poder “como sea”.

 

Pienso en los padres de Oliver. Cargarán la pena y la impotencia de que tal vez su hijo no hubiera tenido un desenlace fatal si se hubieran conseguido los medicamentos. Hasta hace relativamente poco tiempo, la gente se moría porque no había remedios para enfermedades como el cáncer. Hoy muchos de esos cánceres son curables. Pequeño Oliver, no te tocaba. No, no y no. Ni a ti ni a los otros. Venezuela sigue muriendo día a día…

 

 

@cjaimesb

Dos venezolanos murieron en Lima tras haber ingerido varias cápsulas de cocaína que iban a sacar al extranjero para ser comercializadas por una red internacional de narcotráfico, informó la policía.

En el estómago de Eduardo Luis Ferrer, de 27 años, se hallaron 13 cápsulas con clorhidrato de cocaína, una de las cuales habría reventado en su organismo causándole la muerte. Su cadáver fue encontrado el sábado por un trabajador de un hotel en el distrito de Miraflores.

“Se encontraba semidesnudo (solo vestía calzoncillos) en el baño y había rastros de sangre en el suelo”, dijo a la prensa uno de los peritos de la Dirección de Criminalística.

Por otro lado, Yenni Benita Díaz, de 45 años, fue encontrada muerta en circunstancias similares, pero en una habitación de un hostal del centro de la capital limeña. En el lugar se halló además dinero y una maleta, indicó la fuente policial.

Ambos venezolanos tenían programado regresar a su país el viernes.

En 2015, agentes antidrogas detuvieron en Perú a 165 “mulas” del narcotráfico, con planes de ir al extranjero, a quienes decomisaron 792 kilos de cocaína en aeropuertos.

La mayoría de los detenidos son peruanos, y entre el más de medio centenar de extranjeros hay 39 mexicanos, siete españoles y cinco franceses.

Según la policía, la principal innovación puesta en práctica este año por los traficantes ha sido la de camuflar la cocaína dentro de muletas de personas minusválidas.

La cifra de detenidos en las terminales aéreas del país en 2015 es menor a la de 2014, cuando cerca de 200 “mulas” fueron arrestadas.

La ley peruana castiga con penas de entre cuatro y ocho años de cárcel a los correos de la droga. Perú, Colombia y Bolivia son los mayores productores mundiales de hoja de coca y cocaína, según la ONU.

En territorio peruano operan mafias mexicanas dedicadas al narcotráfico, de acuerdo a la policía antidroga. La producción peruana de cocaína fluctúa entre 280 y 320 toneladas anuales en los últimos cinco años, según reportes citados por la ONU que las autoridades nacionales cuestionan.

 

 

BOGOTA, Colombia (AP) — Rebeldes izquierdistas emboscaron el lunes a trabajadores electorales que transportaban las boletas emitidas en una comunidad indígena durante los comicios electorales de Colombia, y en el ataque fallecieron 12 elementos de las fuerzas de seguridad que protegían al grupo.

Las autoridades responsabilizaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más grande del país.

Los trabajadores transportaban a la capital 130 papeletas electorales de los habitantes de una comunidad U’wa para su conteo, luego de la votación del domingo para elegir gobernadores, alcaldes y otras autoridades locales.

De los fallecidos en la mañana del lunes, 11 pertenecían al ejército y uno más era policía. Tres soldados más resultaron heridos y seis personas se encuentran desaparecidas, incluyendo dos trabajadores electorales y un guía indígena, informó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó sus condolencias y dijo que el ataque empañó lo que habían sido las elecciones más seguras que había tenido el país en décadas, con una reducción de 60% de la violencia en relación con los comicios previos de 2011.

«Estaban custodiando la libertad política de nuestros hermanos U’wa», dijo Villegas en conferencia de prensa, y agregó que un alto mando militar se trasladó al área a fin de supervisar los esfuerzos para localizar a los desaparecidos, así como a los atacantes.

Edgar Carreño, personero de la zona rural de Güicán, donde se produjo el ataque, explicó a The Associated Press que no son habituales los ataques del ELN en esta zona y que los funcionarios electorales disponían de un teléfono satelital al que han intentado comunicarse sin éxito en las últimas horas.

Según Carreño, quien sostuvo que los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana de este lunes, la región es una zona selvática de difícil acceso donde sólo es posible moverse a caballo.

Santos censuró al ELN, que ha sostenido conversaciones exploratorias de paz con el gobierno desde hace más de un año y había suscitado grandes expectativas de que se sumaría pronto a la guerrilla más poderosa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el inicio de negociaciones formales tendentes a poner fin a medio siglo de derramamiento de sangre.

«Es un hecho que demuestra que el ELN no ha entendido que este es el tiempo de la paz y no el tiempo de la guerra», declaró Santos. Agregó que ordenó a las fuerzas armadas redoblar la ofensiva militar contra los restantes 1.500 combatientes del ELN, la mayoría de los cuales están concentrados en el este de Colombia, cerca de donde ocurrió el ataque.

