Pese al silencio oficial, el proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” ha comenzado a documentar los pagos de las planillas de Odebrecht a diversas obras otorgadas durante el régimen chavista

@boonbar | Runrunes

@albertoyajure | El Pitazo

Investiga Lava Jato

CARACAS. A PESAR DE QUE LA CONSTRUCTORA brasileña Odebrecht confesó en Estados Unidos haber pagado 98 millones de dólares de sobornos a funcionarios de Venezuela en diciembre de 2016, durante al menos nueve de los 18 años del régimen chavista, hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la oscuridad información relevante sobre los montos invertidos en obras adjudicadas en este país a las principales empresas de Brasil que están bajo investigación por el caso Lava Jato en varias naciones de Latinoamérica.

Hace pocas semanas se conoció que en 2012 Maduro, entonces canciller de Venezuela, entregó 11 millones de dólares en efectivo —procedente de las firmas Odebrecht y Andrade Gutiérrez— a los publicistas y esposos brasileños Mónica Moura y João Santana por sus servicios de marketing político para la campaña de reelección de Hugo Chávez, monto que no fue declarado de manera oficial, según el testimonio de Moura ante la justicia de Brasil. En ese entonces, Maduro era el hombre de confianza de Chávez, a quien el líder confió el rumbo del país y quien finalmente lo relevó en el cargo tras ganar unas reñidas elecciones 40 días después del anuncio de su deceso, oficializado el 5 de marzo de 2013.

En 2012, los publicistas brasileños Santana y Moura recibieron US$11 millones de Nicolás Maduro, procedentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez.

Ante el estridente silencio oficial del gobierno chavista, que impide que se conozca la magnitud de la corrupción de las constructoras brasileñas y funcionarios de este país, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó el 17 de marzo de 2016 un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que consta de cinco demandas “para exigir la publicación de todos los contratos suscritos entre el Estado venezolano” y Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas demandas fueron declaradas “inadmisibles” por el máximo tribunal.

Cuando era canciller de Venezuela, Nicolás Maduro entregó 11 millones de dólares en efectivo —procedente de las firmas Odebrecht y Andrade Gutiérrez— a los publicistas y esposos brasileños Mónica Moura y João Santana para la campaña de reelección de Hugo Chávez.)

Según esta organización civil, las cuatro empresas brasileñas obtuvieron en Venezuela contratos estatales en por lo menos 40 obras durante las gestiones presidenciales de Chávez y Maduro. De estos proyectos de infraestructura, 32 corresponden a adjudicaciones directas a Odebrecht, cuatro a Camargo Correa, tres a Andrade Gutiérrez y una a Queiroz Galvão.

El Tercer Puente sobre el río Orinoco, es una de las obras en las que se encontró pagos de alrededor de US$1 millón por parte de la firma brasileña Odebrecht a funcionarios venezolanos.

El 9 de junio de 2017, la oficina de Odebrecht en Caracas informó a Runrun.es y ElPitazo.com, como parte de este reportaje del colectivo “Investiga Lava Jato”, que su catálogo en Venezuela comprende en realidad un total de 21 obras de Infraestructura de gran envergadura y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas y 10 se encuentran actualmente activas y en ejecución, “dentro de la normalidad de los contratos de esta naturaleza”. Quiso dejar en claro que está contribuyendo y contribuirá con todos los procesos e investigaciones que procedan de cualquier entidad del estado venezolano. “Es un compromiso de la organización”.

Aunque Odebrecht Venezuela afirmó que existen diversas fuentes de financiamiento de estas grandes obras, que incluyen entidades privadas, colaboración internacional y recursos propios del Estado, no detalló los montos asignados a cada proyecto. Tampoco precisó cómo se llevaron a cabo los procesos de asignación de contratos, entre los que se encontraban licitaciones, contrataciones y convenios bilaterales.

A pesar que se desconoce la suma total de dinero a la que ascienden estas contrataciones, se sabe de un estimado realizado por el diario Valor Económico de Sao Paulo: alrededor de 20 mil millones de dólares hasta 2014. Los montos pueden ser aún mayores porque los escasos presupuestos que se han publicado corresponden solo a la parte del financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BNDES) o a Corporación Andina de Fomento (CAF).

