La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, insistió en que la oposición venezolana planificaba una jornada violenta para el jueves 1° de septiembre, la cual presuntamente fue rechazada por las autoridades.
«Gracias a la accion coordinada de los cuerpos de seguridad en Venezuela fue desmantelado el plan violento que tenian preparado para el dia de ayer. La accion preventiva del gonbierno nacional desmanteló una masacre, era la reedición del plan del 2002. Hemos venido denunciando como la oposición venezolana, su cúpula, su elite, está regada por el mundo vendiendo una idea falsa de nuestro pais y buscando un escenario que propiciara una intervención de Venezuela», dijo este viernes.
Reiteró que según sus cálculos no más de 30.000 personas participaron en la movilización opositora. Según sus declaraciones, el chavismo sí logró llenar la avenida Bolívar: «El pueblo de Caracas salio a las calles a garantizar un pais soberano independiente, libre de injerencismo con una convocatoria de menos de 40 horas».
Después de concluir la Toma de Caracas convocada por la Mesa de Unidad Democrática, cerca de las 2:50 pm un grupo de encapuchados se concentró en la autopista Francisco Fajardo a la altura del Puente Las Mercedes, en El Rosal. Esa pequeña multitud logró bloquear el tránsito tras interceptar una chatarra y un pote de basura. Después de arrastrar estos objetos les prendieron fuego. Esta situación irregular causó durante varios minutos caos vehicular en la zona.
La Guardia Nacional Bolivariana dispersó a estas personas con bombas lacrimógenas y perdigones. Tras los varios enfrentamientos registrados en la vía fueron detenidas más de 20 personas y un efectivo de PNB herido en la pierna, a la altura de Chacaíto.
A las 3:23 pm la MUD denunció a través de Twitter “la presencia de infiltrados disfrazados de PJ, pidiendo la toma de la autopista en Las Mercedes”. El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, hizo un llamado a mantenerse atentos ante esas acciones de infiltrados: “Su conducta solo favorece la estrategia del gobierno de presentarnos como violentos. Tenemos el poder de la razón”.
La persecución de manifestantes comenzó en la calle Guaicaipuro de El Rosal, en Caracas. Un video que difundió un usuario en las redes sociales deja en evidencia cómo los funcionarios policiales detienen a varias personas que, al parecer, huían del lugar.
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A las trabas reportadas en los terminales de Maracaibo, San Cristóbal, las alcabalas en la autopista Regional del Centro y los retenes a la salida de Ciudad Guayana, se suma otro retén en Yaracuy, que está ordenando a los conductores de buses provenientes del Zulia que den marcha atrás.
El periodista Lenin Danieri informó del hecho a través de Twitter: “Buses que salieron del Zulia fueron retenidos en Yaracuy. La Policia estadal les ordena regresar a Maracaibo”. El comunicador acompañó el mensaje con dos fotos donde se aprecia a una comisión de funcionarios de la policía de Yaracuy usando equipos antimotines y discutiendo con personas vestidas con el tricolor nacional.
Buses que salieron del Zulia fueron retenidos en Yaracuy. La Policia estadal les ordena regresar a Maracaibo pic.twitter.com/Yc2QAvZ3lB
El Directorio de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, ante los anuncios de eventos políticos para este jueves 1 de septiembre de 2016, emite un exhorto público a la comunidad nacional y en particular a los prestadores de servicio de radio, televisión y medios electrónicos.
A continuación reproducimos el texto del comunicado:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DIRECTORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COMUNICADO OFICIAL DIRECTORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE LOS EVENTOS POLÍTICOS ANUNCIADOS PARA EL 1ro DE SEPTIEMBRE DE 2016
El Directorio de Responsabilidad Social (DRS) en radio, televisión y medios electrónicos como órgano máximo de aplicación de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos (LRSRTVME), ante los anuncios de eventos políticos para este jueves 1ro de septiembre, se dirige a la comunidad nacional y en particular a los prestadores de servicio de radio, televisión y medios electrónicos, sujetos de aplicación de la Ley.
Se recuerda la obligación de cumplir el mandato constitucional de la responsabilidad social, como valor ético y profesional fundamental, que garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información veraz y oportuna.
El DRS rechaza las campañas de odio, desinformación y agresiones psicológicas hacia el pueblo venezolano, y en particular aquellas que se manifiestan por algunos medios de radiodifusión y las denominadas redes sociales, a través de las cuales se hacen llamados directos a la violencia, al desconocimiento del orden constitucional y de las autoridades legítimamente constituidas, así como a fomentar situaciones que pueden alterar el orden y la paz pública. El DRS deplora también que a estas campañas se hayan sumado relevantes voceros de opinión y personas con acceso a los medios de comunicación, lo cual constituye una grave falta a la ética periodística y política.