«Si el ELN cree que con estos actos va a ganar espacio político o fortalecerse en una eventual negociación, está totalmente equivocado», agregó Santos.

Los U’wa, un orgulloso pueblo indígena de unas 7.000 personas, adquirieron fama cuando defendieron enconadamente su tierra ancestral en la década de 1990 de las perforaciones de la empresa Occidental Petroleum.

Bladimir Moreno, dirigente tribal y presidente de una agrupación que representa a los U’wa, dijo a la APque tiene previsto viajar a la zona remota ubicada en un extremo del parque nacional natural El Cocuy para asistir a las autoridades en la realización de una pesquisa imparcial.

Dijo que la comunidad, en la que viven unas 300 personas, se encuentra a dos días de camino por senderos desde la localidad más próxima y que el único teléfono en el lugar dejó de funcionar después del ataque.

El ELN no se ha adjudicado el ataque.

Villegas no informó si hubo bajas entre la guerrilla ni dio detalles sobre cómo se desarrolló la emboscada.

 

 

MEXICO (AP) — Al menos 15 policías muertos y otros cinco heridos dejó una emboscada de presuntos miembros del crimen organizado en el oeste de México, en el que para autoridades ha sido el peor ataque en los últimos años contra alguna corporación de seguridad.

El comisionado de Seguridad Pública del estado de Jalisco, Alejandro Solorio, dijo en un mensaje a la prensa que «fueron emboscados» cuando viajaban de la localidad turística de Puerto Vallarta, en el Pacífico, hacia la capital estatal, Guadalajara.

Tanto fallecidos como heridos eran parte de la Fuerza Única Jalisco, la corporación policial estatal.

Solorio, quien hace unos días salió ileso de otra emboscada atribuida al crimen organizado, dijo que miembros de la misma organización mataron en otro incidente al jefe de la policía de la municipalidad de Zacoalco de Torres, Miguel Ángel Caicedo.

Horas antes, la fiscalía había informado de la emboscada en un ataque atribuido a una reacción por la reciente muerte de un presunto líder local del narcotráfico.

El ataque se registró el lunes en una carretera de la comunidad Soyatán, a unos de 700 kilómetros al oeste de la ciudad de México, cuando un comando armado atacó a tiros a miembros de la policía estatal en una zona serrana del estado, lo que derivó en un enfrentamiento.

Aunque las autoridades no han identificado al grupo detrás de los ataques, analistas asumen que se trata del Cartel Jalisco Nueva Generación, un grupo del narcotráfico que se ha fortalecido en los últimos años e incluso ha extendido sus operaciones a otros estados en disputas con grupos rivales.

«Es uno de los ataques más mortíferos», dijo a The Associated Press Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. «Creo que se debe a que el gobierno está haciendo una ofensiva muy grande; el ejército, la marina y la policía federal contra el Cartel Jalisco Nueva Generación».

La policía del estado ha sostenido algunos enfrentamientos en las últimas semanas con presuntos miembros del crimen organizado, en uno de los cuales murió un hombre identificado como Heriberto Acevedo Cárdenas «El Gringo», supuesto cabecilla local del narcotráfico.

El 19 de marzo pistoleros emboscaron un convoy de la policía federal y el 30 de marzo intentaron asesinar al comisionado estatal de seguridad, esto último en represalia por la muerte de «El Gringo», dijeron recientemente las autoridades.

El fiscal estatal Luis Carlos Nájera había identificado previamente a Acevedo como el autor intelectual de un ataque a soldados en mayo de 2014.

Desde hace mucho Jalisco ha tenido presencia del poderoso Cartel de Sinaloa. Ahí operaba una facción encabezada por Ignacio «Nacho» Coronel, quien murió en una operación de autoridades federales en julio de 2010.

Tras su muerte, facciones que formaban parte del grupo de Coronel empezaron a operar por su cuenta y surgió el Cartel Jalisco Nueva Generación.

El Cartel Jalisco Nueva Generación ha sido señalado de varios hechos violentos en los últimos años, tanto en Jalisco como en otros estados por su disputa con grupos rivales, incluidos Los Caballeros Templarios, que dominaban el estado vecino de Michoacán.

La organización criminal fue ligada con el hallazgo de docenas de cuerpos en fosas clandestinas en la comunidad de La Barca, cerca del Lago de Chapala, una zona de Jalisco popular entre turistas canadienses y estadounidenses.

También fueron señalados de ser los responsables en septiembre de 2011 de lanzar 35 cadáveres en una calle cercana al puerto de Veracruz, en el estado del mismo nombre y en el extremo opuesto a Guadalajara. Las autoridades señalaron que era parte de una batalla con sus rivales del cartel de Los Zetas.

 

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