Expulsión empresarial

La Cámara Venezolana de la Construcción decidió el 28 de marzo de 2017 expulsar a Odebrecht de este gremio “por razones éticas”, hasta que se mantuvieran las pesquisas por parte de los órganos de justicia. De esa manera, se atendió la exhortación de la Federación Internacional de la Industria de la Construcción, de la cual forma parte, en relación a tomar acciones frente a esta compañía denunciada por corrupción.

Al respecto, entre las pocas acciones emprendidas por las autoridades de Venezuela está el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Caracas, el 14 de febrero. Se trató de un operativo conjunto del Ministerio Público, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como parte de la investigación sobre irregularidades en la contratación del Estado con esa compañía.

A pesar de esta intervención oficial, la empresa sigue operando en Venezuela, tomando estos “procesos de visita como es normal en estos casos. Nosotros apoyamos y respondemos a sus solicitudes”, confirmaron voceros de la constructora desde su sede en Caracas.

Odebrecht Venezuela sostiene que en esta nación se le otorgaron contratos de 21 obras de Infraestructura de gran envergadura y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas, y 10 se encuentran actualmente activas y en ejecución.

A través de un comunicado, la fiscalía venezolana señaló que la investigación busca “determinar si las obras para las cuales fue contratada esta empresa están culminadas o no, y cuál es el destino del dinero cancelado por las mismas, con el fin de corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones”. Asimismo, se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias   y prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la firma brasileña.

Ese mismo día, se ordenó la detención del otrora influyente Euzenando Prazeres de Acevedo, presidente de la constructora Odebrecht en Venezuela, bajo la sindicación de “corrupción impropia y de concierto de funcionario público con contratista”.

La propia oficina en Caracas aclaró que Azevedo se desempeñó como Líder Empresarial de la Empresa en Venezuela hasta el año 2013. A partir del año 2015 dejó de prestar servicios para la empresa Odebrecht, periodo en el culminó su relación contractual con la empresa.

Cabe anotar que la primera vez que Nicolás Maduro hizo alusión a la corrupción de constructoras brasileñas fue el 5 de febrero pasado, solo para confirmar que las obras ejecutadas por Odebrecht habían sido suspendidas, pues no aclaró el destino de los 98 millones de dólares pagados funcionarios venezolanos de forma irregular. Prometió que su gobierno terminaría las obras con material y mano de obras venezolanos. No dio fechas ni montos y tampoco informó cómo enfrentará la crisis de escasez en el sector construcción.

En el Parlamento de Venezuela, las pesquisas que se iniciaron de oficio en la Comisión de Contraloría se quedaron estancadas debido a la grave crisis política y de gobernabilidad que padece esta nación tras 18 años de gestión chavista.

Sobre la llamada Caja 2 de Odebrecht, referente a los pagos de sobornos a funcionarios e intermediarios en Venezuela, la sucursal de la constructora en Caracas prefirió callar. No afirmó ni negó nombres. Aclara que el proceso es conducido por las autoridades de Brasil y que las oficinas de Venezuela no tienen acceso a los mismos.

No obstante, como parte del proyecto “Investiga Lava Jato”, Runrun.es y ElPitazo.com destaparon hace unos días que Odebrecht pagó al menos 13 millones 385 mil 329 dólares en sobornos para mantener contratos de grandes obras en Venezuela, según correos electrónicos de la División de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como el “Departamento de las propinas”.

(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.

Coordinadores del proyecto: Milagros Salazar de Convoca y Flávio Ferreira de Folha de Sao Paulo. Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina); Ginna Morelo, Esteban Ponce de León, Óscar Agudelo (Colombia); Christian Zurita de Mil Hojas (Ecuador); Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador); Daniel Villatoro y Suchit Chávez, Plaza Pública (Guatemala); Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México); Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique); Sol Lauría. Con el soporte de datos de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas (Panamá). Óscar Libón, Miguel Gutiérrez, Mariana Quilca y Sandro Michelini de Convoca (Perú), Lisseth Boon, Runrunes (Venezuela), Jesús Yajure, El Pitazo (Venezuela). Análisis de datos: Aramís Castro y Milagros Salazar, de Convoca, y Esteban Ponce de León. Edición: Óscar Libón, Convoca. Ilustraciones e infografías: Orlando Tapia, Convoca. Desarrollo web: Víctor Anaya.