El DRS recuerda a todos los actores del espacio comunicacional que de acuerdo al artículo 27 de la LRSRTVME la emisión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, inciten, promocionen, hagan apología al delito, o fomenten zozobra en la ciudadanía, afecta los derechos comunicacionales del pueblo venezolano y constituyen ilícitos administrativos, e incluso penales, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico.
El DRS exhorta a los medios de difusión, dueños de medios, concesionarios de frecuencias radioeléctricas, operadores de medios electrónicos, periodistas y corresponsales, y en general, a todos aquellos que tienen acceso a medios de difusión, a hacer un uso responsable del legítimo derecho a la libertad de expresión, a garantizar a nuestro pueblo información veraz y oportuna, y a promover un clima de paz entre los venezolanos y venezolanas; y les exige abstenerse de promover o difundir campañas malintencionadas, cuyo único objetivo es destruir la convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas de la República.
El DRS exhorta a los usuarios y usuarias de los medios de difusión radioeléctricos y medios electrónicos a ejercer la controlaría social y a realizar sus denuncias, debidamente soportadas, sobre presuntas violaciones a la ley, para que alimenten las investigaciones que realizará la Comisión Nacional de Telecomunicaciones por mandato de este Directorio.
El DRS solicitará a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones los elementos técnicos de monitorización que permitan evaluar de forma objetiva el tratamiento que estos mensajes están recibiendo en los medios sujetos a la ley, y actuará de acuerdo a sus atribuciones y de forma expedita, con los instrumentos establecidos en la Ley.
No se tolerarán irresponsables acciones mediáticas destinadas a reproducir un escenario similar al del 11 de abril de 2002 y de principios de 2014, cuando se avaló la agresión al pueblo venezolano mediante el uso de los medios de comunicación.
Finalmente, el DRS expresa su completo respaldo al Presidente Nicolás Maduro Moros y su llamado al diálogo nacional y a fortalecer todos los mecanismos que permitan preservar la paz de la República, la fraternidad y la convivencia entre todos los venezolanos y venezolanas. Venezuela es un país y un pueblo pacífico. Nuestra victoria será la paz. Directorio de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, en Caracas a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de 2016.
En jaque está la movilización de la oposición en Zulia hasta la capital para participar el 1 de septiembre en lo que han catalogado como la “Toma de Caracas”.
Diez mil personas fue el número que prometieron las organizaciones políticas agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática que se desplazarían, pero la presencia de funcionarios del Seniat, Sebin y la policía en el terminal de pasajeros de Maracaibo está cambiando los planes.
De civil y sin identificarse, hay personas en el terminal preguntando quiénes viajan a Caracas o hasta el centro del país y está prohibida la venta de pasajes para Caracas y para el centro de Venezuela.
Hay denuncias de personas que dicen que les tomaron los datos y les hicieron preguntas sobre el motivo del viaje. Hay temor. De los pasajeros y de las empresas de autobuses.
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El 1 de septiembre, afirman dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, comienza una nueva etapa de movilización para presionar por la realización del referéndum revocatorio en 2016.
«La Toma de Caracas será el comienzo de una nueva etapa de movilización masiva. Habrá gente como pocas veces y el gobierno lo sabe, por eso está desesperado por evitarla. Nosotros vamos a destacar que esa movilización será pacífica, con hora de inicio y finalización (de 8:00 am a 2:00 pm), y con un contenido claro. Vamos a demostrar que somos una gran mayoría y que queremos el cambio en paz», indicó el diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia.
Tanto Guanipa como Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguraron que al final de la movilización de mañana se informarán las siguientes acciones de lucha por el revocatorio.
«Ya sabemos las medidas, se aprobaron por consenso, y las anunciaremos mañana. La idea es mantener la movilización en la calle, que no será diaria pero sí constante», confirmó Guanipa.
Calzadilla aseguró que las nuevas acciones se llevarán a cabo en todo el país y se mantendrán mientras el Consejo Nacional Electoral insista en poner trabas para retrasar el referéndum.
«Las expectativas para mañana crecen y el gobierno solo muestra su desesperación, que lo lleva a actuar contra sus propios intereses, porque la gente solo rechaza la persecución de las últimas horas y apoya con más contundencia la movilización. El 1 de septiembre comienza una nueva etapa que definirá la determinación irreversible de la gente para exigir de manera organizada, pacífica y en la calle que se le respeten sus derechos, en especial el referéndum revocatorio», agregó el diputado.
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La situación hospitalaria se ha vuelto un calvario para los pacientes de los distintos hospitales e incluso, clínicas de la ciudad de Caracas, tanto la deficiencia de las instalaciones como la falta de insumos y la “tortura” de buscar los medicamentos afectan a un gran número de venezolanos que claman por la realización del referendo revocatorio.
Rusbely Pérez, de 35 años, madre de un solo hijo de 6 años de edad, quien se encuentra hospitalizado en el JM de los Ríos por padecer un cuadro bacteriano aún no definido, manifestó su descontento con la gestión del actual gobierno.
«Esto es insoportable, mi niño tiene 5 días hospitalizado y no hay reactivos para hacerle los exámenes y determinar que bacteria tiene. Me he cansado de buscar el suero porque ni eso hay en el hospital, tuve que traer el termómetro del niño porque tampoco hay. Aquí hay niños muriendo por falta de medicina, sus padres no tienen los ingresos para darles mejores tratamiento y el Gobierno no hace nada», expresa.
Exhortó, además, a todos los venezolanos a defender el derecho de un revocatorio: “Pido a todas las personas que puedan asistir a la marcha, que no pierdan esta oportunidad de salir de este presidente que no ha sabido gobernar y que toda su gestión ha sido para su beneficio propio y el de su grupito de seguidores con beneficios”, puntualizó.
Por otra parte, René Martín, de 56 años de edad, paciente de hipertensión, expresó que ha buscado el medicamento por más de un mes sin resultados positivos y que a pesar de su condición, este 1S de septiembre asistirá a la marcha.
“No se puede seguir permitiendo que hagan con uno lo que quieran, hace más de un mes que no me tomo el remedio, mi esposa me da ajo para contrarrestar el malestar. Maduro y su gabinete, debe entender que ya no los queremos en el poder. Es necesario que marchemos todos los venezolanos y exijamos el Revocatorio al CNE, por eso los invito a todos a participar el 1S”, manifestó.
La Guardia Nacional y la PNB serán las instituciones más activas para vigilar y contener la manifestación que exigirá el avance del proceso revocatorio. El plan “retardatriz” está en marcha
@javiermayorca
DESDE EL FIN DE SEMANA, los cuerpos de seguridad manejados por el gobierno central permanecen en estado de alerta con motivo de la manifestación opositora conocida como La Toma de Caracas.
Esta actividad, pautada para el 1 de septiembre, fue convocada por el liderazgo del Movimiento para la Unidad Democrática (MUD) en virtud de los retardos manifiestos en la ejecución del proceso revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
Aunque el actual gobernador de Miranda Henrique Capriles ha reiterado que la protesta tendrá un carácter pacífico, las perspectivas apuntan hacia una participación multitudinaria, similar a las registradas en actos llevados a cabo en la capital durante el lapso 2002-2006. La encuestadora Datincorp calcula que el 32% de los caraqueños podría tomar la calle el jueves. Aún si la asistencia fuese equivalente a la mitad de esta cifra se trataría de una multitud cercana al medio millón de personas. A este contingente se unirán los grupos que se están trasladando desde el interior del país por distintos medios.
El Gobierno a través del alcalde de Libertador Jorge Rodríguez negó el permiso para manifestar más allá de Chacaíto. Esto implica que la protesta opositora se restringirá a los confines mirandinos del Distrito Capital. Sin embargo, tres de los siete puntos de concentración para la marcha fueron fijados en ese municipio (avenida O´Higgins, Santa Mónica y Plaza Venezuela). Esto podría ocasionar algunas fricciones previas a la manifestación.
Despliegue “retardatriz”
Con la llegada al ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del mayor general Néstor Reverol se diseñó el llamado plan Retardatriz contra la Toma de Caracas.
Esta iniciativa involucra tanto a la Policía Nacional Bolivariana como a la Guardia Nacional y los colectivos. Comporta la colocación de diversos escollos para impedir o en todo caso dificultar la concentración ciudadana el 1 de septiembre.
Una primera señal de las características de este plan fue recibida por un grupo de manifestantes que pretendía trasladarse el fin de semana desde Cojedes. Una denuncia consignada ante la Guardia Nacional de Tinaquillo el 28 de agosto señala que las víctimas querían unirse a una caravana que había partido previamente desde Portuguesa.
“Cuando llegamos a la salida de Tinaquillo, específicamente en la Troncal 5 frente a un Mercal del sector La Floresta fuimos emboscados por militantes del Psuv, que trancaron la vía y estaban destacados con palos, piedras e incluso armas de fuego. Fuimos perseguidos y atacados. Pudimos retroceder y huir del lugar”, indica la denuncia.