Luis Almagro, Secretario general de la OEA, reunido con el expresidente dominicano Leonel Fernandez el 18ABR17 en Santo Domingo. Foto:Funglode

Una “asociación privada sin fines de lucro” denominada IFIT basada en España, actúa en Venezuela promoviendo el “diálogo” entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, tal como lo reportara el Informe Otálvora del 11FEB17. Hasta mediados del 2016, el propietario de IFIT, el belga-canadiense Mark Freeman, estuvo contratado por el gobierno de Colombia para participar en las negociaciones del Acuerdo Santos-Farc en La Habana. Entre los  primeros movimientos en Venezuela, el IFIT constituyó un grupo de celebridades opositoras en calidad de asesores bajo la coordinación de la colombiana Juanita Goebertus Estrada. Algunos de estos asesores contactaron al Informe Otálvora para “aclarar” que actuaban ad-honorem, a título personal sin representar a la alianza opositora MUD. Además, negaron la participación del gobierno colombiano y dijeron preferir  mantener esta actividad en bajo perfil. Uno de ellos alegó que el objetivo era prepararse para un futuro nuevo diálogo entre gobierno y oposición para no repetir la “improvisación” de la MUD en el “diálogo” estructurado por Luis Rodriguez Zapatero en el 2016. Freeman y Estrada, consultados por este Informe en febrero pasado, se negaron a comentar sus actividades en Venezuela.

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El 10MAY17 circuló profusamente en Internet un video aficionado mostrando a la periodista y exministra chavista Mari Pili Hernández a la salida de un restaurante en Barcelona, España, acompañada del exembajador chavista Hiram Gaviria (ahora “opositor”) y por dos connotadas figuras de la oposición venezolana: el profesor Pedro Nikken y el consultor de la Asamblea Nacional Jesús María Casal. En medio de la represión militar contra las protestas populares en Venezuela, las imágenes llegadas desde España causaron revuelo. Esa noche la sospecha de una negociación secreta para “enfriar” las calles fue barajada entre usuales opinadores en las redes sociales. El 11MAY17, el Institute for Integrated Transitions IFIT, emitió un comunicado señalando que la señora Hernandez, Nikken, Casal y Gaviria además del economista opositor Orlando Ochoa y del exministro chavista Rodrigo Cabezas participaban en un “encuentro internacional”  con el fin “de intercambiar opiniones sobre la situación en Venezuela”. En realidad no se trataba de la primera reunión de este tipo, de la cual ya se habrían realizado media docena. El IFIT obvió, igualmente, hacer público el nombre de los contratantes y financistas de sus gestiones sobre Venezuela.

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En la capital de República Dominicana, se produjo el 06MAY17 un encuentro entre el español José Rodriguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el anfitrión Leonel Fernandez, los expresidentes que a solicitud de Maduro y Ernesto Samper fungieron como “facilitadores” del “diálogo” en Venezuela. En medios políticos y diplomáticos se rumora que el trio habría discutido un nuevo esquema para ese “diálogo”, el cual podría involucrar a un grupo de gobiernos latinoamericanos. El encuentro previo sostenido por Leonel Fernandez con el secretario general de la OEA Luis Almagro, el 18ABR17 en Santo Domingo, habría servido para aproximar posiciones sobre alguna iniciativa internacional para Venezuela. De hecho, el dirigente opositor venezolano Henry Ramos Allup anunció el 11MAY17 que esperaba que Zapatero, Almagro y un grupo de embajadores, presentaran al Gobierno y a la oposición una propuesta para tratar la situación de Venezuela. Hasta la fecha, Almagro no ha desmentido o confirmado esta especie.

La idea de crear un “grupo de amigos” que intermedie entre el gobierno Maduro y la oposición ha sido mencionado de forma creciente por varios actores políticos regionales, aunque se trataría de varias propuestas incluso excluyentes entre sí. La cancillería de Maduro anunció la integración de un grupo de gobiernos amigos, todos ellos de cercana vinculación política con el chavismo, para propiciar el diálogo en Venezuela. El grupo estaría integrado por Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. El gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez habría hecho las paces con Maduro y su canciller Nin Novoa afirmó el 10MAY17 que “se está creando un grupo de países amigos para no intervenir pero facilitar el diálogo, que se pongan metas concretas y condiciones previas que aseguren el resultado para que no haya otro fracaso y Uruguay no le va a negar una mano tendida a un país que esté en problemas”. Novoa asegura que conversó sobre esta iniciativa con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges. Los cinco “amigos” de Maduro presentarían en conjunto su propuesta el 20MAY17 en República Dominicana durante una reunión prevista de CELAC.

En medios de la oposición venezolana se maneja la idea de estructurar, a nivel de gobiernos de la OEA o Unasur, un “grupo de amigos” no para facilitar un “diálogo” sino para presionar a Maduro para la restitución de la Constitución. Esta línea cuanta ya con el respaldo de varios gobiernos suramericanos. Este tema fue expuesto por Julio Borges al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski el 11MAY17.

Por su parte, la OEA se dispone a congregar a los cancilleres de los gobiernos miembros, probablemente el 29MAY17, en una reunión extraordinaria de consulta sobre la situación venezolana. La idea de crear un “grupo de países amigos” gana cuerpo en la OEA, donde la posibilidad de sancionar a Maduro (suspensión de la OEA) no cuenta con suficientes respaldos.

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El apoyo financiero ilegal de la campaña electoral chavista de 2012, por parte de empresas brasileñas que ejecutaban obras en Venezuela, habría sido acordado por Hugo Chávez, Lula da Silva y Emilio Odebrecht el 02JUN11 en un encuentro nocturno en el Palacio de Miraflores. El paquete de “ayuda” brasileña incluía el pago de los servicios del publicista político brasileño João Santana, asesor y amigo de Lula, quien sería el cerebro de la campaña reeleccionista de Chávez en el 2012. Lo que era un secreto a voces en los últimos años, ahora fue confirmado por la justicia brasileña.

Santana y su esposa Mônica Moura fueron apresados el 24FEB16. Un tribunal federal los encontró culpables de formar parte del esquema de corrupción mediante el cual empresas constructoras brasileñas se beneficiaron de la emisión de decretos presidenciales y de la asignación de grandes contratos de obras públicas a cambio de traspasos de gruesas sumas de dinero para el financiamiento de decenas de políticos. Santana fue el encargado de la campaña reeleccionista de Lula en 2006 y de las campañas de Dilma Rousseff en 2010 y 2014. Las confesiones de Santana y Moura son piezas claves para probar la conexión directa de Lula y Rousseff con el esquema de corruptelas en Petrobras. El 11MAY17, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió hacer público el contenido de las delaciones de Santana y Moura en las cuales confirman el financiamiento brasileño a la campaña de Hugo Chávez de 2012 e involucran a Nicolás Maduro en el esquema de pagos a la empresa de Santana.

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En sus delaciones a la Fiscalía brasileña, Santana y Moura mencionan a las empresas Odebrecht y Andrade Gutierrez como financistas de sus servicios para la campaña de Chávez. Odebrecht habría entregado US$7 millones y Andrade Gutierrez habría depositado US$ 2 millones en una cuenta suiza de la empresa Shelbill propiedad de Santana. Ninguno de esos pagos fueron declarados en Brasil o Venezuela. La constructora Andrade Gutierrez igualmente prestaba aeronaves para el traslado a Caracas y pago de la estadía de los asesores electorales. Mônica Moura asegura haber recibido US$ 11 millones en efectivo, durante diversos encuentros sostenidos con el entonces ministro de relaciones exteriores Nicolás Maduro, en la sede de la cancillería venezolana a lo largo del año 2012. El entonces embajador de Chávez en Brasilia, Maximilien Sánchez Arveláiz, habría fungido como  enlace en Brasil entre los asesores y las empresas brasileñas a los efectos de sus contribuciones. El dinero entregado por Maduro a Moura  correspondía tanto a pagos de la empresa de Santana como a servicios de Franklin Martins, un exministro de Lula contratado para realizar la campaña de Chávez en Internet. En sus primeras confesiones ante las autoridades policiales en 2016, Santana y Moura estimaron en US$ 35 millones el costo de los servicios prestados a la campaña de Chávez. Ahora, en sus delaciones publicadas el 11MAY17, dejan saber que habría quedado una deuda pendiente de pago por US$15 millones.