Como parte de este plan se prevé la colocación de “puntos de control” en los principales accesos a Caracas. Desde el miércoles, los funcionarios desplegados en ellos serán especialmente meticulosos en la verificación de los transportes públicos, y tienen la orden de retener los vehículos que susciten la menor sospecha.
Formalmente, estas acciones serán justificadas como parte del despliegue ejecutado desde la semana pasada a propósito del relanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
Foto: DesdeLaPlaza.com
Sin acuartelamiento
Hasta el martes, el Ministerio de la Defensa no había ordenado acuartelamiento en ninguno de los componentes castrenses. Los acuartelamientos fueron frecuentes durante la fase previa a la elección de Hugo Chávez en 1998, y siguieron aplicándose cuando la jerarquía castrense percibía la posibilidad de una revuelta o alzamiento, y quería tener a la disposición la mayor cantidad posible de tropas. Pero según la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, en la actualidad casi no los ordena.
“Ellos (los jefes militares) prefieren dar instrucciones a los que les interesa. A veces incluso los acuartelamientos son contraproducentes. Los órganos de inteligencia trabajan más cómodos sin acuartelamiento”, explicó.
Aún así, desde el fin de semana los jefes de la FANB se han mantenido en permanente evaluación del contexto político. En la Guardia Nacional, por ejemplo, fue impartida la orden de que los jefes de unidades instruyan a sus subordinados sobre los supuestos planes para subvertir el orden que atribuyen a sectores de la oposición. En este sentido, se ordenó activar todos los recursos de “inteligencia social” a través de las comunas y los milicianos.
Según San Miguel, “el miedo de los órganos superiores y las presiones desde Miraflores son muy grandes”.
La analista advirtió que el Ejecutivo está tratando de cerrar por todos los medios la posibilidad de que la marcha se lleve a cabo, y si llega a efectuarse intentará desdibujarla para que no tenga el impacto deseado por los opositores.
Indicó que esto incluye la posibilidad de que los manifestantes sean asediados tanto por los efectivos policiales y militares como por los integrantes de los colectivos armados.
“La foto de una manifestación masiva perturbaría mucho al Gobierno”, sostuvo.
El plan Guaicaipuro
Para la vigilancia y la contención de la protesta del jueves, el Ejecutivo dispone en principio de diez mil efectivos militares y policiales. Este contingente puede ampliarse en 40% con el traslado de agentes de la Policía Nacional Bolivariana desde Zulia, Táchira, Lara y Anzoátegui.
Se ordenó además la suspensión hasta nuevo aviso de los traslados de tropas de otros componentes hacia sitios distintos al Distrito Capital. Esto permitiría reforzar rápidamente los grupos desplegados en las calles, de presentarse alteraciones graves al orden público. Es el principio contemplado en el llamado Plan Guaicaipuro.
Los colectivos y militantes radicales del partido de Gobierno se aglutinarán en cinco locaciones llamadas “puntos de fuerza operativa”, según indica un instructivo repartido entre la militancia oficialista. El más importante sería el correspondiente a la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña. Coincide con uno de los sitios de concentración escogidos por la oposición.
Las fuerzas operativas serán complementadas por “grupos móviles”, provistos de motocicletas.
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Según la directora de Control Ciudadano, desde 2014 los colectivos tendieron puentes con elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Guardia del Pueblo a propósito de las acciones para contrarrestar a los manifestantes que participaban en La Salida. Ese nexo se ha mantenido hasta el día de hoy.
Para la politóloga Francine Jácome, en este momento la pregunta clave es a quién favorecerían los enfrentamientos armados con motivo de la manifestación.
Dijo que el control a la violencia no sólo es un desafío para los cuerpos de seguridad sino también para el liderazgo de la MUD, que aparece convocando a la jornada de protesta.
“Creo que en la medida en que la manifestación sea más multitudinaria, será más difícil atacarla por parte de grupos externos”, añadió.
Disputa por el aire
Desde el fin de semana, el ministerio de la Defensa prohibió los vuelos denominados de “aviación general” (avionetas y helicópteros privados) así como también de naves no tripuladas, conocidas comúnmente como drones.
Según el ministro de Transporte, Ricardo Molina, la decisión intenta “procurar la paz y la tranquilidad”. En la práctica impediría a los opositores el monitoreo aéreo de la marcha, pues los drones pueden ser equipados con cámaras de alta resolución. De allí que el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos haya anunciado que no será acatada esta orden gubernamental.
El Ejecutivo, de hecho, también ha dispuesto de una flota de tales aparatos para la jornada del 1 de septiembre, según lo anunciado este martes por el titular del MRI Néstor Reverol.