La conexión entre Lula y la campaña de Chávez la habría cumplido José “Ze” Dirceu, fundador del partido PT, exministro del gobierno lulista, dos veces juzgado y sentenciado por corrupción (casos “Mensalão” y “Lava Jato”), amigo de los altos jerarcas chavista y quien, según diversas fuentes, cobraba por facilitar la conexión de empresarios con el Palacio de Miraflores. Según Santana y su esposa, Dirceu participó al principio del 2012 en las “primeras reuniones políticas” entre los asesores electorales y el “comando estratégico de la campaña de Chávez”, el cual tenía como jefe al dirigente chavista  Jorge Rodríguez.

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Venezuela aparece en una nueva lista de países sancionados por el gobierno de EEUU. El presupuesto de gastos 2017 de EEUU, firmado por Donald Trump el 05MAY17, incluye una cláusula  según la cual Venezuela no podrá recibir fondos de asistencia del gobierno estadunidense en razón de su alianza con Rusia. La Consolidated Appropriations Act 2017 sanciona los gobiernos reconocen y mantienen relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del Sur, dos territorios partes de Georgia donde Rusia ha instalado gobiernos secesionistas. Sólo Rusia, Nicaragua, Venezuela y Naurú (una isla del Pacífico) reconocen a los gobiernos implantados por Moscú. Hugo Chávez y Daniel Ortega de Nicaragua, como parte de su alineamiento con Rusia, reconocieron a los gobiernos secesionistas, establecieron relaciones diplomáticas y designaron embajadores.

La inclusión de Venezuela en esta lista de sanciones no afecta en la práctica las finanzas del gobierno de Maduro, pero advierte sobre los costos que el país puede correr dada su estrecha vinculación financiera, política y militar con Rusia.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

LA ESPOSA DEL PUBLICISTA BRASILEÑO Joao Santana, Mónica Moura confesó que recibió $11 millones en la sede de cancillería de Venezuela directamente de manos de Nicolás Maduro Moros cuando era Ministro de Relaciones Exteriores.

Moura, socia de Santana, quien fue el autor de la campaña presidencial para la reeleción de Hugo Chávez «Corazón del pueblo», afirmó en un acuerdo de delación premiada ante la justicia brasileña que el actual presidente de Venezuela le entregó sobres con  $11 millones de dólares en efectivo. También dijo que quedó pendiente una deuda de $15 millones, nunca saldada.

En un documento revelado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, Moura indicó que  los pagos correspondían a  los servicios prestados para la campaña electoral de Chávez.

“El entonces canciller Maduro, exigía que Moura recibiese casi todos los pagos por la campaña para la reeleción de Chavez (2012) ‘por fuera’, mediante  pagos realizados a través de las empresas Odebrecht y Andrade Gutierrez”, dice el documento que registra la declaración.

Según Moura, “parte de ese pago no contabilizado fue en efectivo, entregado en Caracas, directamente por el canciller venezolano en la sede de la propia cancillería. Maduro la recibía en su propio gabinete, le entregaba carpetas con el dinero y le garantizaba una escolta para trasladarse desde la Cancillería hasta la oficina de la agencia de publicidad Polis en Caracas.

El exmnistro  de Lula da Silva, Jose Dirceu también participó en las primeras reuniones políticas en Caracas, fortaleciendo,  a pedido del embajador en Caracas, el vínculo entre  el equipo de estrategia política de la agencia Polis  y el comando estratégico de la campaña de Chávez, dice el documento.

De acuerdo a Moura, el  periodista y exministro de Lula, Franklin Martins junto con su equipo, fue contratado por el «partido venezolano», para la campaña presidencial en internet. En los viajes iniciales, todos se alojaban en un hotel de Caracas, pagado por Andrade Gutierrez. En uno de esos viajes fue también incluyó uno de los dos hijos de los dueños de la constructora.

Según Moura, parte del pago que ella recibía en efectivo lo traspasaba a Mónica Monteiro, esposa de Martins, responsables de la parte del manejo de internet de la campaña.

Martins y su equipo fueron contratados por el partido venezolano sin contrato formal, revela el documento. «Maduro siempre era muy desconfiado, no quería entregar dinero en efectivo sino para una sola persona, por el riesgo de la negociación. Por eso daba todo el dinero a Moura, que traspasaba a la mujer de Martins”, según la declaración de Moura.

Declaración de Monica Moura – Supremo Tribunal Federal de Brasil by Lisseth Boon on Scribd

La revista brasileña Veja.com informó que el testimonio dado este lunes 6 de marzo por Hilberto Silva, ejecutivo de Odebrecht, a la Corte Electoral, confirma que esa empresa constructora financió campañas electorales en cinco países latinoamericanos.

La transferencia de dinero se llevó a cabo, según Hilberto Silva, a través de la empresa de Joao Santana, quien trabajó en campañas electorales en República Dominicana, El Salvador, Angola, Venezuela  y Panamá, todas financiadas por Odebrecht.

Joao Santana, de acuerdo con la publicación, habría recibido recursos en efectivo y fue uno de los cinco mayores receptores de recursos provenientes de Odebrecht, mediante la oficina que dirigía el propio Hilberto Silva.

Desde República Dominicana, Joao Santana y su esposa Mónica Moura fueron requeridos por las autoridades de Brasil, las cuales los acusaron de estar vinculado al caso de corrupción Lava Jato, escándalo en que también está involucrada la empresa Odebrecht. Ambos, Santana y Moura, fueron condenados.

En Brasil, Santana dirigió la campaña que en 2006 llevó a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y las que condujeron a las victorias de Dilma Rousseff en 2010 y 2014.

En el exterior, trabajó en la campaña del argentino Eduardo Duhalde (1999), una de las pocas en que no tuvo éxito.

Luego, estuvo en las campañas del salvadoreño Mauricio Funes (2009); del dominicano Danilo Medina (2011) y del angoleño José Eduardo dos Santos en 2012, año en que también dirigió la última del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

*Con información de Acento y CDN

Una publicista arrestada por su supuesta implicación en el caso de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras afirmó hoy que la constructora Odebrecht hizo pagos ilegales a las campañas electorales de varios países, entre ellas la del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en 2011.

La declaración de la publicista Mônica Moura a la Policía, realizada hoy en Curitiba (Paraná, sur), fue divulgada de forma integral por su abogado, que cedió los documentos a la prensa.

Según esos papeles, Moura delató pagos ilegales en la campaña presidencial de José Eduardo Santos en Angola en 2011 y citó maniobras similares en una campaña electoral en Panamá en 2014, aunque no precisó cuál.

Moura y su marido, João Santana, también trabajaron para los presidentes Mauricio Funes (El Salvador) en 2009; Danilo Medina (República Dominicana) a partir de 2011 y para los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Según la declaración filtrada, Moura afirmó que la campaña de Hugo Chávez en 2011 costó 35 millones de dólares y se pagó en su mayoría con fondos «no contabilizados» de forma legal procedentes de «varios donadores».

La publicista dijo haber sido «orientada» a buscar a un ejecutivo de Odebrecht, Fernando Migliaccio, para pedir que la empresa aportara fondos a la financiación ilegal de esa campaña.

Los pagos de Odebrecht habrían sido realizados en empresas de tapadera en paraísos fiscales y habrían ascendido a entre tres y cuatro millones de reales (de 750.000 a un millón de dólares).

Moura y Santana se entregaron a la Policía el martes pasado al regresar de la República Dominicana, donde estaban trabajando para el presidente Medina.

La Policía ordenó el arresto de la pareja de publicistas por tener indicios de que recibió dinero de compañías salpicadas por el escándalo en Petrobras en unas cuentas bancarias que tendría en paraísos fiscales.

Odebrecht, una de las mayores de Brasil, con operaciones en prácticamente toda América Latina, es también una de las principales empresas acusadas en el escándalo de Petrobras.

Según la investigación, las mayores constructoras de Brasil se repartieron durante años las obras que Petrobras sacaba a subasta, elevaban los precios artificialmente para beneficiarse y repartían cuantiosos sobornos entre los ejecutivos de la petrolera estatal y los políticos que permitían los fraudes.

La Policía investiga si parte de esos pagos sirvieron para financiar las campañas electorales del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) al que pertenecen Lula y Rousseff.